En los últimos siete años el asesinato de estudiantes se ha convertido en una rutina macabra que ha dejado, según la organización Casa Alianza, un total de 22 mil jóvenes muertos, en su mayoría, pertenecientes a colegios y universidades públicas.
La situación se agudizó en 2017 con asesinatos de estudiantes de los institutos Central Vicente Cáceres de Tegucigalpa y Patria de La Lima, sumándose también, casos de jóvenes universitarios de la capital.
La violencia e inseguridad en centros educativos de Honduras son temas vigentes y las causas se manejan con misterio.
El aumento de crímenes de estudiantes se ha generado en un ambiente lleno de conflictos educativos. En el 2015 el Instituto Central Vicente Cáceres vivió una toma estudiantil por varios días. Fungía como Secretario de Estado en Educación Marlon Escoto y los alumnos demandaban mejores condiciones para recibir clases. Fue en ese momento en el que jóvenes que se involucraban en protestas desaparecían y horas después aparecían muertos. Para el caso recordamos el asesinato de Soad Nicolle Ham que, luego de manifestarse y protestar contra el abandono del gobierno, fue encontrada sin vida en una colonia cercana a la institución en la que realizaba sus estudios de educación básica.
Dos años más tarde la historia se repitió. Hace un mes fue asesinado un joven en el municipio de La Lima, perteneciente al Instituto Patria. El estudiante fue visto en la toma de instalaciones que duró casi un mes, también bajo la demanda de mejoras educativas.
Sin una investigación científica, autoridades policiales ligan la mayoría de asesinatos de estudiantes con pandillas, tráfico de drogas e incluso razones pasionales. Por el momento, según datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, el 90% de estos asesinatos continúan en la impunidad.
Fundamentados en esa hipótesis policial, la ministra de educación Rutilia Calderón, anunció la militarización de los colegios públicos más importantes del país por un periodo de aproximadamente diez años, con el fin de garantizar la seguridad y desarticular cualquier estructura criminal que pueda infiltrarse y atentar contra la vida de los alumnos.
La variada composición social que se congrega en los institutos públicos ha convertido a estos en una plataforma apta para el tráfico de drogas, extorsión y conflicto de hinchadas. Ante esa realidad el gobierno ha dejado clara su estrategia para tratar el problema.
La militarización es el antídoto gubernamental para cualquier flagelo. El país vive un régimen bonapartista ocupacional, es decir, ante cualquier problema, el Estado decide tratarlo con su brazo más fuerte: el militar, coordinado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. En el marco de esa estrategia definió tácticas para militarizar toda la sociedad, incluyendo las instituciones públicas. Los hospitales están resguardados por militares, las farmacias de los centros médicos públicos, también, son administradas por militares; el servicio eléctrico, de la misma manera, se encuentra resguardado por militares, y ahora los colegios vivirán bajo ese nuevo ambiente.
El nuevo panorama de los estudiantes de colegios públicos será rodeado de militares que, sin duda, impondrán el miedo con sus armas de grueso calibre en las instalaciones de los centros, en las inmediaciones y hasta en las oficinas administrativas de los mismos.
Para solventar el problema de la inseguridad en los institutos, primero, se deben identificar las causas y luego tomar las decisiones. Bajo una premisa del 90% de impunidad en el crimen de estudiantes, científicamente no se puede detectar las causantes del problema, mucho menos tomar una decisión tan drástica, a menos que el objetivo principal no sea la solución del conflicto, sino político.
Con el uso de militares, el gobierno consolida su estrategia autoritaria y hace creer, gracias al control mediático que posee, que su política de orden es la idónea para tratar los problemas del país y así ganar votos y controlar a toda la sociedad.
Independientemente de las causas de inseguridad en los colegios, las medidas deben ir acordes al respeto de la libertad y derechos humanos de los y las jóvenes y no a infundir el miedo a través de la militarización. Bajo la sombra de la impunidad, no se pueden determinar a los responsables de la problemática, perfectamente se puede tratar de persecución política, como también de vínculos de los jóvenes con el crimen organizado; sin embargo, ninguna de ellas se puede afirmar bajo un sistema de investigación deficiente y disfuncional.
Para solventar la inseguridad en los colegios, primero se debe fortalecer la investigación y dar con las verdaderas personas o entes responsables de los crímenes; luego de identificar las causas, crear un plan de prevención en los centros educativos.
Desde el gobierno, tal como corresponde, se debe poner más atención en educación, destinar más presupuesto, crear planes de prevención, de inclusión y de formación educativa para los alumnos.
La violencia e inseguridad son estructurales en una sociedad, el trato de la misma debe enfocarse en reformas profundas que pasan por fortalecer la prevención, la investigación, la educación, la inclusión y la creación de una nueva política de seguridad ciudadana que respete los derechos humanos.
