El Gobierno de Nayib Bukele habría negociado con la MS-13 beneficios y apoyo político a cambio de reducir los homicidios, según investigaciones de la Fuerza de Tarea Vulcan, una operación conjunta de múltiples agencias estadounidenses. Los detalles, revelados en una investigación de ProPublica, también indican que agentes de EE. UU. solicitaron examinar si Bukele y altos funcionarios desviaron fondos de la USAID para ayudar a pandilleros. Pese a las pruebas, El Salvador bloqueó extradiciones clave, generando un conflicto diplomático y debilitando la cooperación contra el crimen organizado.
Texto: Abigail Gonzales, con información de Propublica
Fotografía: Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de El Salvador, Nayib Bukele, formalizaron un acuerdo migratorio en abril de 2025 que incluyó el encarcelamiento de inmigrantes venezolanos en El Salvador, a quienes catalogó como criminales violentos, pese a que muchos no habían sido condenados. La administración de Trump también deportó a migrantes que pertenecían a la pandilla MS-13, una organización clasificada como terrorista tanto por EE. UU como por El Salvador.
Aunque en ese momento Trump elogió la política de seguridad de Bukele y lo calificó como «un presidente magnífico», la Fuerza de Tarea Vulcan —creada en 2019 por petición del propio Trump— había llevado a cabo una operación conjunta entre varias agencias estadounidenses para desmantelar la estructura de mando de la MS-13, al tiempo que investigaba a Bukele y a sus funcionarios por posibles vínculos con la pandilla.
La operación fue organizada por fiscales federales, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras dependencias, con la misión de perseguir a los líderes de la pandilla que operaban desde prisiones salvadoreñas.
La investigación revelada por ProPublica muestra que altos funcionarios del gobierno de Bukele obstaculizaron de forma sistemática el trabajo de esta fuerza de tarea estadounidense, que intentaba reunir pruebas sobre posibles actos ilegales cometidos por el presidente salvadoreño y su círculo cercano.
La MS-13 había desarrollado un modelo de dirección desde la cárcel, conocido como «la Ranfla», desde donde se ordenaban homicidios, tráfico de drogas, extorsiones y otros delitos en distintos puntos de Centroamérica y Estados Unidos.
La operación conjunta de las agencias pretendía capturar y extraditar a estos jefes a suelo estadounidense para que enfrentaran cargos por terrorismo y narcotráfico. A través de inteligencia, testimonios e interceptaciones, la Fuerza de Tarea acumuló pruebas de gran peso contra los cabecillas de la organización criminal.
Sin embargo, durante los primeros años de su mandato, la Fuerza de Tarea Vulcan comenzó a detectar indicios de que altos funcionarios del Gobierno salvadoreño habían entablado negociaciones secretas con la pandilla MS-13. Estas negociaciones incluían ofrecimientos de beneficios penitenciarios, recursos estatales y respaldo político a cambio de reducir los homicidios y respaldar electoralmente al partido oficialista Nuevas Ideas.
Las pruebas apuntaban a un pacto que contrastaba con la imagen pública promovida por el gobierno, que se muestra como uno que ha logrado derrotar a las pandillas y devolver la seguridad a las calles del país. Desde 2019, la administración de Bukele impulsó políticas de mano dura con arrestos masivos, militarización de zonas urbanas y la construcción de una mega cárcel de máxima seguridad.
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Documentos judiciales, entrevistas con funcionarios y reportajes periodísticos revelaron que los acercamientos con la MS-13 eran coordinados desde el Estado. Carlos Marroquín, director del programa gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, fue identificado como el principal negociador. Marroquín, allegado a Bukele, lideró múltiples reuniones con cabecillas encarcelados en penales de máxima seguridad.
En estos encuentros se ofrecieron concesiones como el control de centros juveniles, territorios urbanos y recursos financieros. Los beneficios incluían también mejoras carcelarias, reducción de traslados y acceso a teléfonos móviles. A cambio, la pandilla debía movilizar votantes en zonas controladas, evitar asesinatos públicos y así contribuir a una percepción de seguridad favorable para el partido oficialista.
La Fuerza de Tarea Vulcan obtuvo testimonios de funcionarios salvadoreños que habían participado directamente en las negociaciones y, según las entrevistas, esas negociaciones eran dirigidas por Bukele.
Los funcionarios también confirmaron que parte de los fondos destinados al programa provenían de la cooperación internacional, principalmente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), terminaron financiando indirectamente a la MS-13. «El dinero iba de nosotros, de USAID, a este grupo del tejido social. Se supone que tenían que construir cosas y adquirir capacidades y aprender, pero servía para financiar a las pandillas», relató un exfuncionario federal.
En abril de 2021, la fuerza de tarea trabajó estrechamente con la Fiscalía Nacional de El Salvador, cuyos fiscales compartieron evidencias de su propia investigación sobre las negociaciones con la pandilla y la sospechada corrupción en el Gobierno de Bukele, según actuales y antiguos funcionarios de Estados Unidos y El Salvador.
El material incluía videos, registros penitenciarios alterados, interceptaciones telefónicas y testimonios que mostraban cómo funcionarios del Gobierno coordinaban entradas y salidas clandestinas a los penales.
