El estado de excepción en Honduras se ha extendido sin tregua desde diciembre de 2022. Hoy, el 91 % de la población vive con derechos fundamentales suspendidos, mientras la extorsión y la violencia siguen marcando la vida en barrios de ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y el Distrito Central.
El Gobierno de Nayib Bukele habría negociado con la MS-13 beneficios y apoyo político a cambio de reducir los homicidios, según investigaciones de la Fuerza de Tarea Vulcan, una operación conjunta de múltiples agencias estadounidenses. Los detalles, revelados en una investigación de ProPublica, también indican que agentes de EE. UU. solicitaron examinar si Bukele y altos funcionarios desviaron fondos de la USAID para ayudar a pandilleros. Pese a las pruebas, El Salvador bloqueó extradiciones clave, generando un conflicto diplomático y debilitando la cooperación contra el crimen organizado.
Estudiantes y personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa denuncian una creciente ola de asaltos en los alrededores de Ciudad Universitaria. Aunque las autoridades policiales han prometido operativos y medidas preventivas, persiste una sensación de abandono e inseguridad, especialmente para mujeres, personas con discapacidad y quienes dependen del transporte público. Mientras tanto, la universidad destina más de 260 millones de lempiras a seguridad privada, sin que esto represente una solución real a la violencia que enfrentan fuera —e incluso dentro— de sus instalaciones.
En su informe del 2024, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) ubicó a Honduras entre las diez crisis más desatendidas del mundo, y apuntó que el país continúa enfrentando una grave crisis humanitaria, marcada por el desplazamiento forzado, la violencia, los desastres climáticos y la falta de asistencia internacional.
La Compañía Minera Cerros del Sur opera sin licencia ambiental en el municipio de El Corpus, Choluteca, según denunció el Comité Municipal de Defensa de la Naturaleza de El Corpus (COMUDENC). La organización responsabiliza a la empresa por diversos daños ambientales y sociales en la zona, mientras que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) emitieron dictámenes que confirman afectaciones en fuentes de agua, vías de acceso y bienes del patrimonio histórico local.
Dos personas vinculadas a la minera Inversiones Los Pinares/Ecotek, junto a una funcionaria municipal, están siendo procesadas por presunta falsificación de documentos públicos. La fiscalía hondureña les acusa por alterar un acta de cabildo en Tocoa, Colón, que se habría utilizado para obtener licencias ambientales de manera irregular dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras. El caso se encuentra en fase de audiencia inicial en el Juzgado de Letras de Jurisdicción Nacional.
En una entrevista con nuestra directora editorial Jennifer Ávila, en el contexto de su participación en el Festival Centroamérica Cuenta que se realizó en Guatemala entre el 19 y 24 de mayo, la periodista mexicana Carmen Aristegui alertó sobre las graves consecuencias de las recientes políticas migratorias y fiscales de Estados Unidos, impulsadas bajo la administración de Donald Trump. Señaló que se está desarrollando una ofensiva sistemática contra los migrantes, acompañada de discursos xenófobos y decisiones que criminalizan la migración. Además, cuestionó la aprobación del impuesto del 3.5 % sobre las remesas enviadas por trabajadores extranjeros, advirtiendo que esta medida podría ser discriminatoria y violar acuerdos internacionales.
En el marco del Festival Centroamérica Cuenta, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), nos habla sobre Las cuentas de Centroamérica, un libro que coordinó y fue presentado en el festival, que reúne voces clave para entender la región desde distintas disciplinas, sin tecnicismos ni distancias académicas. Solís también reflexiona sobre las oportunidades perdidas de integración regional, los retrocesos democráticos y el avance de los autoritarismos en el istmo.
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La captura de la abogada salvadoreña y jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, ha generado preocupación nacional e internacional, al percibirse como parte de una ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra voces críticas. Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y analistas coinciden en que se trata de un caso emblemático de criminalización.
El Congreso Nacional de Honduras dictaminó favorablemente la propuesta de Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, presentada el 7 de mayo de 2025. La iniciativa busca establecer un marco jurídico especial para «agilizar los trámites de licenciamiento ambiental en proyectos considerados de alto potencial productivo, económico y social». Mientras tanto, expertos y organismos internacionales advierten que esta medida podría debilitar los controles ambientales, limitar la participación ciudadana y poner en riesgo los derechos de las comunidades y defensores del territorio.
De ser el jerarca militar que ejecutó la salida forzada del presidente Manuel Zelaya en 2009, Romeo Vásquez Velásquez pasó a figurar, más de una década después, en una lista de prófugos de la justicia. El Ministerio Público acusó al general retirado y a otros dos exjefes militares por homicidio y lesiones graves ocurridas durante la represión de una protesta en 2009. Vásquez, prófugo de la justicia, alega ser víctima de persecución política, mientras Interpol lo incluye en su lista de más buscados y ofrece una recompensa. Organismos de derechos humanos rechazan su versión y recuerdan que el golpe de Estado fue un crimen de lesa humanidad que sigue en la impunidad.
A seis meses de las elecciones generales, el panorama político hondureño revela una democracia debilitada, con instituciones sometidas a presión y un oficialismo que conserva el poder mediante el control estructural del Estado, según un informe del laboratorio independiente de investigación estratégica, Nodos. Este informe también establece que el proceso electoral podría conducir a una continuidad cuestionada, una parálisis institucional o incluso una ruptura constitucional.
