En 2011 cuando en el Congreso Nacional (CN), su presidente Juan Orlando Hernández, ahora máximo mandatario de la nación, promovió y aprobó la creación de la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; órgano encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia.
La normativa fue creada con el decreto 239-2011, cuando Juan Orlando Hernández era Presidente del CN y Porfirio Lobo, presidente de la república. Originalmente la ley fue creada para que el Consejo estuviera integrado por el presidente del Ejecutivo (quien lo preside), presidente del CN, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscal General, Secretario de Seguridad y Secretario de Defensa.
Una dictadura legalizada podría consolidarse en noviembre, durante las primeras elecciones donde se permite la reelección presidencial apesar que la actual constitución lo prohíbe. Pero es la construcción de una superestructura, un superpoder que se llama Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, subordinada al Presidente de la República lo que podría ratificar que en Honduras existe una dictadura.
En Honduras no se mueve una hoja de papel sin el consentimiento del Consejo Nacional de Defensa: el uso de fondos de la Tasa de Seguridad está en manos del Consejo, las llamadas telefónicas son escuchadas por el Consejo, el manejo de las unidades de investigación está bajo mandato del Consejo, las leyes en materia de administración pública, judicial y penal también son coordinadas desde esa superinstancia.
Con la entrada en vigencia de la Ley del Consejo Nacional se aprobó una entidad de investigación para que diera funcionamiento a las obligaciones de esa estructura. En el artículo 6, la Ley estipula que para el debido funcionamiento del Consejo se ordena la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, ente encargado de ejecutar las políticas públicas que establezca el Consejo. Tiene libertad e independencia funcional, presupuestaria y administrativa. Todo bajo el mandato del presidente Hernández.
En Honduras hay cinco unidades de investigación: Dirección Policial de Investigación (DPI), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Agencia de Lucha contra el Narcotráfico, Unidad Antiextorsión y la Unidad Nacional de Investigación e Inteligencia, todas presididas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. El primer director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, fue el actual Secretario de Seguridad Julián Pacheco, quien fue vinculado en una corte de Estados Unidos con la banda de narcotraficantes “Los Cachiros” quien lo mencionó como uno de sus colaboradores. Ese puesto luego lo tomó el coronel de las Fuerzas Armadas, Carlos Roberto Aldana Zelaya, junto a Ever Danilo Mejía como director adjunto, ambos siguen al frente de la Dirección.
“La ley de Secretos Oficiales, fue creada para fortalecer la dictadura, es decir, fortalecer el Consejo y el uso que esa estructura hace de toda la institucionalidad”, Ramón Barrios.
“La creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no es una casualidad o una iniciativa aleatoria para coordinar nada más el combate a la criminalidad como nos hacen creer los medios de comunicación; aunque usted no lo crea, es el inicio de un plan sistemático del Presidente Hernández; primero para adueñarse de toda la institucionalidad, para dominarla y segundo para afianzar su plan de reelección”, dijo el analista político y exjuez de sentencia, Ramón Barrios, quien calificó de esa forma la creación de esta entidad.
Para Barrios el plan de reelección no comenzó hace un año, sino que se originó cuando Hernández era Presidente del CN y específicamente con la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en el 2011.
“Hernández comprendió después del Golpe de Estado del 2009, que si alguien quiere reelegirse en el país, debía apoderarse del control del Estado, es por eso que ideó un plan macabro que comenzó con la creación del Consejo Nacional de Defensa y mediante ese superpoder se adueñó del Poder Judicial, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Congreso Nacional, Policía Nacional, Policía Militar y todo lo que tenga que ver con el Estado y es importante saber que no bastó eso, sino que también blindó toda la información de las instituciones que maneja, eso le da vía libre, primero para el uso de dinero público y segundo para evitar la justicia, pues él mantiene el control de todo”, manifestó Barrios.
Luego de la fundación de la Dirección de Investigación, el Consejo ordenó al CN, la moción y aprobación de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, junto a la Ley Especial para la Intervención de Comunicaciones Privadas (Ley de Escuchas Telefónicas), ambas aprobadas en el 2014.
Con la Ley de Secretos Oficiales, el Consejo Nacional de Defensa garantizó la protección de la información sobre algunas instituciones, manejo de fondos públicos y hasta las propias decisiones del Consejo. El Artículo 3 de esa ley dice: “a los efectos de esta Ley podrán ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetivos, cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad, defensa nacional y el logro de objetivos nacionales”.
