Tegucigalpa entre la escasez y el proceso de privatización del agua

Texto: Fernando Silva

Fotografías: Martín Cálix

En la oscuridad, entre madera vieja y láminas oxidadas vive Erika, una señora de 59 años que mientras cuenta su historia, agrega agua al arroz que está cocinando en un fogón viejo. Ese arroz es lo único que tiene para comer, además del suero que le dieron en el centro de salud al que fue por la mañana. En el pequeño cuarto oscuro donde duerme, hay una mesa central, y en las orillas del lugar, algunos botes llenos con agua.

Ella vive en Mirador de Oriente, un barrio en la periferia de Tegucigalpa, donde no hay red de distribución de agua potable ni alcantarillado. Esos botes reciclados los logró llenar el día anterior cuando carros cisternas privados llegaron a la comunidad para vender agua potable y ella se acercó para rogarles que le dieran el agua que les sobraba de la venta. Les ruega que mejor se la den en lugar de botarla, porque ella no tiene para pagar los 30 lempiras que cuesta el barril lleno de agua. Ésta es una comunidad pobre y los que tienen alguna fuente de ingreso pagan hasta 1400 lempiras mensuales para tener agua potable suficiente para tres semanas.

En Tegucigalpa –la ciudad que parece olvidar a estas personas– se está llevando un proceso de traspaso del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal, algo que se denomina municipalización del agua y que en otras zonas del país, ha representado la posterior privatización del servicio. Para los pobladores del Mirador, el agua ya es privada con el simple hecho de que a ellos les cueste más que en algunas zonas residenciales de la ciudad.

En octubre de 2002 se puso en discusión en el Congreso Nacional la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, la cual con oposición de varios sectores de la sociedad civil fue finalmente aprobada el año siguiente. Esta ley autoriza el traspaso del servicio de agua y alcantarillado de la administración central a los gobiernos municipales, esto como cumplimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En aquel momento eran 32 sistemas de distribución de agua los que debían entregarse, ahora solo quedan cuatro sistemas pendientes de entregar a las municipalidades: La Ceiba, Amapala, El Progreso y Tegucigalpa.

Este proceso, que ha tenido su mayor dificultad en el pago del pasivo laboral a los empleados del SANAA, ha sido agilizado por la Alcaldía del Distrito Central en Tegucigalpa, quienes asumirán en su presupuesto el pago de los 70 millones dólares que se tendrán que dar a los empleados despedidos, y que en su mayoría llevan muchos años laborando en esa institución.

En la capital, el SANAA tiene su plantel principal en la colonia Divanna, un sector gobernado por pandillas. Estas oficinas son ruinas de una institución que sus mismos empleados la describen «en quiebra». En ese plantel se encuentra la oficina del ingeniero Tomás Romero, jefe del departamento de operaciones.

«Este sistema es obsoleto, un alcantarillado arcaico y prácticamente destruido. Lo que se requieren no son solo estudios, sino también la gestión de recursos. A través del SANAA ya no se hizo», afirma desde su gran escritorio Romero, quien en un principio prefiere no dar su opinión acerca del proceso de municipalización, pero asegura que no es privatización, dice que solo es el cumplimiento de la ley emitida en 2003. Aprobada por el Congreso Nacional que era presidido por Porfirio Lobo Sosa, expresidente de la República; mientras que su secretario era Juan Orlando Hernández, presidente desde 2014 y reelegido de forma ilegal.

Esta municipalización, supuestamente también busca dar respuesta a la situación en la capital, que es crítica pues desde 1993 que no se construye un embalse nuevo para abastecer la necesidad de agua. En aquel entonces la cantidad de habitantes en Tegucigalpa rondaba las 700 mil personas, pero la migración interna desde la precariedad rural a la violencia de las ciudades hizo que actualmente se llegue a 1.2 millones de habitantes, según el último registro del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015.

Algunos de los pobladores de la colonia Mirador de Oriente son migrantes del campo que se asentaron como invasiones en diversos barrios de la capital y fueron reubicados en un predio cercano a la carretera que se dirige hacia Danlí. Mirador de Oriente fue finalmente fundada hace 12 años, aquí no hay tuberías que abastezcan de agua a los habitantes de este barrio, pero la Junta de Agua que funciona como organización administradora del servicio en la comunidad, está realizando las gestiones para que esta necesidad sea suplida y no tengan que comprar a los carros cisternas.

