El proceso para la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público está en marcha. En los últimos días entró en vigencia el reglamento aprobado por la Junta de Proponentes que regirá la postulación, evaluación y selección de cinco candidatos que serán presentados al Congreso Nacional.
El primer paso para elegir al fiscal es a través de la Junta, instancia conformada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Colegio de Abogados, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), universidades públicas, privadas y organizaciones de sociedad civil. Esta entidad aprobó un código de ética y el reglamento que rige cómo se desarrolla el proceso.
La Junta se reunió nuevamente para hablar de la socialización de un reglamento que según Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) e integrante de la propia Junta, tiene las garantías para seleccionar a cinco perfiles independientes y capaces, además se definió que el 30 de abril es la fecha límite que tienen los candidatos propuestos o auto propuestos para enviar sus postulaciones. Entre los días 31 de mayo y 15 de junio la nómina de los cinco candidatos propuestos debe ser enviada al Congreso Nacional.
Hasta el momento solo se han inscrito dos personas para el cargo, se trata del abogado Aníbal Izaguirre Maradiaga, quien se ha desempeñado como subjefe de la Fiscalía Especial de la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, y un abogado que pertenece al poder judicial en Comayagua, de quien no se ha especificado su nombre.
El Ministerio Público es el órgano superior de investigaciones y tenerlo bajo control es sinónimo de garantías, inmunidad e impunidad. La crisis política desatada por las irregularidades electorales a finales de 2017 dejó más de 30 asesinatos y múltiples violaciones a derechos humanos, la fiscalía hasta la fecha –es decir, cinco meses después– no ha presentado un requerimiento fiscal contra elementos militares, acusados por organismos defensores de derechos humanos como los responsables directos de estos hechos. Sin embargo ha actuado con total diligencia para emitir requerimientos fiscales contra personas acusadas de incendios, robos y daños durante la misma crisis.
A pesar que el Ministerio Público tiene una Fiscalía de Derechos Humanos, esta no se encarga de los casos producidos en la crisis post electoral, los requerimientos fiscales contra personas que protestaron acusadas por la quema de postas policiales y agresiones contra uniformados los llevan fiscalías de jurisdicción nacional, así como las investigaciones de manifestantes asesinados.
–Es lamentable este ambiente de impunidad, acá los violadores de derechos humanos no son castigados, sabemos que la Fiscalía está en manos de quienes ordenan violar los derechos, por eso no hacen nada –denunció públicamente el defensor de derechos humanos del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez.
El analista político Ricardo Salgado considera que tener el Ministerio Público en manos de alguien de confianza permite eso, tener control de las investigaciones, es decir, violentar derechos sin preocuparse por ser investigado y judicializar a quienes en el mapa político puedan ser incluso posibles obstáculos.
El gobierno de Estados Unidos, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y el propio gobierno, apuestan por el modelo actual y cómo se ha venido manejando el Ministerio Público. Esta semana en un evento desarrollado en Tegucigalpa en la inauguración de un auditorio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se calificó de positivo el papel del fiscal actual Oscar Fernando Chinchilla en su lucha contra la corrupción e impunidad.
Chinchilla se ha mostrado como alguien ejemplar que ha iniciado el rescate de la Fiscalía, aunque para los sectores de sociedad civil que no pertenecen a las estructuras oficiales, Chinchilla ha sido personaje de entera confianza de Hernández, por lo tanto, su continuidad sería respaldar el camino de impunidad en casos que tocan a su gobierno.
Perfiles y candidaturas
Además de los dos abogados que actualmente entregaron documentos a la Junta de Proponentes, también se manejan muchos nombres. Fuentes ligadas a la sociedad civil y al partido de gobierno aseguran que la reelección de Chinchilla sigue siendo la apuesta oficial, y que en su momento se hará la presentación de su candidatura.
Pero además se manejan otros nombres como opciones alternativas, entre ellos, Vilma Morales, integrante de la comisión de Depuración de la Policía Nacional, Ethel Deras, asesora y comisionada de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, María Antonia Navarro, exembajadora de Honduras en Chile, Nora Urbina, quien formó parte del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y la directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán.
El proceso que sigue la Junta de Proponentes ha sido criticado por un sector de sociedad civil que se aglutina en la Coalición contra la Impunidad, quienes han creado una estrategia para enfrentar esta elección.
–El paso más importante es conjuntarnos, articularnos y trabajar en una estrategia de incidencia, que consiste en observación del proceso, señalamiento de irregularidades, impulsar acciones legales para que el proceso funcione, y luego el cabildeo con actores nacionales e internacionales. Hay muy poca confianza y credibilidad en los colegas en este proceso, y no solo es en este proceso, sino en todos los que han habido, porque finalmente el sector político, el sector ligado al poder elige a quien quiere- dijo Guillermo López Lone, de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) que forma parte la Coalición.