Asimismo según el Artículo 4, las materias clasificadas serán a través de categorías: reservadas, confidencial, secreta, ultra secreta. La desclasificación de esas materias se realizará solo bajo un reglamento: reservado (después de cinco años de su clasificación), confidencial (después de diez años), secreta (después de 15 años) y ultra secreto (después de 25 años). Es decir, que la información está bien protegida por parte del gobierno y para desclasificarla debe esperar un periodo prudencial de tiempo.
“La ley de Secretos Oficiales, fue creada para fortalecer la dictadura, es decir, fortalecer el Consejo y el uso que esa estructura hace de toda la institucionalidad. En el interior del Consejo se decide cómo se gasta la Tasa de Seguridad, imagínese van más de 14 mil millones de lempiras en tres años recaudados y no hay rendición de cuentas y no se sabe cómo se utilizan, hay sospechas que mucho se usa en la campaña del Presidente para la reelección; sobre ese dinero no hay rendición de cuentas porque se usa bajo secreto de Estado”, advirtió Barrios.
A partir de su creación un grupo de organizaciones de sociedad civil presentó un recurso ante la CSJ para que se derogue esa ley por atentar contra el acceso universal a la información pública. Eddy Tábora director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) dijo a varios medios de comunicación luego de su presentación ante la Corte que hay pocas esperanzas que la institucionalidad resuelva a favor ese recurso, teniendo en cuenta que es una política del Presidente y es estratégico para sus intereses de poder.
Con la Ley de Secretos Oficiales, el Consejo Nacional de Defensa garantizó la protección de la información sobre algunas instituciones, manejo de fondos públicos y hasta las propias decisiones del Consejo. El Artículo 3 de esa ley dice: “a los efectos de esta Ley podrán ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetivos, cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad, defensa nacional y el logro de objetivos nacionales”.
Pero la Ley de Secretos Oficiales no solo blinda el uso de fondos de la Tasa de Seguridad, sino que también protege información de otras instituciones, por ejemplo las Fuerzas Armadas, uso de partidas presupuestarias en el Congreso Nacional, secretarías de Estado. Significa que cada entidad puede hacer el uso que se le antoje de los fondos públicos, sin miedo a ser fiscalizados, porque la Ley de Secretos Oficiales los protege.
La Ley en su Artículo 14 dice que el Consejo Nacional de Defensa a través de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, velará por la salvaguarda y mejora de los sistemas de protección, asegurando el efectivo cumplimiento de la Ley, incluyendo la promoción de acciones penales, civiles y administrativas correspondientes. “Por ejemplo si usted por casualidad tiene acceso a fondos de la Tasa de Seguridad o a cualquier información secreta y los divulga, usted según esa Ley incurre en delito y por tal razón el Consejo Nacional de Defensa, es decir, el Presidente lo mandará a la cárcel”, interpretó Barrios el artículo de la normativa.
El Consejo tiene su brazo funcional. Ese brazo es la Dirección de Investigación, esa unidad no solo maneja la Ley de Secretos Oficiales, también administra la Ley de Escuchas Telefónicas. “La Unidad es la encargada de manejar las escuchas del país, se tiene un control de todo lo que se mueve: llamadas, correos electrónicos, redes sociales, mensajes de texto, uso de informaciones. Todo, estamos vigilados y todo lo que hacemos lo sabe al momento de emitirlo el Consejo Nacional de Defensa”, explicó.
El analista dice que la gravedad de la existencia del Consejo Nacional de Defensa atenta y violenta el Estado de Derecho, porque quiebra la separación de poderes, porque todos están subordinados al Presidente, nadie puede hacer nada fuera de su voluntad, por eso Hernández es tan poderoso como lo es el Consejo Nacional de Defensa, estructura que dirige.
“Es así como está consolidada la dictadura de Juan Orlando, él maneja todo, y lo hace a través del Consejo. La sociedad civil, pueblo organizado debe protestar por la derogación de esta superestructura, para así quitar parte del poder que tiene el Presidente, caso contrario lo tendremos no solo por un periodo más, sino por muchos”, culminó Barrios.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el corazón de la dictadura, es el superpoder que maneja todo, desde una simple llamada hasta la creación del presupuesto general de la República.