Erika, de paso lento, arrugas abundantes y muchas canas no tiene dinero y no tiene esperanzas en esos proyectos para la instalación de la red de distribución en su comunidad, de todas maneras no podría pagar el servicio. Vive sola en su casa y no puede trabajar a causa de una enfermedad –no recuerda el nombre– que le dejó arrastrándose en el suelo sin caminar por varias semanas. Ahora apenas puede salir con sus pequeños recipientes y rogarle a los encargados del carro para que se los llenen.

Hace trece años murió su esposo de quien dice no tener ningún recuerdo; en ese entonces, vivía en una zona alta de la colonia El Reparto donde tampoco tenía agua potable. «En El Reparto la jalábamos de un pozo –dice con tranquilidad mientras camina en la oscuridad de su habitación– desde que tengo memoria hemos estado jalando agua».

La falta del servicio no es un hecho aislado en este barrio de la periferia capitalina pues según Romero son 70 barrios y colonias con 200 mil habitantes, las que necesitan de carros cisternas para abastecerse.

La situación de estos barrios y colonias se suma a la problemática existente en el resto de la ciudad donde el calendario de distribución del SANAA indica que cada dos o tres días se abastece a los pobladores de cada barrio o colonia, en algunos casos solamente llega una vez a la semana y de forma intermitente sin un horario fijo. Esta situación es solucionable para las personas con un ingreso económico medio que pueden instalar un tanque o cisterna, por el precio aproximado de diez mil lempiras (400 dólares). Para las casi dos millones de personas en el país que viven con un dólar diario, esta instalación es imposible.

«Tegucigalpa requiere de 4.65 metros cúbicos por segundo, en verano llegamos a 2.4 metros cúbicos y en invierno llegamos a 3.2, máximo.  Hay un déficit claro», asegura Romero, quien espera que la municipalización no signifique en un futuro la politización de la institución y mucho menos su privatización.

La escasez de agua en la ciudad es una realidad que tiene origen tanto en la falta de embalses para captación y distribución de agua como en la  red de tuberías antigua y colapsada que atraviesa la ciudad.

Romero explica que Tegucigalpa es abastecido principalmente por dos embalses: Los Laureles, que produce 720 litros por segundo en su capacidad máxima; y Concepción, que genera 1600 litros por segundo. Entre los dos se cubre el 75 por ciento del agua que es producida para abastecer a la capital. Sin embargo, Los Laureles al ser más pequeña está perdiendo una cantidad aproximada de 30 millones de metros cúbicos.

Esta situación ha llevado a las autoridades del SANAA a implementar un proyecto de trasvase de agua en el que un aproximado de 5 millones de metros cúbicos sobrantes de Los Laureles, será traspasado a través de un sistema de tuberías de casi once kilómetros de largo hacia el embalse de la Concepción. Sin embargo, esto solo servirá para que las colonias residenciales del sureste de la capital obtengan algunas horas más de servicio. Según Romero “hay un gran déficit de almacenamiento y producción, además de la falta de voluntad política para construir otros embalses.”

Según Ricardo Velásquez, director de la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAN), no se puede incorporar un proyecto de agua sin mejorar la red.  Velásquez, quien también forma parte la comisión que lleva la transición del servicio a la municipalidad, dice que “hay pérdidas del 50 por ciento, del agua que se produce en las plantas de tratamiento, solamente llega a las casas la mitad a causa de las tuberías viejas de la red”.

“Recientemente se firmó un contrato por 300 millones de lempiras para el mantenimiento y remplazo de tuberías en los sistemas de agua de la capital. Se está trabajando con esta empresa constructora para revisar las perdidas, determinar el clandestinaje y mejorar las condiciones de distribución de agua, de tal manera que sea una distribución más equitativa y podamos mejorar las condiciones horarias en el suministro de agua sobre todo en aquellos sectores que carecen de él o llega de forma intermitente.”

Para la abogada Clarisa Vega del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAHMO), «el SANAA tuvo un rol muy importante en todos los procesos que se dan para que llegue el agua a las viviendas, para la protección de las cuencas hidrográficas y la distribución; fue un error grandísimo quitarle el protagonismo –dice esta abogada que ante la necesidad de asistencia legal en el sector ambiental fundó esta institución– mientras el Instituto de Conservación Forestal (ICF) daba permiso para talar el bosque, el SANAA estaba preocupado por mantener las cuencas y poder dar agua. Eso llegó a ser un colapso porque no había esa cooperación y coordinación efectiva”, finaliza.

