A tan solo ocho días desde que se dio a conocer la no extensión del mandato de la la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el país, el Ministerio Público (MP) presentó, a través de un comunicado de prensa, la creación de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO); institución que vendría a reemplazar a la UFECIC, la fiscalía que trabajaba con la ahora extinta Misión y que para algunos todavía tenía vigencia al ser una unidad independiente.
La Secretaría de los Estados Americanos aseguró que no existió consenso debido a la imposibilidad de la MACCIH de continuar acompañando y colaborando activamente a través de los equipos MACCIH-UFECIC.
En 2015, miles de hondureños salieron a las calles en diferentes partes del país exigiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad, parecida a la CICIG en Guatemala, se llamaron popularmente “marcha de las antorchas del movimiento indignado”; la cual surgió después de que se diera a conocer el uso de 3.6 millones de lempiras provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones del 2013.
Tras semanas de protestas continuas, el gobierno hondureño accedió ante la presión ciudadana y la comunidad internacional, firmando un acuerdo en enero del 2016 con la Organización de los Estados Americanos (OEA) dando inicio a la instalación de la MACCIH; creando con ello la primera misión en la historia de esta organización que trabajaría con el objetivo de apoyar el combate a la corrupción en un Estado miembro.
Después de 4 años de la firma de ese convenio, tras el apoyo continuo a UFECIC en la investigación de 13 casos – en los que están involucrados funcionarios públicos y se ha identificado la apropiación de 460 millones de lempiras provenientes de fondos del Estado – la MACCIH ha finalizado su mandato en el país y el futuro de la nueva fiscalía, siempre al mando de Luis Javier Santos, el fiscal que encabezó las investigaciones de la UFECIC, es incierto.
Diversos sectores de la sociedad hondureña se han expresado en contra de la salida de la MACCIH del país, entre ellos el representante del sector privado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, quien expresó en medios de comunicación nacionales que: “…el gobierno de la República de Honduras ha demostrado que no está comprometido con eliminar la corrupción y la impunidad en nuestro país”, y además consideró que con acciones como está solo se ahuyenta la inversión extranjera en Honduras.
Protestas fueron convocadas a las calles esta semana, sin embargo la respuesta no ha sido masiva, y una campaña del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de colocar cintas negras en los vehículos para demostrar el descontento por la salida de la MACCIH, son muestras de un panorama desolador.
Juan Jiménez Mayor, quien ejercía como vocero de la Misión cuando se creó la UFECIC, mencionó en una entrevista realizada por un medio internacional de noticias, que estas negociaciones no demostraron interés por parte de la OEA de continuar en Honduras, puesto que no hubo insistencia de la Organización para lograr la permanencia en el país, ni claridad en lo que se habló durante las reuniones.
“No sería la primera vez que hay estas consideraciones de intervención entre la Secretaría General y el gobierno de Honduras (…) fue precisamente la crisis que provocó nuestra salida” aseguró el ex vocero, quien renunció a su cargo en febrero del 2018.
El analista político Raúl Pineda, quien fue diputado en tres ocasiones por el Partido Nacional y ahora se dedica al litigio privado, considera que existieron intereses en las negociaciones, pero inclinadas a lo que Estados Unidos podría obtener del gobierno de Juan Orlando Hernández.
“La OEA es una expresión del poder político de los norteamericanos (…) toleraron la destrucción de la MACCIH, juegan en base a sus intereses; en este momento están enfocados en el tema migratorio y el tráfico de drogas. Si se les da eso, ellos hacen concesiones y parte de ellas son limitar su inconformidad con la disolución de la MACCIH a un simple comunicado”, explicó Pineda.
Además descarta la posibilidad que le den continuidad al trabajo de la UFECIC, que también se vio condicionado a las decisiones políticas del Fiscal General, algo que no cambiaría con la nueva UFERCO que será dependiente totalmente del Fiscal General.
