El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), presentó, el pasado lunes, un informe que revela que 213 instituciones publicaron información relacionada a los gastos por la emergencia del COVID-19. Entre ellas 19 instituciones de la administración central y 195 municipalidades, de las 292 que recibieron transferencias.
En su informe, el IAIP detalla los montos ejecutados al 15 de abril de 2020, por un total de 2,949,140,465.4 lempiras (118,855,705.3 dólares). El desglose de montos ejecutados por institución presenta notables diferencias. Invest-H es el ente que reporta el gasto más grande que asciende a 1,846,755,893.5 lempiras (74,598,920.9 dólares). Le sigue la Secretaría de Salud con un monto de 527,526,433.7 lempiras (21,250,891.0 lempiras). De manera posterior, se reporta un total de 420,372,000.0 lempiras (16,814,880.0 dólares), ejecutado por otras instituciones. Esto incluye contratos para hospitales y centros de atención, a través del programa de Chamba Comunitaria. También contratos para sacos solidarios por medio de las 292 municipalidades a las cuales se transfirieron fondos. La Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, es la institución con el menor monto de recursos ejecutado: 154,486,138.2 lempiras (6,191,013.5 dólares).
Luego de haberse presentado estos datos, un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señaló irregularidades en el manejo de fondos por parte de Copeco. Esto terminó con la inmediata destitución del director de dicha institución, Gabriel Rubí, y del administrador Cristian Elias Santeli, de igual forma con otros miembros del personal que brindaron información a la Secretaría de Finanzas sobre las compras, entre ellos el oficial de transparencia de esa institución.
El informe del TSC muestra irregularidades en compras y pagos pendientes y realizados por Copeco, antes de que la comisión de auditores del TSC fuera instalada para acompañar los procesos de compras de esa institución. El TSC reporta que 105 cheques fueron revisados por un total de 49,011,281.21 lempiras. De ese monto ya había sido pagado un total de 32,348,893.21 lempiras, a través de la emisión de 88 cheques, cuya documentación, de acuerdo al TSC, no permite respaldar la transparencia en la gestión de los recursos por no cumplir los controles establecidos por las leyes y por Copeco. El TSC informa en su reporte que se le solicitó al ministro de Copeco la documentación necesaria para respaldar el proceso de compras, pero dicha información no había sido entregada a la fecha de publicación del reporte.
El reporte del TSC indica que 17 cheques, por un total de 16,662,387 lempiras, no fueron emitidos siguiendo los procedimientos establecidos por la ley. Cuatro de esos cheques presentan irregularidades que, de acuerdo al reporte, ameritan que Copeco evalúe la pertinencia legal del proceso de adquisición. Los proveedores para los que están dirigidos esos cheques son Inversiones Bernata, GNM Corporación (dos cheques) y Distribuciones Valencia.
El IAIP informó en marzo, que todas las instituciones que recibieron fondos para enfrentar la emergencia del COVID-19, deberían brindar información para detallar la inversión de los fondos y ordenó crear un portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con la estructura de «emergencia COVID-19», para publicar los siguientes informes: planeación y rendición de cuentas, remuneración de empleados, licitación y compras y finanzas. A pesar que la información fue subida al portal, el sistema de acceso a la información en línea no acepta solicitudes para realizar auditoría, los oficiales de transparencia no están respondiendo a la ciudadanía que solicita información detallada.
La sociedad civil exige transparencia
Diferentes organizaciones han solicitado transparencia en los procesos de adquisición, para demostrar a la población hondureña que estos presupuestos están siendo utilizados correctamente. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), exigió esta semana que las compras se hagan con base a ley y, sobre todo, con transparencia, ya que sus análisis e indagaciones han reflejado diferentes anomalías, entre ellas, la compra de insumos a empresas de familiares de altos funcionarios, que no tienen la experiencia en vender productos médicos para proveer al Estado y otras no cumplen con los requisitos legales.
Ismael Zepeda, analista económico de Fosdeh, indica que el Ministerio Público y el TSC deben actuar de facto ante estas anomalías y realizar todas las auditorías necesarias para corroborar cada uno de los dictámenes que realicen los especialistas al momento de la compra de los insumos. «Honduras es un país con niveles de pobreza altos, sobre todo de falta de recursos públicos. Además de eso. habrá un sobrendeudamiento más adelante, ya que se habla de definir un plan de reactivación económica, tratándose de una liquidez financiera en el mercado, traer recursos al país para renegociar deudas con micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con un presupuesto de 112 millones de dólares. Un endeudamiento más que el pueblo hondureño deberá pagar por años. Cada lempira que se destina al combate del coronavirus va a ser de enorme impacto, sobre todo si se siguen tomando malas decisiones, vamos a pasar dos meses encerrados y, como dijo el presidente, todos vamos a estar infectados y de nada servirá todo el millonario gasto», finaliza Zepeda, en una entrevista brindada a Contracorriente.
La información publicada en los portales de transparencia de las instituciones, presenta irregularidades y hace difícil el acceso a los documentos de compra relacionados con la ejecución de los recursos asignados para enfrentar la emergencia del COVID-19. En el caso de Invest-H, el apartado para la rendición de cuentas que incluye las órdenes de compra, facturas y contratos ha cambiado en diversas ocasiones durante las semanas anteriores. Ha pasado de concentrar toda la información en un solo documento, con accesos a cada proceso, a una presentación en la que es necesario hacer una búsqueda, mucho más exhaustiva, para encontrar los nombres de los intermediarios que aparecen en cada orden de compra. Esto después de que organizaciones como el Fosdeh y la población en redes sociales accedieron a información que señalaba a un sobrino del expresidente Maduro como intermediario del proceso.
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Hermes Moncada, comisionado del IAIP, asegura que pese al confinamiento, la institución ha continuado laborando para contribuir a que cada uno de los titulares de las instituciones pueda publicar la información en el portal de forma correcta. «Si bien no estaba en el inicio habilitado el portal en su totalidad, ahora ya estamos haciéndolo, dado que se dictó una resolución para laborar normalmente todo con las medidas de bioseguridad». Moncada también sostiene que las instituciones han estado cumpliendo con el proceso, solo que ahora se realizará de una forma más ágil para que la información llegue a toda la ciudadanía, mediante la plataforma virtual del IAIP. «Los oficiales de información pública y los enlaces de cada institución están obligados a subir la información al portal día a día, de toda la captación de transferencias, de los fondos propios que están manejando las instituciones e igual cada una de las donaciones que se puedan dar, para que toda esta información se canalice y se publique en la plataforma digital», dijo Moncada.
Sin embargo, los señalamientos, denuncias y destituciones demuestran la deficiencia de esta institución, que en su primera fase presentó un informe, pero falta la verificación de 4000 documentos que contienen la información de compras, gastos e inversión aumentando la desconfianza en el manejo de los recursos destinados a la emergencia por COVID-19 en el país.
