La eterna deuda con los pacientes renales en Honduras

Texto: Fernando Silva

Fotografía: Pexels.com

«Tuvimos que dejar la casita botada», dice doña Rosa en un suspiro interminable, casi tanto como el tiempo que parece ha estado esperando en unas frías jardineras de cemento frente a la empresa Diálisis de Honduras en Tegucigalpa. Esta mujer que recién cumplió los 60 años, espera a don José, su esposo, quien desde hace 8 meses está recibiendo el tratamiento de hemodiálisis. Llegaron a la capital del municipio de San José del Potrero en Comayagua, un pueblo donde el transporte es una carreta halada por un buey.

Cuando a don José le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, decidieron migrar porque las condiciones del sistema de salud serían mejor en la ciudad. Este padecimiento se sumaba a la diabetes que ya sufría: una pierna amputada a causa de una herida que se le infectó y no se trató a tiempo.

La semana pasada doña Rosa y don José no lograron dormir tranquilos. Los representantes de Diálisis de Honduras amenazaron con disminuir los tratamientos, de tres a dos sesiones semanales, esto a causa de una deuda de 234 millones de lempiras que mantiene el Estado de Honduras con esta empresa.

Esta semana, después de varias negociaciones, las amenazas y advertencias parecen haber acabado, pero doña Rosa sigue pensando que los empresarios y representantes de la Secretaría de Salud «tienen que ponerse la mano en la conciencia y ayudarnos, porque aquí solo gente pobre viene».

Presupuesto insuficiente ante la tragedia

La insuficiencia renal es una enfermedad que se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar el exceso de agua, las toxinas y otras sustancias extrañas de la sangre, los niños y adultos que sufren este padecimiento son incapaces por sí solos de mantener su organismo limpio. La solución inmediata es el agotador tratamiento de diálisis y a largo plazo el esperanzador trasplante de riñón.

Dos de los principales factores de riesgo para llegar a sufrir esta enfermedad son la hipertensión y la diabetes. Este último es muy conocido por doña Rosa quien además de acompañar todos los martes, jueves y sábado a su esposo en la hemodiálisis, tiene que visitar todas las semanas el Hospital Escuela Universitario para comprar la insulina que regula los niveles de azúcar de su compañero de hace 40 años.

«Llorábamos, nos queríamos ir para la casa ¿pero cómo?, él lloraba y nos decía que para qué le habíamos puesto eso», relata con tristeza doña María refiriéndose a la fístula arteriovenosa que le colocaron a su esposo al comenzar el tratamiento. La fístula se coloca a través de un procedimiento quirúrgico, y es un acceso en el que se juntan una vena y la arteria con el objetivo de extraer la sangre, procesarla en un dializador y luego volver a introducirla en el cuerpo del paciente. Para un paciente con insuficiencia renal este proceso, que dura de 4 a 6 horas por sesión, es fundamental para conservar la vida.

Según datos oficiales, la Secretaría de Salud le paga a Diálisis de Honduras para que brinde este tratamiento a más de 2 mil personas, quienes lo reciben en las clínicas ubicadas en 12 ciudades a nivel nacional. Esta empresa desde 2015 es beneficiada con la adjudicación de contratos por más de 300 millones de lempiras anuales, cifra que aparentemente supera el presupuesto que el gobierno ha planeado anualmente para el tratamiento de los pacientes renales.

En 2017 la Secretaría de Salud adjudicó una licitación a Diálisis de Honduras, único concursante en ese proceso, por 342 millones de lempiras cuando en ese año se había presupuestado, para este tratamiento, un aproximado de 227 millones. Esta misma historia se repitió el presente año al adjudicarse la licitación a esta empresa por 516 millones de lempiras cuando el presupuesto tan solo alcanzaba para 290 millones.

«La atención no ha mejorado ni ha empeorado», dice doña Rosa. Ella se acompaña con al menos  una decena de parientes y encargados que a diario se sientan por horas en las afueras de la clínica de Diálisis de Honduras ubicada en la Calle Real de Comayagüela. La razón de permanecer fuera del edificio y no en la sala de espera es simple para estas personas: «adentro el televisor está malo y ni el mundial podemos mirar, uno se entretiene más aquí viendo pasar la gente, pero a las 4 de la tarde ya hay que entrar porque aquí asaltan».

La entrada a Diálisis de Honduras es limitada para los extraños, cada paciente es registrado al entrar y al salir, las enfermeras y los enfermeros son revisados con mayor detalle, «no me llevo ninguna máquina» bromea una de las empleadas que ya terminó su turno y sale con una bolsa del edificio.

