La organización de derechos humanos anunció la suspensión de sus actividades en El Salvador a dos meses de la captura de la abogada Ruth López, jefa de su Unidad de Justicia y Anticorrupción. Bukele, como Ortega en Nicaragua, avanza en su ofensiva contra las voces críticas de su régimen
Daniel Valencia
El Salvador
Hace más de dos años, en mayo de 2023, la organización Cristosal reveló un informe que provocó condenas internacionales por las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante el primer año del régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele. En una investigación exhaustiva que contó con testimonios de víctimas, custodios penitenciarios, análisis forenses y fuentes oficiales, la organización no gubernamental presentó pruebas de tratos crueles e inhumanos en las cárceles del régimen contra reos detenidos y acusados de pertenecer a estructuras de pandillas. El documento contó casos de golpes y torturas, casos de salvadoreños sin condena que fallecieron por “asfixia mecánica por estrangulación”, otros más lesionados y otros más que fallecieron porque se les dejó morir por falta de atenciones médicas…
Dos años después de ese informe, en mayo de 2025, el régimen de Bukele ordenó la captura de la abogada Ruth Eleonora López, jefa de la unidad de Justicia y Anticorrupción de la organización. López, una de las voces más críticas del régimen, fue sacada de su casa de habitación con engaños por agentes policiales y posteriormente acusada y enviada a las cárceles del régimen en medio de un proceso penal lleno de irregularidades.
59 días después de esa captura, la organización anuncia la suspensión de sus actividades en El Salvador luego de 25 años de servicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
“Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y a operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala”, informó su director, Noah Bullock, el jueves 17 de julio.
“Esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, criminalización de defensoras y defensores e imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de los derechos humanos”, añadió.
La salida de Cristosal es otro parteaguas en un contexto de represión y persecución del régimen salvadoreño contra defensores de derechos humanos, voces disidentes y periodistas.
En los últimos ocho meses, desde diciembre de 2024, cuando Bukele pidió la reactivación de la minería metálica en el país, defensores ambientales, periodistas y líderes comunitarios, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas de investigación han sido blancos de persecución, acoso y amedrentamiento por parte de agentes del Estado.
Tras las capturas de Ruth López y de defensores ambientales y líderes comunitarios ocurridas en mayo pasado, el 7 de junio, el régimen ordenó la captura y procesamiento del abogado constitucionalista Enrique Anaya, uno de los abogados más críticos a la gestión de Bukele y una de las voces que más denunció la captura irregular de la bogada López.
Entre mayo y julio, al menos 40 periodistas también han salido de El Salvador debido a los acosos y amenazas de capturas y otras dos decenas de defensores de derechos humanos también han decidido salir del país para garantizar su integridad.
“Nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio”, plantea Bullock, quien señala que la decisión de dejar el país obedece a un acoso “Legal, administrativo, espionaje, vigilancia de personas y hogares, campañas de difamación contra la organización y personal” que no para.
Tras el anuncio de la organización, el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca, externó su preocupación por la suspensión de labores y el exilio de su personal. “Cristosal es una voz trascendental para la defensa de los #DDHH en el país. El Salvador debe tener más -y no menos- ojos y voces que registren lo que está pasando”, escribió en redes sociales.
También la relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación de Naciones Unidas, Gina Romero, se pronunció sobre el cierre forzado de la oenegé en El Salvador.
“Es inaceptable que la estigmatización, criminalización y persecución sistemática de organizaciones de la sociedad civil genere cierre de sus actividades como método de protección. Mi solidaridad con Cristosal”, escribió en redes sociales.
“La LAEX es un instrumento de control y castigo”
El anuncio de salida de Cristosal de El Salvador ocurre dos semanas después de que el gobierno salvadoreño lanzara una agresiva campaña en redes sociales, señales de radio y televisión anunciando la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros. La propaganda incluso ha llegado a las salas de cine del país, con un espacio en medio de los avances que aparecen antes de las funciones de la temporada.
La normativa, denunciada por organizaciones nacionales e internacionales como una medida discrecional que busca apagar a las voces disidentes, fue aprobada en mayo por el partido de Bukele, que controla la Asamblea Legislativa. La ley obliga a que organizaciones y personas naturales paguen un nuevo impuesto del 30 % y abre las puertas a que el régimen prohíba actividades de las organizaciones y periodistas, si considera que realizan actividades que alteren la “estabilidad” del país.
También, según las denuncias, abre las puertas a persecuciones penales arbitrarias contra aquellos a los que el gobierno catalogue como “agentes extranjeros”.
“No es un marco regulatorio legítimo sino un instrumento de control para actividades de la ciudadanía y de castigo a las personas y grupos que piensen diferente al régimen”, denuncia Bullock.
Consultado en conferencia de prensa por las razones detrás de la inscripción de la organización a los registros que ordena la ley, Bullock respondió: “El derecho a defender derechos no es renunciable, pero ponemos nuestro permiso de operaciones en manos de las autoridades de El Salvador. Que ellos decidan si van a permitir que las personas continúen defendiendo los derechos humanos”.
Según la organización, aún no han recibido una respuesta del gobierno salvadoreño.
Una voz incómoda por su denuncia contra los desplazamientos por pandillas y contra el autoritarismo
Cristosal es una organización gubernamental fundada por los obispos anglicanos Justo Martin Barahona y Richard Bower. En El Salvador, la organización abrió una oficina de derechos humanos en el año 2000, durante el tercer gobierno del partido Arena.
Desde sus inicios, la oenegé desarrolló proyectos en comunidades vulnerables y debido a las condiciones de violencia pandilleril presentes en el triángulo norte de Centroamérica, desarrolló rápido una apuesta enfocada en derechos humanos de las víctimas de la guerra, de la violencia de las pandillas, migraciones y fenómenos de desplazamiento forzado.
De hecho, entre 2010 y 2014, durante los gobiernos del FMLN, fue de las primeras organizaciones que elevó ante intancias internacionales el fenómeno de desplazamiento forzado como consecuencia de las violencia pandilleril en El Salvador.
En su trayectoria, además, potenció las denuncias por las violaciones del Estado a través de políticas de seguridad pública represivas y militarizantes, así como el acompañamiento y la exigencia de justicia y reparación de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992).
Con la llegada de Bukele al poder, Cristosal se convirtió en un referente de la denuncia de irregularidades en el manejo de fondos públicos, corrupción y en la denuncia del declive y cooptación del sistema de justicia impulsado por el régimen de Bukele. Este trabajo era liderado por la abogada Ruth López, ahora «presa de conciencia», según la oenegé, en El Salvador.
Desde 2022, la organización fue una de las voces principales en la denuncia por los atropellos y graves violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, que continúa vigente y ha provocado miles de capturas arbitrarias, torturas, vejaciones y más de 300 muertes de reos bajo custodia del Estado.
