La captura de la abogada salvadoreña y jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, ha generado preocupación nacional e internacional, al percibirse como parte de una ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra voces críticas. Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y analistas coinciden en que se trata de un caso emblemático de criminalización.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Cortesía Cristosal y Fiscalía de El Salvador
Ruth López, reconocida abogada salvadoreña especializada en derecho electoral y combate a la corrupción, fue detenida el pasado domingo 18 de mayo en horas de la noche por agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) la acusa del delito de peculado, supuestamente cometido cuando fungió como asesora del exfuncionario Eugenio Chicas durante su paso por el Tribunal Supremo Electoral y la Secretaría de Comunicaciones, en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Según la FGR, López habría participado en la apropiación indebida de fondos públicos, luego de investigaciones derivadas de allanamientos y procesos judiciales contra Chicas. En un comunicado publicado en la red social X, el Ministerio Público informó que Chicas será notificado de nuevos cargos penales.
La detención de López ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, expertos legales, y por su familia.
En conferencia de prensa, este día la madre y el esposo de López exigieron la libertad inmediata de la defensora de derechos humanos. Asimismo, señalaron que la abogada López ha enfrentado un proceso marcado por la falta de transparencia, la obstrucción de su derecho a la defensa y graves violaciones a sus garantías fundamentales. «La detención de Ruth no es un hecho aislado, es parte de una estrategia sistemática del Gobierno de Nayib Bukele para perseguir, silenciar y criminalizar a aquellos que defienden derechos, combaten la corrupción y exigen la rendición de cuentas», afirmaron.
Por su parte, Noah Bullock, director de Cristosal, señaló que en los últimos seis meses han sido objeto de acoso y espionaje por parte de la Policía.
Cristosal, la organización en la que López se desempeña como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia, emitió un comunicado donde denuncian que tras su captura López estuvo incomunicada por varias horas, sin acceso a representación legal ni información oficial sobre su paradero. Para la institución, esto constituye una desaparición forzada de corta duración, lo cual contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
«Las organizaciones defensoras de derechos humanos expresamos nuestra profunda preocupación ante el uso del sistema de justicia como herramienta de persecución política», señala el comunicado. La entidad exigió respeto al debido proceso, garantías para su integridad y el cese de prácticas autoritarias.
López ha sido una figura destacada por su postura crítica frente al actual gobierno de Nayib Bukele. Ha denunciado públicamente el uso de tecnologías de espionaje como Pegasus contra periodistas y activistas, así como irregularidades en contrataciones públicas y procesos de adjudicación estatal. Además, ha cuestionado con firmeza las violaciones a derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, y fue incluida por la BBC en 2024 entre las 100 mujeres más influyentes del mundo.
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En una entrevista para Contracorriente, el abogado y defensor de derechos humanos en Honduras, Joaquín Mejía, señala que la captura de López debe ser comprendida en un contexto más amplio de debilitamiento institucional. «Esa detención no hay que verla como un hecho aislado, sino que hay que verla en el marco de un montón de acciones autoritarias por parte del gobierno de Bukele que implican, por ejemplo, acusaciones, ataques verbales, el uso de toda la publicidad estatal con el objetivo de atacar a periodistas, como muchos de El Faro», expresó.
Para Mejía, la detención busca enviar un mensaje de intimidación. «Es una forma de decirles a los defensores de derechos humanos y a quienes critican: “si te metés conmigo, te va a pasar lo mismo”». Agregó que esta situación debería encender las alarmas de la comunidad internacional, sobre todo en un contexto en el que muchos países siguen respaldando al Gobierno de Bukele sin cuestionar su deriva autoritaria.
Además, señaló que el gobierno salvadoreño ha venido preparando el terreno para este tipo de acciones. «No es casualidad que hayan acusado a Cristosal de ser financiado por el narcotráfico o de recibir fondos del crimen organizado. Han creado una narrativa de odio para justificar la represión contra quienes defienden derechos», explicó.
