Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos prometiendo más deportaciones en medio de un nuevo éxodo migratorio sin precedentes en la región. Solo en los primeros días de 2025, nuevas caravanas migrantes marcharon desde Honduras y desde el sur de México hacia la frontera norte, en un intento desesperado por cruzar antes del arribo del máximo representante del partido republicano.
Redacción Regional conversó con Helena Olea, experta en derechos humanos y vicedirectora de Programas de Alianza Américas, la principal red transnacional de defensa de los derechos de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, para entender qué tan ciertas pueden ser las amenazas de Trump y cómo podrían afectar las deportaciones masivas a los países de la región.
Entre las preocupaciones, plantea Olea, está la seguridad, libertad y la ejecución del debido proceso para aquellas personas deportadas a El Salvador, con un régimen de excepción que detiene a ciudadanos por la mera sospecha de ser miembros de pandillas. “Observamos patrones de personas que son deportadas a El Salvador y que, por portar tatuajes o por otros elementos, están siendo automáticamente privadas de su libertad”, dice.
En el caso de Nicaragua, el temor radica en las condiciones de violencia estatal y las persecuciones desde el régimen de Daniel Ortega a las que se enfrentarían las personas que huyeron, precisamente, de esos escenarios.
Olea también señala como positivo que la administración Biden diera un respiro, hasta 2026, para 243 mil salvadoreños y 600 mil venezolanos beneficiados recientemente con el Tratado de Protección Temporal (TPS, por sus siglás en inglés).
Trump ganó la elección anunciando deportaciones masivas y tiene, sobre todo a esta región, en vilo por los anuncios que pueda dar a finales de enero. Sin embargo, antes de que él llegue hay que entender cómo estamos. ¿Qué deja la administración Biden en el manejo de la crisis migratoria?
Esta es una pregunta muy importante. El presidente Biden se demoró en poner fin al Título 42, que permite cerrar la frontera ante una situación de crisis. Esto es importante subrayarlo porque no es una decisión antojadiza. Lo pudo hacer Trump con la pandemia, pero es Biden quien le pone fin. También al programa Quédate en México, en el cual las personas ingresaban a Estados Unidos, pedían asilo y las devolvían a territorio mexicano a esperar la audiencia de su caso. Eso tenía muchos desafíos por la burocracia fronteriza, que hacía que las personas no llegaran a la audiencia a tiempo. Era un procedimiento muy difícil y tenía muy poca posibilidad de éxito.
Biden también hace esfuerzos importantes para reunificar a esos niños que continúan separados de sus papás como resultado de la política de separación de familias. Esos fueron tres pilares importantes. Pero con la narrativa en torno a demonizar a las personas migrantes no hizo absolutamente nada. Esa narrativa quedó instalada.
Biden también fue cuestionado por obstaculizar a los solicitantes de asilo.
Hizo un procedimiento administrativo aún más difícil para que las personas puedan pedir asilo, para aumentar el estándar de credibilidad que tiene que tener la persona en su primera entrevista. Esa regla modificada significa que pueden haber personas que no pasan ese primer estándar y por lo tanto no pueden ingresar al procedimiento de asilo y son inmediatamente devueltas a su país. Es una especie de rechazo en frontera y, digamos, devolución inmediata.
En la administración Biden se puso atención a las crisis políticas y democráticas de la región. ¿Eso fue positivo?
Biden intentó controlar el flujo de personas que llegaban a la frontera con varias medidas. De una parte estableció el parol, los permisos de viaje humanitario para nacionalidades que tenían un volumen alto de personas debido a las condiciones que las obligaban a salir. Esos cuatro países son Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, el parol humanitario exigía que las personas tuvieran un patrocinador en Estados Unidos, una persona que por lo menos firmara documentos declarando que se haría financieramente responsable de esa persona. La gran ventaja es que podían ingresar de manera autorizada a Estados Unidos y, dentro del país, solicitar un permiso de trabajo por dos años o solicitar asilo. Eso es muy positivo. Y, además amplió el número de nacionalidades a las cuales designó para el programa de Protección Migratoria Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Eso fue favorable y renovó los TPS que estaban vigentes.
De hecho, en la víspera del retorno de Trump ha renovado el TPS a El Salvador y lo ha dado a Venezuela.
Es importante reconocer esa primera decisión de otorgar TPS a la población venezolana. Tenemos 600.000 beneficiarios, más o menos. Es realmente poco común. En general, observamos declaratorias de TPS a países con poblaciones en números mucho menores, de 100.000 personas. Creo que es positivo. En el caso de El Salvador, y de acuerdo al calendario, la administración tenía que tomar una decisión la semana pasada. Es positivo que hayan reconocido que las condiciones en El Salvador no han mejorado y que, por lo tanto, las personas no pueden regresar. Eso justifica hacer una extensión del TPS.
