Entre 1996 y 2018, la PDDH de El Salvador registró 155 denuncias de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad. En los últimos seis años, 130. Aunque el gobierno no reconoce un solo caso desde la llegada de Bukele a la presidencia en junio de 2019, la cifra, según un grupo de ONG, es mucho mayor: 540 personas han sido denunciadas como desaparecidas desde que el 27 de marzo de 2022 se aprobó el Régimen de Excepción, entre ellas Rafael López Castellón, que trabaja en su molino cuando se lo llevaron acusado de terrorismo.
Por Jaime Quintanilla y Daniel Valencia
Rafael López Castellón esperaba a un cliente en su champa, que funcionaba como resguardo de su molino y donde tenía una pequeña tienda de abarrotes, cuando tres policías y tres soldados lo rodearon.
“Se van a llevar a Rafael”, alertaron a Pedro, uno de sus hermanos menores, que acababa de salir de la casa familiar.
Pedro regresó corriendo al molino. Su hermano ya estaba dentro de la patrulla policial.
—Lo más seguro es que si se lo llevan, es que a morirse va allá—, les advirtió a los uniformados.
A sus 53 años, Rafael López llevaba tiempo enfermo del corazón y los riñones y estaba en un tratamiento especial.
—A él se le acusa de asociaciones terroristas —le respondió un policía.
—¿Cómo va a andar en esas cosas? Todo el tiempo él ha luchado para sobrevivir y para cubrir sus gastos de la enfermedad que tiene.
Los vecinos que lo conocían desde hacía años dicen lo mismo: Rafael no era pandillero.
—Lo vamos a llevar —insistió el policía.
—Mire, si se lo llevan y este señor muere allá, los responsables son ustedes
—Allá lo van a traer muerto entonces. Y es mejor que te callés porque si seguís hablando te vamos a llevar a vos también.
A la 1 de la tarde del 8 de abril de 2022, en la segunda semana del Régimen de Excepción de Nayib Bukele, Rafael López Castellón desapareció de las calles de Jucuapa, Usulután, donde había nacido, a bordo de una patrulla de policía con una bolsa de medicamentos para su corazón en la mano. Fue la última vez que su hermano Pedro lo vio con vida.
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Redacción Regional y Dromómanos lograron obtener una tabla de denuncias por desapariciones forzosas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado que ha registrado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desde 1996. Según los datos que la institución ha recolectado, entre 2019 y el 10 de marzo de 2025 han recibido 130 denuncias, de las cuales 66 ocurrieron en los tres años del régimen de excepción; mientras que de 1996 a 2018 recibieron 155. Esto refleja un aumento significativo desde que Bukele llegó al poder en junio de 2019 y coincide con las denuncias de abuso de autoridad que víctimas, organizaciones y periodistas han documentado durante el actual gobierno.
“La desaparición forzada ha reaparecido en El Salvador”, han señalado también siete organizaciones de derechos humanos que en noviembre de 2023 elevaron una denuncia por el resurgimiento del fenómeno en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El año pasado, estas mismas organizaciones enviaron un informe al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés), donde cifraban el fenómeno en 327 desaparecidos solo desde el inicio del Régimen de Excepción, el 27 de marzo de 2022, entre ellos Rafael López.
Según las organizaciones, el 85 % de estos desaparecidos forzados son hombres; el 15 %, mujeres. El 61 % son jóvenes entre los 18 y 35 años de edad. El resto, adultos mayores.
En el más reciente informe sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante los tres años del régimen de excepción, la cifra de casos de personas desaparecidas hasta febrero de 2025 subió hasta las 540.
El gobierno, sin embargo, lo niega todo.
“Yo le digo que no hay un solo caso”, dijo en entrevista el pasado 20 de febrero Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial para la defensa de derechos humanos y libertad de prensa. “Nosotros le preguntamos para los informes que presentamos a la Fiscalía si hay algún caso de desaparición forzada, alguna denuncia que haya colocado algún ciudadano por el delito de desaparición forzada y no hay ninguna”.
La Fiscalía, pese a reiteradas solicitudes de información, no ha dado respuestas.
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Hasta aquel 8 de abril de 2022, Rafael López vivía en una de las tres modestas casas de adobe en un terreno de su familia. En las otras dos viven su padre y su hermano José con su familia.
