En Honduras nadie los ha contabilizado, pero es conocida la historia de los migrantes que regresan después de caer a las vías del tren mientras pasan por México hacia Estados Unidos. «La Bestia» les arrebató una o varias partes de su cuerpo, y, sin embargo, siguen la vida en un país que los expulsó y que los discrimina, los ignora y no les da oportunidades.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Amilcar Izaguirre
De niño, Alexis González se paralizaba de miedo cuando escuchaba el ruido de la bicicleta de su padre. Él y sus nueve hermanos crecieron aguantando hambre por días enteros en Omoa, Cortés, en el norte de Honduras. Pero es el miedo a su padre el que más menciona cuando cuenta su historia y retrocede en el tiempo. Recuerda que casi nunca jugó en su niñez, porque trabajaba cerca de su casa acarreando piedras de un río. No tuvo juguetes, dice, porque su padre, alcohólico, los quebraba o los quemaba. Por eso huyó cuando cumplió 16 años. Por eso se fue lo más lejos que pudo.
Junto con una prima, avanzó caminando y viajando en autobuses cientos de kilómetros por Guatemala y México con destino a Estados Unidos. Allí conoció a la «Bestia», como le llaman los migrantes al tren de carga en el que atraviesan México. Se había amarrado con una sudadera, una faja y una sábana para asegurarse de no caer en los rieles. Había escuchado muchas historias de cómo esa «Bestia» devoraba migrantes. Pero, por un segundo, el sueño lo venció y cayó. Tenía 16 años y sobrevivió; pero, ahora, con una discapacidad, después de ya casi una década de haber regresado a Honduras, continúa sobreviviendo en el país que sigue sin prometerle algo.
Ahí se fueron muchos de Alexis, que había intentado huir de su padre y la pobreza de Honduras —en el 2022 alcanzó el 75%—, pero no logró ninguna de las dos cosas. Cuando conversamos con él seguía viviendo a metros de su violento progenitor.
«Les dije a las organizaciones que no podía regresar (a Honduras) sin una prótesis porque era demasiado pobre y que aquí no me iban a dar nada», recuerda Alexis, que ahora es un hombre 25 años, con una familia, pero que arrastra consigo las consecuencias de aquel accidente que sufrió en su huida.
Cuando regresó a Honduras chocó con una realidad: estaba solo. El Estado, ya en ese entonces bajo el Gobierno de Juan Orlando Hernández, se limitó a procurar su regreso al país a través de las oficinas de migración. «Es lo único que hacen y después uno queda arreglándose como pueda. Si quiere cambio de prótesis uno tiene que ir personalmente a Teletón a buscar la forma que le den descuento por las condiciones (económicas)», dice.
Después de siete años con la prótesis que le proveyeron en México, Alexis tuvo que cambiarla ya que estas tienen una vida útil de tres a seis años. Y en Teletón tuvo que pagar 8,000 lempiras para obtener una nueva, pero que no era de la misma calidad. Un doctor le ofreció las mismas donadas en México, pero fuera del centro asistencial y a un valor de 45,000 lempiras. Era un precio impagable para Alexis, que había pedido ayuda a iglesias y amigos para conseguir 8,000 lempiras.
El impacto de su accidente lo persigue aún: «En este país no nos dan trabajo a las personas con discapacidad», lamentó. Después de su accidente, decidió seguir estudiando, pero solamente culminó su educación básica, sin terminar una carrera.
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), en América Látina, entre el 80 y 90 % de las personas con discapacidad no tienen oportunidades laborales. En Honduras, de acuerdo con la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación, el 90 % de las personas discapacitadas no tienen empleo.
Durante años, Alexis llevó currículum a empresas y pidió trabajo por redes sociales. En algunas ocasiones ya había sido aceptado, hasta que mencionaba su discapacidad. En un minisuper de Omoa trabajó dos semanas, pero no podía cargar cosas muy pesadas y tuvo que dejarlo. Desde Puerto Cortés lo llamaron de una empresa, y cuando habló de su discapacidad le dijeron que no. Cuenta que en un restaurante lo rechazaron aduciendo que tenía «condiciones (una discapacidad)». En la zona norte de Honduras, donde vive Alexis, el principal empleador son las maquilas con alrededor de 165,000 puestos de empleo. Sin embargo, en este sector son famosas las altas metas de trabajo que los obreros y obreras deben cumplir para mejorar su salario y mantener su trabajo. En muchas maquilas lo rechazaron.
