En las vísperas de la elección del nuevo Fiscal General del Estado y con casi cinco meses cumplidos desde la imposición de la banda presidencial por la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, diputados y funcionarios públicos, militantes todos del Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras, son nuevamente señalados por un caso de corrupción en el que aproximadamente 282 millones de lempiras (aproximadamente 12 millones de dólares) habrían sido drenados desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de las campañas políticas de estas dos instituciones en 2013.
Esto es parte de las investigaciones del caso «Caja de Pandora», como le ha nombrado la MACCIH a su cuarto Caso de Investigación Penal Integrada que fue presentado el pasado miércoles 13 de junio por el trabajo de la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC). Este caso involucra a 38 imputados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, entre otros.
Según informó Ana Calderón, vocera interina de la MACCIH, al igual que se relata en nuestro reportaje Una vida mejor para la corrupción y no para los pobres, el modo de operación de esta red de corrupción funcionó a través del otorgamiento de fondos a dos ONG´s para la supuesta ejecución de proyectos sociales. En este caso, los fondos fueron desviados hacia cuentas de candidatos a elección popular del Partido Nacional y del Partido Frente Amplio (FAPER) el cual era dirigido en ese entonces por Andrés Pavón. Además, una parte de estos millones habría sido destinada directamente al Comité Central del Partido Liberal en ese periodo a cargo del ingeniero Elvin Santos.
Sin embargo, estos nombres apenas son el inicio para entender el entramado de nexos que llegan, incluso, hasta los círculos cercanos del presidente Hernández, y que ahora podrían esclarecer las intenciones recientes de declarar inconstitucionales a estas instancias de combate a la corrupción.
El círculo de corrupción que rodea al Presidente
«Este caso hace que se desmitifique a los actores políticos que han estado elevados a la medida de sacro santos» explica el abogado German Espinal, comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Procesos Políticos. Esta unidad se creó en 2017, como dependencia adscrita al Tribunal Supremo Electoral para encargarse de velar para que no se use dinero de fuentes ilegales en las campañas electorales.
Al parecer la creación de esta unidad llegó tarde. Esta dependencia redujo un 63% el gasto en las pasadas elecciones, sin embargo, de acuerdo a Espinal, la clave para la existencia de estos actos de corrupción es «la incapacidad de los funcionarios públicos para separar sus intereses personales de los intereses económicos propios».
Entre los imputados por «Pandora» hay 8 diputados y funcionarios públicos del actual gobierno de Juan Orlando Hernández; además, entre los acusados se encuentran personas cercanas al círculo del Presidente Hernández, como Arnold Castro, esposo de la diputada nacionalista y actual Vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. Hace algunos meses que estos dos personajes habían sido señalados por María Luisa Borjas –Comisionada de Policía en Condición de Retiro– de estar involucrados en el asesinato de Berta Cáceres.
A esta lista también se suman Jean Francoise de Peirecave, viudo de Hilda Hernández, hermana de Juan Orlando Hernández, y personajes menos conocidos como Eduardo Enrique Lanza Raudales, ex gerente de Mercados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, quien ya habría sido investigado en 2006 por actos de corrupción en la administración de un mercado capitalino.
Esta acusación también involucra a liderazgos del Partido Liberal como Elvin Santos, actual diputado, y Elvin Santos Lozano, expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) . Después que Hernández asumiera como Presidente de la República en medio de acusaciones de un supuesto fraude electoral, Santos promovió el acercamiento a un diálogo nacional convocado por el gobierno, contrario a la postura oficial de su partido. Al mo
mento de la emisión de los requerimientos fiscales, Santos se encontraba en Bolivia.
Ante esta situación, los actuales dirigentes del Partido Liberal han solicitado no se generalice y se respete el hecho de que «cada quien es responsable de sus actos en la gestión que le corresponda». Las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC indican que serían 99 millones de lempiras los que habrían sido destinados a las arcas de este instituto político.
Así se construyó la Caja de Pandora
La investigación detalla que los fondos habrían sido desviados a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras la cual irónicamente lleva como lema «Por una Honduras libre de pobreza». Estas instituciones ya tenían una investigación previa hecha por el Tribunal Superior de Cuentas en 2015 en la que se denunció el presunto mal procedimiento de la SAG en las transferencias hechas a estas organizaciones. Entre 2011 y 2013 estas fundaciones recibieron aproximadamente 237 millones de lempiras (9 millones de dólares).