Por lo general, el TPS siempre ha sido una carta de negociación entre Estados Unidos y los países centroamericanos. ¿Corre riesgo la medida aprobada por la administración saliente hoy que llega Trump?
Es importante subrayar que la administración no puede actuar de manera antojadiza, porque le provoca al presidente o porque considera que algo no debe ser. Tienen que haber razones motivadas por las cuales se pone fin a una medida como el TPS. Biden y su administración estuvieron de acuerdo que no había justificación para intentar ponerle fin, poniendo fin a esos litigios. Sin embargo, esta también fue una administración que mantuvo un programa regular de deportaciones, que tiene sobre todo impacto en las personas que tienen antecedentes penales, que luego de cumplir una condena penal son deportadas. Por eso la administración Biden termina con cifras muy altas de personas deportadas. También trató de manejar el gran flujo de personas que ingresaban por la frontera sur. Ese flujo fue demonizado por la oposición y tuvimos otro desafío importante.
La utilización de los ingresos como arma electoral para saturar las “ciudades santuario”.
Por la frontera sur se genera el mayor número de cruces irregulares. Estas personas eran puestas en libertad, en Texas, y lo que el gobernador hizo fue organizar programas de buses para que las personas viajarán hasta varias ciudades de Estados Unidos. Lo hizo sobre todo para que las personas llegaran a Washington D.C, a Nueva York y a Chicago. Este gran flujo de personas puso a prueba la capacidad para responder, para brindar albergue, alimentar e integrar a estas personas. Además, por supuesto, para las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios legales.
Por lo tanto, la administración termina con un número mucho más alto de casos de asilo pendientes y con un número significativo de personas bajo estos programas de parole humanitario, sin el apoyo significativo del Congreso para el programa de causas raíz de la migración… Al no tener apoyo presupuestal para invertir en los países, y entender que estas son inversiones de largo plazo, no se ha hecho nada para responder a los factores que siguen obligando a la población a salir de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, por nombrar cuatro en particular, donde vemos que la situación ha empeorado.
¿Considera que empeoró la situación para los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos o que mejoró en la última administración demócrata?
En términos generales podemos decir que la situación mejoró. Se abrieron algunas puertas para que las personas ingresaran a través del asilo, que estaba totalmente cerrado, en el contexto de la pandemia. Creo que mejoró, pero sin duda alguna no de la forma en que era necesario que mejorara y, sobre todo, no se transformó el entendimiento que tiene la opinión pública en torno a la migración y a las personas migrantes.
En un hipotético caso en el que Trump cumpla con sus amenazas de deportaciones masivas, ¿qué implicaciones habría para los países centroamericanos?
Nos preocupa en particular la seguridad de las personas que regresen a sus países de origen, donde hay situaciones que pueden ser muy diferentes a las que había cuando salieron. Por ejemplo, observamos patrones de personas que son deportadas a El Salvador y que, por portar tatuajes o por otros elementos, están siendo automáticamente privadas de su libertad. Eso genera en sí mismo preguntas en torno al debido proceso, que es un serio cuestionamiento a la situación en El Salvador. Lo mismo nos preocupa con la situación de represión a la oposición política en Nicaragua; y lo que significa para las personas que se vean obligadas a regresar o que sean deportadas a ese país. También nos preocupa la libertad personal, la forma en que las personas están siendo torturadas también en Nicaragua.
¿Hay riesgos de suspensión de programas migratorios para el resto de países centroamericanos este año?
Con los países que tienen fechas de terminación del TPS más tarde en el año, la administración Trump podría hacer la misma valoración que hizo la administración Biden sobre El Salvador. Pero, por ejemplo, en torno a Honduras, determinar que las condiciones han cambiado y que las personas pueden volver a su país. Sería un acto administrativo a publicarse en el Registro Federal y allí también se podrá intentar litigar.
¿Cómo se deben preparar Nicaragua, Honduras, Haití y Cuba para proteger a sus nacionales?
Todos los países tienen que prepararse para asistir a sus ciudadanos. Para informarles qué es lo que está sucediendo y, ojalá, buscar acuerdos para que puedan recibir asistencia jurídica. Puede haber muchas personas que tengan acceso a otras formas de regularización migratoria y eso es clave. Lo siguiente es aumentar la capacidad de los consulados para expedir documentos de identidad y de viaje a estas personas para ayudarlos a resolver la situación de sus familiares, que pueden no ser ciudadanos del país, pero que ahora estén considerando la posibilidad de irse a vivir a ese país. Hay otras medidas como exenciones de impuestos de importación, facilidades para que las personas puedan regresar con sus herramientas de trabajo; programas para reconocer tanto estudios como experiencias y competencias profesionales, que les hagan más fácil a esas personas la reintegración en la sociedad, pero fundamentalmente que haya condiciones de seguridad y oportunidades económicas. Esos siguen siendo los dos elementos fundamentales por los cuales las personas no pueden regresar.
