Christian tiene 34 años de edad, es padre de familia y asalariado del transporte público en una de las ciudades más violentas del mundo para realizar esa labor: Tegucigalpa. Se siente valiente porque sabe que su trabajo es peligroso. El miedo lo lleva en el alma, en la vida: “preferí que la entrevista fuera así, personal, porque esto es verdaderamente delicado”, explica, “es duro lo que vivimos los transportistas, caminamos con miedo”, comienza.
Y tiene razón, porque Honduras, a raíz del imparable control territorial que van adquiriendo maras, pandillas u otras bandas criminales que operan en el país, el rubro del transporte público ha sido uno de los más afectados por la extorsión, modus vivendi de estos grupos criminales.
De acuerdo con el informe “Maras y pandillas en Honduras”, elaborado por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (InSight Crime) en 2015, en Honduras las maras y pandillas dependían directamente de los ingresos provenientes de la extorsión al sector del transporte público. El informe indica que, anualmente, estas organizaciones criminales pueden alcanzar ganancias de hasta 2.5 millones de dólares (cerca de 58.5 millones de lempiras).
La extorsión se ejecuta en dos vías: de manera micro, involucrando el cobro de extorsión, coloquialmente conocido como impuesto de guerra a pequeños negocios como pulperías, mercaditos o puestos del mercado. Por otra parte, el cobro a nivel macro se le realiza, sobretodo, a empresas del transporte público: taxis, mototaxis, buses colectivos (mayormente conocidos como Rapiditos) y, recientemente, a empresas de transporte interurbano. Estos cobros han sido organizados, en la mayoría de casos, desde las cárceles como centros de operación de las maras y pandillas, sin embargo el actual presidente candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, asegura estar combatiendo este flagelo con la construcción de cárceles de máxima seguridad y trasladando cabecillas del crimen a diferentes centros penales.
“Es bastante difícil salir de tu casa cada mañana, sin ninguna garantía de poder retornar a ella. Hay ocasiones que los dueños de los buses, por alguna u otra razón, no consiguen la cantidad estipulada por los extorsionadores y nosotros, los conductores, arriesgando nuestras propias vidas, somos quienes sufrimos las consecuencias.
Está difícil esto del transporte público, cada vez más difícil, pero así nos ganamos nuestro dinero, que es poco y apenas alcanza para llevar el pan a nuestros hogares, para saldar algunas deudas. A mí, como a muchos otros, no me queda de otra que encomendar mi vida y la de mi familia a Dios. Esa es mi única esperanza”, relata Christian, no hay esperanza en las medidas que sirven al presidente en su campaña política.
Christian cuenta que la situación no siempre fue tan dura para los transportistas públicos: “cuando comencé a trabajar, hace aproximadamente doce o trece años, la situación era más tranquila, la extorsión, por ejemplo, no era ese gran imperio que es ahora, antes se nos permitía trabajar, ahora no, ahora nosotros los transportistas vivimos con miedo a que en cualquier momento llegue un chavalo y nos mate como lo hicieron con Henry”, expresa.
– ¿Henry?
– Sí. Henry.
Christian hace una pausa y, mientras contiene un leve llanto, recuerda un hecho que marcó su vida: la muerte de un amigo cercano y compañero de trabajo. “Aquel día, viernes 20 de febrero del 2015 mataron a Henry, sucedió temprano, en la mañana y según lo recopilado por las posteriores investigaciones policiales, los responsables de su muerte fueron «Los Benjamins», una banda extorsionadora de la capital. Un par de horas después del asesinato, la policía capturó a unos chavalitos en posesión de AKs-47 y no sé qué más, pero nunca se supo si en realidad fueron ellos los culpables”.
Para Christian el asesinato de Henry les mostró lo difíciles que se pondrían las cosas. “Muchos compañeros de ruta en la que trabajaba Henry y, hasta el día de hoy, trabajo yo teníamos miedo de salir a trabajar. En cualquier momento podían matar a uno de los nuestros, me podían matar a mí”, recuerda con una expresión similar a una sonrisa. “Dolió mucho ver cómo mataron a Henry, no es justo que por hacer nuestro trabajo nos expongamos a ese tipo de situaciones”.
De acuerdo con datos recabados por Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en Honduras cada mes mueren violentamente entre 13 y 15 personas relacionadas al transporte público. Asimismo, siempre en palabras de Herrera Cáceres, un 90% de estos asesinatos se producen con armas de fuego.
Esta situación, que durante los últimos años ha ido agravándose, siembra el miedo dentro de los empleados del transporte público. Por tal razón, en distintas ocasiones éstos se han visto obligados a salir a las calles a protestar, a pedir que no los maten.
“Somos los que más temprano nos levantamos y los últimos en acostarnos. Trabajamos muy duro para llevar sustento a nuestros hogares y no es posible que se nos esté matando como a perros”, dijo un transportista sampedrano durante una protesta a inicios de este año.
En Honduras, la protección para los empleados del transporte público es poca y lo más grave es que ellos mismos reconocen su vulnerabilidad ante la violencia. “Nadie nos protege, nadie se preocupa por nosotros, las autoridades hacen poco –o nada– por disminuir la extorsión. En Honduras todos los transportistas estamos expuestos a la violencia, a que las maras nos tengan vigilados y que en cualquier momento nos maten. Es tremendo esto, pues cada vez que matan a uno de los nuestros una familia se queda sin un padre a la cabeza del hogar. Ese es mi mayor miedo, dejar solas a mi esposa y a mi hija de siete años”.
Christian no quiere seguir pensando en la muerte todos los días.
Según datos proporcionados por el Programa de Transporte Público del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), hay aproximadamente 13,000 vehículos –entre taxis y autobuses– que prestan servicio al transporte público. Y, diariamente, son al menos 600,000 las personas que hacen uso de este transporte. Muchas de estas, junto con conductores y cobradores, se ven expuestas a la delincuencia.
“La delincuencia”, dice un habitual usuario del transporte público en la capital, “es uno de los mayores miedos que tengo al momento de subirme a un autobús o taxi”.
Hace aproximadamente dos años, con el objetivo de reducir la delincuencia en los autobuses y taxis de la capital el actual gobierno colocó elementos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), como método de resguardo en varias unidades del transporte público. Sin embargo la situación no ha mejorado.
A inicios de este año, Roberto Zacapa, Comisionado Presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), aseguró “que, a partir de octubre, serían implementados nuevos mecanismos de seguridad a las unidades de transporte público, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula”. Los métodos que se implementarían son: sistemas de cámaras y GPS, detectores de metales y botones de alerta. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se han implementado estas medidas.
Mientras tanto, de acuerdo con testimonios de empleados del rubro, en la capital se dan entre tres y cinco asaltos semanales a unidades del transporte público.
Christian tiene sueños, pero su principal anhelo es sobrevivir a la ruta de la muerte, trabajar sin miedo.
