Pasan los años en Honduras y las amenazas contra su población y su territorio aumentan. Ahora no solo son la violencia, inseguridad y el desempleo los factores que preocupan a la sociedad, a esta realidad se suma otro elemento: las concesiones territoriales que abarcan también las fuentes de agua en un país con abundante recurso hídrico.
En la zona más rica en fuentes de agua, el atlántico hondureño, está ubicada la comunidad de Pajuiles en Tela, donde un grupo organizado de pobladores y pobladoras lleva más de 140 días de resistencia contra la instalación de un proyecto hidroeléctrico, propiedad del empresario Jasson Hawit. Esta semana, la comunidad sufrió un desalojo violento por parte de elementos policiales por obstaculizar el paso de maquinaria hacia la montaña donde se estaba construyendo la represa de la empresa hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. (Hidrocep). La gente llamaba a esa toma “el campamento digno”.
Pajuiles es como la reencarnación de la lucha de Berta Cáceres. Berta no era la única que se enfrentaba a este modelo de privatización, pero fue más conocida después de ser asesinada por el mismo Estado en confabulación con la empresa. El Centro Hondureño para la Promoción de Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) afirma que en la actualidad existen 177 proyectos hidroeléctricos en el país, de los que 46 están aprobados, 36 facturan con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con contratos de 10 a 20 años, dos están en operación, 17 en construcción y once en estudios.
Autoridades de la Secretaría Nacional de Mi Ambiente han afirmado que el objetivo del Estado al permitir estas iniciativas se encuentra estipulado en el plan de Visión de País (2010-2038) y el Plan de Nación (2010-2022), en el que pretenden llegar a una matriz de producción de electricidad en la que la energía fósil solo ocupe el 40% en el año 2022 y el 20% en el 2038, todo sin consultar previamente a las comunidades afectadas.
La apuesta de por la generación de energía ha sido clara en los últimos 30 años. Fue a partir del inicio de la década de los 90 que el sector comenzó a crecer de la mano de la industria privada, todo gracias a modificaciones parlamentarias. En 1994, la creación de la Ley Marco del Subsector Eléctrico, permitió que la ENEE comprara energía a productores privados. En 1998, la Ley de Incentivos con Fuentes Renovables creó incentivos económicos y reglamentarios para la participación del sector privado.
Después del golpe de Estado del 2009, se reforzó el andamiaje jurídico para el desarrollo de la energía hidroeléctrica mediante la aprobación de leyes y la derogación de normas, en particular aquellas que prohibían el otorgamiento de licencias ambientales en áreas protegidas, era claro el objetivo de aumentar la importancia de la energía hidroeléctrica en la matriz energética de Honduras.
Para lograr este plan, se realizó un proceso de licitación internacional, número 100-1293 /2009, y el 3 de septiembre 2010, se aprobaron en el Congreso Nacional 39 de los 47 Contratos de Energía Renovable adjudicados por la ENEE. En 2010, numerosas empresas firmaron contratos de licitación para la construcción y operación de proyectos hidroeléctricos. A partir de ese plan reglamentario y Legislativo, en la actualidad todas las zonas: atlántica, occidental, sur y norte son afectadas por la problemática.
El papel de legislación gubernamental ha respondido históricamente a los intereses de los inversionistas, el tema energético no ha sido la excepción y eso ha generado crisis en las comunidades al no ser consultadas previamente.
En este momento para las zonas en conflicto hablar de hidroeléctricas es sinónimo de división, muerte y criminalización. División creada por el juego de intereses, en el que los promotores de los proyectos ofrecen dinero y trabajo a la comunidad, la mayoría sectores necesitados donde impera el desempleo y la falta de oportunidades, esos ofrecimientos generan conflictos entre opositores, promotores y miembros de las propias regiones en conflicto. Asimismo quienes hacen resistencia a las iniciativas son perseguidos con amenazas constantes, que en el peor de los casos llevan a la muerte o a la criminalización a través de la justicia. Ambas afectaron directamente a la reconocida líder ambientalista Berta Cáceres, excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que antes de ser asesinada fue criminalizada por los juzgados de Intibucá.
El fantasma extractivista ha cobrado la vida de más de 16 líderes sociales en el último año, cifra revelada en un informe de la organización Global Witness, asimismo constata más de cien procesos criminales contra defensores del ambiente. Pero sin ser suficiente, el contexto de muerte y criminalización se agudiza por la división interna de las comunidades, por ejemplo Pajuiles vive una realidad compleja: por una parte la población que se opone al proyecto y por otro la gente que arriba de la montaña ha visto en este proyecto su única fuente de empleo.
El Estado lejos de buscar una salida a la problemática se ha convertido en un ente de colaboración a los grupos empresariales, abriendo la institucionalidad para criminalizar a defensores del ambiente y también para entregar sus territorios sin importar el daño que esa industria genera.
La mayor parte de Honduras se encuentra concesionada para proyectos hidroeléctricos y mineros, el negocio que se dibuja atrás de las reformas legislativas deja jugosas ganancias para empresarios, políticos e inversionistas extranjeros. El fantasma Hidroeléctrico es hoy por hoy uno de las principales amenazas para esas comunidades olvidadas por las grandes corporaciones mediáticas, es una razón para que la violencia se incremente en zonas que en años pasados se han caracterizado por la tranquilidad y convivencia.
El ambiente de conflicto no cesará, el gobierno, el empresariado no están dispuestos a ceder terreno en este negocio, tampoco lo están las personas que hacen resistencia ante el proyecto. Pero los defensores enfrentan mayor desventaja en esa balanza, estos sectores siguen sin unificar una agenda conjunta para hacer frente a la problemática, son vulnerables ante las divisiones tanto comunitarias como orgánicas. Mientras eso caracteriza el proceso de lucha de las comunidades, el gobierno y empresariado se unifican para concretar sus planes.
Honduras sigue a la espera de una nueva política energética, reglamentación que no pase por encima de las comunidades, que no atente contra la vida de la gente ni la naturaleza. La construcción de métodos innovadores de producción de energía debe pasar por un proceso inclusivo y de respeto a los derechos humanos, de lo contrario esta amenaza hidroeléctrica dejará más muertos y criminalizados.
De la mano de la nueva plataforma energética, el país clama un Estado independiente, autónomo de los grupos empresariales que tienen el poder económico y político, asimismo una institucionalidad funcional que no sea servil ni colaboracionista de estos grupos que se aprovechan de su control para sembrar miedo y represión.
El país urge de un diálogo permanente, un consenso nacional, que genere un alto a los conflictos y también la construcción colectiva de alternativas de desarrollo económico, energético, institucional y de respeto a los derechos de la población.
Ilustración: Iñaki Landa
“El agua en disputa”
