En los últimos años, Trump y Milei han sido inspiración para que muchos políticos en Latinoamérica impulsen agendas que ignoran a las poblaciones LGBTI+ y fomenten la discriminación. Sin embargo, no son la única razón de la expansión de esta tendencia en países como México y el norte de Centroamérica en donde las organizaciones antiderechos han fortalecido sus alianzas políticas y están provocando retrocesos en materia de derechos humanos.
Por Geo González
Estados Unidos y Argentina son quizá los mayores ejemplos de cómo los derechos humanos ganados por las luchas de los activismos de las personas LGBTI+ sufren retrocesos por la implementación de políticas y retóricas antiderechos que están impactando la vida de estas poblaciones. En México y el norte de Centroamérica, sin embargo, encontramos una región donde la discriminación por orientación sexual e identidad de género son mortales, hogar de fundamentalismos que ven en la existencia de estas poblaciones una amenaza.
La primera vez que presencié una marcha antiderechos fue el 11 de septiembre de 2016. Sucedió en la Ciudad de México cuando el Frente Nacional por la Familia, una de las organizaciones ultraconservadoras más visibles del país, realizó marchas en distintas ciudades. Lo que había convocado a estas personas era una iniciativa presidencial para garantizar el derecho al matrimonio igualitario. Personas vestidas de blanco repetían “Con los niños no”, “Mamá y papá, la familia de verdad”. Esa fue la primera vez que escuché “No a la ideología de género”, un invento que no es inocente y que diez años después sigue siendo parte de las formas en que los grupos que se oponen a la garantía de derechos tienen para comunicar su retórica antiderechos.
Primero que nada hay que decir que es falso que el género sea una ideología. La expresión empezó a ser usada en 1995 y su uso se popularizó en 2016, luego de que el papa Francisco y grupos antiderechos y políticos de ultraderecha la usaran para desinformar y oponerse a derechos humanos como el aborto, el matrimonio igualitario, la educación sexual integral (ESI), la salud de afirmación de género, la perspectiva de género y al lenguaje incluyente.
Hoy, casi diez años después, esas narrativas no es que hayan cambiado, pero sí se fortalecieron financieramente, ganaron terreno en el mundo y en los gobiernos, sus formas de operar se complejizan y sus alianzas en política están provocando retrocesos en materia de derechos humanos.
Con las elecciones presidenciales en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, se ha hablado mucho del Proyecto 2025, un plan de políticas de ultraderecha elaborado y redactado por exfuncionarios de la administración de Trump en alianza con The Heritage Foundation, una agrupación conservadora que se opone al aborto, la equidad racial y los derechos de las personas LGBTI+ y migrantes. Pero también vale la pena leer con ojos críticos la Agenda 47, propuestas de campaña elaboradas por Trump que, en caso de ganar la presidencia, podrían ejecutarse mediante decretos del poder Ejecutivo y otras requerir acciones del Congreso.
Su línea también es antiderechos y algunos de los impactos directos hacia las poblaciones LGBTI+ son a nivel educativo, con las que se busca prohibir que se promueva teoría crítica de la raza y la perspectiva de género; que no se garantice el derecho a la salud de afirmación de género, ni que se permita competir a personas trans en deportes de acuerdo a su identidad de género.
Propuestas como estas no son únicas de Trump. La influencia de grupos antiderechos y el poder que tienen en el Partido Republicano a nivel local ha provocado que de 2015 a la fecha se presenten cantidades récord de proyectos de ley que buscan vulnerar los derechos de las personas LGBTI+, de manera particular contra infancias y adolescencias trans y las personas que las acompañan, como sus familias, docentes y personal de salud.
En 2023 la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una red de personas defensoras de derechos civiles, registró un total de 510 propuestas de ley anti-LGBT presentadas a nivel local en la mitad del territorio. En lo que va de 2024, se han presentado 530 de estas propuestas de ley. De ese total, hay 108 que avanzaron y 44 ya son ley. Tan solo durante la administración Trump, ACLU presentó más de 246 demandas contra este tipo de leyes.
El contrapeso a lo que la administración Trump trajo desde 2016 con esta ola de leyes anti-LGBTI+ ha sido el gobierno de Biden-Harris, que no solo ha demandado a algunos estados a bloquear leyes anti-trans y anti-LGBTI+ aprobadas, también ha pedido a la Suprema Corte que levante las prohibiciones al derecho a la salud y atención médica de afirmación de género para les adolescentes trans.
Con el Proyecto 2025 y la Agenda 47, una segunda administración de Trump sería más agresiva y regresiva sobre los derechos humanos de las personas LGBTI+ y las mujeres.