José López, (Chepito, como le decía Rafael), recuerda cómo eran los años previos al régimen de Nayib Bukele en Jucuapa. Durante la guerra civil, esta fue una de las zonas más bélicas y la familia López perdió a una tía a causa de una mina en el cerro El Tigre.
Años después, cuando las pandillas controlaban buena parte del territorio salvadoreño, los López tuvieron que lidiar con los enfrentamientos entre policías y pandilleros.
Los pandilleros de la Mara Salvatrucha llegaban por la noche a la tienda familiar y se llevaban todo.
“Lo dejaban barrido. Para sobrevivir (Rafael) no decía nada”, cuenta Pedro.
Con los años se envalentonaron más y lo hacían incluso a plena luz del día. Sus hermanos recuerdan que incluso a Rafael lo amenazaban de muerte si no dejaba que se llevaran lo que quisieran.
La última vez fue a inicios de 2021, cuando la propaganda gubernamental afirmaba que gracias al Plan Control Territorial habían aplacado el poder que los pandilleros tenían a nivel nacional. Pedro recuerda que llegaron por la noche y le dijeron que si no les daba lo que tenía “lo iban a dejar tirado en el patio”. Lo que tenía eran bolsas de churritos, sodas y una que otra paleta para engañar el calor usuluteco.
La Policía también llegaba a la tienda. Pero no para protegerlo. Los agentes de la zona solían visitar a Rafael para ver qué le encontraban, relatan sus hermanos, para ver si tenía relación con los pandilleros. Nunca le encontraron nada ni lo detuvieron. Los únicos problemas que tuvo Rafael con la justicia fueron en su juventud cuando lo metieron a las bartolinas de Jucuapa por “bolencia”. En aquella época fue cuando Rafael se hizo un tatuaje apenas perceptible de una estrella en el hombro.
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Para julio de 2022, cuatro meses después del inicio del Régimen de Excepción, el Gobierno de Nayib Bukele ya había capturado a 41,000 personas y, ante el desbordamiento del sistema penitenciario (hoy roza el 150% de hacinamiento), Bukele comenzó a contruir una megacárcel con capacidad para 40,000 personas que bautizó Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). De acuerdo con información oficial, esta prisión solo serviría para encerrar a los pandilleros condenados, pero desde el 18 de marzo de 2025 también la alquila el Gobierno de Estados Unidos para recibir a presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela y a 110 migrantes venezolanos expulsados por Estados Unidos y que no han cometido ningún delito en El Salvador.
La construcción de la megacárcel fue acompañada por la maquinaria política del oficialismo: desde 2022, los diputados de Nuevas Ideas han modificado más de una treintena leyes para endurecer las penas y condenar de manera masiva.
Durante el Régimen de Excepción de Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
Lo que pasa dentro de las cárceles del régimen es un misterio. A la fecha no se conoce a ciencia cierta quiénes están en qué centro penal y quiénes ya no están ahí. Pero, según reportes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, la cifra de reos del régimen fallecidos bajo custodia del Estado oscila entre los 285 y los 375.
Testimonios de privados de libertad que salieron del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, dan cuenta de las torturas y malos tratos que sufrieron a manos de los custodios. Un mecánico de Puerto El Triunfo dijo que al inicio del régimen los recibían con golpes, tenían que caminar hincados por una lámina caliente y llena de arenilla y los rociaban con gas pimienta si no guardaban silencio dentro de la celda. “Bienvenidos al infierno”, les decían los custodios, aseguran dos reos que estuvieron recluidos más de un año en ese centro penal. A uno de ellos, de tanta golpiza, le dislocaron el hombro izquierdo. Un doctor, también recluido dentro de ese penal, dice que los privados de libertad no recibían atención médica sino hasta que era sumamente grave. Otro interno fue testigo de cómo un grupo de reos de confianza convertía a los jóvenes detenidos del régimen en sus parejas, a la fuerza, en las celdas, violados enfrente de todos los reos. Y nadie decía nada. “No se podía decir nada”, asegura. Otra persona que salió de Mariona agrega que les racionaban el agua.
Todas ellos coinciden en que vieron al menos a uno de sus compañeros de celda colapsar, salir por emergencia médica y nunca regresar.