El colapso de una de las rampas del puente a desnivel Juan Manuel Gálvez en el Distrito Central, ocurrido el 5 de abril de 2025, expuso una serie de irregularidades técnicas y financieras que involucran a la empresa constructora italiana Astaldi S.P.A., que se retiró del país en 2018 en medio de una crisis económica interna, y ha sido señalada por irregularidades en construcciones en otros países.
La Policía Nacional de Honduras (PNH) anunció que tomará medidas legales contra quienes bloqueen carreteras y otras vías públicas, utilizando registros fotográficos y audiovisuales para su identificación. Estas acciones se enmarcan en la advertencia del gobierno de neutralizar manifestaciones que afecten la circulación y el orden público. A pesar de estas amenazas, los manifestantes bloquearon las carreteras en Comayagua y El Paraíso, en demanda de la reparación de las vías. El anuncio de la PNH ha generado críticas, y algunos sectores lo consideran una forma de intimidación y represión estatal.
El pasado domingo 23 de marzo, el Gobierno de Honduras extendió nuevamente el estado de excepción parcial, argumentando que la medida ha permitido la reducción de homicidios, facilitado la captura de criminales y la incautación de drogas. Sin embargo, organizaciones señalan la falta de un enfoque integral en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, y cuestionan la legalidad de esta medida, ya que no fue ratificada por el Congreso Nacional, como establece la Constitución.
Tras una solicitud presentada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió diligencias prejudiciales contra varios diputados y exdiputados señalados por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, corrupción y lavado de activos en un caso denominado «Fondo Departamental 3.0».
El 20 de marzo, el juez Hermes Benigno Pineda dictó auto de formal procesamiento contra cuatro de trece imputados de la comunidad negra de habla inglesa de Diamond Rock, acusados de incendio y daños a propiedades en disputa con la familia Cooper-McNab, en Roatán. El conflicto involucra tierras que la familia McLaughlin, miembros de la comunidad negra de habla inglesa, reclama como ancestrales. El abogado defensor denunció irregularidades en el proceso, mientras que ambas partes se señalan por usurpación.
Organizaciones internacionales exhortan al gobierno de Honduras y Canadá para que el empresario Randy Jorgensen enfrente cargos por usurpación de tierra, fraude y violación de derechos humanos en perjuicio del pueblo garífuna. Asimismo, solicitan garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, con el objetivo de prevenir futuros casos de explotación y desplazamiento forzado.
El pasado 31 de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de revisión presentado a favor de Lisby Dayana Allen Bardales, una joven de 18 años condenada en 2023 a once años y tres meses de prisión tras actuar en defensa propia en contra de su agresor sexual. Su caso ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de la falta de perspectiva de género en el sistema judicial hondureño, al no haber considerado las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Solo el 25 % de los precandidatos de los tres partidos mayoritarios ha cumplido con el requisito de apertura de cuentas bancarias para las elecciones primarias en Honduras. Además, en el proceso electoral, el sistema político del país ha evidenciado el desinterés y falta de voluntad política para implementar mecanismos que establezcan filtros efectivos para los precandidatos vinculados a la corrupción y la criminalidad organizada, según un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Tras los señalamientos que apuntan a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, como el presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, el Ministerio Público se niega a dar información sobre los procesos investigativos en contra del alcalde a las organizaciones que acompañan el caso. El medio internacional Infobae vincula a Fúnez con pruebas testimoniales y científicas que incluyen comunicaciones directas con al menos uno de los sicarios detenidos en 2024.
El Hospital Escuela enfrenta una crisis persistente debido a la falta de personal médico, la escasez de insumos y el aumento constante de pacientes. Esta situación ha provocado largas esperas, atención limitada y que muchos pacientes se vean obligados a costear sus propios tratamientos y exámenes. Mientras el sistema de salud pública se deteriora, el Congreso Nacional aprobó para 2025 un incremento presupuestario de apenas 1.33 % (equivalente a 388.6 millones de lempiras) en comparación con el año anterior, mientras que la Secretaría de Planificación Estratégica recibió un aumento del 99.8 %, pasando de 512.97 millones de lempiras en 2024 a 1,025 millones en 2025.
Honduras enfrenta una crisis por el creciente número de desapariciones de mujeres, mientras el Estado carece de mecanismos efectivos para atenderlas. Solo entre enero y octubre del año 2024 se reportaron 313 mujeres desaparecidas, según un informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). La falta de tipificación legal de la desaparición deja a muchas víctimas sin acceso a la justicia, y a pesar de propuestas como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, no hay voluntad política para abordar el problema.
Dos personas socias de la cooperativa campesina Gregorio Chávez fueron asesinadas en el Bajo Aguán, al norte de Honduras, tras una serie de ataques, secuestros y emboscadas de las que han sido víctimas otras organizaciones campesinas por parte de un grupo criminal armado que, según las denuncias, responde a los intereses de la empresa agroindustrial más importante de la zona: Corporación Dinant. Mientras tanto, el gobierno ha sido criticado por su respuesta lenta ante estos hechos.
Entre 2017 y 2023, los tres partidos mayoritarios en Honduras no reportaron gran parte del origen del financiamiento de sus campañas políticas, pese a los antecedentes de financiamiento ilícito demostrados en casos de narcotráfico en EE. UU. Además, de cara a las elecciones primarias de 2025, solo 374 candidatos han presentado informes y abierto cuentas bancarias para la transparencia del proceso, a pesar de que ya se han gastado alrededor de 19 millones de lempiras en actividades de campaña, según un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).
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