Los señalamientos y acusaciones de fraude tras las elecciones del 26 de noviembre del año pasado, colocaron a Juan Orlando Hernández en el banquillo de los acusados, pero solamente ante la opinión pública generada por medios de comunicación digitales y redes sociales. La red es un espacio de desahogo que comenzó a cargarse políticamente el último año y estalló con la crisis post electoral y el inicio del nuevo gobierno de Hernández. En este contexto, el pasado 1 de febrero un representante del Partido Nacional realizó una propuesta de ley que controlaría el contenido circulando en la red que ahora se ha trasnformado en una ley de ciberseguridad.
Desde 2013 el uso de internet y redes sociales en Honduras ha aumentado, con 1 millón de cuentas nuevas en Facebook, según la organización We Are Social, ha surgido una nueva herramienta de protesta ante el miedo a la represión estatal. Una propuesta de ley impulsada por el diputado nacionalista Marcos Sabillón pretende «atentar contra la libertad de expresión», según Alejandro Durón de Fundación Acceso, justo en los primeros meses de la continuidad del gobierno de Hernández.
La ley pasó de ser Ley que Regula los Actos de odio y discriminación en internet a ser una ley de Estartegia de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante actos de odio y discriminación en internet y redes sociales. El mismo Sabillón retiró la primera propuesta tras que la socializaron con organizaciones como Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), la Confraternidad Evangélica y la Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (ASETEL), en el proceso de conformación de un comité de ciberseguridad. Una policía más creada en este gobierno, una cyber police.
Durón afirmó que esta ley quiere regular la imagen negativa que ha generado «la dictadura establecida en Honduras través del gobierno de Juan Orlando Hernández, atentando claramente contra el Estado de derecho».
Pero esta ley solo viene a poner en papel lo que ya se hace en la práctica: el control de la disidencia a través del ciberespionaje. Una investigación del diario británico The Guardian mostró que esta ley se pudo estar gestionando desde antes de que se propusiera en el Congreso Nacional, cuando el gobierno hondureño en noviembre de 2017 compró al Reino Unido un equipo de espionaje valorado en aproximadamente 500 mil dólares.
Este periódico inglés cuestiona la venta de este equipo al gobierno de Honduras, debido a que el mismo únicamente es utilizado por las agencias policiales que «tienen un registro de los secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales.»
Estas herramientas de espionaje se habrían utilizado para interceptar, monitorear y rastrear correos electrónicos, teléfonos móviles y servicios de mensajería en línea como WhatsApp, por lo que la aprobación de la «Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales» solo vendría a reafirmar una práctica que ya ha estado siendo ejecutada.
Cyber Police ¿será confiable?
El gobierno de Hernández se ha caracterizado por la creación de múltiples fuerzas de seguridad militarizadas. Su gran proyecto nacido cuando él era presidente del Congreso Nacional en 2013 es la Policía Militar del Orden Público, que tiene control sobre el país completamente. Ahora se habla de un comité de ciberseguridad que determinará qué es y qué no es un contenido adecuado para sancionarlo.
La propuesta de ley, que en primera instancia se denominó «Ley para combatir campañas de odio y discriminación», ha sido presentada a diferentes sectores de la sociedad como una ley que busca proteger a las personas que se sientan afectadas por campañas de odio, discriminación, clonación de páginas o suplantación de identidad. Una ley con otro ente que dice “servir y proteger” la moral de los cibernautas.
Eddy Tábora de C-Libre, afirma que «esto ya está regulado en distintas normas en la legislación hondureña» y lo nuevo sería la creación de un órgano de censura integrado por un comité de diversas instituciones del estado «con supuesta vigilancia de organizaciones de sociedad civil», como la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
Este órgano represivo sería el Comité de Ciberseguridad que, según Tabora, se estaría convirtiendo en «una especie de policía cibernética política» que sería el paralelo de la Policía Militar atacando el acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión y la protesta social en internet.
En ese sentido, Gerardo Martínez, presidente de la comisión de dictamen de esta iniciativa, que ahora lleva por nombre «Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales», ha afirmado que se va a favorecer a toda la población y restituir garantías para no ser víctimas de un delito a través de las redes sociales. Delitos y campañas de discriminación que según organizaciones defensoras de derechos humanos en muchas ocasiones son dirigidas especialmente hacia mujeres, comunidad LGTBI y otros grupos vulnerados.
Según Tábora, a pesar de existir una normativa para proteger a estos grupos, no se respeta y dicha unidad solo se encargará de dar persecución a casos políticos de oposición al gobierno de Juan Orlando Hernández que, a través del aparato de inteligencia, se informen a la comisión.
El diputado por el Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, en relación a las campañas de odio en redes sociales reaccionó ante la publicación de una página falsa en Facebook, en la que se afirmaba, había presentado una moción para aceptar el matrimonio igualitario en Honduras.
Rivera Callejas descartó esto y afirmó que era «una noticia falsa, mentirosa y engañosa», que su postura es que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quiere obligar a autorizar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en Honduras, «lo mejor es salirnos de ese organismo».
Además, Callejas mencionó en relación a la denominada «Ley mordaza en redes sociales» que no se está coartando la libertad de expresión, pero que tampoco hay que permitir la libertad de agresión.
Dicha situación es apuntada por organismos de derechos humanos que denuncian que son los sectores cercanos al oficialismo quienes mayor agresión provocan en las plataformas digitales y la sociedad en general.
Gerardo Martínez, presidente de la comisión de dictamen, aseguró que «se tiene que trabajar en el reglamento porque internacionalmente vamos a perseguir el delito.»
Copias de autoritarismo
Por su parte, Alejandro Durón cree que esta propuesta de ley también refleja desconocimiento por parte de los legisladores hondureños quienes no toman en cuenta el componente extraterritorial que implicaría, y que no está contemplado en ninguna sección de la Constitución hondureña.
«La ley mordaza en redes sociales» es una copia casi idéntica de una ley ya implementada en Ecuador que pretendía regular los actos de odio y discriminación en redes sociales, y parece seguir el mismo patrón de un decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela que pretendía acallar la ola de protestas generadas el año pasado en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Una de las mayores preocupaciones ante la aprobación de esta ley ha sido el posible bloqueo al que se podrían enfrentar los medios de comunicación digital.
Esta Comisión de Ciberseguridad, según Edy Tabora, podría tomar a los medios alternativos digitales como objeto de selectividad en la aplicación de la norma, generando incluso el cierre de sus páginas web.
En ese sentido, Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, ante este inminente peligro afirmó: «hay que vigilar que esta ley no vaya en contra de la libertad de expresión». Instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya solicitan que se regule la apología al odio .
Sin embargo, esto se contrapone al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que «el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión.»
Con reportes de: Vienna Herrera y Martín Cálix.
