El oficialismo en El Salvador ya tiene carta blanca para crear una Constitución a la medida de Nayib Bukele. 57 diputados ratificaron una reforma al artículo 248, el artículo que blindaba reformas exprés a la carta magna en una misma legislatura. Diputadas de oposición señalan la inconstitucionalidad de la medida y advierten más concentración de poder. “Hay que tener claro que es un paso más para darle forma a la dictadura del Bukelato”, señala un experto constitucionalista.
Daniel Valencia
El golpe de gracia para la Constitución de El Salvador se concretó en 37 minutos y 46 segundos, lo que duran algunas caricaturas, al mediodía de este 29 de enero. La Asamblea Legislativa dominada por diputados oficialistas ratificó una reforma constitucional al artículo que impedía cambios exprés, en un mismo periodo legislativo, a la carta magna salvadoreña, abriendo con ello las puertas para que puedan reformarse todos los artículos que el régimen de Bukele decida. De fondo, desde mayo de 2021 no existe ningún contrapeso en el Estado que pueda frenar esta avanzada que riñe con la misma Constitución y con la formación de leyes y reformas al cuerpo constitucional.
La ratificación de una reforma al artículo 248, que desde 1983 mandaba que cualquier reforma constitucional solo podía hacerse a través de la aprobación de dos legislaturas, se aprobó Con 57 votos a favor y solo tres en contra. En el papel, el golpe de muerte a la Constitución -vigente desde hace 42 años- quedó escrito en el inciso segundo de este artículo reformado.
A partir de la entrada en vigor de la medida, ocho días después de que se publique en el Diario Oficial, las reformas constitucionales ya no necesitarán dos periodos legislativos, ya que podrán ser aprobadas en una legislatura y ratificadas “por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. Así ratificada se emitirá el decreto correspondiente el cual se mandará al diario oficial”, dice la reforma aprobada.
Otro objetivo del régimen se ha cumplido
El intento de reformas constitucionales en el régimen de Bukele no es nuevo. En su primer mandato, el legítimo, el oficialismo pasó callar o negar sus intenciones por buscar una reforma Constitucional a promover una serie de consultas de reformas protagonizadas por el vicepresidente Félix Ulloa. Las consultas, que arrojaron una propuesta de nueva Constitución, fueron cuestionadas por la oposición y organizaciones de la sociedad civil, ya que se hicieron en su mayoría con sectores allegados al oficialismo y al vicepresidente. Ese proceso, sin embargo, acabó desligado del plan real del propio Bukele, que se concretó desde su partido el 29 de abril pasado, al cierre de la legislatura 2021-2024.
Ese día, en la víspera del ingreso de la nueva legislatura, los diputados aprobaron la reforma al artículo 248, ya claros que tendrían el control absoluto en la legislatura entrante para ratificarlo. De hecho, Nuevas Ideas y Bukele solo promovieron esta reforma luego de haberse asegurado un triunfo arrollador en las elecciones generales de 2024, gracias en gran medida a una serie de reformas electorales que golpearon a los partidos de oposición y garantizaron la concentración de votos a favor del oficialismo, según expertos.
El gobierno Bukele, además, bloqueó el acceso a la deuda política (fondos públicos autorizados desde la Constitución para ser entregados a los partidos políticos que compiten en las elecciones) para la oposición.
Ahora, nueve meses después del control absoluto en el legislativo, han buscado la ratificación de la reforma al artículo 248 con la excusa de eliminar de la constitución el artículo 210, que ordena la entrega de esa deuda política.
“El pueblo ha hablado, el pueblo nos ha dicho: diputados, queremos que eliminen la deuda política y nosotros somos representantes del pueblo y nos debemos al pueblo salvadoreño”, dijo en el plenario el diputado oficialista Caleb Navarro, segundos después de describir que habían puesto atención a un tuit del presidente Bukele en el que era este quien exigía la eliminación de la deuda política.
Según la diputada de oposición Cesia Rivas de Vamos, la incongruencia es total y solo ejemplifica el verdadero interés del gobierno de Bukele.
“En 2024, Nuevas Ideas recibió 27 millones de dólares. ¿Les han rendido cuentas, les han dicho en qué la gastaron? ¡Qué bonita excusa para manosear la Constitución! Una excusa querían… Y vaya que lo hicieron muy bien. Decimos no a esto, y lo dejamos claro porque es una excusa nada más para hacer de la Constitución una ley cualquiera, para centralizar el poder”, cuestionó.
Para Rivas, los verdaderos reclamos del pueblo salvadoreño están en otro lado, en la exigencia al gobierno de Bukele para que desista de su nueva apuesta a favor de la minería metálica. “El pueblo dice no a la minería, sí al derecho humano al agua, ¿de eso no han hablado para incluirlo y ratificarlo en la Constitución?”, dijo.
Según Marcela Villatoro, diputada de oposición (Arena), la aprobación de esta reforma al 248 no solo atenta contra al Constitución sino contra el debido proceso. En la corta discusión que precedió a la aprobación, ella citó un fallo de la Sala de lo Constitucional que describe hasta siete procesos para la formación de una reforma constitucional. En este caso, denunció, ninguno se cumplió.
“En nuestra historia, las constituciones que hemos tenido, señores, han sido creadas a través de Asambleas constituyentes, no por arbitrios no por gana y no porque se me saca de la manga querer cambiar la constitución hoy”, cuestionó.
“Ustedes no tienen derecho a denominarse constituyentes porque no lo son, la gente no los eligió para poder cambiar y tocar la Constitución de la noche a la mañana”, agregó.
“Dejamos de tener Constitución”
Enrique Anaya es un abogado constitucionalista de referencia en El Salvador y una de las voces más críticas contra el gobierno de Bukele desde la gestión 2019-2024; y lo sigue siendo ahora en su segundo gobierno, uno de facto, ya que la Constitución prohibía su candidatura y, por ende, su reelección, hasta en seis artículos. Él es contundente al señalar lo que ha ocurrido en El Salvador: “Lo más grave de fondo es que dejamos de tener constitución”, dice.
Para Anaya, una característica de las constituciones es procurar su estabilidad y, por ello, sus mecanismos de reforma siempre son más difíciles que los requeridos para la aprobación de leyes ordinarias.
En otros países, plantea, se necesita la intervención de varios cuerpos políticos, entre estados federales, congresos o cámaras para su ratificación o la intervención de una Asamblea constituyente.
“En nuestro país había sido muy complejo porque se necesitaba de la creación de una Asamblea constituyente, y fue esa última Asamblea constituyente la que permitió, en 1983, que se pueda modificar la Constitución, pero con la intervención de dos legislaturas”, explica.
“Lo que ha ocurrido ahora, en donde una misma legislatura puede acordar la reforma y ratificarla, convierte a la Constitución, en la práctica, en cualquier ley ordinaria. Una misma legislatura, en una misma Asamblea, en una mañana… Van a acordar la reforma a las 9 de la mañana, un break, y la ratifican a las 10”, cuestiona.
Para Anaya, formalmente la Constitución salvadoreña ha dejado de ser “una norma jurídica que uno pueda calificar como Constitución. Y hay que tener claro que es un paso más para darle forma a la dictadura del Bukelato”, señala.
