En México las desapariciones siguen incrementando exponencialmente. Las autoridades, lejos de hacerse cargo del problema, decidieron sacar a miles de desaparecidos de las cifras oficiales y declarar que otros tantos habían desaparecido porque sí. ¿Seguirá Sheinbaum la retórica impulsada por la llamada “Cuarta transformación” u honrará finalmente las promesas –hasta ahora vacías– de su antecesor?
por Chantal Flores
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, que tomó posesión el 1 de octubre, abrir un diálogo nacional para construir una agenda de búsqueda. A un mes de haber asumido la presidencia, este llamado aún no ha sido atendido. Mientras tanto, colectivos de Oaxaca, en el sur del país, han creado un portal para llevar un registro independiente sobre los casos de desaparición. Entre los graves problemas que aquejan a México, la crisis de desapariciones es sin duda una de las más urgentes. El gobierno de la Cuarta Transformación, del que Sheinbaum es sucesora, ha optado por ocultar la magnitud de la crisis maquillando las cifras oficiales, dejando a miles de familias sin respuestas y retrasando la búsqueda inmediata.
En diciembre de 2023, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció los resultados de un nuevo censo sobre personas desaparecidas, el cual había alcanzado en 2022 la devastadora cifra de 100,000 personas reconocidas oficialmente como desaparecidas. Entre los nuevos datos, se aseguraba que 16,681 personas habían sido localizadas y que al menos 93.2% de las ausencias se debieron a motivos no relacionados con la delincuencia. Es decir, las personas se habían ausentado por decisión propia, ya sea por problemas personales o por alguna enfermedad mental.
Otros datos que arrojaba la depuración del Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas (RNPDNO) eran que algunas personas no estaban desaparecidas, sino que se encontraban en sus casas (3,945), en centros penitenciarios (197), o incluso habían fallecido (4,134). Sin embargo, las autoridades no proporcionaron evidencia de cómo se comprobó que estas 3,945 personas estuvieran efectivamente en sus hogares, ni aseguraron que los cuerpos de las 4,134 personas fallecidas fueran entregados a sus familiares. Asimismo, no explicaron por qué no se verificó de manera exhaustiva que las 197 personas se encontraran en prisión.
Además, el nuevo censo aseguró que había “indicios importantes” de la localización de 17,843 personas. Luego, se presentaron datos más confusos, como que al menos 36,000 casos no contaban con indicios para su búsqueda. En conclusión, de las más de 100,000 personas, sólo 12,377 seguían desaparecidas.
Un gobierno que había llegado al poder con la promesa de ejecutar recursos ilimitados para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en todo el país, ahora no solo minimizaba la gravedad de esta crisis, sino que además implementaba políticas que obstaculizan la búsqueda y desaparecen a las personas hasta del registro oficial. Aquella promesa, que renovó la esperanza de miles de familias, incluidas las centroamericanas que buscan a sus familiares desaparecidos en territorio mexicano, quedó incumplida, demostrando una vez más la falta del compromiso del gobierno con la búsqueda de los desaparecidos.
“Él se comprometió en la búsqueda de los migrantes y ya cuando llegó al poder se le olvidó de la promesa que le hizo a los migrantes y a las familias”, me dijo Bertila Parada en la marcha del 10 de mayo que realizan miles de familiares de todas partes del país en la Ciudad de México por motivo del Día de las Madres.
Parada es madre de Carlos Alberto Osorio, un joven salvadoreño de 27 años que, en 2011, emprendió el camino hacia Estados Unidos. Casi dos años después, los restos de su hijo fueron encontrados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. A pesar de que encontró a su hijo, Parada sigue en la búsqueda de justicia y apoyando a otras madres centroamericanas. Como integrante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), sigue exigiendo la búsqueda de migrantes desaparecidos. “[Las autoridades mexicanas] nunca han encontrado a nadie”, reclama Parada.
Ante la inacción del Estado mexicano, familiares de las víctimas han tomado la iniciativa de buscar a sus seres queridos, dando origen en los últimos diez años a un poderoso movimiento de familias a nivel nacional. Mientras el gobierno agrava el dolor de muchas de estas familias al borrar nombres, ellas siguen exponiendo la negligencia, apatía, y falta de voluntad política para reconocer que en México se sigue perpetuando la desaparición forzada de personas.