Finalmente, hace ocho meses, una empresa que se denomina inclusiva y también del sector maquilador le permitió trabajar.
Alexis todavía arrastra las emociones de ese fatal día cuando su idea de buscar un mejor futuro terminó en tragedia. A menudo intenta ver sus circunstancias de la mejor manera, pero reconoce que todavía no supera las secuelas de su accidente. «A veces despierto por la noche y recuerdo o sueño con algo y comienzo a revivir lo que pasó». Estuvo en tratamiento psicológico en el Hospital de Puerto Cortés, pero tres semanas nada más: «Hay personas que se encargan de los que regresan, pero después se van olvidando de uno porque van agarrando otros casos que llegan».
El padre
La decisión de Alexis de irse a Estados Unidos cuando era un adolescente de 16 años no se puede entender sin la figura de un padre abusador. «De ese señor no quiero ni recordar ni el nombre», responde al ser preguntado qué ha sido de él.
Aquel hombre que llegaba casi siempre borracho a la casa trabajaba como vigilante. Golpeaba casi todos los días a sus nueve hijos, recuerda Alexis. En una ocasión, a una de sus hermanas la cortó con el lado plano del machete. Para terminar la escuela, Alexis tenía que saltar por una ventana porque el padre ya no quería que continuara. Él se iba a escondidas.
Cuando su padre llegaba ebrio, Alexis no se podía mover del lugar donde estaba al escuchar el ruido de su bicicleta: «Me temblaba todo el cuerpo y no me podía mover de donde estaba, la mandíbula me temblaba como si tuviera frío. Para mí esa vida fue lo que me obligó a irme en ese tiempo, yo no soportaba a ese hombre. Hasta que una parálisis facial me dio, la boca se me hizo para un lado. Los médicos dijeron que eran preocupaciones o por el estudio, pensaban ellos, pero yo no estaba estudiando».
Han pasado ocho años desde que Alexis sufrió un accidente que le cambió la vida, ahora tiene esposa y un pequeño hijo llamado Cristopher, pero la presencia del violento padre sigue vigente. Hace poco, y frente a su nieto, tomó su machete y comenzó a darle filo a la herramienta mientras amenazaba que iba a matar a Alexis. «Yo viví 10 años con él y todo ese tiempo me trató peor que un animal», recuerda.
Viven en dos pequeñas viviendas separadas, pero están construidas en el mismo predio, así que cuando el padre llega ebrio lo amenaza de muerte y, casi replicando una historia, el pequeño Cristhopher se asusta mucho, nos cuenta Alexis. A su juicio, estas agresiones se deben a que su progenitor pelea por el terreno donde están las casas y que a menudo le dice que «lo va a matar» porque es el único hermano que ha quedado viviendo ahí. Por eso lo ha denunciado en muchas ocasiones ante las autoridades.
Alexis tenía 16 años cuando fue deportado desde México, todavía era un niño, pero él no recibió ninguna atención del sistema protección de la niñez en Honduras, únicamente recibió asistencia de las oficinas de Migración. El Estado también se ausentó cuando recibió maltrato de un padre abusador, cosa que finalmente lo empujó a migrar.
Las características de un Estado ausente siguen de manifiesto en las denuncias que ha interpuesto contra las agresiones de su padre ante la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que no han servido de nada. En Omoa, el juzgado local ha citado al padre de Alexis, pero no han dado seguimiento a las razones por las que este no asiste al llamado de un juez. Fue a la posta policial ubicada en Cuyamel y tampoco tuvo respuesta.
En Puerto Cortés, cuando quiso interponer la denuncia ante la DPI, recibió un consejo. El agente que lo atendió le manifestó que se saliera de la casa y evitara problemas. Su caso lo trasladaron a Omoa, donde la autoridad competente tendría que llamar, pero han pasado meses y nada ha pasado.
