En su primer mes en la Casa Blanca, lo que Trump ha demostrado es una política contra los derechos humanos de los migrantes y las poblaciones vulnerables, además de una amenaza contra la separación de poderes en Estados Unidos. Mientras, en Centroamérica, aún está por verse cuán aliado y confiable será Bukele, que ahora hasta ofrece ser el carcelero de la potencia norteamericana.
Por Carmen Rodríguez
Trump ha regresado más autoritario. Sus aliados, asesores y colaboradores aprendieron muy bien de los errores de la primera administración y parecen estar convencidos de no dar marcha atrás a las reformas estructurales que planearon y que nos dieron a conocer en el famoso “Project 2025”: La Agenda Conservadora para la Próxima Presidencia Republicana, propuesta que circuló durante la campaña presidencial y de la que el mismo presidente se había desmarcado, pero que ahora aplica con vehemencia a través de decretos ejecutivos.
Este plan sienta las bases de un nuevo sistema conservador que prioriza la protección y el beneficio de un grupo reducido, que elimina avances en materia de derechos humanos, de mujeres y de igualdad que Estados Unidos había alcanzado.
No ha pasado ni un mes de esta segunda administración y las más de 200 órdenes ejecutivas firmadas por Trump ya acentuaron y afloraron la división social, el racismo y el odio antiinmigrantes. Esta antesala nos dicta que al final de la era Trump 2.0, en realidad su plan no busca restaurar a los Estados Unidos, sino convertir al país en otra cosa, en una apuesta que suena más a un llamado: will Make America Ghastly Again (MAGA).
Ghastly es adjetivo que tiene sus raíces en el inglés antiguo y medio, para referirse a algo terrorífico, lleno de pavor, un sentido general de horror ante la posibilidad de que algo desagradable suceda. Y justo todo esto es lo que se respira en este ambiente MAGA.
Las principales víctimas de ese pavor y miedo son los migrantes indocumentados; perseguidos en las calles y en las puertas de sus casas, que viven ahora con temor a ser detenidos en cualquier lugar o a que llegue ‘la migra’ al trabajo y se lleve a todos los que no tienen papeles, pero también a los que tienen un estatus migratorio. Ese miedo se materializa en los agentes de ICE que merodean las escuelas o los restaurantes, buscando a los estudiantes y padres indocumentados.
En las primeras tres semanas, MAGA la Casa Blanca y las agencias del Departamento de Seguridad (DHS) reportan la detención de entre 1,200 y 1,500 inmigrantes por día en diferentes estados del país. Según la vocera presidencial, los deportados son cientos de “inmigrantes ilegales, criminales, terroristas y miembros del Tren de Aragua”, pero las organizaciones de inmigrantes contradicen esta información y aseguran que entre los miles de deportados (solo México ha señalado haber recibido ya a más de 11 mil) hay hasta ciudadanos estadounidenses.
Trump tiene que cumplirle a sus electores la promesa de expulsar y deportar inmigrantes, tiene que demostrarles que efectivamente es el presidente que más inmigrantes ha deportado, que limpiará las calles de esos inmigrantes que, según él, amenazan la estabilidad de Estados Unidos. Pero, sobre todo, tiene que demostrar que es un presidente estricto, de palabra y con mano dura. Y mientras esto pasa, no importan los daños colaterales, el enemigo del momento son los inmigrantes para esta región.
Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la administración Trump se ha propuesto perseguir y deportar en sus primeros 100 días a poco más de 1.4 millones de inmigrantes indocumentados de origen latino que tienen órdenes de deportación activa o récord criminal. En este grupo se encuentran 203,822 salvadoreños; 252,044 mexicanos; 251,661 hondureños y 253,413 guatemaltecos. El resto, son individuos de otras nacionalidades.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos, de inmigrantes y los sindicatos han advertido las violaciones a los derechos humanos y han intentado hacer ver que esta medida le costará muy caro al país, no solo porque cada vuelo que sale de Estados Unidos -con entre 200 y 250 repatriados- tiene un costo de alrededor de $250,000, sino porque la inmensa mayoría de los deportados son trabajadores que aportan a la economía estadounidense. A Trump y a su gobierno, esos costos no les importan.
¿Aliados en Centroamérica?
No solo los indocumentados están en la mira MAGA, también lo está otro grupo de cerca de 250,000 salvadoreños que aún poseen el Estatus de Protección Temporal, el programa conocido como TPS. Este grupo, beneficiado al cierre de la gestión Biden con una extensión del programa hasta 2026, ahora cae de nuevo en el limbo de los caprichos de Trump, que ya revirtió ese beneficio a cientos de miles de refugiados venezolanos que habían sido beneficiados junto a los salvadoreños por la administración saliente.