El exfiscal –el primero que tuvo Honduras después de la época militar– Edmundo Orellana, también habló del actual proceso y pronosticó la elección de una persona de extrema confianza del presidente, y que el Congreso Nacional elegirá como lo ha hecho todos los años; es decir, bajo la influencia política.
Por su parte el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, dijo que ellos están en la obligación de intentar colaborar para la elección de un fiscal independiente y autónomo.
El coordinador de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández cree que se ha hecho la parte previa, pero no se ha acreditado la mayor participación de postulantes, por la falta de confianza que tiene la gente en el proceso.
–Tiene que valorarse mucho los antecedentes de las personas a elegir, y que se haga el balance para saber si está despolitizado y si tiene la capacidad para dirigir al Ministerio Público, manifestó Fernández.
El CNA ha denunciado diversas redes de corrupción a lo interno del Estado, esta entidad ha criticado el papel del Ministerio Público por no investigar las denuncias presentadas. Esta semana denunció la operación de 5 redes de corrupción dentro de la Secretaría de Salud en la que participan al menos 700 personas que se distribuyen el negocio de insumos para hospitales de manera fraudulenta.
–Acá hay algo claro, el Ministerio Público es toral para el gobierno, es innegociable, por lo tanto ahí se ubicará a una persona de confianza del presidente- Dijo el analista Raúl Pineda, ex diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional.
Junta cuestionada
–Mire, yo no creo que la cosa sea distinta, no hay esperanzas que tenga un giro, es decir, probablemente ubicarán a alguien que represente sus intereses. Calificó sobre la composición de la Junta de Proponentes, el ex director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Eduardo Facussé.
Para Facussé, este proceso de selección será igual que los anteriores, con una junta que validará una elección con tintes de direcciones políticas del partido de gobierno.
Cada cinco años se elige un fiscal en Honduras, siempre la Junta de Proponentes es la encargada de dirigir el proceso, y la misma Junta selecciona dentro de su total de candidatos a perfiles que representan a los intereses de los partidos en el poder para que el Congreso Nacional tome la decisión.
Por ejemplo, el actual fiscal Oscar Chinchilla antes de ser electo, fungió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la sala de lo constitucional, plataforma en la que demostró su apoyo a Juan Orlando Hernández, quien al ser presidente del Congreso Nacional, destituyó a los magistrados de esa Sala a excepción de Chinchilla para de esa forma facilitar su camino hacia la reelección.
Los integrantes de la Junta creen todo lo contrario y afirman que desde las instituciones que representan harán lo posible para presionar por la elección de un fiscal independiente de grupos políticos.
Wilfredo Castellanos, representante del CONADEH en la zona norte dijo que desde su institución buscarán nominar a candidatos que estén interesados por hacer justicia no por personas que busquen proteger delincuentes.
Omar Rivera, de sociedad civil, cree que avances como la creación del reglamento garantizan transparencia, pero que el Congreso Nacional debe encargarse de tomar una buena decisión.
Para elegir al Fiscal General y Adjunto se necesita mayoría calificada, si en el pleno del Congreso Nacional no hay acuerdo, el procedimiento parlamentario indica que el fiscal debe continuar en el cargo hasta que haya la cantidad de votos necesaria, significa que de los cinco candidatos presentados por la Junta debe salir sí o sí el nuevo Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público.
Los candidatos propuestos y auto propuestos deben llenar tres formularios que serán utilizados para la correspondiente ponderación de los aspectos a evaluar. Uno de los formularios será para la evaluación de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos, otro para la matriz de evaluación curricular y el tercero para los criterios de evaluación y puntaje que resultará de las audiencias públicas que serán realizadas para consultar a los candidatos sobre distintos temas y sobre el papel que pretenden realizar en el Ministerio Público.
El Presidente, Rolando Argueta Pérez, como timonel de la Junta Proponente, informó que se recibieron solicitudes de diferentes instituciones para participar como veedores en el proceso de Selección de parte de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Asociación por la Paz y la Justicia (APJ), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (Fosdeh), de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes y Adolescentes y sus Derechos (Coiproden) y de la Coalición de estudiantes anticorrupción.
Según el artículo 19 de la Ley del Ministerio Público el fiscal electo debe reunir los siguientes requisitos: 1. Ser hondureño por nacimiento, mayor de treinta y cinco años de edad y Abogado, colegiado con diez años de ejercicio en la judicatura, en la profesión o en la docencia de educación superior en las ciencias jurídicas; 2. Ser de reconocida solvencia moral; 3. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Esta misma normativa prohíbe a diputados, funcionarios afines a partidos políticos e integrantes de los mismos en los últimos tres años.
En este caso la elección empezará a discutirse en el Congreso Nacional a finales de agosto e inicios de septiembre, la que por ahora pasa por su primera etapa, una etapa que a la larga será crucial para la decisión que el Congreso Nacional deberá tomar en septiembre.
Foto: Martín Cálix
