La administración Trump ha enviado al gobierno Bukele a uno de los cabecillas históricos de la MS-13 que tenía bajo su custodia desde junio pasado y que es clave en las acusaciones en las que se vinculan pactos con los gobiernos de Arena, FMLN y de Bukele. Junto a César Humberto López Larios alias ‘Greñas de Stoners’, también llegaron otros 22 pandilleros de la MS-13 y 238 presuntos miembros del Tren de Aragua de Venezuela. El Salvador es ya el país carcelero de los reos que EUA no quiere.
En la madrugada del domingo 16 de marzo, César Humberto López Larios, alias ‘Greñas de Stoners’, uno de los 14 cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha 13, otrora reclamados por Estados Unidos, fue deportado a El Salvador y ahora está bajo custodia del gobierno de Nayib Bukele, el mismo con el que esa estructura criminal pactó una reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios entre 2019 y 2022.
En un video dado a conocer por las redes sociales oficialistas y por el propio Bukele, López Larios baja de un avión custodiado y esposado y luego es trasladado hacia el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), ubicado en Tecoluca, San Vicente, en la zona paracentral del país.
—¡¿Su nombre?!-grita un custodio en otra de las tomas.
—César Humberto López Larios-, se alcanza a escuchar a un reo hincado y sometido en un pasillo del Cecot, antes de ser rasurado frente a las cámaras.
El traslado de López Larios ocurrió junto al envío de otros 22 pandilleros de la MS-13 y 238 reos acusados de pertenecer a la organización Tren de Aragua, originaria de Venezuela y considerada por la administración Trump (junto a la MS-13 y carteles de la droga) como una organización terrorista internacional.
A cambio de la recepción de estos reos, según el mismo Bukele, Estados Unidos pagará una tarifa anual “muy baja para ellos, pero una tarifa alta por nosotros”. Según la agencia de noticias AP, el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y El Salvador supone la entrega de $6 millones anuales para que el país sirva de carcelero de los reos que la administración Trump no quiere en su territorio.
“Hemos enviado a dos peligrosos líderes de la MS-13 y a 21 de sus más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió @POTUS (Trump), enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”, informó en su cuenta oficial en X el secretario de Estado Marco Rubio.
“El presidente Nayib Bukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de EE. UU. ¡Gracias!”, añadió.
El envío de este cabecilla de la MS-13 y la coincidencia con la aceptación de convertir a El Salvador en una cárcel de Estados Unidos sugiere, además, un toma y daca en el que Bukele ha ganado por partida doble. Por un lado, asegurándose ser un “socio” confiable en los planes de la administración Trump y de millones de dólares para el sistema penitenciario.
Por el otro, desarmar las peticiones de extradición emanadas desde Estados Unidos contra los cabecillas de pandillas. A inicios de febrero pasado, tras la visita de Marco Rubio a El Salvador, Milena Mayorga, la embajadora salvadoreña en Washington, aseguró en el programa Diálogo 21 que “el presidente (Bukele) le dijo (a Rubio) y fue muy tajante: ‘quiero que me mande las cabecillas de pandilleros que están en Estados Unidos’”, a cambio de recibir en el país prisioneros que Estados Unidos no quiere en su territorio.
De acusados que podrían vincular al gobierno Bukele a reos de Bukele
El mensaje de Marco Rubio sobre el destino final de los reos de la MS-13 entregados a El Salvador supone, a falta de un giro en el Departamento de Justicia (DOJ), un parteaguas en las intenciones de Estados Unidos para desmantelar a la cúpula de la MS-13 en su propio territorio.
Por ello la devolución a El Salvador de ‘Greñas de Stoners’ es sorpresivo. No solo porque Estados Unidos pareciera estar renunciando a una batalla diplomática en la que pedía vía extradición a todos los miembros de la estructura para enjuiciarlos en su propio territorio, sino además porque López Larios es clave en una acusación que podría ayudar a determinar cuán profundos fueron los nexos de esta pandilla con los gobiernos de Arena, el FMLN y el primer gobierno de Bukele.
López Larios sería apenas el primero de un grupo de reos que serían enviados al país, en una operación que no ha culminado y que involucra a varias agencias de Estados Unidos, según un comunicado del mismo DOJ.
«El gobierno entiende que la operación involucra no solo al DOJ, sino también a múltiples componentes del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias…”, se lee en un comunicado dado a conocer por el Departamento de Justicia. “(…) La operación está en curso e incompleta», añade el documento.
Ahora mismo, en Estados Unidos están en juego el futuro de dos sendas acusaciones contra una treintena de líderes pandilleros, entre las que se perfilaban negociaciones de las pandillas con los gobiernos y líderes políticos salvadoreños.