Ambos proyectos pueden ser un modelo que intenten replicar gobiernos, políticos y grupos antiderechos de nuestra región que coquetean desde hace rato con el Trumpismo y organizaciones antiderechos a nivel mundial. Aunque es importante no perder de vista que, con o sin la influencia de Trump y su agenda antiderechos, los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se han negado a garantizar derechos humanos integrales a personas LGBTI+ y las mujeres.
No podemos negar la influencia de Trump y su influencia y casi inspiración para algunos políticos como Bukele y Milei, pero no obviemos que en nuestra región sistemáticamente se han vulnerado y obstaculizado el reconocimiento de derechos humanos de estas poblaciones.
Es importante tener en cuenta que antes de Trump nuestra región ya tenía leyes y propuestas que vulneran los derechos humanos de las personas LGBTI+. México y Centroamérica son territorios en donde las personas de la diversidad sexual viven altos índices de discriminación en todos los ámbitos de su vida. Y en donde más se registran crímenes de odio a nivel global, en donde las principales víctimas son mujeres trans en situación de vulnerabilidad, la mayoría ejerciendo el trabajo sexual.
Por número de casos México se ubica en el segundo país del mundo con más transfeminicidios, de acuerdo al observatorio de crímenes de odio Trans Europe. Pero en relación al número de habitantes, son Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala los países en donde a nivel global más se cometen crímenes por prejuicio hacia mujeres trans.
En México se han logrado avances considerables en la protección de los derechos LGBTI+ desde leyes que prohíben la discriminación hasta el reconocimiento de identidad de género de infancias trans en algunos estados. Sin embargo, ha habido fuerzas políticas antiderechos y partidos políticos de ultraderecha, como el PAN y PRI, que se inspiran en sus pares de España y Estados Unidos para importar ideas para hacer reformas de ley anti-LGBT, casi siempre usando como estrategia la desinformación y creación de bulos y pánicos morales.
Y aunque, por ahora, ese tipo de propuestas de ley no han prosperado, no podemos ser indiferentes. De acuerdo a Global Project Against Hate and Extremism, en el país operan 12 de estos grupos. Y aunque por ahora no les veamos como una “fuerza política” o una amenaza real, no podemos pensar ingenuamente que una ola antiderechos de las personas LGBT+ no se pueda estar cocinando desde ahora con miras a las siguientes elecciones de 2030.
En Guatemala, El Salvador y Honduras la situación es mucho menos favorable. En estos países no se garantiza si quiera el derecho a la no discriminación, y los actos de violencia y discriminación contra personas LGBTI+ son frecuentes y no reciben la atención adecuada por parte de las autoridades.
El contexto social conservador, la influencia de grupos religiosos y antiderechos en los espacios de toma de decisiones en estos países ha contribuido a la vulneración y a la no garantía de derechos humanos. Además, cuando parece que las cosas avanzan, el veto de leyes o propuestas legislativas antiderechos se vuelve común, principalmente aquellas en relación a la educación, reconocimiento de identidad de género de personas trans (incluídas infancias) y matrimonio igualitario.
Ante la ausencia de garantía de derechos en la región, son las organizaciones de sociedad civil quienes se han encargado de visibilizar la situación, la vulneración de derechos y de sostenerse en comunidad. Por lo que una segunda administración de Trump podría amenazar los recursos y financiamientos que las organizaciones civiles reciben, sobre todo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En el Proyecto 2025 hay un capítulo que tiene recomendaciones específicas para eliminar toda referencia a los términos género, igualdad de género, diversidad de género, aborto, salud reproductiva y derechos sexuales y reproductivos de los proyectos de USAID. Así, los activismos que logran obtener financiamiento para sostener el trabajo que le toca al Estado podría verse amenazado.
Las retóricas y políticas antiderechos avanzan también desde el sur. No obviemos lo que el gobierno de Javier Milei está haciendo en Argentina con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); el despido de más de 80 personas travesi-trans que laboraban en la administración pública y que implica un retroceso a una de las leyes más progresistas en la region, el cupo laboral trans, que busca saldar una deuda histórica para garantizar el trabajo a esta población; y la censura en los medios. Todo esto en menos de un año de gobierno.
Milei también se hizo famoso incitando al odio en medios de comunicación y redes sociales. Todo eso no fue inocente. Milei y su forma de hacer campaña a lo Trump trajo consigo hechos de violencia simbólica y directa contra personas LGBTI+, antes y después de su triunfo como presidente.
Trump y Milei son inspiración para las personas y grupos antiderechos en México, El Salvador, Guatemala y Honduras porque les permite salirse con la suya mientras se aseguran su popularidad metiendo miedo con lo menos peligroso de todo, el respeto a los derechos humanos. Podrá parecer que afectan solo a una minoría, pero lo cierto es que el discurso de odio nos limita a todes.
Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.
