En Honduras, las proyecciones realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y las expresadas por el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), no están mínimamente cerca. La primera, estima que en junio, Honduras alcanzará la cumbre de la curva de contagios con 2 millones ochocientas mil personas infectadas en su punto máximo. La segunda, dice que en junio se llegarán a 75 000 contagios. «Esto podría dejar hasta 1 200 muertos y hasta 75 000 personas contagiadas. Datos que podrían verse reflejados en el mes de junio», así lo aseguró Gabriel Rubí, comisionado de COPECO. La desconfianza en los números oficiales aumenta en países como Honduras, que tiene en su gabinete de gobierno a personas cuestionadas por corrupción. Tal es el caso del presidente Juan Orlando Hernández, desde su ilegítima reelección hasta el involucramiento de su hermano en crímenes de narcotráfico.
Hasta el 9 de abril, después de un mes de haber sido detectado el primer caso de COVID-19 en Honduras, hay 382 casos positivos, 23 muertos y 7 personas recuperadas. La zona norte del país es la más afectada. Las medidas de prevención han tenido ajustes en las tres semanas de estado de sitio. A partir de la próxima semana —aunque se ordene la salida de las personas con el número de su documento de identidad— la mayoría de los comercios abrirán de lunes a viernes en horario completo.
Una de las preocupaciones que también surgen en este momento, es la capacidad que tiene el país para manejar un número alto de muertes por esta enfermedad. El alcalde de Villanueva Cortés, Walter Perdomo, relató a nuestro medio de comunicación, que no han tenido mucho apoyo de las autoridades encargadas de la emergencia, para la sepultura de las personas fallecidas por COVID-19. «Apoyo de las autoridades de SINAGER no hemos tenido. Nosotros y salud pública hemos realizado el entierro de los cadáveres. La población se ha mostrado molesta porque no quiere que estos sean enterrados en cementerios cercanos al grupo poblacional, es por esa razón que la alcaldía está en busca de un terreno para realizar dicho procedimiento», cuenta Perdomo.
Las imágenes de Ecuador: cadáveres en la calle, escasez de ataúdes, personas desesperadas pidiendo, durante días, que se lleven el cadáver de su ser querido que murió en casa por COVID-19, parecen un presagio para Honduras.
La Secretaría de Salud en Honduras ha creado un protocolo para el manejo de cadáveres. Este consiste en que las personas que fallezcan a causa del virus no sean veladas por sus familiares y que sean enterradas de manera inmediata para evitar el riesgo de contagiarse. Los velorios están prohibidos durante la emergencia para evitar la aglomeración de personas. Por otra parte, los cadáveres no pueden pasar por el protocolo común de realizarles una autopsia, ya que su muerte es considerada «muerte natural». La Dirección General de Medicina Forense (DGMF) establece —de forma prioritaria— la identificación del fallecido y el llenado de ficha de información que ya tiene un formato único. Esta institución continúa laborando de manera cotidiana las 24 horas en los Centros Integrados del Ministerio Público (MP) ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Comayagua.
El procedimiento que se debe realizar al momento de sepultar los cadáveres es el siguiente: desinfectar todos los insumos a utilizar, se requiere de manera obligatoria bolsas herméticas, las personas que realicen la manipulación de los cadáveres deben usar el equipo de protección: batas plásticas, guantes látex y gorros. Los cuerpos deben de ser enterrados lo más pronto posible y no pasar más de 10 horas, todo esto en compañía de las Fuerzas Armadas y SINAGER.
Se agotan los ataúdes
La Asociación de la Industria de Funerarias de Honduras expresó su preocupación esta semana, ya que la operación de este sector se ha reducido en un 80 % por falta de acceso a las materias primas para la elaboración de ataúdes. Solo cuentan con 5 000 féretros, los cuales pueden agotarse en una semana, según Edwin Lanza, presidente de la asociación. Lanza, además asegura que tampoco tienen un salvoconducto para poder laborar con normalidad, esto impacta de manera directa a los trabajadores de las funerarias a nivel nacional, ya que han tenido que suspender a sus trabajadores porque es imposible sostener el pago de los salarios. La cremación no suele ser una opción viable en este caso. Su costo es elevado, ronda entre los 30 a 40 mil lempiras, pero Lanza asegura que ese costo podría reducirse si se logra consensuar con el gobierno, ya que es un momento de emergencia nacional y la Asociación de Funerarias del país podría contribuir.
SINAGER habla de un aproximado de 1 200 muertos a causa de esta pandemia. Sin embargo, si se juntan las proyecciones de infectados con la falta de acceso a la salud, el número es cuestionable. Según datos del Centro de Estudio para la Democracia, el país tiene una población de 9,3 millones de habitantes, pero solo cuenta con unas 6 590 camas en el sector hospitalario, lo que se traduce en 9.5 camas por cada 10 000 habitantes. Según la UNAH, al 30 de abril estaríamos teniendo 16 mil personas infectadas.
Por otro lado, la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), afirma que tampoco los centros hospitalarios privados del país no están preparados para enfrentar esta pandemia. Por esta razón, este sector ha solicitado en reiteradas ocasiones que se administre bien el presupuesto destinado para esta crisis y que no se realicen compras de material que no se necesite, que sean de calidad, cantidad y con conocimiento científico. Figueroa hizo referencia a la compra de más de un centenar de ventiladores que no cumple con los requisitos: «Los equipos que trajeron no sirven para esta emergencia, lastimosamente no cumplen con los requisitos que se necesitan para dar soporte a un paciente con una neumonitis viral, como la que provoca el coronavirus», afirmó.
Ante esta situación y las declaraciones que brindaba el alcalde de Villanueva, Cortés, a nuestro medio de comunicación, existe la interrogante de que si estamos preparados para enfrentar lo que nos dicen las proyecciones. Roberto Cosenza, subsecretario de la Secretaría de Salud asegura que cada alcaldía ha cavado 10 fosas, en caso de que tengan que realizar la sepultura a personas que pierdan la vida a causa del coronavirus, pero el que quiera y tenga la posibilidad de que su familiar sea enterrado en un cementerio privado puede hacerlo perfectamente.
«Esperamos no tener que llegar a la apertura de fosas comunes, de ser así son las alcaldías las que deben de estar preparadas» indicó.
