“Escuchamos a senadores de la República hablar de ´embriones que están por nacer´, o de ´violaciones normales´. Parlamentarios que no saben diferenciar un cigoto de un embrión o un feto. Hemos escuchado de manera muy desagradable a los que se denominan ´pro vida´ referirse a las mujeres como prostitutas, irresponsables, asesinas, manipuladoras y faltas de criterio. Esos no son argumentos, son agresiones impunes. Ellos no defienden la vida, desprecian a las mujeres”.
Camila Vallejo, diputada chilena.
En Chile, el contexto político que rodea al proyecto de ley de despenalización del aborto para tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina, embarazo por violación) es bien complejo. Siendo una de las banderas del actual mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), ex directora de ONU Mujeres, hace más de dos años que el país lo discute y ha pasado varias instancias en el Parlamento.
Este 20 de julio se aprobó la despenalización para las tres causales en Cámara de Diputados, pero uno de sus incisos no tuvo suficiente cantidad de votos y pasó a Comisión Mixta. Un golpe bajo para el oficialismo, pero una posibilidad para la derecha, que anunció apelará contra el proyecto al Tribunal Constitucional. A cuatro meses de las elecciones presidenciales, y frente a un proyecto que tiene 70% de aprobación del pueblo chileno, el expresidente y candidato presidenciable Sebastián Piñera declaró que “las mayorías no pueden hacer cualquier cosa”.
El último país de Sudamérica en penalizar totalmente la interrupción voluntaria del embarazo, y uno de los siete que queda en América Latina y el Caribe, ve cómo se dilata la aprobación del proyecto. Pero en el caso de que despenalizara las tres causales, serían algunos países de Centroamérica y el Caribe los últimos bastiones de la penalización y prohibición total del aborto en el continente: El Salvador, Honduras, Surinam, Nicaragua, Haití y República Dominicana.
Países donde los abortos clandestinos (malas condiciones y poca información) son una realidad cotidiana para las mujeres, el riesgo de vida de la mujer y su salud, y el encarcelamiento con penas altas. Es que la criminalización, el tabú, y los prejuicios entorno al aborto no hacen más que generar situaciones desagradables para las mujeres que quieren interrumpir un embarazo no deseado.
Pero lo hicieron siempre, y lo seguirán haciendo. Como sea.
Una derecha que acecha
Un poco de historia para entender. En 1931 ya existía el aborto con fines terapéuticos en Chile, pero fue en 1989 que la dictadura de Augusto Pinochet lo prohibió. A partir de 1996, hubo una serie de iniciativas por parte de los diferentes gobiernos para mejorar la educación sexual y el acceso a la anticoncepción. En enero de 2015, Bachelet envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo para tres causales. A la Comisión de Salud de la Cámara de diputados le tomó cinco meses aprobar la idea de legislar la iniciativa, lo que ocurrió en agosto de 2015. Otros cinco meses le llevó a la Comisión de Salud del Senado aprobarlo. En septiembre de 2016 se empieza a discutir en el Parlamento la idea de legislar.
Para el 20 de julio el gobierno logró que el proyecto de ley llegara a su aprobación para pasar a ser legislación sin que ninguna de las tres causales se perdiera en el camino. Los defensores del proyecto veían la instancia con optimismo, y parecía que el oficialismo tenía todo bajo control, pero el resultado fue un tanto desesperanzador. Hay que ser claros: sí se aprobó la despenalización del aborto para las tres causales, sin embargo, una indicación en particular no tuvo los votos suficientes.
Mientras tanto en Honduras ya existen dos mujeres detenidas por el delito de aborto después de una lucha fallida de despenalizarlo por tres causales.
La indicación consiste en el caso de las menores de 14 años, que para acceder a un aborto precisan el aval de uno de los padres o un tutor. El problema es que como gran parte de las violaciones a las menores de 14 años provienen de una persona cercana (muchas veces el mismo padre), el proyecto plantea que las jóvenes puedan recurrir a los tribunales para que se investigue su caso. “Es un proceso más engorroso, pero permite que la voluntad de la niña se tome en cuenta”, dijo a Contra Corriente Claudia Dides, directora de la organización social Miles Chile. Este inciso obtuvo 66 votos a favor (precisaba 67), 40 en contra, y una abstención.
Todas las miradas recayeron sobre Marcelo Chávez, diputado por el Partido Demócrata Cristiano (centroizquierda), quien se opone públicamente al aborto, y el 20 de julio se abstuvo de votar. Pero si bien es la derecha la gran detractora de la iniciativa, son llamativos los “pareos” (acuerdos de dos parlamentarios de distintas bancadas para no participar de una votación si el otro no se encuentra en sala) de la Nueva Mayoría, la coalición de partidos de izquierda y centroizquierda liderada por la propia Bachelet, y que previo a la votación habrían dicho adherirse a los intereses del gobierno.
