La Compañía Minera Cerros del Sur opera sin licencia ambiental en el municipio de El Corpus, Choluteca, según denunció el Comité Municipal de Defensa de la Naturaleza de El Corpus (COMUDENC). La organización responsabiliza a la empresa por diversos daños ambientales y sociales en la zona, mientras que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) emitieron dictámenes que confirman afectaciones en fuentes de agua, vías de acceso y bienes del patrimonio histórico local.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Archivo CC
Organizaciones comunitarias del municipio de El Corpus, Choluteca, presentaron una denuncia formal contra la Compañía Minera Cerros del Sur, S. A. de C. V., señalando múltiples afectaciones al medio ambiente y a las condiciones de vida de la población local.
La denuncia fue interpuesta el 12 de junio de 2023 por el Comité Municipal de Defensa de la Naturaleza de El Corpus (COMUDENC) y miembros del Comité de Defensa de la Naturaleza (CDN), ante el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), solicitando una investigación y la apertura de un expediente administrativo.
La denuncia expone la deforestación en áreas de nacimiento de agua, remoción de suelos con impacto en microcuencas, contaminación por desechos mineros y desplazamiento forzado de familias.
Según lo señalado por las comunidades, estas acciones se han intensificado desde el cambio de administración de la empresa en enero de 2023, cuando se amplió la zona de explotación sin realizar procesos de consulta ciudadana.
En abril de 2025, el equipo técnico de INHGEOMIN hizo una inspección en la zona y, según el dictamen, se encontró que se están realizando actividades de extracción muy cerca de viviendas, de una cisterna de agua que abastece a la comunidad y de la carretera principal que conecta El Corpus con Concepción de María.
Según INHGEOMIN, estas actividades no respetan la distancia mínima que exige la ley (200 metros desde el centro de la carretera) según el artículo 65 de la Ley General de Minería. Además, reportaron que las extracciones no cuentan con registro formal ante la Unidad de Minas y Geología del INHGEOMIN, pese a que la zona forma parte de la antigua concesión de la empresa canadiense Clavo Rico.
INHGEOMIN señala que el área de extracción representa un riesgo para la estabilidad de la carretera, la seguridad de las viviendas cercanas y la salud pública por la posible contaminación de fuentes hídricas. Asimismo, el dictamen enfatiza la ausencia de registro del sitio de extracción ante INHGEOMIN y recomienda suspender toda actividad de explotación mientras no se obtengan los permisos legales correspondientes.
Por su parte, la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ratificó que la empresa no cuenta con licencia ambiental vigente, condición que agrava la irregularidad de las actividades extractivas. El documento también confirma que la empresa enfrenta un embargo y se encuentra insolvente con la institución.
Serna recomendó a INHGEOMIN coordinar acciones con otras instituciones competentes para verificar los daños denunciados, determinar sanciones conforme a la ley e implementar medidas de mitigación y remediación ambiental.
Uno de los bienes más afectados ha sido la iglesia católica Virgen de Candelaria, ubicada frente a la plaza central del municipio y cuya construcción data del año 1600. Gissel Baquedano, colectivo de la naturaleza de El Corpus, solicitó una inspección debido a las afectaciones ocasionadas por la minería.
En respuesta, la Unidad de Patrimonio Inmueble y Monumentos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) realizó una evaluación técnica, en la que concluye que no existe daño ambiental y cultural; sin embargo, recomendó la suspensión inmediata de actividades extractivas cercanas al centro histórico y solicitó al Ministerio Público (MP) abrir una investigación sobre los daños al patrimonio nacional.
En una entrevista para Contracorriente, Baquedano asegura tener evidencia de afectaciones en la iglesia. «Tengo video de cómo sale agua de la iglesia, de la humedad, de las rajaduras en las paredes», comentó.
En este sentido, también indicó que, según información recibida del IHAH, el expediente sobre los daños a la iglesia fue remitido a la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural.
Sin embargo, no tienen conocimiento de avances significativos. En cuanto a la investigación ambiental, afirmó que la Fiscalía Especial de Medio Ambiente mantiene una investigación en curso.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha emitido únicamente dos oficios solicitando información a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), sin mayor avance.
Asimismo, indicó que la Compañía Minera Cerros del Sur continúa operando a pesar de los dictámenes emitidos por las autoridades. Señaló que, pese a las resoluciones, la empresa minera no ha detenido sus actividades y que trabaja actualmente en una zona que INHGEOMIN identificó recientemente como área de exclusión minera.
«Cerros del Sur está trabajando actualmente exactamente en la misma zona donde INHGEOMIN acaba de determinar que es una exclusión. Y aparte está sin licencia ambiental», afirmó Baquedano.
Asimismo, explicó que en 2008 la empresa debía presentar una garantía bancaria como condición para obtener un certificado de auditoría ambiental. Sin embargo, según el último informe de la Serna, la empresa no cumplió con ese requisito.
Baquedano sostuvo que, de acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos, el derecho de la empresa a recibir dicho certificado habría caducado al no haber cumplido los plazos establecidos: «Si la resolución fue emitida en febrero del 2008, la empresa tenía 10 días hábiles prorrogables a otros 10 para hacer efectivo el pago de la caución».
Asimismo, Baquedano afirmó que tanto las autoridades del gobierno como las municipales están involucradas en las irregularidades atribuidas a la empresa minera.
«Desde el 2008 hasta el 2025 no han puesto interés en el caso. Esta empresa ha seguido trabajando amparada en una resolución que ya no tiene validez», concluyó.
Por su parte, el COMUDENC y los comités comunitarios pidieron a las autoridades, realizar una inspección objetiva y que se determinen las responsabilidades legales por las prácticas que consideran nocivas.
Además, exigen el cumplimiento de los roles de protección ambiental por parte de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) y autoridades regionales, así como suspender inmediatamente las operaciones hasta que se cumpla con los requisitos legales y ambientales.
Advirtieron que, de no recibir respuesta a sus demandas, llevarán el caso ante instancias internacionales. La situación en El Corpus pone en evidencia una serie de irregularidades en torno a la operación de la Compañía Minera Cerros del Sur.
Instituciones como INHGEOMIN y la Serna señalaron en los dictámenes emitidos que existen impactos ambientales, sociales y patrimoniales significativos, además de la falta de cumplimiento con regulaciones legales vigentes.
En mayo de 2025, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos invitó a la Compañía Minera Cerros del Sur S. A. de C. V. a pronunciarse sobre estas acusaciones, pero la empresa no respondió. En su sitio web, sin embargo, mantienen como única declaración que «desarrollamos actividades seguras orientadas a la producción responsable de minerales concentrados para su venta».
