Un mes antes de las elecciones primarias, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó 10 contratos, el más costoso —por más de 49 millones de lempiras—,a Lithopress, una empresa vinculada con el expresidente Carlos Flores, su hija Elizabeth «Lizzie» Flores Flake, actual representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la ex precandidata a diputada Fabiola Abudoj, acusada por un intento de fraude. Tras el caos en los comicios, el Ministerio Público intervino, secuestró los documentos del contrato y hasta ahora no se ha pagado a ningún proveedor. Según fuentes internas y un documento filtrado a este medio, la consejera Ana Paola Hall defendía los intereses de Lithopress antes de poner a disposición su cargo en medio de la crisis que mantiene paralizado el cronograma electoral.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera
El 7 de febrero de 2025, un mes antes de las elecciones primarias, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó 10 contratos para la impresión de papeletas y otros documentos. El más costoso, por un monto de más de 49.6 millones de lempiras, fue otorgado a Lithopress Industrial S.A. de C.V.
Lithopress Industrial es una empresa que, según su acta de constitución, fue formada en 1976, y tiene entre sus accionistas a 7 personas y entidades, entre ellos al expresidente hondureño, dueño de medios y dirigente del Partido Liberal (PL), Carlos Flores Facussé, a la actual representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Elizabeth «Lizzie» Flores Flake, y como representante del accionista Jorge Abudoj a la ex precandidata a diputada Fabiola Abudoj, a quien le filtraron un audio, días antes de las elecciones primarias, en el que hablaba de un supuesto plan para cometer fraude.
Tras el caos en esos comicios primarios a cargo de miembros del Partido Libre, y la intervención del Ministerio Público, los documentos originales para justificar el pago de este contrato y otros relacionados con impresiones y transporte del material electoral no se han realizado. En ese contexto, según un oficio y testimonios de fuentes internas en esa institución recabadas por este medio, previo al anuncio de renuncia de la consejera Ana Paola Hall el pasado 16 de julio, ella atendía a los intereses de la empresa Lithopress estando dentro del CNE.
Estas acciones concuerdan con testimonios previos que indican el apadrinamiento del socio mayoritario de esta empresa, el ex presidente Carlos Flores, hacia la consejera Ana Paola Hall.
Las presiones de Lithopress Industrial al CNE
Tras el caos en la distribución del material electoral en los comicios primarios e internos del 9 de marzo de 2025, que causó retrasos y afectó al 3 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, el 21 de marzo de 2025, Marlon Ochoa, el consejero que representa a Libre ante el CNE, envió un oficio a las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall en el que hizo un recuento de los acontecimientos.
Ochoa apuntó en el documento que su objetivo era «dejar constancia ante el pueblo hondureño de la verdad», y en el segundo punto del mismo describió que el 6 de febrero de 2025, «la consejera Cosette López demoró la emisión de opiniones previas para la adjudicación del proceso de papeletas y documentos esenciales, a pesar de estar apenas a treinta y un (31) días de las elecciones, para afectar a una Consejera con intereses en una imprenta en particular».
El 7 de febrero de 2025, el pleno de consejeros finalmente adjudicó contratos a 10 empresas que imprimieron 23 lotes de papeletas y documentos para los comicios, en total se pagarían casi 250 millones de lempiras. Entre todos los contratos, el más costoso por 49,607,008.50 millones de lempiras se asignó a la empresa Lithopress Industrial.
Los principales accionistas de Lithopress son la empresa Comerce, S. de R.L., con 54,622 acciones representadas por Carlos Roberto Flores Facussé; Jorge Abudoj, con 1,575 acciones representado por la ex precandidata a diputada Fabiola Claudett Abudoj Mena; y el Grupo Nacional de Inversiones, con 6,000 acciones representado por Luis José Kafie Hasbun. También figuran Bufete Rosa y Asociados, S.A. con 300 acciones representado por el ex fiscal general Leonidas Rosa Bautista, y tres accionistas minoritarios con una acción cada uno: la exprimera dama Mary Flake de Flores y sus dos hijos: la actual representante del Estado de Honduras ante la ONU, Mary Elizabeth «Lizzie» Flores Flake, y Carlos David Flores Flake. Consultamos a Cancillería sobre su posición ante el hecho de que una de sus representantes diplomáticas tenga un contrato con el Estado, a lo que la encargada de comunicaciones respondió que desconocían sobre el tema.