También cuenta que el día que su padre lo amenazó de muerte con un machete, llamó en dos ocasiones al publicitado 911, pero la Policía nunca llegó. Ese día su padre se fue otra vez para la cantina a seguir tomando. «Tengo que salir de ahí, no puedo estar arriesgándome», dice.
Todas las denuncias que Alexis ha hecho antes diversas autoridades sin obtener respuesta son el reflejo de un Estado donde arriba del 90% de los delitos queda impune. En el 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que la «impunidad en Honduras era generalizada». La falta de atención contrasta con la promesa de una policía comunitaria y respetuosa de los derechos humanos realizada por la administración de Xiomara Castro.
Alexis ha encontrado un lugar donde comenzar de cero, lejos del peligro de su padre, y, mientras nos habla, acomoda unas rústicas tablas de madera con las que pretende construir un cuarto para él, su esposa y el pequeño Cristopher. En ese mismo lugar, en precarias condiciones, vive una de sus hermanas con sus hijos. Ella también huyó del padre abusador. Donde está construyendo es un terreno bajo, donde tuvo que pagar para llevar tierra y rellenar un poco la superficie. Su casa, de madera y láminas, es la última de la colonia. Después solo hay maleza e insectos. En ese lugar no llega el agua potable, pero sí es una zona inundable por las aguas del Río Chamelecón. Alexis prefiere eso a seguir expuesto a la agresividad de su padre.
Ausencia del Estado, acción de la oenegés
Después de su deportación desde México, Alexis fue olvidado por el Estado, que no cuenta con programa de atención para estos casos y, en general, para todas las personas con discapacidad. El papel estatal es asumido por algunas ONG que hacen esfuerzos aislados de atención. Datos enviados a Contracorriente por la Dirección de Protección al Migrante indican que, desde el 2017 a septiembre de 2022, al país han regresado 175 migrantes con discapacidad. El año con más casos fue en el 2019, con 60, mientras que en 2022 solo se han registrado 8 casos. Del total, 161 son hombres y 14 son mujeres.
Alexis encontró apoyo en el programa dedicado a los migrantes de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM). Recibió el capital semilla para iniciar una pulpería en la aldea Las Chicas en Omoa, pero lamentablemente el negocio no floreció: «Me dieron todo, pero yo estaba seguro que no iba a funcionar porque ya habían dos pulperías grandes y mi casa queda en un lugar feo (una ladera con pocas casas alrededor). Yo les decía que podía funcionar un ciber café, pero pues esa ayuda le dieron a todos».
Cesár Ramos, coordinador del programa de apoyo al migrante del CASM en San Pedro Sula, nos explicó que este proyecto en apoyo a los migrantes comenzó desde el 2014 cuando muchos menores no acompañados eran retornados al país. Después se extendió hasta llegar a cubrir a los retornados con alguna discapacidad. El programa de entrada brinda ayuda para suplir necesidades básicas y también ayuda psicológica.
Después se intenta ayudar a los migrantes en la inserción en el mercado laboral en un país donde la Tasa de Desempleo Abierto alcanzaba el 10 % en el 2020 y esa es la última cifra oficial en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE). El programa también le presentaba a los migrantes la opción de enfocarse en la educación técnica vocacional, y las becas les cubrían el costo del taller, alimentación en el colegio y el valor del traslado desde su comunidad hacia donde recibían las clases.
En otros casos, el CASM brindó capital semilla para iniciar un negocio y que los migrantes retornados pudieran emprender una actividad propia. «Debo decir que el problema de la empleabilidad es muy complicado en este país, si para la persona que está en todas sus condiciones le es difícil, lo es mucho más para una persona con discapacidad», nos dice Ramos, quien habla de un mercado laboral excluyente.
Una de las razones que provoca la salida masiva de hondureños rumbo a Estados Unidos es la precariedad del empleo. Los migrantes que regresan con una discapacidad se enfrentan a un reto mayor que cuando se fueron. «Una persona que en Honduras gana 2,500 lempiras, en Estados Unidos puede ganar cinco o 10 veces más; además, la corrupción e impunidad han sido caldo de cultivo para que deteriore la calidad de vida del hondureño», menciona Ramos.
