La expulsión de 19 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por cinco años, abre la posibilidad de una demanda internacional contra la máxima casa de estudios. Los jóvenes fueron notificados de la expulsión luego de participar en una toma del edificio administrativo el pasado 24 de mayo, acción por la que también enfrentan un proceso judicial en los juzgados de Tegucigalpa.
“Es una grave violación al derecho de educación pública que tienen los ciudadanos, es un derecho constitucional y las autoridades no pueden pasar por encima de eso”, expresó Fabricio Sandoval, uno de los abogados defensores de los estudiantes a los medios de comunicación.
Esta es la segunda ocasión que las autoridades toman acciones administrativas contra estudiantes. En 2015 varios alumnos en Tegucigalpa y San Pedro Sula fueron expulsados por participar en una toma nacional contra las Normas Académicas.
“Condenamos estos actos, sabemos que no podemos esperar otra cosa de las autoridades, pero a pesar de eso no nos detendrán, ahora debemos actuar legalmente contra esa decisión”, expresó Allan Martínez, uno de los 19 estudiantes expulsados.
Martínez dice que el primer paso que seguirán es impugnar la resolución y conjugar esas acciones legales con acciones nacionales que serán organizadas por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
Las autoridades, luego de hacer pública la sanción, brindaron conferencia de prensa en la que expresaron que sus acciones son implementadas con base en la Ley Orgánica de la Universidad y también en el reglamento estudiantil interno. “Las acciones son basadas en la Ley, nadie la puede violentar, la universidad tiene un reglamento interno y los estudiantes deben entender que se tiene que respetar”, dijo el vicerrector académico, Ayax Irías.
Asimismo Angie Acosta, apoderada legal de la UNAH dijo que no están violentando ninguna ley, porque la Ley Orgánica y la universidad son autónomas, por lo tanto se debe aplicar el reglamento estudiantil.
“Los procesos de criminalización pasan por cuestiones políticas, no sorprende que nos hayan encontrado culpables por usurpación, por ejercer el derecho a la protesta, el mensaje es claro cuando nos declaran culpables, quieren intimidar al estudiantado”, reaccionó ante la expulsión de sus compañeros el estudiante de Trabajo Social, Sergio Ulloa
Sergio, junto a Cesario Padilla y Moíses Cáceres están a la espera de la audiencia de individualización de pena, que será el próximo 27 de julio; todos ellos fueron declarados culpables por el delito de usurpación, luego de participar en una toma de Ciudad Universitaria en el 2015, acción por la que también fueron expulsados por dos semanas de la UNAH en ese año.
“Condenamos estos actos, sabemos que no podemos esperar otra cosa de las autoridades, pero a pesar de eso no nos detendrán, ahora debemos actuar legalmente contra esa decisión”, expresó Allan Martínez, uno de los 19 estudiantes expulsados.
En el caso de Padilla, Ulloa y Cáceres, cuando fueron expulsados por varios periodos de la UNAH, la defensoría legal interpuso recursos ante la Corte Suprema de Justicia, en esa ocasión el fallo fue a favor de los estudiantes y por tal razón se les retornó el acceso a las aulas de clases.
Ulloa dijo que el MEU debe organizarse para llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque las autoridades están abusando de su autoridad, primero por criminalizarlos y segundo por negarles el acceso a la educación.
“Nosotros estamos con un pie en la cárcel, la justicia hondureña responde a los intereses de los grupos de poder y en este caso de la UNAH. Solo nos queda buscar los organismos internacionales, y ya estamos viendo con nuestro equipo de abogados el procedimiento para entablar una demanda internacional”, aseguró Ulloa.
El delito de usurpación es castigado con tres o cinco años de cárcel y el próximo 27 de julio, ellos conocerán la cantidad de tiempo que deben ir tras las rejas. “Sabemos que el delito es conmutable, nosotros luego de conocer la pena, tenemos 20 días para interponer un recurso de Casación y esperar que la justicia retroceda en su decisión”, declaró el estudiante.
Producto de la crisis universitaria, un grupo de aproximadamente 19 organizaciones han creado un Comité de Solidaridad con la lucha estudiantil. La estructura está conformada por la Red de Defensoras de Mujeres, Comité por la Libre Expresión, Organización Fraternal Negra de Honduras, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Diversidad en Resistencia, Vía Campesina, entre otras. El comité coincide en que se deben agotar las instancias nacionales para revertir la medida, caso contrario la salida son los organismos internacionales.
Jessica Trinidad, de la Red de Defensoras, dijo que están acompañando la lucha de los estudiantes, consideran que las determinaciones de las autoridades son poco acertadas en función de la problemática de la universidad, pero que seguirán brindando su vigilancia para que se respeten los derechos humanos de los jóvenes.
En reacción al conflicto, la rectora Julieta Castellanos, dijo a una emisora radial de cobertura nacional, que tomarán todas las medidas necesarias para mantener el orden y la independencia de la universidad; afirmó que hay grupos externos que están asesorando a los estudiantes y que quieren hacer retroceder el proceso de reforma universitaria.
Las autoridades, tanto como los estudiantes, están a la espera de la decisión del Congreso Nacional, luego que el MEU presentara a la Comisión de Educación un anteproyecto en el que proponen la creación de un gobierno de transición conformado por estudiantes y empleados de la UNAH.
La justicia hondureña continúa su marcha en los procesos criminales hacia 27 alumnos a nivel nacional, de la misma forma la defensa legal de los estudiantes se prepara para interponer en los próximos días una demanda internacional contra la máxima casa de estudios, que podría generar sanciones al Estado por violentar los derechos humanos y negar el acceso a la educación pública.
Con reportes de Pamela Sánchez.