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El 9 de abril de 2022, un día después de que Rafael López desapareciera a bordo de una patrulla policial, su hermano Pedro le fue a dejar comida a las bartolinas de Jucuapa, pero no pudo verlo. Al día siguiente le notificaron que ya había sido trasladado a Mariona. “Me fui para el penal y me dijeron que si me habían dicho que ahí estaba, ahí estaba. Me dijeron que era prohibido dar referencia de él”, recuerda Pedro.
La segunda vez que Pedro fue a Mariona se encontró en medio de una trifulca. En la puerta del penal se acumulaban personas, la mayoría mujeres, en busca de información de sus familiares. Estaban mujeres que sumaron a sus labores de cuidado los viajes a penales para entregar paquetes de comida. También madres que rezaban y le imploraban a su Dios ver a sus hijos salir por las puertas de Mariona, porque confiaban en que la detención provisional solo iba a durar 15 días. Hasta que llegó la lluvia y luego los militares. El Ejército dispersó tanta pena a bordo de una Humvee. Todos huyeron despavoridos y el Gobierno terminó por prohibir que los familiares de las víctimas del régimen llevaran su esperanza hasta las puertas del penal.
Luego de la trifulca, Pedro continuó con sus idas a Mariona para preguntar por su hermano con la esperanza de que ahora sí le dieran información o en el mejor de los casos lo dejaran libre. Durante los siguientes meses, viajó también a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Nunca le dieron información de Rafael.
La única información que la familia López recibió de Rafael fue a través de un conocido de José Chepito que había estado en Mariona. Rafael, según ese testimonio, estaba casi aislado y golpeado. “Como si fuera cualquier animal”, recuerda que le dijo.
El 31 de mayo de 2022, Pedro llegó de nuevo al penal para dejar un paquete para Rafael. Le aseguraron que Rafael estaba ahí en Mariona, que estaba en el sector 2. Dejó su nombre, número de DUI y teléfono, y le agarraron el paquete que le había costado $110, porque hasta había logrado comprar una colchoneta para su hermano.
Antes de marcharse, Pedro preguntó por la salud de Rafael. “Está bien. Está en el sector 2”, le dijeron, y regresó con la esperanza convertida en congoja. “Me vine con aquella corazonada de que ese paquete no iba a llegar a él y sin saber de él porque yo no lo vi nunca”, se lamenta.
Cuatro días atrás a Rafael López Castellón lo habían trasladado al hospital Zacamil. Sus enfermedades cardíacas y renales se habían agravado por las condiciones del penal.
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“La desaparición forzada, las detenciones arbitrarias masivas y la muerte bajo custodia del Estado que fueron violaciones a derechos humanos sistemáticas durante el conflicto armado, ahora se están repitiendo con este carácter sistemático y generalizado durante el régimen de excepción”, señala David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, abogado defensor con más de cuatro décadas de trayectoria.
En un informe de 2005, la PDDH señaló que durante los 12 años de guerra civil, de 1980 a 1992, hubo entre 7,000 y 8,000 desapariciones forzosas. “La razones y objetivos son distintos, pero los mecanismos parecieran ser los mismos. Si antes era una amenaza: ‘es que sos comunista’ o ‘sos subversivo en contra del Estado’, ahora es que ‘sos pandillero, enemigo del estado’”, dice Héctor Bernabé Recinos, a quien durante la Guerra Civil le desaparecieron a su esposa y su hija cuando él estaba en prisión. “Nosotros estuvimos bajo un régimen militar donde al menos había jueces militares, en aquel tiempo. Hoy no hay ni jueces. O hay jueces, pero no pueden dar un dictamen”.
Victoria Barrientos, abogada de DPLF, una de las siete organizaciones que elevó la denuncia ante la CIDH y la ONU, describe los patrones de las nuevas desapariciones forzadas en El Salvador que se asemejan a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado.
El primero, es que hay relatos y testigos que aseguran haber visto cómo agentes del Estado (policías o soldados) se llevaron a los detenidos. El segundo es la falta de paradero. “No dieron cuenta del paradero de las personas detenidas y a la fecha siguen sin dar cuenta. Hay familias que desde el 2022 no tienen ni la menor idea en qué penal está su familiar”, cuestiona.