Según Vega, el ICF no ha hecho un trabajo efectivo con las plagas, en especial con la plaga del gorgojo la cual en 2015 afectó 126 mil hectáreas de bosque a nivel nacional, alcanzando la reserva biológica Yerba Buena y al Parque Nacional La Tigra, lugares que abastecen la planta de tratamiento del Picacho desde donde se suministra de agua potable a parte de la población del Distrito Central.

El 20 de septiembre IDAMHO presentó, ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, una denuncia en contra de las autoridades gubernamentales por  el supuesto  delito de incumplimiento de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y daños por  acción y omisión ocasionado al bosque de pino por el manejo de la plaga del gorgojo.

Vega no cree en las autoridades del gobierno central pero tampoco confía en que las municipalidades puedan dar respuesta a la escasez; dice que “la Alcaldía no tiene la estructura, la arquitectura, la capacidad técnica para hacer lo que hacía el SANAA. No puede ni siquiera manejar la basura en una forma adecuada porque también la tiene privatizada, va a tener que privatizarlo y es lo que ha sucedido con los demás municipios como San Pedro Sula, se han elevado los costos, y no sé si van a proteger las cuencas.”

Nasry Asfura, alcalde de la capital, cree todo lo contrario, recientemente solicitó al Ejecutivo que miembros de su corporación municipal tomaran las riendas del SANAA, éste es el caso del gerente de infraestructura de la capital quien a principios de 2017 fue nombrado gerente de dicha institución. Asfura encomendó a su mano derecha en la alcaldía, la misión de municipalizar el agua sobre cualquier otro objetivo. Constantemente el alcalde reafirma que este proceso no es sinónimo de privatización, pues  dice que «lo que se busca es hacer más eficiente la prestación del servicio sin tener que subir los costos».

Sin embargo, los precedentes dados en otros municipios del país marcan un camino hacia la concesión de estos servicios debido a la falta de capacidad para operarlos por parte de los gobiernos locales.

Municipalización camino hacia la privatización

Mirador de Oriente sufre una grave situación con la escasez del agua y el alto costo con los que los carros cisternas, tanto estatales como privados, llegan a abastecerles. Las calles son de tierra, por lo tanto el acceso es difícil pero todavía tienen el apoyo de una de las unidades del SANAA: Barrios en desarrollo.

Según Jorge Martínez, asistente de la Gerencia Metropolitana, esta unidad se encarga de cubrir 272 barrios y colonias de la capital, con apoyo a las juntas de agua que  administran el servicio en cada comunidad. Éstas se conforman por una junta directiva que durante dos años se encarga del cobro del servicio y el pago respectivo a las autoridades, así como suplir algunas necesidades de mantenimiento.

Del total de barrios y colonias que se cubren en esta unidad, 22 son apoyados con la venta de agua a través de carros cisternas, esto es el 31% de cobertura a las zonas con esta necesidad. «Solo se puede distribuir según la capacidad de pago de los pobladores del lugar –dice Martínez– no tenemos capacidad para atender en mayor frecuencia», finaliza.

Esta unidad trabaja a través de promotores que tienen asignados cierta cantidad de barrios para apoyarles, entre estos promotores está la licenciada Andrea Cáceres, quien se encarga de la cobertura a la colonia Mirador de Oriente.

«No hay suficientes vehículos para abastecer completamente a las colonias, lo que pasa es que es una institución un poco colapsada. –dice Andrea quien lleva trabajando 26 años en el SANAA– la represa es del año 1993, en esa época había 600 mil habitantes en Tegucigalpa, la ciudad ha crecido entonces ya no da. Las tuberías están rotas y se bota el agua. Ahorita como está la municipalización yo creo que ya no le van a inyectar más dinero».

Según Andrea el servicio de agua es barato para los que tienen red domiciliaria, dice que «en eso el Estado ha sido benevolente, pero es porque si no hay agua las condiciones de salud desmejoran. Si esto lo tiene la alcaldía tendría que invertir y habría que ver si va a poder mantener estos precios y si esto se da en concesión se va a subir».

Actualmente, un hogar del segmento de alto consumo de la capital paga 12.80 lempiras por metro cúbico mientras que en San Pedro Sula a través de la concesionaria privada se pagan 26.72 lempiras.