Otra organización que apoya a los migrantes con discapacidad —y en general a cualquier persona que lo necesita— es la Fundación Guala (quiere decir «mano» en lenca), creada en el 2016 por un grupo de amigos que se apoyaron en la tecnología de impresión 3D para ayudar a otros. La impresión 3D es un proceso innovador mediante el cual un modelo digital se transforma en un objeto tangible y sólido. Por lo general, esto se hace colocando varias capas delgadas sucesivas de un material.
Desde entonces han conseguido financiamiento con empresa privada y otras oenegés para realizar unas 40 prótesis de mano, que es hasta ahora la única que producen: la de una pierna es más cara. Uno de los proyectos que Guala manejó fue en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de este enlace se donaron varias prótesis a migrantes retornados con discapacidad.
Una de las partes más difíciles con las que ha tenido que lidiar Guala, a juicio del presidente de la fundación, Fernando Cantarero, es la falta de datos acerca de cuántas personas amputadas en general hay en el país, «no tenemos una estadística real. Queremos identificar qué miembro está amputado y por qué razón, queremos hacer concientización pues hay bastantes empresas que no siguen estándares de seguridad», mencionó.
Cantarero mencionó que ellos han atendido bastantes migrantes retornados, y que no solamente se han enfocado en proveer la prótesis, sino también en apoyar con la reintegración de ellos y ellas en la sociedad, ya que «empresas, personas y sociedad en general aíslan a estas personas. Hay discriminación».
Desde el 2014, la sociedades nacionales de la Cruz Roja en México, Guatemala, El Salvador y Honduras; las autoridades consulares, migratorias y de salud; y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), asisten a personas migrantes que debido al riesgo en la ruta migrantes sufrieron alguna discapacidad y necesitan rehabilitación física, prótesis u órtesis. Con este programa la organización internacional busca que las personas que sufren amputaciones o lesiones lleven una vida normal.
En un comunicado enviado a este medio por la dirección de comunicaciones del CICR, se menciona que este organismo también trabaja en que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de asistencia y protección a los derechos humanos de las personas migrantes. En México y Centroamérica, el CICR ha establecido una alianza con cinco centros de rehabilitación física. En Honduras, los enlaces son el Centro de Rehabilitación Teletón y la Fundación Nueva Vida en el sur de Honduras.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue consultada por Contracorriente acerca de los programas de atención que tienen para los migrantes con discapacidad, la respuesta fue que «existe la Dirección de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, que vela porque se cumplan los derechos según la Ley de Desarrollo Integral. Además, la Dirección de Discapacidad es la encargada de emitir el carnet que permite a las personas con discapacidad acceder a los servicios especiales y descuentos que la ley obliga».
Se agregó en la respuesta que el Programa de Acción Solidaria (Proasol) será el encargado de programar y hacer la entrega de los bonos para las personas con discapacidad que se encuentren en los grupos focalizados como pobres, pobres extremos y grupos vulnerables. El 25 de noviembre, Sedesol anunció la entrega de 75,000 bonos a personas con discapacidad y adultos mayores. El Gobierno erogó 1,500 millones de lempiras.
Durante el año 2021, este programa del CICR atendió 214 personas, distribuidas así: 151 asistencias fueron en Honduras, 51 en Guatemala, 11 en México y 1 en El Salvador. Cabe aclarar que 163 de los 214 son personas migrantes y 51 víctimas de la violencia. Además, de las atenciones, 32 son nuevos casos y 182 de seguimiento. El 71% de las víctimas fueron atendidas en Honduras. El tren —transporte de indocumentados— es el mayor causante de discapacidad con el 74 % (160 se cayeron del tren).
En el primer semestre del 2022, se han dado 56 asistencias en Honduras, 23 en Guatemala, 4 en México y ninguna en El Salvador. La mayoría proviene de Honduras, siendo personas migrantes y víctimas de violencia. En este año, con el 63 %, el tránsito migratorio también se mantiene como la primera causa de discapacidad.
Una de las fundaciones enlazadas con el programa de CICR, es Teletón, una organización no gubernamental cuya directora regional, Reny Recarte, nos dijo que entre 2014 y 2022 han atendido 103 migrantes que regresaron con discapacidad.
