La presidencia de Bernardo Arévalo en Guatemala enfrenta el reto de pasar de administrar un sistema político viciado a transformarlo. En el camino, sin embargo, ha completado la primera mitad de su primer año de gobierno sin tener resultados claros y con el cerco de un Ministerio Público que busca erosionar su legitimidad.
Por Bill Barreto
Crédito: Ilustración: Donají Marcial
“¡Fuera Consuelo, fuera Consuelo!”, gritaba una comitiva gubernamental encabezada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, el pasado 6 de mayo mientras se dirigía a pie desde el Palacio Nacional hacia el Congreso para presentar una iniciativa de ley que permitiría la remoción de Consuelo Porras como fiscal general de la República.
Al día siguiente, los 23 congresistas de Semilla, el partido de Arévalo, entraron al hemiciclo al grito de “¡107 votos!, ¡107 votos!”, el número de diputados para aprobar de urgencia nacional la reforma de la Ley del Ministerio Público. Pero la sesión se cerró con 107 ausentes. Los llamados del jefe del bloque de Semilla, el diputado Samuel Pérez, de “ponerse del lado correcto de la historia” resonaron entre los curules vacíos.
En aquel entonces el gobierno de Arévalo, que había llegado al poder con la promesa de acabar con la corrupción sistemática que sufre el país durante los últimos años, ya había cumplido la simbólica cifra de los 100 días. Esa misma semana la influyente organización comunitaria 48 Cantones señalaba en un comunicado que “la primavera aún no florece”. Según fuentes de Semilla, el mandatario estaba recibiendo críticas internas por su tibieza ante Consuelo Porras.
La fiscal general, electa por el expresidente Jimmy Morales y renovada en el cargo por su sucesor, Alejandro Giammattei, encarna para muchos guatemaltecos el llamado Pacto de Corruptos. El término nació como un hashtag en redes sociales contra el cierre Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); continuó con las protestas de septiembre de 2017 contra la reforma aprobada por el Congreso para modificar el Código Penal para que las condenas que no superen los diez años de prisión fueran conmutables; y ha acabado por designar una alianza nebulosa de políticos, empresarios, operadores de justicia e integrantes de grupos criminales que forman una especie de estado paralelo en Guatemala.
Durante la administración de Porras se han cerrado varios casos de corrupción contra altos cargos investigados, entre ellos una investigación por la trama de Odebrecht protagonizada por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y dos investigaciones sobre el candidato presidencial Manuel Baldizón, también incluido en el expediente de la empresa brasileña. El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala Juan Francisco Sandoval, destituido del cargo, tiene una orden de captura vigente por acciones al frente de la fiscalía. Sandoval, que cuenta con asilo político en Estados Unidos desde septiembre de 2023, fue responsable de investigaciones sobre corrupción en contra de los expresidentes Alfonso Portillo, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. Al salir al exilio en 2021, aseguró que su remoción del MP se produjo cuando comenzó a investigar al expresidente Alejandro Giammattei, el presidente que ratificó a Porras como fiscal general.
El día anterior a la presentación de la iniciativa en el Congreso para remover a Porras, el presidente Arévalo había dicho en cadena nacional que “una minoría corrupta” seguía controlando la política del país. “El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, dijo el mandatario en la antesala al hemiciclo. Pero la derrota de aquel 7 de mayo en el Congreso, según fuentes gubernamentales, estaba anunciada.
Los propios diputados que buscaron apoyo de otros bloques reconocen no haber tenido contacto con el partido Vamos, del expresidente Giammattei, la principal fuerza con 39 diputados, y los opositores Valor y Unionista, que suman 12 curules. Sin contacto con 51 de 160 diputados para que la iniciativa pudiera salir adelante debieron contar con 107 de 109 votos disponibles. Además, dos diputados fuera del oficialismo reconocieron, bajo reserva de su identidad, haber recibido presiones que identifican como provenientes de la fiscalía desde ese intento de Semilla de tumbar a Porras.
“El negocio de un familiar, con el que tengo algunas relaciones comerciales, fue allanado. Sé que me querían presionar, le hablé a uno de sus contactos acá (en el Congreso), para decirle que no me iba a dejar intimidar”, dijo uno de los congresistas.
El otro diputado, de una fuerza minoritaria, indicó que algunos de sus contribuyentes de campaña, cuyos registros de aportes del Tribunal Supremo Electoral se encuentran en poder del MP, comenzaron a ser “sondeados” por la fiscalía como un mensaje para evitar cambiar su lealtad.
El resultado de este primer pulso en el Congreso concluyó a un Ejecutivo sin la capacidad de lograr acuerdos políticos, una bancada oficial con el partido suspendido y aislada. Fuera del hemiciclo, el Ministerio Público, comandado por Porras, aglutinaba a la oposición con un mensaje muy diferente: la victoria electoral de Semilla en 2023 debe ser cuestionada y la presidencia de Arévalo debe caer.
Tras la cabeza del presidente
“El presidente Arévalo es el principal responsable de fomentar la impunidad”, dijo el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, al presentar el 21 de agosto desde la sede central del Ministerio Público la solicitud de retiro de inmunidad contra el mandatario. El nuevo caso, denominado “Corrupción MICIVI: el mecanismo ilegal de pago” presentado por el fiscal Curruchiche acusa al presidente de ordenar el pago a contratistas del Ministerio de Comunicaciones mediante un procedimiento que calificó de “irregular”.
