El primer juicio por el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres ha quedado sin representación legal de las víctimas desde el 20 de octubre pasado. Ahora los abogados de la causa intentan hacer eco desde la periferia de un proceso que ha sido marcado por una serie de irregularidades que van desde la pérdida del expediente hasta la exclusión del pueblo Lenca en las audiencias.
En este juicio, que la acusación privada califica de reduccionista al solo tomar en cuenta los hechos del 2 de marzo donde Cáceres fue asesinada, están compareciendo ocho de los nueve acusados, pero parece dejar en el olvido a los autores intelectuales de un crimen que podría involucrar a algunas de las personalidades más importantes del poder político y económico del país.
Víctimas de todo un proceso
Una investigación realizada por el Grupo Asesor de Personas Expertas (GAIPE) indica que el crimen de Berta Cáceres empezó a planearse desde finales de 2015. Toda esta planificación llevó a que entre el 5 y 6 de febrero de 2016 se montara un operativo para asesinar a la líder indígena. Según los mensajes de texto en poder de las víctimas, este operativo habría sido abortado debido al flujo de personas que ese día permanecían cercanas a la líder indígena.
Finalmente el 2 de marzo de ese año, un grupo de sicarios bajo el mando del coronel Mariano Díaz Chávez, entraron a la habitación de Cáceres y le dispararon. En una habitación contigua se alojaba Gustavo Castro, de nacionalidad mexicana, quien ese día había impartido un taller a los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) el cual lideraba Cáceres. También le dispararon pero solo resultó herido.
Los días posteriores al asesinato estarían marcados por las sospechas de las autoridades hacia el círculo cercano al COPINH, incluso apuntaron que el motivo del crimen podría ser pasional. Según Víctor Fernández, abogado de la familia Cáceres, este fue el primer elemento que activó la impunidad en el caso.
Hasta el momento el Ministerio Público ha capturado a nueve involucrados en la noche del 2 de marzo: Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza, Óscar Arnaldo Tareas, Sergio Ramón Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA) y David Castillo (presidente ejecutivo de DESA).
Dos años y medio después, la representación legal de las víctimas organizó un foro denominado «La verdad sobre la causa Berta Cáceres». Ahora estos eventos son lo que les queda para intentar revelar las investigaciones que, según ellos, el Ministerio Público ha omitido en el juicio, esto debido a que desde hace casi un mes fueron excluidos del proceso por ausentarse en una de las audiencias y por supuestamente dilatar el proceso.
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Según Rodil Vásquez, abogado de las víctimas, esta expulsión es totalmente injustificada. Vásquez explica que ellos habían notificado la razón de su ausencia: La espera de resolución de una serie de recursos de recusación que se habían presentado en contra del Tribunal. A los jueces Esther Flores, Delia Villatoro, Jocelyn Donaire y José Orellana, se les denunció por cometer abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y negación de justicia.
Cuando tomaron la decisión de excluir a esa representación, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, expresó que estaban «contentos con la decisión». Ahora según la ley es esta dependencia del Estado quien queda encargada de asumir la acusación.
En un comunicado emitido después de esa resolución, los abogados de la familia Cáceres y de Gustavo Castro exigían que el juicio fuese reiniciado mientras apuntaban que el Ministerio Público no representaba sus intereses como víctimas.
La sala primera del Tribunal de Sentencia donde se realiza el juicio ha permanecido en la formalidad desde entonces. Los gritos, petardos y pancartas que en el inicio del juicio eran llevados por las organizaciones indígenas ya no son permitidas en los alrededores del Poder Judicial, cada vez que los miembros del COPINH asisten al lugar donde se realiza el juicio, son recibidos con puertas cerradas o gases lacrimógenos.
Un juicio que no conduce a la justicia
Berta Cáceres se opuso a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, concesionado por el Congreso Nacional a la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual prometía que iba a producir suficiente energía para abastecer a unos 25,000 hogares, además de generar más de 1,500 empleos directos e indirectos durante su construcción.
Este proyecto iba a realizarse afectando a la comunidad de Río Blanco, una comunidad Lenca que considera sagrado el río. Berta Cáceres se opuso a este proyecto, logró que empresas extranjeras involucradas retiraran su inversión, se le otorgó el premio Goldman por la defensa del medio ambiente y finalmente, todo esto, le costó la vida.
El 2 de marzo de 2018, a dos años de su asesinato, las autoridades capturaron a Sergio David Castillo, presidente ejecutivo de DESA, siendo el único acusado por la autoría intelectual del asesinato. Actualmente espera en la cárcel el inicio de la presentación de los medios de prueba ante el Tribunal.
Para la abogada Kenia Oliva «el asesinato de Berta fue político así que la justicia no se va a lograr condenando a cuatro sicarios». Según la abogada que representa a Gustavo Castro, se llegará a una verdadera justicia hasta que capturen a todos los que ordenaron la muerte de la líder indígena. La imputación de David Castillo no es suficiente para las víctimas.
El informe realizado por el GAIPE indica que en el crimen participaron directivos, gerentes y empleados de DESA. Hasta el momento toda esta participación estaría quedando impune.
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Según Víctor Fernández ésta es una estructura de directivos, autoridades, medios de comunicación y criminales que viene operando desde 2010 y que se está omitiendo en el juicio a pesar de tener pruebas relacionadas con las llamadas telefónicas que estos realizaban entre ellos y que condujeron a la coordinación para el asesinato de Cáceres.
La acusación privada de las víctimas, en su momento, propuso como medio de prueba la testificación de dos directivos de la empresa DESA: Jacobo y Daniel Átala. La petición fue rechazada y uno de los argumento de la defensa fue que los directivos no podían participar si ya enfrentaban otro proceso. Los abogados de la familia Cáceres no conocen hasta el momento cuales son esos otros procesos.
En julio de 2017 la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) anunció líneas de investigación en el caso del proyecto concedido a DESA y cuestionó el rápido crecimiento del capital de esta empresa.
Juan Jiménez Mayor, vocero de la misión en ese momento, apuntó que esta empresa en 5 años «pasó de 25 mil lempiras a 381 millones de lempiras. Más de 15 mil veces su capital social».
La MACCIH también cuestionó que se haya procesado a Darío Roberto Cardona, exministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), por la ampliación de la licencia ambiental de DESA pero no hubo ningún proceso en contra de Rigoberto Cuellar, en ese entonces el ministro encargado de otorgar dicha licencia.
El proyecto Agua Zarca amplió su capacidad en 2012 sin pasar por el Congreso Nacional y sin el procedimiento debido de consulta previa, libre e informada que se estipula en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El 13 de octubre de 2018, en el foro realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Víctor Fernández denunció que a pesar de todo el conflicto y del asesinato de Berta Cáceres, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está dispuesto a sostener el proyecto impulsado por DESA.
Mientras tanto, en el juicio que se espera podría terminar en las próximas semanas, los acusados sufrieron una reformulación de la prisión preventiva que no les permite salir en libertad como lo solicitaron sus abogados defensores.
En México, donde ahora se encuentra Gustavo Castro, el principal testigo del caso, un supuesto ex integrante de las fuerzas especiales del ejército de Honduras que viaja en la caravana rumbo a Estados Unidos, ha señalado en el diario La Jornada de ese país, que habría sido Juan Orlando Hernández quien ordenó matar a Berta Cáceres y que la persona que disparó no está entre los que actualmente están siendo judicializados.
