El presidente Juan Orlando Hernández se enfrenta ahora a una nueva ola de protestas que exigen su renuncia y enjuiciamiento. Las declaraciones de un narcotraficante, exalcalde miembro de su partido político, lo pusieron de nuevo frente al descontento popular y ratificaron lo que hace ya varios años se dice de Honduras: que es un “narcoestado”.
Sin embargo, que Hernández posiblemente haya financiado su campaña con dinero del narcotráfico no pareciera ser el detonante principal de las protestas en las calles de Honduras, aunque sí parece ser la excusa para que la comunidad internacional lo vea y lo reconozca como un presidente ilegítimo, criminal. La sociedad hondureña ha sido bastante tolerante con el crimen del narcotráfico, de hecho, en algunas zonas de influencia de carteles de tráfico de drogas, las comunidades han coexistido con ellos, sea bajo presión o a través de un complejo sistema de tolerancia mutua. El control de la vida cotidiana y de las decisiones políticas en esos territorios no ha sido motivo de protestas, al contrario, parece ser un sistema normativo que funciona allí donde el Estado ha sido el gran ausente.
En zonas como el Bajo Aguán, cuando el cartel que allí controlaba se entregó a la justicia estadounidense, la población se vio afectada por la caída en la economía y hasta manifestaciones por cierre de empresas y baja en los empleos se dieron.
Esta situación no es exclusiva de la Honduras de hoy. Hay que recordar la imagen que se guarda en la memoria de muchas personas, la del famoso capo Ramón Mata Ballesteros.
Ser narco en Latinoamérica es símbolo de éxito, de riesgo, una especie de “Pablo Robin Hood Escobar” que transgrede todas las normas y usa la violencia para favorecerse de un sistema corrupto y que, además, es benefactor de quienes le rinden admiración o le temen. Por esto, nunca se ha visto en Honduras una protesta contra narcotraficantes o una estrategia de autodefensa contra narcos.
¿Qué es entonces lo que irrita e indigna a la sociedad hondureña, esa que está en las calles diciendo que Hernández debe dimitir?
Muchos representantes de las élites políticas y empresariales también aceptan al narco, lo protegen porque protege, lo apoyan porque financia. Tanto así, que no se sabe al final que fue primero, si el narco o el político. Pero eso también se tolera. De hecho, los reeligen una y otra vez.
Sin embargo, hay una línea que esa sociedad que protesta no está dispuesta a aceptar que se cruce. A esas personas, les resulta imperdonable el saqueo del sistema de salud y de educación y aun más, la reelección fraudulenta que mantiene en el poder a uno, de tantos, que está bien que sea lo que sea, pero que se vaya después de sus cuatro años. Estos son los verdaderos detonantes.
Hernández rompió la dinámica de que cada cuatro años el presidente (que la sociedad ya asume corrupto, quizá guapo, bonachón, útil, “el menos peor”) le entrega el poder a otro, uno elegido en las urnas (tal vez igual pero al menos con diferente color y nombre).
Por si eso no fuera ya suficiente, Hernández también privatizó el servicio de cobro de energía eléctrica, concentró el poder del Estado y legisló desde la presidencia para privatizar los servicios de salud y educación, para tener un fondo millonario para usar a discreción, para aumentar presupuesto de seguridad y defensa y para ser el jefe de toda fuerza especial híbrida militar y civil que se le ocurriera (por más inconstitucional que sea). Y aunque Hernández no logró controlar del todo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), todavía es ilusorio que en Honduras al presidente se le juzgue, aunque sea por reelegirse inconstitucionalmente o por estar implicado en actos de corrupción. Él tiene control sobre la Corte Suprema de Justicia, y no se puede olvidar que el director del Ministerio Público fue su único aliado en la Corte de Constitucionalidad cuando quería elevar a rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público.
El presidente Hernández ha dicho que todo es una confabulación de los narcos, porque él mismo aprobó la extradición, porque él mismo ha luchado contra ellos y porque el éxito de su gobierno, según su publicidad pagada por el Estado, es la reducción de homicidios, el ataque al crimen organizado. Pero la violencia en las calles sigue produciendo éxodo masivo, solo en lo que va del año, según el último boletín del IUDPAS, se ejecutaron 41 masacres, esto dobla la cantidad de víctimas por homicidios múltiples del año pasado, la mayoría son vinculadas al crimen organizado. Justo en medio de esta crisis política, la semana pasada hubo un hecho violento de esta magnitud en el velorio de una persona en pleno cementerio de San Pedro Sula.
El Fuera JOH, en este momento, es posible solamente si la justicia estadounidense actúa. Las protestas de la crisis postelectoral se apagaron cuando la Embajada de Estados Unidos sacó su comunicado avalando el triunfo de Hernández, hoy se alaba al fiscal de New York porque es la única esperanza de que el presidente sea enjuiciado. No aquí, donde ya no hay esperanza, sino allá, donde están puestas las esperanzas de miles de hondureños y hondureñas que cada día emprenden camino. Este es el reflejo de la ética hondureña y su esperanza, lo que es inaceptable para ella y la única vía que ve como salida a la crisis del momento.