En 2016 la mayoría de estos pacientes recibían estos servicios en el Hospital Escuela Universitario (HEU) pero DICOSA, la empresa que prestaba las máquinas en ese centro asistencial, se retiró y se hizo el traslado de todos esos pacientes que en muchos casos se oponían porque les implicaba mayor gasto en transporte. Sólo en taxis, doña Rosa gasta 600 lempiras (25 dólares) durante la semana, recursos que le dan sus hijos pero que es demasiado para una mujer que acostumbraba trabajar con la tierra para obtener su alimento. Este proceso dio paso a otro avance en una privatización del sistema de salud público que beneficia siempre más al empresario.

Doña Rosa con cierta timidez cuenta en sus propias palabras que «supuestamente le debían a la empresa y por eso nos querían reducir las sesiones, pero todos estos pacientes las necesitan para vivir.»

La Secretaría de Salud a través de un comunicado aseguró que el presidente Juan Orlando Hernández garantizará prioridad a todos los pacientes que pertenecen a la red pública nacional. Sin embargo, los hechos indican que el presupuesto en salud sufrió una reducción entre 2016 y 2018 de más de 100 millones de lempiras.

Según Claudia Molina, presidenta de Diálisis de Honduras, la deuda que la Secretaría de Salud arrastra con la empresa es desde 2017 y actualmente están ofreciendo el servicio sin el respaldo de un contrato. Esta situación es dada porque según el acuerdo de 2018, en el que se adjudicó la licitación, no se puede firmar un contrato hasta que el desfase de 226 millones de lempiras entre la propuesta y el presupuesto se solucione.

«Lo que pasa es que en 2014 se acordó entre todas las partes desembolsar 7 millones de lempiras semanales a Diálisis de Honduras y esto no ha cambiado. Nadie ha solicitado un reajuste», explica Julio Dala de la oficina de comunicaciones de la Secretaría de Finanzas, apuntando este hecho como un descuido de la Secretaría de Salud y el principal causante de la crisis.

A los pacientes de insuficiencia renal y sus familiares estas negociaciones sólo les interesan para saber que su tratamiento será cumplido a cabalidad, pues saben que las dificultades seguirán siendo las mismas. «Aquí no nos dan medicamento, uno tiene que ir a conseguirlo al Hospital Escuela y si allá no hay, se tiene que comprar» afirma doña Rosa quien se encarga de hacer que su esposo se tome las 10 pastillas o más, que tiene que ingerir diariamente.

Los enfermos renales, que mundialmente representan el 10% de los enfermos crónicos, en Honduras representan la punta de lanza de un sistema de salud que ha estado enfermo de corrupción por muchos años. El desfalco al Seguro Social solo fue una muestra, pero la precariedad está en todas las escalas. Lo sufren estos enfermos crónicos que le cuestan ahora al Estado 1800 Lempiras (75 dólares) por sesión.

El recuerdo ocasional de los enfermos

En una reunión parlamentaria, realizada esta semana en el municipio de Gracias, Lempira, el diputado nacionalista Reynaldo Ecónomo afirmó entre aplausos de su bancada que no podían pasar desapercibida esa situación y que «la Secretaría de Salud tiene que dar un informe detallado de los pagos que se le han hecho a Diálisis de Honduras y evaluar la continuidad de los servicios ofrecidos». Palabras que parecen recordar a las dichas en otras crisis que se han dado ante la falta de pago a esta empresa.

En Honduras existe una ley que ampara a los pacientes con insuficiencia renal y regula su tratamiento en entes públicos o privados. «Hemos pedido ayuda a la Secretaría de Salud para reactivar esta ley y modificar algunas cosas que no van de acuerdo a nuestro país» afirma Liana Flores de la Fundación Luz y Vida quien también menciona que esta ley no ha entrado en vigencia desde su emisión en 2013.

Según la emisión del decreto que pondría en marcha la Ley Nacional Renal se tuvo que crear una Unidad de Prevención a Pacientes Renales; sin embargo, en las oficinas de la Secretaría de Salud cuando se quiere hablar de la necesidad de los pacientes con insuficiencia renal, la remisión es dirigida a la administración general.

La mayoría de los familiares que acompañan a los pacientes no trabajan, la enfermedad de sus parientes no se los permite. Ése es el mismo caso de doña Rosa y don José, que una vez al mes tienen que estar desde las 6 de la mañana en las instalaciones de Diálisis de Honduras para la realización de exámenes. La anciana, que carga más años de los que tiene, espera a su esposo durante 12 horas mientras sueña con regresar a su pueblo donde criaba «gallinas y chanchitos». Para pacientes como don José el trasplante renal es una ilusión por lo que probablemente reciba este tratamiento hasta el último suspiro.