Hace 5 años fueron asesinadas cuatro personas y siete resultaron heridas por fuego de ametralladoras M60 en la selva hondureña. Las balas mortales fueron disparadas desde, por lo menos uno, de los cuatro helicópteros de la DEA, Estados Unidos, que sobrevolaban sobre el Río Patuca en la moskitia en el departamento de Gracias a Dios, uno de los más abandonados por el Estado. De la selva hondureña casi nadie habla.
Hoy un informe conjunto de 424 páginas de los inspectores generales de los departamentos de Justicia y Estado de Estados Unidos admitió que la DEA mintió sobre varios incidentes mortales en La Mosquitia hondureña y subrayó el riesgo de que los estadounidenses que acompañan a las fuerzas asociadas en misiones en países en desarrollo, aparentemente como formadores y asesores, a veces derivan directamente en operaciones peligrosas con poca supervisión.
La DEA aceptó el hecho, sin embargo el informe relataba que se había tratado de un enfrentamiento con narcotraficantes. Es en La Mosquitia donde arranca la ruta del narco que lleva la cocaína de Colombia hasta Estados Unidos.
Norvin Goff, dirigente miskitu apenas estaba viendo la noticia en los noticieros televisivos cuando atendió la llamada de Contra Corriente.
“Nosotros ya lo sabíamos, al final el mismo gobierno y la DEA mintieron. Estábamos conscientes que las víctimas eran inocentes. Muchos de los casos que se dan aquí son por narcotráfico, pero el narco viene de afuera, nosotros no somos narcotraficantes”, expresó Goff en sus primeras reacciones ante la noticia.
Bajo el programa, conocido como FAST, los escuadrones recibieron entrenamiento de estilo militar para combatir a los traficantes vinculados con los talibanes en la zona de guerra de Afganistán. El programa fue ampliado a América Latina en 2008 para ayudar a luchar contra los narcotraficantes transnacionales, llevando a la serie de encuentros violentos en Honduras en 2012.
Cinco años de impunidad han sufrido las familias de las víctimas pero los efectos de estas tragedias impactan en toda la comunidad miskita (un grupo indígena ubicado en la selva).
“Nosotros como indígenas fuimos engañados por parte de la fiscalía hondureña porque nos dijeron que se haría una exhumación para una investigación exhaustiva, nosotros exigimos pero al final recibimos información que era para desmentir de lo que ya sabíamos, que eran personas inocentes. Esperamos que se haga justicia ahora y debemos reunirnos y conversar con la familia, no confiamos de lleno en las autoridades, tiene que haber una completa aplicabilidad de la justicia en este caso”, dijo Goff.
Tres incidentes mortales
La operación Anvil comenzó en abril de 2012 como un programa piloto de 90 días designado para irrumpir el transporte de droga aéreo desde sudamérica hasta Honduras.
Miembros de la DEA, del equipo FAST y oficiales del comité de respuesta táctica de la Policía Nacional de Honduras conformaron el equipo de base en las misiones. El papel establecido de FAST era entrenar y asesorar a las fuerzas hondureñas para asistirles en las misiones.
Los helicópteros del departamento de Estado proveyeron transporte aéreo y armado a las misiones. La Fuerza Aérea proveía artilleros de puertas y en algunas misiones, aviones de la Protección de fronteras y aduanas de EEUU y capacidades de detección aérea.
El incidente del 11 de mayo tuvo lugar de noche en Ahuas, Honduras. Tres oficiales militares, uno miembro de FAST y dos de las fuerzas hondureñas navegaban en una pequeña canoa conocida como pipante, que contenía grandes cantidades de cocaína decomisada temprano esa tarde. A medida que el pimpante perdía poder y flotaba, un barco mucho más grande que llevaba una docena de pasajeros hizo contacto con ellos.
Inmediatamente los oficiales dispararon contra los pasajeros del otro bote. 26 segundos de explosión mientras algunos caían al rio y otros se tiraban para salvar la vida.
“Nosotros ya lo sabíamos, al final el mismo gobierno y la DEA mintieron. Estábamos conscientes que las víctimas eran inocentes. Muchos de los casos que se dan aquí son por narcotráfico, pero el narco viene de afuera, nosotros no somos narcotraficantes”, expresó Goff en sus primeras reacciones ante la noticia.
Desde un helicóptero de miembros de la operación FAST de la DEA dirigieron los disparos hacia el bote de pasajeros.
Ningún miembro ni de Fast ni de las fuerzas hondureñas condujo una búsqueda o misión de rescate para los pasajeros que salieron heridos.
Después de recuperar a los oficiales y la droga del pipante, todo el equipo regresó a la base. El equipo de campo reportó que las personas en el bote de pasajeros dispararon a los oficiales y que los oficiales hondureños, no de la DEA, respondieron el ataque. Oficiales de la DEA incluso reportaron que no hubo bajas civiles. Sin embargo oficiales de la Embajada revivieron reportes de que las víctimas eran civiles inocentes.
El otro incidente mencionado fue el 23 de junio, mientras miembros de FAST y fuerza de tarea hondureña intentaban aprehender a traficantes de droga cerca de Brus Laguna. Los sospechosos habían huido pero miembros del Fast encontraron a un hombre acostado bajo un árbol. Según agentes de FAST el individuo se negó a responder a sus órdenes y movía las manos, por eso lo mataron. El reporte habla además de otro incidente el 3 de julio en Catacamas respondiendo a la caída de una avioneta, uno de los pilotos heridos fue asesinado.
Reparación
La pérdida humana es irreparable, pero la comunidad miskita entera pide reparación.
“Las acusaciones a toda la región nos tiene criminalizados, a todos. El Estado de Honduras debe plantearse esto muy seriamente, nosotros no somos narcotraficantes, aquí se ve claramente que lo que ha causado esto, las acciones desde afuera nos están afectando. Cuando llegaron los marines aquí hace un año nosotros les dijimos que no superamos, no olvidamos las muertes causadas por presencias extranjeras.
EEUU y Honduras debe reconocer estos hechos y que por mas de 5 años estas familias desamparadas. Los efectos los sufrimos todas las comunidades”, culminó Goff.
En La Moskitia la vida gira entorno a la “lucha contra el narcotráfico”.
Una de las principales voces contra las bases militares en Honduras era Berta Cáceres, activista hondureña asesinada en marzo pasado.
“Los EE.UU. tienen previsto (aunque no se ha hecho público) instalar una enorme base, en la plataforma marítima precisamente. Nosotros hemos denunciado que esta base (que nadie dice nada, que todo está en silencio), también amenaza a los pueblos hermanos. EE.UU., hay que recordar, siempre ha usado a Honduras como una plataforma para invadir a otros pueblos hermanos, como sucedió en los 80 contra Nicaragua. Esta vez podría ser Venezuela”, expresó Berta Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para el medio internacional RT en 2013.
Berta fue asesinada por un equipo de militares hondureños años después de estas declaraciones por su lucha por los territorios indígenas del país.
La primera instalación militar norteamericana en territorio hondureño se desplegó en los años 80 en Palmerola y la segunda se erigió en Mosquitia en 2010 bajo el propósito de frenar el narcotráfico.