A su vez, la empresa Comerce, como socia mayoritaria, tiene dos accionistas: el mismo ex presidente Carlos Flores y la ex primera dama Mary Flake. Carlos Flores también es reconocido por ser accionista mayoritario de la empresa Periódicos y Revistas S.A. de C.V. que tiene la propiedad del Diario La Tribuna, uno de los medios de comunicación tradicionales de mayor tamaño en el país.
Un conteo realizado por este medio revela que solo entre el 23 de abril y el 7 de julio de 2025, La Tribuna publicó al menos 5 notas relacionadas con la falta de pagos por parte del CNE a las empresas proveedoras de las pasadas elecciones. Por ejemplo, en su sección que no lleva firma autoral «Pildoritas» del 1 de julio, apuntan que «esa intransigencia de no pagar proveedores del CNE podría tener serias consecuencias, ya que, los contratos exigen el pago inmediato contra entrega, y ya pasan casi cuatro (4) meses y no pagan. Su propio dictamen legal les advierte que pueden llover demandas por daños y perjuicios, por las enormes pérdidas instigadas».
El 7 de julio también publicaron una nota en la que este medio recopila una serie de «contradicciones» por parte de la consejera presidenta Cossette López, quien justificó la falta de pago «porque el Ministerio Público “decomisó” los documentos originales cuando hizo el secuestro para investigar lo ocurrido el 9 de marzo, no se puede pagar porque interrumpieron los procesos administrativos en plena ejecución, no llevaron las copias certificadas, sino que nos dejaron con las copias».
En la nota publicada por La Tribuna se cita que consultaron un criterio jurídico especializado, concluyendo que «la ley no exige necesariamente papeles originales físicos, sino que cada operación debe estar respaldada con evidencia documental generada en el momento en que ocurrió».
Una fuente interna del CNE que conoce del proceso y habló con este medio en condición de anonimato, apuntó que enfrentan un dilema legal y operativo luego de que el MP confiscó los documentos originales del proceso de contratación de imprentas y transporte, sin distinguir entre empresas.
Según esta fuente, actualmente solo se cuenta con copias certificadas de esos expedientes, lo que ha generado opiniones divididas sobre si es legalmente procedente realizar los pagos. Aunque hay evidencia de que algunas empresas cumplieron, una parte de las autoridades del CNE teme que cualquier decisión (pagar o no pagar) pueda ser utilizada en su contra, en un contexto de persecución penal. Además, la situación se complica aún más por la detención de dos empleados y señalamientos (del MP) de supuesto daño patrimonial, a pesar de que no se ha desembolsado ningún fondo por los servicios de transporte.
Desde el 26 de mayo, el CNE envió comunicaciones al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) solicitando claridad sobre cómo proceder. Solo el TSC respondió, aunque de forma ambigua, señalando que no tienen el expediente original, el cual es requerido por ley para autorizar pagos. Esto podría poner al CNE en una posición de vulnerabilidad: si realiza los pagos, podría enfrentar nuevas acusaciones; si no lo hace, se arriesga a que las empresas no participen en el proceso electoral general, afectando especialmente las áreas de transporte y distribución.
A pesar de los esfuerzos por recuperar los documentos originales requisados por el Ministerio Público, estos aún no han sido devueltos. Según esta fuente, la fiscalía incluso se ha negado a recibir nuevas comunicaciones y actualmente se encuentra en período de vacaciones.
Hasta ahora, solo se ha realizado un pago a la empresa Imprentas Michelle, la única que contaba con la documentación original completa en el CNE. Sin embargo, persiste una fuerte presión interna, que según una fuente está en parte dirigida por Carlos Flores. Algunos consejeros sostienen que los pagos pueden hacerse con copias certificadas, pero la consejera Cosette López se ha negado a firmar cheques sin los expedientes originales. Aunque ante la presión ofreció delegar la firma, su propuesta fue ignorada. Según la fuente, al interior del CNE se sabe del malestar de Carlos Flores por la situación, así como de las gestiones que Ana Paola Hall ha hecho directamente con él sobre el tema.