Uno de los casos con mayor cantidad líneas de investigación a desprender es el “Caso Pandora” que llega hasta la primera dama, por su asociación con una de las organizaciones involucradas. Por este caso, el acusado Fernando Suárez, operador de organizaciones sin fines de lucro que sirvieron para drenar fondos de proyectos sociales probados en el Congreso Nacional, se encuentra con medidas cautelares, y un año y medio después de su entrega solo se ha presentado un caso más relacionado a esta investigación.
Con el fin de fundamentar las acusaciones, Suárez entregó miles de documentos, incluyendo cheques, recibos, estados de cuenta bancarios y más, relacionados con una red de organizaciones sin fines de lucro que, según él, se utilizaron en la malversación de fondos, principalmente del Fondo de Desarrollo Departamental, el programa 449 y Vida Mejor.
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Congreso Nacional legisla impunidad en el país
Mientras se acercaba la fecha estipulada para la finalización de la primera etapa de la MACCIH en el país – 19 de enero -, el Congreso Nacional, a través de una Comisión Evaluadora integrada en su mayoría por miembros del Partido Nacional, presentó un informe en diciembre del año pasado, donde se le propuso al Poder Ejecutivo darle fin al convenio.
Para Fátima Mena, quien fue miembro del Frente Parlamentario de Apoyo y de la Coalición para la Renovación de la MACCIH, este informe presentado por el CN carecía de legalidad y sirvió para disminuirle la responsabilidad al presidente de la República de posicionarse públicamente ante la renovación o no renovación del convenio.
“La ilegalidad de esta recomendación viene de la Ley Orgánica del Congreso, que establece que los diputados deberán de abstenerse; es decir, no podrán votar ni decidir cuando exista un conflicto de interés (…) ¿Qué más conflicto de interés que las investigaciones presentadas por la UFECIC?” afirma Mena.
Entre los 13 casos presentados e investigados por la MACCIH-UFECIC, están mencionados exdiputados y diputados actuales, a los que se les involucra en malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.
Después de presentarse estos casos, comenzaron a surgir una serie de leyes y reformas que frenaban el trabajo de las investigaciones, ocasionando el debilitamiento de la Unidad Fiscal y el apoyo que la MACCIH le estaba proporcionando.
Es el caso del intento de reforma a la Ley del Presupuesto, la cual se desarrolló luego que se denunciara la “Red de Diputados”, donde se desviaron 8.3 millones de lempiras a través de ONGs. La reforma consistió en la modificación de artículos de esa ley para que no fueran investigados los recursos invertidos en proyectos sociales durante dos periodos de gobierno, en los que no se les podría involucrar a ninguna acción judicial; el llamado “Pacto de Impunidad” también denunciado por la MACCIH.
A pesar de este intento fallido, se hizo una reforma a la Ley del Congreso Nacional, donde los diputados quedan inmunes ante posibles acusaciones por las legislaciones que hagan en la actualidad; esto a consecuencia de la denuncia que hizo la MACCIH por abuso de autoridad al intentar Reformar la ya mencionada Ley de Presupuesto; además lograron reactivar el Fondo Departamental y reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas, las cuáles limitan el conocimiento del uso de los fondos públicos.
Por el contrario, las propuestas dadas por la MACCIH, como la creación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de la Ley de Secretos Oficiales nunca se concretaron.
Para Lester Ramírez, director de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), estos cambios en las leyes fueron esfuerzos para limitar las acciones investigativas contra los miembros del mismo congreso, a los que no les convenía una renovación de convenio.
“Estos sectores corruptos se encontraron con una verdadera respuesta anticorrupción inesperada, (…) los diputados del Partido Nacional fueron los más amenazados por la MACCIH, por los procesos que se iniciaron contra ellos. Quienes realmente tomaron la decisión final, fueron los diputados” manifestó.
El pasado miércoles, 22 de enero, se realizó la primera sesión legislativa en el Congreso Nacional, donde varios diputados de oposición se manifestaron contra la decisión de no renovar el convenio, mientras los demás miembros definían la nueva Junta Directiva para el periodo 2020 – 2022, la cual terminó siendo integrada por varias personas involucradas en los casos de “Pacto de Impunidad” – Antonio Rivera, Román Aguilar, Tomás Zambrano, Sara Medina – y “Arca Abierta” – Gladis López – todos mencionados por la MACCIH.