Esto ha traído un nuevo término a nuestro lenguaje cotidiano: “madres buscadoras”. Con esta etiqueta, nos referimos a aquellas mujeres que, ante la desaparición de sus hijos e hijas, se han convertido en incansables investigadoras. Escudriñan fosas clandestinas, excavan en cerros y desiertos, y rastrean hospitales, prisiones, y zonas rojas en busca de cualquier rastro de vida. Ante la ausencia del gobierno, han asumido la dolorosa tarea de buscar, incluso debajo de la tierra
Detrás de las madres que buscan, también hay muchas familias que aún no denuncian o que se han resignado a no volver a ver a un ser querido. Ya sea porque no confían en que las autoridades vayan a investigar, o porque temen represalias que puedan afectar aún más a la familia.
La estigmatización social que rodea a las personas desaparecidas continúa siendo un obstáculo significativo. “¿En qué andaba metido?” se escucha frecuentemente ante la desaparición de una persona como si fuera justificable la ausencia de esa persona. Inmediatamente se les vincula con actividades ilícitas o con el crimen organizado, lo que genera una pregunta sumamente dañina: ¿qué tan inocente debe ser una persona para merecer ser buscada?
Esta estigmatización no solo revictimiza a las familias, sino que también dificulta enormemente la búsqueda, perpetuando la impunidad. En Culiacán, Sinaloa, por ejemplo, donde dos facciones del Cartel de Sinaloa llevan más de un mes disputándose el control, hay ya más de 200 personas desaparecidas. Sin embargo, colectivos de familiares como Sabuesos Guerreras denuncian que no se les busca porque son consideradas parte de estas facciones, aunque algunas de estas personas fueron desaparecidas después de quedar atrapadas en medio de la violencia.
“No son cifras, son personas”, se escucha a menudo en las marchas realizadas por familiares de personas desaparecidas en diversos puntos del territorio mexicano. Si bien las cifras nunca podrán transmitir la vida de cada individuo o individua detrás de ellas, la transparencia y rigurosidad con las que se recolectan y analizan los datos son fundamentales, no sólo para la búsqueda de personas desaparecidas, sino también para prevenir este grave delito y exigir justicia.
Aunque muchas familias aún albergan la esperanza de que la presidencia de Claudia Sheinbaum retome algunas de sus propuestas, las acciones concretas, o mejor dicho, su ausencia, demuestran que no es así. A finales de octubre, la presidenta declaró que en Chiapas, al sur del país, no existe una guerra civil después del asesinato del sacerdote e indígena defensor de las comunidades Marcelo Pérez. Los pueblos originarios, junto con organizaciones civiles, han denunciado el riesgo constante de desapariciones, reclutamiento forzado y trata, ante la violenta disputa territorial entre grupos del crimen organizado.
Este discurso oficial que elude y niega la realidad de las desapariciones no solo menosprecia el dolor de las familias, sino que invisibiliza una problemática que exige atención urgente. Comprender las causas, los contextos y las consecuencias de la desaparición es una tarea compleja que avanza a paso lento, impulsada casi exclusivamente por la inquebrantable lucha de las familias. Una y otra vez, estas familias demuestran que las desapariciones no son casos aislados, sino una práctica sistemática que persiste a pesar de los intentos del gobierno por minimizarla. Aunque el gobierno siga orquestando una estrategia de evasión, la realidad continúa recordándonos cada día que las ausencias son ruidosas.
*Periodista independiente originaria de Monterrey, México. Se dedica a investigar el impacto de la desaparición forzada en América Latina y los Balcanes, además de cubrir temas como violencia de género, derechos humanos y migración. Su trabajo ha sido publicado por medios internacionales como Rest of World, Al Jazeera, L.A. Times, Yes! Magazine, The Verge, y Foreign Policy. Autora de Huecos: Retazos de la vida ante la desaparición forzada (Dharma Books).
Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.