A su juicio, los migrantes tienen problemas de reinserción laboral porque, cuando dicen que intentaron irse a Estados Unidos, es «como si dijeran una mala palabra, pues les ven con cierta inestabilidad». Al regresar con una discapacidad, las dificultades aumentan: «Honduras no cumple con la inclusión laboral que por ley debería cumplir. Ahí (las personas con discapacidad) tienen un reto mayor para poder integrarse».
En Teletón un paciente con amputación es tratado por un equipo interdisciplinario en el que interviene un fisiatra, un trabajador social, un psicólogo y un terapeuta ocupacional, «porque uno le puede poner una prótesis si la persona no está lista; no la va a usar, le da pena. No es solo dar el aparato, se le tiene que preparar a la persona para usarlo», dijo Recarte.
Las prótesis tienen caducidad, en promedio duran de tres a seis años. Con el apoyo de esta alianza las personas migrantes con discapacidad no pagan nada, «pero si usted va al mercado, la prótesis más barata le cuesta 50,000 lempiras», dice Recarte. Alexis, el joven oriundo de Omoa, no fue beneficiario de este programa, él tuvo que pagar 8,000 lempiras por los materiales de su segunda prótesis.
Recarte menciona que el tema de rehabilitación «a nivel nacional lo cubre Teletón, porque hay una ausencia real; la verdad es que el Estado da una donación, pero no es de lo que se mantiene Teletón, aunque se agradece».
Añadió que en el país hay esfuerzos aislados de oenegés y organismos internacionales, pero ella desconoce que haya un programa estructurado o acción coordinado para atender a la población retornada, y esta situación se agrava cuando se regresa con una discapacidad, «se siente un vacío para ayudar a estas personas».
Fue así y sigue siendo así
Allá por enero del 2001, Néstor intentó viajar a Estados Unidos. Salió desde la aldea San José, en Yorito, Yoro. En aquel año había un tren que salía de Chiapas, el primer Estado en México, y fue en ese lugar donde Néstor tuvo un accidente que lo dejó sin una de sus piernas.
«La situación económica lo hace a uno que emprenda ese camino», nos dice Néstor, quien tenía 16 cuando se fue y cuyo regreso estuvo a cargo de la Casa de Migrante Jesús Mi Buen Pastor: «Gracias a Dios ellos me ayudaron en todo el proceso, el Estado no tuvo nada que ver».
En el 2003, después de su accidente y con una discapacidad a sus 16 años, Néstor estudió un bachillerato en computación y después se trasladó a San Pedro Sula donde se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la carrera de informática. En el 2012 perdió el empleo y regresó a la aldea San José. Su plan era quedarse unos meses, pero su padre se sentía mal de salud y entonces se quedó a ayudarle en labores del campo. Además, había otro hecho que lo empujó a quedarse:«Tomé la decisión de quedarme, y es que la ciudad (San Pedro Sula) se puso muy violenta».
Conseguir empleo después fue más difícil. Néstor dice que un estigma recae sobre él: «Cuando lo miran a uno con problema de discapacidad siempre hay discriminación y lo ven a uno como que si no puede hacer las cosas».
«Pero nos desenvolvemos bien –dice–, siempre y cuando no sea algo de no cargar mucho; aunque lo pueda hacer, no lo hago. Por lo demás, para empezar tengo movilidad, tengo buena la mente, mis manos, mi visión y, claro, sí se puede», dice Néstor, que se ha dedicado al cultivo del café y a la ebanistería.
Desde su perspectiva, hay un desentendimiento del Estado, pero de alguna forma lo justifica: «Es el sistema que nos desatiende. Usted sabe que en Honduras hay un sistema que todo funciona a través de política, incluso las organizaciones (que ayudan a los migrantes) existen, pero no hay asistencia directa de los órganos estatales. La situación de nuestro país es mala y, lastimosamente, así es».
Néstor confiesa que ha aprendido a vivir con su condición: «Gracias a Dios no es un problema para mí, aprendí a vivir con esta discapacidad y no me quita nada». Y no solo ha aprendido a vivir, lo hace con dignidad. «A mí no me gusta depender de nada ni de nadie, no estar esperanzado a que porque tengo una discapacidad alguien tiene que hacerse cargo de mí, he aprendido a manejar bien mi problema», nos dice.