En enero de 2021, a seis días para que finalizara el primer mandato de Donald Trump, la fiscalía estadounidense dio a conocer una acusación histórica contra los 14 ranfleros históricos de la Mara Salvatrucha, entre ellos López Larios. Fueron acusados de operaciones ligados al terrorismo, narcoterrorismo entre otros delitos. En esa, la primera de las dos acusaciones contra la estructura de la MS-13, las autoridades estadounidenses vinculaban a la organización en pactos con los gobiernos y figuras políticas de los partidos Arena y FMLN.
La MS-13 pactó con los dos gobiernos del FMLN entre 2012 y al menos hasta 2014, según investigaciones periodísticas de El Faro. Para las elecciones presidenciales de 2014, también negoció beneficios a cambio de votos con el candidato presidencial del partido Arena, Norman Quijano, según investigaciones de la Fiscalía salvadoreña e investigaciones periodísticas.
Más tarde, otra investigación de El Faro reveló que las pandillas también negociaron con Bukele la reducción de homicidios e incluso votos para las presidenciales de 2019. Un año después, López Larios desapareció del radar de las autoridades salvadoreñas al menos desde octubre de 2020, cuando una cámara especializada de lo penal ordenó el “cese” de su prisión preventiva. En ese momento, estaba recluido en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, pero fue liberado tras la decisión de la cámara debido a que su proceso judicial se había alargado y excedió los tres años que para entonces se permitían como prisión preventiva. En El Salvador era acusado de 12 delitos, entre ellos siete por conspiración de homicidio agravado y dos por homicidio agravado.
En Estados Unidos, López Larios era acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de cuatro cargos de conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trasciendan las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorista. De continuar su proceso y encontrarse culpable, podría recibir hasta cadena perpetua.
Entre 2021 y 2024, Estados Unidos se enfrascó en una batalla legal con El Salvador para hacer valer el tratado de extradición y el envío de los cabecillas bajo custodia salvadoreña, pero el gobierno de Bukele y su fiscal general -impuesto tras el golpe a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de mayo de 2021- se opusieron de manera tajante. En un hecho sin precedentes, el gobierno incluso permitió la salida irregular de uno de los cabecillas bajo su custodia, Élmer Canales, alias Crook, en noviembre de 2021.
Para esas fechas, El Faro reveló que López Larios ya estaba en México, hasta que en junio de 2024 habría sido capturado en el municipio de Arriaga y, posteriormente, arrestado por elementos del Buró de Investigaciones (FBI) y por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) en Houston, Texas.
Un destino similar le ocurrió a Crook, que tras su liberación del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca también se refugió en México, hasta que fue detenido en noviembre de 2023. Posteriormente fue capturado por las autoridades estadounidenses y ahora es uno de dos cabecillas de la MS-13 que quedan bajo custodia de Estados Unidos.
Pero las autoridades estadounidenses también tienen bajo su custodia a otros cinco líderes de la estructura (segundos mandos de la pandilla a nivel nacional), acusados en un segundo proceso por actos de terrorismo, en un caso en el que también se acusa a líderes pandilleriles de pactos con el gobierno y funcionarios de Nayib Bukele para reducir homicidios a cambio de beneficios carcelarios.
Entre estos beneficios detectados por las autoridades estadounidenses se encuentran la autorización de salidas del penal de máxima seguridad hacia falsas consultas médicas en hospitales públicos y privados. Redacción Regional reveló en 2023 que estas salidas fueron 749 y ocurrieron desde el inicio del gobierno Bukele, en julio de 2019, y se extendieron hasta marzo de 2022.
En una de estas salidas, de un mes de duración, el gobierno permitió que Diablito, considerado el máximo líder de la MS-13, fuera recluido durante un mes en un asilo de ancianos con acceso a visitas, cable, llamadas e internet.
Estas salidas hacia “consultas médicas” finalizaron el 26 de marzo de 2022, día en que se ideó y comenzó a ejecutar el régimen de excepción (aunque oficialmente fue aprobado por la Asamblea legislativa el domingo 27, luego de un fin de semana que registró más de 80 asesinatos).
Tras el régimen, que ya alcanzó los tres años, Bukele ordenó la construcción del megapenal del Cecot, en el que ahora está López Larios y los presuntos miembros del Tren de Aragua, cuando en ese penal presuntamente deberían estar recluidos los pandilleros detenidos durante el régimen. La realidad, sin embargo, es que en ese recinto están recluidos reos ligados a pandillas que cuentan con tres tiempos de comida e incluso rutinas de ejercicios, según la propaganda oficial y medios internacionales que han logrado autorización para ingresar al recinto.
Mientras, en los otros centros penitenciarios, sin acceso a prensa ni cámaras, existe una sobrepoblación carcelaria sin precedentes y organizaciones de derechos humanos denuncian la muerte de 370 personas bajo custodia del Estado, violaciones, torturas y tratos inhumanos contra las decenas de miles de capturados en el régimen.
