A pocos días de las elecciones generales, las denuncias de colusión de miembros del actual gobierno en redes ilícitas nacionales e internacionales agregan tensión al ambiente de terror que ha marcado la agenda política en Honduras, particularmente después del golpe de Estado y con el actual presidente optando por la reelección.
María Luisa Borjas es la comisionada de Policía destituida por haber denunciado corrupción al interior de la Policía Nacional mucho antes de 2011 cuando se comenzó la depuración policial, que ella misma ahora cataloga como un fracaso. Actualmente es regidora de Tegucigalpa por el Partido Libertad y Refundación y es candidata a diputada por la Alianza de Oposición contra la Dictadura. En esta posición, y a un par de días de las elecciones generales, convocó a una conferencia de prensa para hablar de tres informes que llegaron a sus manos en los que se señala a miembros de la élite política y económica involucrados en asesinatos de alto impacto. También habló de una colusión del actual gobierno con las pandillas para generar terror antes y durante las elecciones.
Borjas asegura tener tres investigaciones de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad sobre los asesinatos de Alfredo Landaverde, exasesor de la Secretaría de Seguridad, Orlan Chávez, conocido como el «fiscal de oro», y el de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, a quien Borjas llama «nuestra Berta». Según la comisionada estos informes están en poder del Ministerio Público desde 2016 y éste no ha actuado «porque para eso hay que pedir permiso al presidente y éste no va a dejar», expresó en entrevista a este medio.
«En el mismo informe establece que mediante escuchas telefónicas, lograron identificar los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Entre otros, señalan a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora López. Su esposo (Arnold Castro) aparece que andaba con los sicarios, los individuos de seguridad, en uno de los vehículos propiedad del ejército, en el que llegaron a la casa de Berta.
Otros autores intelectuales: Ricardo Álvarez Guerrero, hermano del diputado nacionalista Oscar Álvarez, él es empresario de la cervecería hondureña, también aparece un pariente del actual ministro de seguridad (Julián Pacheco Tinoco). El presidente y propietario de Grupo Ficohsa, Camilo Atala y los Atala Zablah y tres alcaldes que planificaron y financiaron este asesinato. En este país la ley tiene dedicatoria», denunció Borjas.
En el caso de Alfredo Landaverde, asesinado en 2014 tras denunciar que élites económicas estaban involucradas en redes de narcotráfico, Borjas asegura que el informe señala a la cúpula policial como autores materiales del crimen por órdenes de un narcotraficante. Este informe fue de conocimiento público tras el reportaje del New York Times publicado en 2015.
También asegura que el asesinato de Orlan Chávez, un fiscal que ella cataloga como honesto, fue planificado y ejecutado en la Policía Nacional.
«Esa depuración es falsa. Con voluntad política se puede hacer, pero no con una falsa comisión de depuración que depura gente honesta y deja en las filas policiales a involucrados en actos ilícitos, esta mal llamada depuración policial lo que traía era un mandato de protección de oficiales que se han coludido con funcionarios y políticos corruptos para hacer actos ilícitos», expresó.
Pandillas y campaña de terror
La semana previa a las elecciones ha estado envuelta en un ambiente de entusiasmo en las calles, la gente habla de estas elecciones como algo histórico en el país, no solo por las maniobras legales alrededor de la reelección presidencial, sino por una alianza de partidos en oposición. Sin embargo, el ambiente también ha estado lleno de tensión por denuncias de ambas partes sobre colusión del crimen con los partidos políticos.
El Partido Nacional en el gobierno ha señalado que la Alianza de Oposición tiene vínculos con la pandilla 18 y con policías depurados con el obejtivo intimidar a las personas para que el 26 de noviembre no voten por Juan Orlando Hernández, igual para reaccionar con violencia ante un posible gane del presidente Hernández.
Por su parte, Borjas denunció que el gobierno tiene un acuerdo con la Mara Salvatrucha y con el Barrio 18 para crear falsos positivos y generar disturbios que afectarían, sobre todo, a la Alianza.
«Existe colusión con ambas pandillas, en este momento quieren utilizar a la 18 porque es la que está en los barrios, en las calles, la MS está en un nivel más alto. Sería importante que el Ministerio Público llame al subdirector del Instituto Penitenciario, German McNiel, para que declare qué negoció con los cabecillas de la 18 en el Pozo».
Borjas cuenta que McNiel viajó a El Pozo –una de las cárceles de Máxima Seguridad construida en el gobierno de Hernández– para negociar con los cabecillas de la pandilla 18 su regreso a la Penitenciaría Nacional y retornarles sus antiguos beneficios en esa cárcel. «La alianza no tiene ni dinero ni poder ni los medios para hacer esto, ellos sí. Si hay un disturbio el día de las elecciones es ordenado desde el Presidente de la República. La alianza no tiene nada que ver, un disturbio más bien opacaría el triunfo», dijo.
«El hermano del presidente está preso»
Una de las noticias que ha agregado más tensión en el contexto de este proceso electoral es la implicación del hermano del presidente y actual diputado por el Partido Nacional, Antonio «Tony» Hernández en crímenes de narcotráfico. Los Hernández han declarado este 2017 que no temen ser acusados porque no son culpables, pero Borjas, ayer aseguró que Tony Hernández lleva un mes preso en Estados Unidos. Nada está confirmado, pero Borjas lo dice con certeza.
«Estados Unidos vela por sus intereses, a ellos no les interesa que aquí nos matemos unos cuantos indios, usa a Juan Orlando para sus fines, pero cuando estos personajes ya no les sirven, los desechan. A mí no me cabe duda que Juan Orlando va a ir a parar a una cárcel de Estados Unidos.
(Tony Hernández) …tiene un mes de estar en EEUU a orden de un juzgado.
Ya lo dijo la jueza que está llevando el caso de Los Cachiros: En Honduras la impunidad es monopolio del Estado, del gobierno, porque dentro de esas organizaciones del crimen están funcionarios del poder ejecutivo, diputados, funcionarios del poder judicial, policías y militares».
Escenario electoral
Para María Luisa Borjas –que pasó de ser policía a política– una de las estrategias de este gobierno es sembrar el terror en la ciudadanía para no ejercer el sufragio el próximo 26 de noviembre. «Yo le hago el llamado a los ciudadanos que se apersonen en las primeras horas de la mañana a ejercer el sufragio, en las primeras horas de la mañana. Solo con la voluntad soberana, con el hecho que los ciudadanos salgan a depositar su voto, a darle un voto de castigo al gobierno dictatorial que en este momento tiene capturadas todas las instituciones del Estado incluyendo las otroras Fuerzas Armadas que en este momento están prácticamente castradas». Concluyó la Comisionada.
Borjas ahora pide protección al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, cree que su vida está en riesgo y asegura que tiene la lista de personas que serían responsables en caso de pasarle algo, la misma lista que se puede armar con los tres informes en su poder.