La detención ha sido interpretada por diversas organizaciones sociales como parte de una escalada de represión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil. La Mesa por el Derecho a Defender Derechos —que agrupa a más de 30 entidades— condenaron el hecho mediante un comunicado, y señalaron que se enmarca en un patrón de criminalización cada vez más evidente.
En su pronunciamiento, las organizaciones señalaron que «la detención de Ruth López es una señal alarmante del avance del autoritarismo en El Salvador» y llamaron a la comunidad internacional a mantener la vigilancia. También destacaron que el gobierno ha promovido iniciativas para obstaculizar el trabajo de las ONG, como la propuesta de una Ley de Agentes Extranjeros, la cual incluirá un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones que reciben ONG.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado su preocupación por el deterioro del Estado de derecho en el país centroamericano. Ambas organizaciones han documentado violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, como detenciones arbitrarias, falta de acceso a la justicia y restricciones a la libertad de expresión. Incluso, Cristosal denunció que más de 380 personas han muerto bajo custodia estatal durante el régimen.
Asimismo, recientemente el medio salvadoreño El Faro reportó amenazas y vigilancia, lo que llevó a que algunos de ellos tuvieran que salir del país por razones de seguridad.
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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió una alerta el 3 de mayo del año 2025, ante las amenazas reveladas por el director de El Faro, Carlos Dada, quien denunció que la FGR preparaba órdenes de captura contra periodistas de ese medio. Estas acciones se producen tras la publicación de investigaciones que exponen presuntos pactos entre el gobierno de Nayib Bukele y pandillas.
Tres periodistas de El Faro, Carlos Barrera, Efrén Lemus y Víctor Peña, se vieron obligados a abandonar el país el 7 de mayo de 2025, buscando refugio en Guatemala ante el riesgo inminente de detención. Debido a la falta de condiciones para operar en El Salvador, que marca un preocupante retroceso en la libertad de prensa en la región, el medio decidió trasladar su estructura legal y administrativa a Costa Rica en abril de 2023.
Según informes de organismos de derechos humanos, en el último año se han registrado más de cien agresiones contra periodistas en El Salvador, incluyendo allanamientos y detenciones arbitrarias
El abogado Joaquín Mejía afirma que Ruth López resulta especialmente incómoda para el régimen, no solo por su trabajo, sino por el respaldo nacional e internacional que tiene. «Ruth no es cualquiera y además pertenece a una organización, Cristosal, que ha sido una de las más importantes en la crítica constructiva al gobierno de Bukele, con informes y análisis» expresó.
El experto recordó que el Instituto Variedades de la Democracia (V-Dem), con sede en la Universidad de Gotemburgo, ya ha clasificado a El Salvador como una «autocracia electoral». Este tipo de régimen mantiene elecciones multipartidistas, pero sin condiciones de libertad ni justicia suficientes, con graves limitaciones a las libertades civiles.
«Este informe señala que el Gobierno de Bukele experimenta un visible proceso de lo que ellos llaman desdemocratización. ¿Y qué es la desdemocratización? Bueno, esto implica dos cosas: un retroceso de los derechos y libertades civiles y un retroceso de las instituciones democráticas», sostuvo Mejía.
El abogado también explicó que la captura de López marca una nueva etapa en la radicalización autoritaria del gobierno salvadoreño. «Al detener a una persona como Ruth, el gobierno de Bukele ya está como sacando la cara o quitándose la máscara (…) Ahora pasa con los periodistas de El Faro, o con lo que ha pasado con Ruth, está demostrando la verdadera cara del régimen».
Ante los riesgos que enfrentan periodistas, defensores del ambiente y de derechos humanos, Mejía plantea que las acciones disponibles se limitan a la denuncia pública y la presión social. «Lastimosamente yo soy pesimista y digo que lo único que nos toca es patalear y denunciar públicamente y hacer presión, y sobre todo creo yo que hay que desenmascarar (…) a mí me preocupa tanto cómo la población (…) tiene una mirada tan corta de lo que pasa y no van más allá», afirmó.
Mientras, organizaciones defensoras, medios independientes y observadores internacionales continúan exigiendo transparencia, legalidad y el respeto a sus derechos fundamentales.