¿Ustedes ven certezas en las amenazas de deportaciones masivas de Trump o las ven como parte del juego político para buscar otro tipo de negociaciones con los países de la región en materia migratoria?
Creo que él sí tiene la intención de tratar de deportar el mayor número de personas. Pero es importante recordar que hay un estándar de debido proceso y desafíos logísticos para buscar a las personas puerta a puerta. Las autoridades migratorias solo pueden entrar a una casa si tienen una orden judicial firmada, por ejemplo. Lo que probablemente observaremos es mayor esfuerzo para identificar a las personas que tienen una orden de deportación pendiente, y que esas sean deportadas.
Ahora bien, es importante recordar que la deportación no es un acto unilateral de Estados Unidos. Se necesita la colaboración del país de origen, que tienen que confirmar que son nacionales antes de que esas personas puedan abordar un vuelo de deportación. Ahí también es necesario establecer un acuerdo, porque el país de origen tiene que destinar funcionarios, personal, para recibir los vuelos de deportación. O sea, no es un acto unilateral de Estados Unidos, así que probablemente sí vamos a ver algunos esfuerzos y presión para que los países de origen aumenten su capacidad de respuesta. Y, por el otro lado, lo que veremos es un incremento de personas privadas de libertad para ser deportadas. Eso a su vez pone presión en la protección consular. Entonces los países de origen tendrán que tener servicios consulares con mayor capacidad de respuesta para visitar a estas personas y darles la asistencia que necesitan antes de la deportación.
Partiendo de la política de muros de su primera gestión, ¿que se prevé que quiere exigir en esta nueva administración?. ¿El retorno de esta política?
El cambio más importante es que en la primera administración, el discurso del muro era “vamos a detener la entrada a Estados Unidos”. En la segunda administración, el discurso es “vamos a deportar, vamos a sacar a las personas inmigrantes de Estados Unidos”. Es un cambio sustancial en la retórica y en las acciones que vamos a ver del gobierno.
Actualmente, ¿considera que El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua están haciendo bien o mal su trabajo de apoyo a los migrantes en este momento?
En la situación el apoyo consular es insuficiente. México tiene uno de los mejores servicios consulares del mundo, y es abismal la diferencia entre la capacidad de los servicios que están prestando los consulados mexicanos y los que están prestando los consulados centroamericanos. Se necesita, en general, muchísimo más apoyo, más personal, más recursos y más capacidad. El otro elemento central es la ofensiva diplomática. Cómo van a responder los países, cómo están explicando el valor de la migración y cómo utilizan vías diplomáticas para organizarse mejor como bloque. Tenemos un anuncio de una reunión de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los ministros y viceministros de América Latina este mes y eso es promisorio y puede ser el comienzo de una mejor respuesta.
En su primer gestión Trump convirtió a países llenos de violencia en “terceros países seguros” para solicitantes de asilo. Ahora, con las condiciones actuales, con una dictadura en Nicaragua, la neodictadura en El Salvador y las inestabilidades en Guatemala y Honduras, ¿se prevé que busque reactivar este mecanismo?
Hay dos elementos que son clave. Los países se convierten en tercer país seguro porque hay un acuerdo firmado entre Estados Unidos y el respectivo país. Entonces no es que Trump les convirtió, es que el liderazgo de ese país aceptó firmar esos acuerdos. El país que se compromete tiene que tener un sistema de asilo con capacidad de funcionar, de recibir solicitudes y de tramitarlas; pero, además, tiene que poder ofrecerle a la población las condiciones de seguridad y de viabilidad de su integración económica. O de poder atender las necesidades de salud de esa población que está acogiendo. Ahí hay una primera responsabilidad estatal y un país puede decir: “yo no tengo la capacidad para hacerlo y no lo voy a hacer”. Tenemos un caso que yo creo que es importante de analizar: las 130 personas que recientemente fueron liberadas de Nicaragua y fueron acogidas en Guatemala. La gran pregunta es ¿cuál es la capacidad de respuesta de las autoridades guatemaltecas?, ¿se han podido resolver las necesidades, no solo de un lugar donde albergar, sino que la necesidad de salud y de integración de esas personas? Es muy probable que sí empecemos a ver más movimientos dentro de la región o, que frente a un escenario que cierra opciones en el norte, veamos más flujos hacia el sur.