Ahora Néstor intenta ayudar a otras personas a lidiar con las discapacidades dando charlas en el área psicosocial. Se ha involucrado como agente de la Pastoral de Movilidad Humana y también es parte de la junta directiva de la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (Conamiredis).
Cuenta que la Conamiredis aún no tiene personería jurídica y que depende de la Pastoral de Movilidad Humana, «nosotros dependemos más de organizaciones internacionales, convenios que hay con la Pastoral, a los gobiernos nunca les ha interesado. Ahorita entramos en un presupuesto gubernamental y esperamos contar con este Gobierno».
Cuenta que actualmente la organización no tiene recursos, pero las personas siguen llegando a buscar ayuda y en otras ocasiones son remitidas incluso de entes del Gobierno: «Usted pudiera ver cómo nos cargan las instituciones de Gobierno, nos remiten casos, pero fondos no nos dan. Como estamos en esa área y queremos servir a los que menos tienen, pues ayudamos en lo poco que podemos».
Néstor dice que hace unos dos años ellos tenían registrado que en Honduras habían unas 850 personas que regresaron al país con una discapacidad.
Migrar a pesar de la discapacidad
Antes de conseguir un trabajo en la maquila en la que actualmente trabaja, Alexis pensó en muchas cosas. Le frustraba la idea de vivir en un país sin oportunidades. Nos confiesa que ha pensado en el suicidio, pero que la idea se desvanece cuando piensa en el pequeño Cristopher. Después del accidente, Alexis también intentó irse nuevamente en dos ocasiones a Estados Unidos. La desesperación lo volvió a llevar al camino donde casi pierde la vida.
«A veces no quiero continuar –dice–, pero solo por el niño nada más no quisiera rendirme, porque he tenido momentos bien difíciles».
Hace seis meses Alexis encontró por fin una oportunidad laboral en una maquila donde trabajan varias personas con discapacidad. Después de años tocando puertas para un empleo, fue la única que se abrió: «El trabajo a mí me ha ayudado bastante porque se depende de uno mismo, porque de la familia jamás, nunca he recibido apoyo de ellos ni siquiera para ir a una cita».
En Yoro, Néstor lleva los últimos 10 años intentando hacer producir la tierra. Estudiaba leyes en la universidad, pero en el 2012 perdió su trabajo en San Pedro Sula y se fue al pueblo a pasar una temporada y ahí se quedó. En todo ese tiempo dice que nunca contempló la idea de intentar irse nuevamente a Estados Unidos. Nunca, hasta ahora.
«Quiero irme porque la situación económica no es buena, no tengo empleo, no tengo nada y en el campo ha habido grandes problemas porque los fertilizantes incrementaron (de precio). Hay un montón de factores. Uno cae en situación de desesperación porque uno ve que lucha y lucha y por más que lo intenta, no puede. En los últimos cinco años me he endeudado por querer hacer, y las cosas no resultan», nos dice Néstor.
Por eso, ahora piensa revivir el deseo que tuvo a los 16 años: «Cuando no salen los planes, lo que más piensa uno es “pucha si yo logro llegar a Estados Unidos, sé que voy a trabajar y voy a obtener una mejor calidad de vida” piensa uno, que cree que allá las oportunidades son diferentes a este país».
Alexis, por su parte, después de ocho años viviendo con una discapacidad no percibe un cambio en las políticas de Estado para la inclusión, por eso sigue pensando en dejar el país, «no hay un cambio para nosotros, aquí son más las burlas, donde quiera que vamos nos ven raro, eso se está volviendo normal. Mire, por ejemplo, a mí me han dicho pata de robot, patas de palo, tunco… imagínese usted uno cómo se siente», dice.
Para Alexis la adaptación a su nueva condición no ha sido fácil. Aún padece dolores como si tuviera su pierna. Los doctores le dicen que es un «dolor fantasma» para el que no hay analgésico. Y sus sueños también parece que se le murieron cuando sufrió el accidente: «La verdad que solo vivo el día a día, no veo más a futuro. La mente ya no me da para imaginar cosas bonitas como lo hacía antes cuando soñaba con estudiar informática y me miraba en un futuro siendo eso, pero ya no puedo imaginarlo».