El diputado por el partido Libertad y Refundación Fabricio Sandoval, aseguró en la sesión, que desde el Congreso Nacional no se podría hacer nada ante la crisis de corrupción ya que “en su mayoría está integrado por delincuentes”.
Renace el FONAC frente a la UFERCO y el CNA
El 26 de diciembre del año pasado, en las semanas previas a la finalización de la MACCIH, se reactivó el Foro Nacional de Convergencias (FONAC), que según la Presidencia de la República vendría a “darle seguimiento al Plan de Nación y Visión de País, y ayudará a crear nuevos sistemas de transparencia y anticorrupción”.
Para Fátima Mena este resurgimiento del Foro levanta sospechas sobre las intenciones con las que reaparece la institución, ya que considera que lo que se busca con ello es debilitar a los demás entes que han denunciado casos de corrupción como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“La reactivación del FONAC únicamente responde a la intención manifiesta de querer eliminar al CNA (…) entendemos que este es el próximo blanco que tendría la élite política corrupta del país, después de eliminar a la MACCIH” asegura la ex diputada del PAC.
Mena explicó que el Consejo nació a través de un decreto legislativo, por lo tanto los diputados tienen la capacidad de hacer cualquier tipo de reformas a la ley del CNA. “Por esa autoridad que ellos tienen (…) podrían atacar al CNA y justificar con un nuevo mecanismo – anticorrupción – al que se le estaría delegando algunas de las atribuciones que ejercita el CNA, apoyado desde el gobierno como organización de sociedad civil.
Por su parte, Oswaldo Canales, Presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quien fue coordinador del CNA y forma parte de los 22 miembros que integran el actual FONAC, aseguró en entrevista con este medio que no se está buscando debilitar a las instituciones de justicia, sin embargo considera que éstas deben fortalecerse.
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El desenlace de la MACCIH frente al panorama de corrupción en Honduras
La MACCIH aumentó la percepción de la ciudadanía sobre la realidad de corrupción que afecta el país, y el descontento se volvió manifiesto tras la explicación de cada caso presentado. Según la encuesta realizada el mes pasado a nuestra audiencia, la mayoría de personas afirmaron (90.36%) que la Misión era necesaria por la grave corrupción en el país.
Pineda asegura que esta escala va más allá de lo que se publica o aparece en los medios de comunicación y que está vinculada a los altos niveles de poder.
“El sistema está diseñado precisamente para permitir la corrupción; la Corte Suprema de Justicia es electa por políticos del Congreso, el Fiscal también, igual el Tribunal Superior de Cuentas (…) estos funcionarios tienen compromiso político con los que los eligieron” aseguró el analista político.
En Honduras, la percepción de Corrupción ha empeorado según Transparency International, subiendo de la posición 132 en el 2018, a la 146 el año pasado – mientras más cerca de la posición 180 se esté, más corrupto es considerado el país – colocándose dentro de la lista de lugares altamente corruptos.
Teniendo este panorama, el apoyo y acompañamiento de la Misión al MP representaba una amenaza a las redes de corrupción en el país, sin embargo para el abogado Pineda, la MACCIH estaba limitada por el Fiscal General Oscar Chinchilla; por lo que según él, la Misión pudo haber hecho más en el país .
“Yo creo que la MACCIH cometió un error, y fue no darle a la culebra en la cabeza. Un abogado dijo en un programa de televisión que UFECIC hizo un requerimiento contra el Presidente de la República. ¿Por qué no lo presentaron? – cuestionó – a la MACCIH no la sacan por lo que hizo, sino por lo que pudo haber hecho”, finalizó.
1 comentario en “Finalización de la MACCIH deja incierto camino anticorrupción”
Felicitaciones Monica…!; un análisis completamente objetivo e imparcial; sin ningun sesgo político.??