Para los salvadoreños, pero también para el resto de los centroamericanos, el panorama es desolador. Trump ya ha planteado que busca reformar el programa para limitar sus extensiones y las condiciones para ser otorgado.
Los asesores cercanos al presidente han dejado claro lo que piensan de programas como el TPS y en especial de la última fecha para los salvadoreños, a la que calificaron como “una estafa al pueblo estadounidense”.
Dicho esto, está claro que el TPS no depende de la asistencia de la embajadora de El Salvador, Milena Mayorga, a las fiestas del segundo gobierno de Trump o de las fotos que se tome en Mar al Lago, ni tampoco de sus acercamientos y ofrecimientos de su ‘amigo’, ausente en la toma de posesión, Nayib Bukele.
Las primeras órdenes ejecutivas mandan a que se haga una revisión del TPS y las reformas necesarias para evitar que este beneficio sea extendido una y otra vez. Aunque la decisión de la continuidad o la terminación del TPS está en manos de la Corte, debido a una demanda en contra de la cancelación ordenada por Trump en 2017, y que fue impulsada por dos hijos de tepesianos salvadoreños, una vez se realicen estas reformas el TPS no será el mismo. Y habrá que ver si esta administración también espera y respeta los fallos judiciales.
Más reciente, tanto Trump como su vicepresidente y el todopoderoso Elon Musk, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), han lanzado una campaña contra el órgano judicial al señalar que los jueces no tienen por qué fallar en contra de las decisiones del Ejecutivo. Y también han sugerido que no se deben acatar esas decisiones, en alusión a los frenos que jueces han ordenado contra algunas de las órdenes ejecutivas de Trump.
Este nuevo camino autoritario de Trump se parece al que ya demostraron en el continente Hugo Chávez en Venezuela, Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Bukele en El Salvador. Este último, en alusión a este tema, dijo en redes sociales que, para evitar a esos jueces, terminó destituyéndolos. “Bravo”, le contestó el magnate Musk.
Las declaraciones de los máximos exponentes del poder en Estados Unidos ahora abren las puertas a una crisis constitucional en ese país y son un claro desafío contra el principio de separación de poderes que ha reinado en esa parte de Norteamérica desde hace más de dos siglos.
Y mientras los ‘enemigos’ de la administración Trump cuestionan este cambio de rumbo y cómo esto afecta al planeta entero en materia de derechos humanos, defensa del medioambiente y la paz mundial, en la región las cartas parecen estar ya echadas. En El Salvador, Bukele ya hizo un giro radical hacia Estados Unidos. Aquel que dijo que su país no sería el patio trasero de Estados Unidos, ahora se muestra servil y complaciente con el gobierno Trump.
Bukele ofreció, una vez más, recibir a los inmigrantes expulsados de Estados Unidos. Pero esta vez se superó a sí mismo al proponer recibir no solo a los criminales expulsados, sino también a los convictos estadounidenses.
La historia de la supuesta amistad entre los Estados Unidos de Trump y El Salvador del presidente inconstitucional, no se convertirá en la mejor de la historia política reciente. Sobre todo, cuando los verdaderos intereses de Trump están en otro lado: Los grandes amigos de Trump, los predilectos, son los verdaderos hombres de negocios, los multimillonarios tech que invirtieron millones de dólares para que regresara a la presidencia.
Trump es un hombre de negocios. Y en Estados Unidos, se sabe, no olvida cuando le juegan mal. Por eso, durante su campaña, recordó que fue gracias a Bukele que pandilleros liberados de las cárceles salvadoreñas, o que huyen del régimen de excepción, llegaron hasta gringolandia. Y los funcionarios de Trump tampoco olvidan que, durante su primera administración, Bukele abrió relaciones y negocios con China, unos días después de haberles prometido, aquí en Washington, que no buscaría ningún acercamiento con esa otra potencia.
Más allá de la propaganda y del atardecer en Coatepeque, en compañía del secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente inconstitucional salvadoreño tiene casi nada para ofrecerle a la nueva élite de la política estadounidense.
En cambio, tendría mucho que decir para intentar frenar la cacería humana que Trump realiza contra las personas migrantes en Estados Unidos, pero no lo hará. No lo hizo en el pasado y no lo hará ahora.
Las expectativas de la nueva relación Estados Unidos – El Salvador están ahora bastante elevadas, pero Trump ni siquiera ha reaccionado personalmente, ni tampoco agradecido, el gesto histórico de su ‘amigo’ para recibir, cual carcelero, a los deportados y a los criminales del norte.
*Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.