En noviembre de 2021, previo a las elecciones que ganó Xiomara Castro, Contracorriente publicó una nota en la que se mencionaron señalamientos de supuestos intereses políticos y empresariales que tiene la abogada Hall y que también se le apuntaron cuando perteneció entre 2016 y 2018 a la unidad de Reformas y Asesoría Anticorrupción de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
En ese momento, la abogada, que también ocupaba el cargo de consejera en el CNE, se alineó con el representante del PN y votó en contra de la inscripción del ahora alcalde de San Pedro Sula y coordinador del PL, Roberto Contreras.
Los intereses que se le señalaban en ese momento a Ana Paola Hall incluyen un supuesto apadrinamiento político del expresidente y líder del Partido Liberal Carlos Flores, y la protección a los negocios que su primo William Hall Micheletti mantiene como parte del Consorcio Siglo XXI, un proyecto de Alianza Público Privada que tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura vial y urbana en San Pedro Sula, y que representan una ganancia para esta empresa a través de una tasa vehicular impuesta a los sampedranos.
Sobre las presiones o intereses que habría recibido la consejera Hall, el analista Leonardo Pineda apuntó que «Ana Paola no solo es cercana a Carlos Flores, también lo es a familias muy poderosas del norte del país. Así que las presiones pueden venir de varios frentes, no solo de Carlos Flores».
Y sobre la forma en que estas presiones también responden a los intereses del oficialismo, Pineda explicó que un sector del PL está muy inconforme con el candidato presidencial Salvador Nasralla y su comportamiento, por lo que es más conveniente —para mantener su estatus—que el oficialismo mantenga el poder.
«Para esos sectores liberales, es más fácil sentarse a negociar con gente con la que ya han sido socios: el Partido Nacional o Libertad y Refundación. Recordemos que el anterior presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal fue designado presidencial de Zelaya. Carlos Flores, aunque no sea amigo íntimo de Zelaya, prefiere negociar con él o con alguien como Nasry Asfura antes que con Nasralla», aseguró.
También sobre la influencia de Carlos Flores en las actuaciones de Ana Paola Hall y las presiones por el pago de su contrato, la candidata a designada presidencial del PL, Vera Rubí aseguró a este medio, el pasado 7 de julio, que las cuestiones administrativas no les conciernen como instituto político, que apoyan a Cossette López y que estos conflictos son aparte del bienestar y la democracia del pueblo hondureño. «Nosotros no podemos decir nada sobre eso, son cuestiones administrativas que el CNE deberá resolverlas», apuntó.
Vera Rubí también aseguró que el hecho de que exista el contrato con Lithopress no representa un conflicto de interés y que el Partido Liberal aunque mantiene relación con los expresidentes, «no somos en ningún momento cobradores de ellos».
La renuncia de Ana Paola Hall ha sido interpretada por Roberto Contreras, presidente del PL, como un acercamiento al oficialismo y aseguró ante medios de comunicación que «ya perdimos la confianza en la posición de ella respecto a los intereses de nuestro partido»; además, en un comunicado del 17 de julio de 2025, el PN apuntó que la decisión «no solo genera una peligrosa incertidumbre, sino que compromete la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, debilita su institucionalidad, y expone una alarmante subordinación a intereses ajenos al bienestar de la patria».
Además, la incertidumbre sobre las acciones de la consejera Hall han levantado cuestionamientos dirigidos a puestos que su hija Aura Maria Mejía Hall ha ocupado en el actual Gobierno, entre ellos como representante diplomática de Honduras en Londres, y recientemente como la jefa de la unidad de transparencia e información ciudadana del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). A este último puesto renunció en febrero de 2025, según documentos del portal de transparencia del TJE.
Las implicaciones de la renuncia de Hall
Este lunes 21 de julio, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, confirmó la renuncia de la consejera Ana Paola Hall como representante de este partido en el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el comunicado, el presidenciable expresó que la renuncia de Hall será efectiva hasta que se elija a la nueva representación de esta institución.