Andrea, afirma que «el concesionario privado no lo mira como darle algo a la intención de beneficiar a la gente sino para sacar una ganancia ellos. Mire la experiencia en San Pedro Sula con Aguas de San Pedro, no ha sido buena y se ha privatizado. Las municipalidades están autorizadas por la ley para recibirla un tiempo y si miran que no la pueden administrar, darlo en concesión».

En octubre de 2000 se firmó el contrato entre la Municipalidad de San Pedro Sula y el Consorcio ACEA y Otros, de origen italiano, quienes desde entonces administran los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en esa ciudad.

«Aguas de San Pedro es una empresa italiana que ve dónde es rentable económicamente, no socialmente», dice Cesar Cárcamo, quien es gerente de la Comisión de Acción Social Menonita en el Valle de Sula. Esta organización trabaja temas como cambio climático y violencia en el norte del país, una de las zonas de intervención para este trabajo son los bordos.

Estos asentamientos en la periferia de la capital industrial nacen de forma similar a los barrios y colonias marginales en Tegucigalpa. «Son familias que venían del campo a la ciudad y empezaron a buscar dónde ubicarse, poblando esa zona. A tal grado que hoy tenemos más de 18 mil familias habitando esos bordos», dice Cárcamo, a quien también le preocupa que estas poblaciones que no tienen ningún servicio de tuberías o alcantarillado, saquen agua de los ríos contaminados, con heces fecales y químicos.

Para el gerente de esta organización la administración de un servicio básico por la empresa privada, trae muchas más dificultades que oportunidades de mejora. Por eso afirma que Aguas de San Pedro jamás se va a preocupar por tener agua en los bordos, según dice, «antes se van a preguntar cómo recuperar la inversión».

A partir de estos antecedentes, se espera que si el servicio se privatiza, la situación que vive Erika en Tegucigalpa se agudice. Lo mismo esperan sus vecinas, una de ellas es Teresa, quien hace doce años ayudó a que Erika se instalara en la zona y gestionó junto a los otros fundadores, una red de tuberías internas para abastecer desde dos tanques elevados hacia diferentes puntos de la comunidad.

«Ya días cuando nosotros escuchábamos que el agua iba a pasar a manos de la municipalidad nosotros decíamos: ay, ya van a privatizar el agua», dice Teresa, quien es integrante de la junta de agua de Mirador de Oriente, y está en constante contacto con la unidad de Barrios en desarrollo del SANAA. Cada vez que funciona alguno de los dos carros cisternas que tiene disponible esta unidad, se apresuran a comprar por 840 lempiras los cuarenta barriles de agua que luego distribuyen por familia. Debido a las limitaciones de recursos para poder comprar más, solo se puede asignar un barril por familia, las cuales lo compran a 20 lempiras (casi un dólar).

Estos precios podrían acabarse después de la municipalización según las autoridades municipales debido a que se tendrá que hacer un reajuste a la tarifa.

Para la abogada Clarisa Vega «la municipalización es un retroceso, significa la privatización que es la vía por la que Honduras va caminando en todo, pero lo peor que nos puede suceder es que el agua, que es una necesidad y no una mercancía, se la pasen a una empresa cuyo objetivo no es dar un servicio público».

Pre-privatización del servicio

Salpicando agua y dejando un rastro líquido salen a diario entre 200 y 300 carros cisternas del plantel del SANAA, en la colonia Divanna de la capital, allí está ubicada la unidad de Aquablock. Ellos se encargan de vender agua a empresas particulares o dueños de cisternas, quienes la revenden en los barrios más lejanos de la capital. Éste es, por completo, un servicio privado.

El jefe de esta unidad, Miguel Ochoa, afirma que «esto es como dicen: La libre oferta y demanda», no hay ninguna restricción para los dueños de los carros en cuanto a los precios, la única limitación la ponen las comunidades que en algunos casos no soportan ningún alza a los precios. Según Ochoa, le quisieron subir al precio hasta 40 lempiras el barril pero en los barrios los amenazaron.

«Nosotros solo les vendemos a ellos, ellos escogen sus clientes. A veces tienen contratos con empresas y otros lo hacen por barrileado, en los barrios retirados ellos van a vender por barril», afirma.

Aquablock se abastece directamente de la planta de tratamiento de Los Laureles y desde hace 16 años está funcionando para suplir un negocio que distribuye de 10 a 15 millones de galones diarios en la capital. Los dueños de estos carros cisternas son personas que han visto una oportunidad en este negocio, muchas veces son los mismos conductores que van a distribuir el agua a las colonias.