La investigación del Tribunal Superior de Cuentas en ese entonces descubrió que al momento del acuerdo con la SAG en 2011, ninguna de las dos fundaciones contaba con un registro tributario ni determinación de la actividad a la que se dedicaban y ambas eran presididas por Jaime Antonio Suárez.
Jaime Antonio Suárez también es el Gerente General de la Constructora Sualeman, la cual es calificada según la base de datos de proveedores del Estado HonduCompras como una «microempresa» a pesar de que tiene sus oficinas en Torre Alianza, una de las torres de oficinas más exclusivas de Tegucigalpa. Además, el abogado Suárez aparece en listados oficiales del colegio de abogados con oficinas en Torre Metrópolis.
Esta constructora ha sido beneficiada desde hace algunos años por la adjudicación de contratos millonarios para la reparación de infraestructuras como la del tramo del bulevar Francisco Morazán en Siguatepeque y la construcción de un Mercado de Artesanías en La Esperanza, Intibucá. En el Diario Oficial La Gaceta apareció con una clasificación «B», según el poder Judicial, para la construcción y remodelación de edificios judiciales.
Según el comisionado German Espinal, el papel de estas ONG´s es «una distorsión de su verdadero rol y debe ser perseguido y condenado», además ante la reincidencia de estos actos de corrupción de los entes estatales que utilizan a estas organizaciones Espinal considera que «hay complicidad y colusión frente a estos delitos».
Una reelección manchada por corrupción
«Sí, recibí dinero pero no sabía de donde venía» dijo en las últimas horas Celin Discua, diputado nacionalista por 7 periodos consecutivos en el departamento de El Paraíso, Casi tres décadas en el poder. Esta declaración junto a la de Elvin Santos, quien aseguró que todo se trata de «una jugada política» reflejan una estructura de poder que a través de este caso de corrupción gestionó la presidencia de Hernández y lo condujo hacia la reelección.
Para Enrique Ortéz Sequeira, quien fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral en el periodo en el que se dieron todas estas irregularidades, «en este caso de corrupción el mayor beneficiado es el Partido Nacional quien además es el cerebro de todos los actos de corrupción, por lo cual la reelección además de ser cuestionada políticamente ahora está salpicada de la corrupción necesaria para que muy pronto se puedan adelantar las elecciones.»
Estas acusaciones se sumarían a la lista de acusaciones contra el Partido Nacional que incluyen un fraude electoral en 2013, financiamiento ilícito a través del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, violación a la Constitución de la República y un nuevo fraude electoral en el periodo pasado con la reelección. Ahora parece ser que ni las estrategias populistas de campaña como La Cachureca se quedarán libres de actos de corrupción.
«La Cachureca» era una tarjeta de descuentos que se le dio a los militantes del Partido Nacional y que tuvo denuncias en las Elecciones Generales del 2013 porque se estaba dando a cambio del voto. Las investigaciones de la MACCIH indican que esta fue financiada a través del desvío de fondos que se generó en la SAG.
Ilusión de justicia
«La necesidad de un Ministerio Público y un Fiscal General fortalecido es evidente porque así no hubiese sido necesario una MACCIH si la institución hubiera hecho lo correcto desde antes» apuntó el Comisionado Espinal al afirmar que ahora más que nunca es necesaria la elección de un Fiscal General transparente.
Elección que según algunos sectores de la sociedad podía retrasarse ante los últimos acontecimientos ya que una gran cantidad de los diputados que elegirán al próximo titular del Ministerio Público están señalados en los 4 casos de investigación que ha presentado la MACCIH.
A pesar de la esperanza de justicia que han generado estos casos de investigación gestionados por la MACCIH y la UFECIC, en la práctica los acusados han logrado salir bien librados. En el caso de La Red de Diputados, que involucra a 60 congresistas que malversaron fondos públicos, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el caso y enviarlo al Tribunal Superior de Cuentas, los acusados están libres y sin ninguna carga penal.
En el caso de La Caja Chica de la Dama, se le retiraron los cargos de lavado de activos y malversación de fondos a Rosa Elena de Lobo quien fue privada de libertad por presuntos actos de corrupción durante su gestión como Primera Dama en el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
En el caso del Pacto de Impunidad, que involucra las reformas que se hicieron a la Ley del Presupuesto para evitar la investigación de actos de corrupción, un juez determinó dictar medidas cautelares a la detención judicial sin suspender de sus funciones a los diputados del Partido Nacional Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.
Foto de archivo marcha para pedir reelección de Juan Orlando Hernández en noviembre de 2017: Martín Cálix
