Compromisos a medias en nueva ley «para» los defensores ambientales

Por Ricardo Pineda Guzmán y Pedro Landa
Portada: Persy Cabrera

La reciente aprobación de la Ley de Protección para Defensores Ambientales en Honduras representa un ejercicio de simulación legislativa que evade los verdaderos compromisos necesarios para proteger tanto a los defensores ambientales como a nuestros recursos naturales. En lugar de adoptar el Acuerdo de Escazú —un instrumento internacional robusto que garantizaría protecciones reales y mecanismos de rendición de cuentas— el Congreso ha optado por una solución casi performativa, cuyos principales puntos se limitan a decretar un día conmemorativo y cambiar el nombre a la ya existente Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Jueces, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

La reforma, al incluir a los defensores ambientales, no genera una protección efectiva. Como han reclamado públicamente defensores de derechos humanos, el mecanismo de protección actual «ha demostrado ser insuficiente para proteger efectivamente a defensores en riesgo», encontrándose «en cuidados intensivos por falta de presupuesto». La realidad es que entre seis a ocho funcionarios públicos absorben más del 80 % del presupuesto disponible, dejando sin recursos a quienes realmente los necesitan.

Un aspecto crítico es que esta ley no fue consensuada con las organizaciones de defensores y defensoras del país. No es fruto de una construcción colectiva generada desde las víctimas, por lo que estas organizaciones rechazan lo que consideran una reforma cosmética. La ley se elaboró sin suficiente participación de quienes están en primera línea defendiendo nuestros recursos naturales.

Mientras no se aborden las causas estructurales de la violencia contra los defensores —que no es otra cosa que el modelo de desarrollo extractivista— no se va a disminuir el riesgo ni proteger mejor a los defensores solamente por una reforma a una ley. La realidad es cruda: el 97 % de los delitos ambientales quedan impunes en Honduras. El caso emblemático del asesinato de Juan López, cuyo proceso judicial aún no ha dado con la captura de los autores intelectuales, demuestra los profundos niveles de impunidad. 

Además, esta iniciativa traspasa responsabilidades a instituciones como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), mandándola a proteger a los defensores, cuando esto está fuera de su mandato y su esfera de trabajo. Al simplemente reformar la ley, se está transfiriendo responsabilidades a instituciones que no cuentan con el mandato ni la capacidad para ello.

Es revelador que tanto en el preámbulo como en uno de los artículos de la ley se plantee que con esta reforma se estaría cumpliendo parcialmente veintisiete recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), dos del Comité de Derechos Humanos (CCPR), dos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y varias recomendaciones adicionales de otros organismos internacionales. Esto indica que la verdadera finalidad no es tanto proteger a los defensores y defensoras del medio ambiente, sino hacer un check-list para mostrar a la comunidad internacional que Honduras ha avanzado en la protección de derechos humanos, cuando en realidad sigue siendo uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente.

En contraste, el Acuerdo de Escazú, que Honduras se resiste a firmar desde hace dos años a pesar de estar en Casa Presidencial pendiente de aprobación, proporcionaría garantías concretas: acceso a información ambiental, participación pública en la toma de decisiones, y protecciones específicas para defensores ambientales con mecanismos de supervisión internacional. Como sugieren miembros de la Red Hondureña por Escazú, sería más efectivo no publicar esta ley y hacer una reconsideración para incorporar la iniciativa para la adhesión del Acuerdo de Escazú, ya que este sí establece las obligaciones para que el Estado proporcione un entorno seguro y contiene un mecanismo de implementación para que las leyes no se queden solamente en el papel.

Honduras necesita más que gestos simbólicos. Necesitamos un marco legal robusto que garantice consultas previas, libres e informadas con las comunidades afectadas, recursos adecuados para la protección de defensores, y un sistema judicial independiente que combata la impunidad. Esta nueva ley, lamentablemente, se queda muy corta en todos estos aspectos cruciales.