Y el tercer patrón, señala, es el de las desapariciones forzadas. Algunas “de corta duración”, un término que según la experta es aplicable a través de la jurisprudencia internacional para casos en los que luego de un periodo de desaparición, la persona reaparece con rasgos de haber sufrido violaciones a derechos humanos pese a estar bajo custodia del Estado.
O, en casos extremos, “cuando la desaparición forzada va seguida, por ejemplo, de muerte”.
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La familia de Rafael López Castellón se reencontró con él en un cementerio municipal. Su cara estaba aplanada y tenía su piel adherida furiosamente a los huesos. Pedro fue el primero de sus familiares que lo vio. Fue el 16 de septiembre de 2022, seis meses después de que un grupo de policías y soldados se lo llevaran con vida.
Pedro López pudo identificar a su hermano por una corona dental y por el tatuaje de una estrella que tenía en el brazo, el capricho que Rafael tuvo cuando era joven. No le hizo falta una prueba forense. Estaba a unos 9.4 kilómetros de distancia del penal de Mariona, enterrado en el “interior del cementerio La Bermeja, cuadro Hospital Adultos Gratis, anexo Guadalupano, fosa número doscientos cincuenta y siete nivel único”, como lo dejó plasmado el policía que estuvo presente en la exhumación. Rafael había acabado en una fosa común del Estado.
Los López Castellón nunca fueron notificados de la muerte de Rafael. Se enteraron porque Pedro mantenía la esperanza de recuperar a su hermano y estaba peregrinando de institución en institución en busca de los arraigos que la PGR le había exigido para continuar con la defensa pública.
El 8 de agosto de 2022, el defensor público de la PGR por fin le entregó el documento que le permitía solicitar la constancia de antecedentes penales de su hermano.
—No se lo puedo dar —le dijo la agente que lo atendió en la delegación de San Miguel.
—¿Por qué? —preguntó extrañado Pedro.
—Porque él lleva dos meses muerto.
Con la noticia, se fue a la delegación de San Miguel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a preguntar si en efecto su hermano estaba muerto.
—Lo sentimos mucho. Es cierto que su hermano está fallecido. Si van a hacer el traslado o lo quieren traer, den las vueltas correspondientes —le dijo la empleada de la PDDH.
Pedro se puso en contacto con una funeraria y fueron ellos los que le ayudaron a encontrar a su hermano. Lo llevaron al Instituto de Medicina Legal (IML) y pudo obtener todos los documentos. El Ministerio de Salud les cobró $67.80 por la resolución de exhumación de cadáveres.
Rafael López Castellón murió bajo custodia del Estado el 1 de junio de 2022, según la ficha que le entregaron. El 11 de agosto, tres días después de la exhumación, el IML determinó de manera preliminar que la causa de muerte fue una cardiomiopatía, una enfermedad que hace que el músculo cardíaco se vuelva más grueso, rígido o grande y que por consecuencia el corazón deje de latir de manera normal.
Pedro lo advirtió, pero los policías envalentonados siguieron las órdenes de sus superiores, y Rafael terminó muriendo porque el Estado no atendió de la mejor manera sus enfermedades.
—Hice hasta lo imposible para saber de él. Nunca me dijeron nada. Ni en la Procu ni en los Derechos Humanos ni en el penal.
La única explicación que les dieron en Medicina Legal por no haberlos notificado de la muerte fue que en algún momento uno de los eslabones del Estado le cambió los apellidos de López Castellón a Castellanos.
—Nunca nos avisaron nada de él. Ni vivo ni muerto. Prácticamente él estuvo desaparecido —concluye Pedro.
De los 540 casos de desaparición forzada que, según el grupo de ONG, han ocurrido en los últimos tres años, el de Rafael es uno de cuatro casos en el que las víctimas reaparecieron muertas. “No, él no está desaparecido, saben dónde está. (…) La familia lo exhumó, ya saben”, respondió el comisionado Andrés Guzmán cuando se le pidió una reacción por el caso de Rafael. La familia López Castellón enterró a Rafael el 17 de septiembre de 2022 en un cementerio cercano a Jucuapa, sin tiempo para apartar un gran espacio o contratar a un albañil para construir una lápida personalizada, como la de su madre, a unos 15 metros de distancia. La de Rafael solo tiene una cruz blanca sembrada sobre un círculo de cemento. Al menos ahora, sobre su tumba también yace su nombre.
*Con reportes de Rodrigo Baires