También entregaron documentos que evidenciaban la destrucción de registros de visitas y la introducción de teléfonos de contrabando. En esa ocasión, el fiscal general Raúl Melara encabezó una delegación que viajó a Washington y sostuvo reuniones con integrantes de la Fuerza de Tarea Vulcan y del Departamento de Justicia. Según un exfuncionario estadounidense, la presentación fue calificada como «impresionante» por su nivel de detalle y contundencia.
Pocas semanas después de esa reunión, el Congreso Nacional de El Salvador destituyó al fiscal general Raúl Melara y a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue interpretada como un intento por frenar las investigaciones y garantizar la impunidad de los funcionarios implicados en las negociaciones con la pandilla.
Los nuevos magistrados instalados por el oficialismo comenzaron a revertir las solicitudes de extradición emitidas por Estados Unidos. En siete meses, seis solicitudes fueron archivadas. Una de las decisiones más graves fue revertir la extradición de Armando Melgar Díaz, alias «Blue», señalado como intermediario entre las pandillas en EE. UU. y los cabecillas en El Salvador. Melgar había sido acusado en territorio estadounidense de asesinatos, secuestros y actividades de narcotráfico.
La recién constituida Corte Suprema votó la aprobación de la extradición de Melgar, pero después revirtió su decisión y anunció que el asunto requería un análisis adicional. Sin embargo, el nuevo fiscal general pidió que se detuviera la extradición, debido a que Estados Unidos no había garantizado que no iba a pedir la pena de muerte o la prisión perpetua, condenas que no se permiten bajo la ley salvadoreña.
La justificación no tenía ningún sentido para los fiscales de Vulcan. El Departamento de Justicia ya había prometido que no iba a pedir tales castigos contra Melgar, según archivos y entrevistas. Funcionarios estadounidenses y salvadoreños atribuyeron la revocación repentina al temor de que Melgar pudiera vincular a Bukele y su gobierno al pacto con la MS-13.
Durante ese mismo periodo, al menos cuatro cabecillas de la MS-13 desaparecieron de prisiones salvadoreñas; tres de ellos tenían solicitudes de extradición por parte del Departamento de Justicia. La Corte Suprema negó formalmente las solicitudes y evitó emitir resoluciones favorables.
Uno de los cabecillas, Elmer Canales Rivera, alias «Crook», fue posteriormente capturado en México y extraditado a Estados Unidos. Investigaciones periodísticas publicadas por El Faro y otros medios incluyeron grabaciones de llamadas entre pandilleros y una persona identificada como Marroquín, donde hablaban sobre su participación en la fuga. También se difundieron fotografías de funcionarios destruyendo registros carcelarios para eliminar evidencia de la presencia de Marroquín en los penales. La entrega de Canales se produjo solo después de su captura por autoridades mexicanas, no como parte de una cooperación institucional entre El Salvador y EE. UU.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Carlos Marroquín, Osiris Luna y Martha Carolina Recinos por presunta corrupción y negociaciones con la MS-13. Las sanciones incluyeron la prohibición de realizar transacciones financieras en territorio estadounidense.
Del pacto a la represión masiva
Cualquier tregua que pudiera haber existido entre el Gobierno salvadoreño y la MS-13 colapsó en marzo de 2022, ya que tras una ola de violencia que dejó unas 80 personas muertas en tres días, el Gobierno de El Salvador declaró un estado de excepción que suspendió garantías constitucionales y facilitó arrestos masivos.
Bukele presentó esta medida como una respuesta ante el resurgimiento de la violencia pandillera. Bajo el estado de excepción, más de 70 mil personas fueron detenidas, muchas de ellas sin orden judicial ni debido proceso. Asimismo, el Gobierno inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel destinada a alojar hasta 40 mil presuntos miembros de maras.
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Organismos internacionales de derechos humanos advirtieron sobre detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido proceso. La política de seguridad implementada por el Gobierno continuó mientras se desarrollaban investigaciones sobre presuntos acuerdos con la MS-13.
En febrero de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación penal contra trece líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), señalados como integrantes de «la Ranfla». Los fiscales detallaron que estos individuos estaban involucrados en actividades de tráfico de drogas, homicidios y acciones clasificadas como terrorismo dentro del territorio estadounidense. El documento judicial incluyó, por primera vez, referencias explícitas a un acuerdo entre la MS-13 y el Gobierno de El Salvador.
Según los fiscales, los líderes de la pandilla acordaron reducir la cantidad de asesinatos públicos en El Salvador con el objetivo de generar beneficios políticos para la administración del presidente Nayib Bukele.
También afirmaron que los pandilleros utilizaron su influencia política para generar votos a favor del partido Nuevas Ideas en las elecciones legislativas de 2021. Como parte de los compromisos, los cabecillas habían solicitado que no se tramitaran sus extradiciones a Estados Unidos.
A pesar de las investigaciones, sanciones y reportajes, el Gobierno salvadoreño ha mantenido una postura de silencio institucional. Entidades como la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la Corte Suprema no han respondido a las solicitudes de información de medios internacionales. Por su parte, el presidente Bukele ha negado públicamente cualquier pacto con pandillas, y justificó la repatriación de los cabecillas argumentando que «nos ayudará a finalizar tareas de inteligencia y perseguir a los últimos restos de la MS-13, incluidos sus integrantes pasados y nuevos, el dinero, las armas, las drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores».