Más allá del debate en torno a Hall, Nasralla había declarado previamente que el verdadero problema del CNE es la falta de compromiso del representante del Partido Libre. «Más que fijarse en la doctora Ana Paola Hall, hay que preguntarse cuál es el verdadero problema por el cual no está funcionando el Consejo Nacional Electoral. Y ese problema es que el consejero que representa al Partido Libre, Marlon Ochoa, no asiste a las convocatorias. Ese es el origen del estancamiento del CNE», concluyó.
Por otro lado, la presidenciable oficialista, Rixi Moncada, quien también compartió con Hall como consejera en 2021, aseguró que «No hay crimen perfecto y no sé qué va a ocurrir en las próximas horas, pero hasta este momento, el triunfo es de la legalidad y la transparencia. La razón, la verdad y la justicia han vencido».
Ana Paola Hall debía asumir en septiembre de 2025 la presidencia del CNE, por lo que tras el anuncio de su renuncia se ha generado incertidumbre sobre quién puede asumir su lugar y si el control del ente será completamente del oficialismo. Para que su salida sea efectiva, Hall debe presentar una renuncia formal ante el Congreso Nacional, un órgano sumido en una crisis constante debido a la falta de consensos y a la conducción arbitraria de su presidente, Luis Redondo.
Una vez presentada la renuncia, esta debe ser sometida a votación y aprobada por al menos 86 congresistas. No obstante, el actual estado del Legislativo hace que ese escenario parezca inviable.
El dirigente nacionalista Fernando Anduray aseguró que la posibilidad de que el oficialismo tome control del CNE «no es un hecho aislado, sino una acción planificada desde el Gobierno de la República, con la participación de Manuel Zelaya Rosales y, muy probablemente, de Carlos Flores Facussé».
Además, Anduray explicó que todo ocurre tras la negativa de Salvador Nasralla a participar en un acuerdo que presionaba al Partido Nacional para modificar el TREP y la regla de verificación humana en el proceso electoral.
«Entonces deciden quitarle a Nasralla el control del CNE utilizando la salida de Ana Paola Hall. Al renunciar ella a su cargo, Mel Zelaya puede nombrar a uno de sus suplentes, lo que genera una correlación de fuerzas de 2 a 1 en contra de Cosette López. Hall se hace a un lado y ¿Quién gana? Mel Zelaya», apuntó Anduray.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió un comunicado en el que apuntó que Hall presentó su renuncia en medio de un contexto marcado por presiones políticas, ataques personales y denuncias de amenazas.
Además, destacaron que su salida «plantea serias dudas sobre la estabilidad, imparcialidad y resiliencia del órgano electoral. Hall había denunciado públicamente una campaña de intimidación en su contra, que incluyó señalamientos hacia su familia y obstáculos en el ejercicio de sus funciones».
WOLA también advirtió sobre los riesgos que implica este tipo de coacción institucional. Y apuntaron que la renuncia de Hall podría debilitar aún más la confianza ciudadana en el CNE, en un clima ya marcado por la inasistencia de uno de sus consejeros y una creciente desconfianza hacia los procesos electorales. Ante esto, la organización llamó a los miembros restantes del CNE a «reafirmar su compromiso con la legalidad y la transparencia, y a las misiones internacionales a vigilar de cerca el desarrollo de las elecciones para evitar injerencias indebidas».
Finalmente, Leonardo Pineda apuntó que si la renuncia de Ana Paola se concreta, se entrará en una dinámica más compleja.
«El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ya dijo que si ella renuncia, van a proponer a Maribel Espinoza de consejera. Pero eso es legalmente inviable. Una diputada no puede ser consejera del CNE. Están actuando como si la ley no importara. Creen que con presión social podrán lograr que Libre acepte a Maribel. Pero si se enfrentan de tú a tú con Libre en la calle, van a perder casi con seguridad», sentenció Pineda, y agregó que el escenario se presta para que las elecciones se den bajo el control total del oficialismo, sin transparencia ni legitimidad.
Este medio se comunicó con Ana Paola Hall para consultar sobre sus relaciones con Carlos Flores y los señalamientos de haber intercedido por su empresa desde su posición privilegiada en el CNE; sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota no hubo respuesta.
También consultamos a los consejeros Marlon Ochoa y Cosette López; sin embargo, no hubo respuesta de ninguno de ellos.