Según Dides, lo que pasó en Cámara de Diputados fue “un mal cálculo del gobierno que se confió”. Un primer error fue dejar que el proceso se dilatara hasta llegar al último año de gobierno, próximo a las elecciones presidenciales. Lo otro, fue que “la Nueva Mayoría no ordenó sus filas”. “Al interior de la coalición de gobierno no había claridad en este proyecto. Dos diputados radicales parearon, es injustificable. En este caso los pareos van en contra de las mujeres”, agregó.
“La gente se atreve a hablar de aborto, cuando cinco años atrás no se podía hablar del tema. Estamos muy satisfechas con eso, por eso seguimos en esto”.-Claudia Dides, Miles Chile.
Si bien la directora de Miles Chile aseguró que la Cámara Mixta ya está compuesta (integrada mayoritariamente por el oficialismo, según ella), y que sesionará antes de lo esperado, en tiempos previos a las elecciones, esta demora es campo fértil para que la derecha actúe. Integrantes de la oposición (Chile Vamos, partido al que pertenece Sebastián Piñera) ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) en contra del proyecto de ley en cuestión, porque “es inconstitucional al no proteger la vida de quien está por nacer”, agregó Dides.
En este sentido, el diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Víctor Torres, declaró a Contra Corriente que “ha existido una intencionalidad, principalmente de la oposición, de intentar hacer caer este proyecto en el TC”. Parece que más allá de los resultados en la Cámara Mixta, lo importante es lo que decida el TC. “El tema es que el TC está conformado por una mayoría que no es favorable al proyecto, con un presidente que sí está a favor, pero que abandona su puesto el 28 de agosto”, -dijo Dides.
“Con todo, espero que logremos tener ley, que el TC actúe apegado a estricto derecho y no se transforme en una ´tercera cámara´ que impida la acción soberana del Parlamento”, agregó Torres. Si bien hay esperanza de que el proyecto se convierta en ley, Dides reconoció la posibilidad de que el TC decida lo contrario, o que “dejen una sola causal y no tres”. Dos años de trabajo intenso desestimados, décadas de lucha feminista por la borda. “Si perdemos el proyecto nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, adelantó la directora de Miles Chile, para quien habrá noticias del proyecto en septiembre.
Una estrategia que también sucedió en Honduras este año cuando se discutió la posibilidad de despenalizar el aborto por tres causales en el nuevo código penal. En año electoral predomina más el interés político que los derechos humanos. Así, las negociaciones entre bancadas impidieron esta reforma.
“El 15% de las mujeres que abortan serán alcanzadas con las tres causales”
La chilena Paola Valenzuela luchó para que la dejaran abortar, pero no lo consiguió. El feto nació muerto a causa de bridas amnióticas, se mutilaba dentro del útero. Valenzuela lo supo a las once semanas de embarazo y convivió con ello hasta el final. En mayo de 2017 presentó su caso, junto con integrantes de Miles Chile, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También la Comisión de las Naciones Unidas y el informe de la Cedaw han reclamado a Chile la despenalización del aborto.
Según datos de Miles Chile, en el 2016 el aborto ocupó el tercer lugar del total de defunciones y mortalidad en el embarazo, parto y puerperio en el país. Entre 2010 y 2014 hubo 271 procesados/as por aborto. 182 fueron mujeres y 89 hombres. A su vez, entre 2010 y 2015, hubo 85 condenados/as por aborto. Si bien el país no tiene mujeres presas por abortos, pasan un año esperando la resolución del tribunal, que usualmente deriva en “tratamiento psicológico para la mujer” o “trabajo voluntario”, explicó Dides.
Chile por fin llegó al mínimo de protección de los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo. Un mínimo ético necesario. Existe una crítica extendida que las tres causales referidas solo contemplan a un 3% de los abortos que se realizan en el país, pero Dides no está de acuerdo: “las tres causales llegan a un 15% de las personas que abortan, son unas 10.000 mujeres. Incluso, pueden llegar a ser más porque muchas mujeres no se atreven a denunciar una violación. Implica cambiar una práctica médica de 30 años, en las circunstancias en las que está el país, para nosotras es un gran paso. Creo que es injusta esa crítica, porque sin ser Uruguay, el Estado de México y Cuba, el resto de los países del continente tienen máximo las tres causales aprobadas”.
Para Dides, en Chile la lucha de las organizaciones sociales a favor de la despenalización del aborto “ha sido compleja”, “hemos hecho alianza con actores de la salud y de la diversidad sexual”. La directora de Miles Chile destacó el apoyo de la ciudadanía (70% de la población está a favor de las tres causales), por eso dicen que “Chile ya decidió”: el gran cambio es que “la gente se atreve a hablar de aborto, cuando cinco años atrás no se podía hablar del tema. Estamos muy satisfechas con eso, por eso seguimos en esto”.
Mientras tanto en Honduras ya existen dos mujeres detenidas por el delito de aborto después de una lucha fallida de despenalizarlo por tres causales. En El Salvador condenaron a 30 años de cárcel a una mujer que producto de una violación por pandilleros quedó embarazada y sufrió un aborto involuntario, se suma a la lista de 17 mujeres presas por ese delito. La región sigue siendo la más violenta para ser mujer y los gobiernos se empecinan en ejercer autoridad sobre sus cuerpos.