“No hay monopolios, en un principio hubieron muchos tanqueros que se posesionaron y con personal de acá le limitaban entrar a otros, pero ya no –dice con orgullo Ochoa– la mayoría tiene un solo carro pero hay quienes tienen hasta ocho”.

Según Ochoa, este es un negocio rentable porque los carros cisternas no tienen que invertir nada en el tratamiento del agua; además, en ese lugar se recibe el servicio con mayor confiablidad de pureza. El problema es cuando estos carros cisternas llenan en pozos que no están autorizados para distribución de agua potable.

“A veces los clientes los llaman de noche, que necesitan agua y llenan en el pozo. La gente cree que es de aquí –dice Ochoa mientras al menos cinco carros cisternas llenan sus tanques en el estacionamiento de esa oficina– vamos a ejercer un operativo con salud pública porque se han incrementado las enfermedades hídricas producto del agua que muchas veces sale de los pozos.”

Ochoa dice que la crisis de agua hace que el beneficio sea total para estos carros cisternas, y agrega que a pesar de la municipalización, la distribución de agua por parte de este servicio privado no va a disminuir, porque mucha gente viene a Tegucigalpa desde el interior del país.

Aquablock le vende por cinco centavos el galón de agua a los carros cisternas, los cuales pueden almacenar un promedio de 2,500 galones por lo cual terminan pagando 125 lempiras el viaje. Al llegar el carro cisterna a barrios como Mirador de Oriente, venden a 30 lempiras el barril por lo que terminan ganado 1,363 lempiras. En ocasiones hacen hasta 6 vueltas durante el día.

Las personas que viven en esta comunidad compran con el dinero que les alcanza y con los recipientes que pueden llenar. Teresa por ejemplo, llena una cisterna completa cada tres semanas que le cuesta 1,345 lempiras. Sin embargo, hay familias que solo les alcanza para llenar cinco baldes que les cuestan cuatro lempiras cada uno. Muchos ancianos como Erika se conforman con lo que les regalan del sobrante o en ocasiones se acercan al carro cisterna para agarrar lo que cae por goteo.

«Cuando consigo centavitos, compro mis 4 baldes. Pero ahorita como ha estado lloviendo me he estado ayudando de la pila», dice mientras observa su pila casi seca y llena de sucio. Ahora no puede siquiera llenar completamente ese contendor de agua porque el canal que tenía en el techo para que el agua lluvia cayera directamente hacia su pila, se quebró. Según datos de UNICEF Honduras, el 10% de la población no tiene acceso al agua potable.

Clarisa Vega apunta que «los más pobres no tienen acceso, en los barrios y aldeas compran el agua carísima y parece hasta contradictorio, esa desigualdad tan grande es parte de una agenda que hay que desarrollar, no se puede continuar en un país donde dicen que abunda el agua y le falta a los más pobres».

Los pobladores de esta zona tampoco confían que la municipalización resuelva estos problemáticas.

«Para mí que estaba bien así como estaba antes, a veces la alcaldía no puede ni resolver los problemas de ellos mismos, ahora echándose otra carga del agua ¿se imagina? –Dice Teresa frente a los tanques que administra la junta de agua de Mirador de Oriente– el gobierno no se ha interesado en darnos agua. Es una prioridad que el ser humano necesita, pero si se municipaliza, de repente si se va a poner más cara».

A unos pocos metros de esos tanques de agua está la casa de Erika, donde el arroz ya casi esta por cocinarse. Esta anciana agradece por la comida y agua que sus vecinos le regalan, sabe no puede comprarla. Erika no comprende que es el proceso de municipalización del agua, y no parece interesarle pues lo que ella espera a diario es que la lluvia llene su pila y los pequeños baldes que deja en la puerta.

Erika tiene que estar pendiente de la ventana para ver si comienza a caer el agua que usará para lavar sus platos y ropa. Sobre esa ventana que llena de luz su cuarto hay una gran pancarta que la regalaron en el día de la madre, es el rostro de Sobeyda Andino, diputada por el Partido Liberal.

“Ojala me muera pronto, le pido a Dios que me lleve rápido”, dice finalmente Erika.

El agua que pide al cielo y a los carros cisterna hace entender que no quiere que su muerte sea por falta de agua.