Honduras ha demostrado tener un Estado fuerte y servil para intereses extranjeros, de explotación de recursos ya sea para la industria extractiva o para la economía ilegal del narcotráfico. Una institucionalidad fuerte para servir a estos intereses y débil para generar bienestar para la población, inútil para combatir la corrupción. Sin embargo, el gobierno actual se cobija en los principios democráticos de separación de poderes y soberanía para no renovar el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) que a dos días de cumplirse su plazo de trabajo en Honduras, fue liquidada por la falta de consenso con la OEA, principalmente por su apoyo a la Unidad Fiscal Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC).
En 2015, miles de hondureños salieron a las calles a exigir una Comisión contra la impunidad parecida a la Cicig en Guatemala, liderada por la Organización de Naciones Unidas y que llegara con el fin de investigar el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, saqueado para financiar la primera campaña del actual presidente de la república. En 2016 se instaló la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) liderada por la Organización de Estados Americanos (OEA). En 4 años la Maccih presentó 14 casos que en total suman a 133 imputados entre diputados, otros funcionarios públicos y familiares acusados de malversar casi 400 millones de lempiras en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos desde ong’s o despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, lavado de activos del narcotráfico para financiar campañas políticas, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como la denuncia del Pacto de Impunidad que intentó frenar las investigaciones contra diputados.
Los resultados de esta misión no fueron nunca suficientes, pero eran una especie de rendija, para ver a través de la puerta de la impunidad, cómo se estructuraba la red de corrupción en Honduras. La ciudadanía se cuestiona aún qué tanto poder tenía esta misión y qué tanta posibilidades había de que los culpables terminaran en la cárcel, pero de alguna manera generaba esperanza. Con el tiempo, la esperanza se ha ido apagando, las antorchas no iluminaron más y miles han salido juntos a las calles, pero para huir en caravana hacia Estados Unidos.
La MACCIH chocó, desde el principio, con la institucionalidad cooptada que investigó, porque esta misma es la que le permitía seguir en el país. La gente que huye pidiendo asilo en el norte, ha chocado siempre con esa institucionalidad que no la protege y que le ha quitado toda esperanza.
Los que legislan fueron acusados y los tres poderes del Estado, al unísono expresaron que la Maccih violaba la independencia de poderes, imponía un sistema de justicia punitivo y hasta denunciaron atropellos contra los acusados. Diferentes organizaciones de sociedad civil, congresistas norteamericanos y organizaciones internacionales pidieron y sugirieron al gobierno renovar la Maccih, la última palabra siempre la tuvieron quienes se sintieron perseguidos por ella.
La Maccih fue poco a poco debilitada hasta llegar a este punto de su terminación. El Congreso Nacional, que insistió hasta el último momento que la ratificación del convenio corría por su cuenta, aprobó una ley que le quita facultades al Ministerio Público para investigar la corrupción, dejándolo en manos del Tribunal Superior de Cuentas, bajo la concepción de que la corrupción es una falta administrativa y no debe ser evacuada vía penal. Los diputados se garantizaron inmunidad legislativa y los casos de la MACCIH que rozan a la familia presidencial están detenidos porque la Fiscalía no avanza en la investigación y no se presentan requerimientos fiscales contra los personajes de más alto nivel.
La MACCIH, sin duda, dio la oportunidad a los periodistas y la ciudadanía de tener información para explicar las redes de corrupción, abrió la caja de pandora, supuso una oportunidad que ahora puede dejar a ciegas al país entero, la puerta podría quedar totalmente cerrada.
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