A pesar de que muchos en Honduras lo dijeron, el exasesor de la lucha contra el narcotráfico Alfredo Landaverde, el capitán de las Fuerzas Armadas Santos Orellana, los jóvenes que llenaron de grafiti muros y calles con la palabra compuesta: narcodictadura. Lo dijeron muchos, por años, Landaverde fue asesinado, el capitán dado de baja, muchos jóvenes asesinados en la crisis postelectoral, otros encarcelados, otros decidieron irse en caravanas. Lo dijeron muchos, pero parecía no importar, lo tenía que decir Estados Unidos.
Cuatro fueron los delitos por los que un jurado de Nueva York declaró culpable al hermano del presidente de Honduras y también exdiputado del Partido Nacional, Juan Antonio «Tony» Hernández. Cuatro eran también los años extra que Juan Orlando Hernández pedía estar en el poder, durante su campaña política de 2017. Lo logró…gracias a que transgredió la Constitución y gracias al financiamiento proveniente del narcotráfico.
La fiscalía estadounidense pudo comprobar ante un jurado que Tony Hernández hizo millones de dólares provenientes del narcotráfico y que canalizó varios millones de estos a las campañas del Partido Nacional para influir en las elecciones presidenciales en 2009, 2013 y 2017. Entre 2010 y hasta 2013 al menos, uno de los co-conspiradores principales de Hernández fue el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera alias «El Chapo». El líder del cartel que sigue poniendo de rodillas no solo a la sociedad mexicana, sino a su gobierno, le dio 1 millón de dólares a Tony para la campaña del actual presidente de Honduras.
A pesar de lo anterior, Honduras ha sido un aliado destacado por el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y su apoyo para la reducción de violencia ha sido evidente en la inyección de dinero para la Policía Nacional y las FFAA de Honduras, ambas instituciones exhibidas en este juicio por estar coludidas y ser utilizadas como instrumentos al servicio del crimen organizado para perpetrar asesinatos y proteger cargamento de drogas y armas.
Se ha hablado de «narco estado» desde que comenzaron los juicios de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y en este juicio contra Hernández el fiscal lo dijo: «Tráfico de drogas patrocinado por el Estado». El gobierno, el mismo Juan Orlando Hernández, el canciller y el secretario de Estado, han solicitado al Departamento de Estado de Estados Unidos que se aclare que la condena no es contra el Estado de Honduras, ni contra su gobierno, sino contra un individuo. Se le pasa por alto a un presidente que ha concentrado todo el poder del Estado en sus manos, que en Estados Unidos el Departamento de Estado no tendrá nada que decirle al fiscal de una corte del distrito sur de Nueva York sobre sus conclusiones en un juicio.
La agente especial de la DEA, Charge Wendy C. Woolcock, dijo: «Esta declaración sirve como una advertencia para todos aquellos que trafican drogas ilegales a nuestro país con total desprecio por la vida humana. Estados Unidos no tolerará a ningún individuo u organización que busque obtener ganancias a través de la violencia y la corrupción. La DEA continuará apoyando a sus socios para buscar justicia independientemente de su estatus social. Nadie está exento de rendir cuentas por actividades delictivas depredadoras».
En el Congreso de Estados Unidos algunas voces ya comienzan a pedir que Trump retire el apoyo militar a Honduras por las evidencias que mostró este juicio de la utilización de estas como escudo para el narcotráfico.
Los Representantes Jan Schakowsky, Hank Johnson, Pramila Jayapal y Mark Pocan declararon: «La Administración Trump debe poner fin a su apoyo al represivo y corrupto régimen hondureño de Juan Orlando Hernández. Un prominente narcotraficante testificó que Tony Hernández sobornó al actual Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, quien supervisa a la policía. Otro testificó que pagó sobornos para asegurarse de que un presunto miembro del escuadrón de la muerte, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, fuera colocado en un alto cargo bajo los presidentes Lobo y Hernández a petición de Hernández y describió un asesinato que Bonilla cometió a petición de éstos. A pesar de las pruebas de que era un líder documentado del escuadrón de la muerte, la Embajada de los Estados Unidos trabajó en estrecha colaboración con Bonilla durante todo su mandato. La Administración Trump debe dejar de financiar inmediatamente instituciones policiales y militares hondureñas y dejar de celebrar al presidente Hernández como un aliado amistoso y socio en la guerra contra las drogas».
Pero los mensajes en las redes sociales y en las manifestaciones de protestas en Honduras, parecen provenir de una relación tóxica entre Estados Unidos y Honduras. En las protestas contra la reelección de Juan Orlando Hernández, más de una vez, los manifestantes quemaron la bandera de Estados Unidos en rechazo al espaldarazo que este gobierno le daba a Hernández. Hoy muchos piden intervención estadounidense porque están «limpiando» la institucionalidad hondureña desde Nueva York.
La líder de la Plataforma en defensa de la salud y educación, Suyapa Figueroa, decía en su twitter hoy: «que venga el portaviones y se los lleve a todos». Y se espera, sin duda, la transición negociada y pacífica que pueda empujarse desde la Embajada de Estados Unidos si Juan Orlando Hernández se pone a disposición de la justicia estadounidense y nos quedamos sin presidente en el país.
Honduras, geográficamente, es un paso para la droga que se produce en el sur de América y es consumida por millones de personas en los Estados Unidos. Honduras ha sido el portaviones de Estados Unidos para aplacar insurgencias y para controlar las democracias que nunca dejaron de ser un feto enfermo en el vientre de la precariedad y el autoritarismo. Honduras -se dice del país- es un narcoestado, y quizá eso suene ahora en todos los rincones, aunque no entendamos el concepto ni cómo llegamos a ser clasificados así. Si el juicio contra Tony es suficiente para determinarlo y si en el mundo hay otros como nosotros o si se nos dice así para sentar un precedente.
Mientras tanto, en Honduras la gente solo intenta sobrevivir, o quizá intenta tomar la decisión clave de su vida: «¿me voy para Estados Unidos a buscar una mejor vida o me quedo aquí para luchar o morir?». De no cambiar las cosas en este país, y de llegar el portaviones que la doctora Suyapa clama, regresaría a Estados Unidos no con políticos involucrados en el narcotráfico sino con millones de hondureños desesperados.
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