La fiscalía sustenta su acusación en un listado con autorizaciones de pago firmadas por el presidente durante la gestión de la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega, destituida el pasado 17 de mayo, según un comunicado de la presidencia, por incumplir “instrucciones del presidente de la República, autorizando pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”. El proceso abierto por el MP, que busca equiparar la ejecución de obra pública del gobierno de Arévalo con los casos de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, incluye una llamada grabada por de la Vega al momento de ser destituida.
En dicho audio filtrado en redes sociales y confirmado por el presidente, el mandatario le reclama a de la Vega autorizar pagos, incluyendo 16 operaciones por más de Q100 millones, “en una lista que no está autorizada por mi persona”, dice Arévalo en el audio. Según explicó el presidente posteriormente en conferencia de prensa, la lista de pagos era elaborada con obras que estaban supervisadas, con avances físicos y que fueran proyectos sin problemas de corrupción, además de que se evitara repetir pagos a la misma compañía.
De la Vega negó haber filtrado la conversación o entregado los documentos con las autorizaciones de pagos firmados por el presidente mostrados por el fiscal Curruchiche.
Los pagos corresponden a obras contratadas tanto en el anterior gobierno como en el actual, pero todas pagadas durante esta administración. Entre ellas está la adjudicación a una empresa que participó en la destitución del director general de Caminos, Gilberto Guerra, el pasado julio, señalado de coaccionar a integrantes de una junta de licitación.
La acusación, respaldada también con la denuncia de otro integrante de la Lista Engel, como Curruchiche, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, vino a mostrar la vigencia de este pulso encarnado en el presidente Arévalo y Porras.
La denuncia judicial también condujo a la solicitud de juicio político al ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. “No vamos a premiar al mediocre, uno no puede premiar al que se está portando mal manteniéndolo en el cargo”, dijo el 11 de julio en el Congreso Allan Rodríguez, diputado del partido Vamos y presidente del Legislativo durante dos años del gobierno de Giammattei, sancionado por la Ley Magnitsky de Estados Unidos por un supuesto uso de “la autoridad para otorgar subvenciones o sobornos financieros”.
La ofensiva judicial contra la administración de Arévalo llegaba así al mismo Congreso que había tumbado su iniciativa para remover a Porras.
Los recursos del Estado
“El escenario en el que navegamos es el más complejo que preveíamos. No somos oposición, ni utilizamos el desgaste, ni tenemos instrumentos del poder Legislativo”, dice Samuel Pérez, jefe de bloque del partido Semilla (suspendido por el Tribunal Supremo Electoral tras una investigación del MP). Pérez, uno de los protagonistas del intento de remoción de Porras, señala que su estrategia inicial de gobierno contemplaba encabezar la Junta Directiva del Congreso y poder impulsar desde el Ejecutivo un proceso de reformas para “cambiar de régimen, cambiar la forma en que se ejerce el poder para que ya no sea bajo términos de corrupción impunidad”.
Pero una vez que esa estrategia fracasó, el congreso se ha convertido en un escenario de enorme desgaste para el Ejecutivo con las solicitudes de interpelación contra el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado; el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y el de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez.
Detrás del pulso representado por el Ejecutivo y el MP, lo que se encuentra en juego en Guatemala es el control de los recursos del Estado en un país que ocupa el puesto 150 de 184 calificados, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional de 2023.
“El declive que registra Guatemala (23 puntos sobre 100) es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas. El Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción”, destacaba el informe de IPC.
Desde su despacho en Casa Presidencial, Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social y excomisionado presidencial contra la corrupción, señala que hay 104 denuncias presentadas por su oficina en materia de infraestructura, contratos públicos, compra de insumos, contrataciones y un largo etcétera, que han presentado ante el MP, sin obtener resultados. Palomo identifica a la administración de Porras en el MP como: “la trinchera de la impunidad, del crimen organizado”.
El discurso de la lucha contra la corrupción le permitió al partido Semilla pasar a segunda vuelta electoral por la presidencia, sumar 23 escaños del Congreso y finalmente obtener la presidencia. Pero en contraparte para ganar la simpatía de los congresistas corren el riesgo de recaer en prácticas de clientelismo político que desacrediten su imagen. Luego de un primer semestre de gobierno el presidente Bernardo Arévalo aún no puede mostrar algún éxito político que vaya más allá de acciones administrativas. Las decisiones que exceden el ámbito presidencial y que depende de las cortes de justicia o del Congreso le son esquivas.
“Yo no he visto un solo puente de diálogo”, dice el jefe del bloque del Partido Valor, Elmer Palencia, secretario de organización del partido que postuló a Zury Ríos a la presidencia en 2023. “Con el gobierno o la exbancada oficial de Semilla no hay diálogo, solo nos dicen esto es lo que queremos y si no estás de acuerdo, sos corrupto”.
El 13 de agosto, después del desgaste enfrentado por el Ejecutivo en el primer semestre del año, una necesidad apremiante ofreció una oportunidad de apoyo del congreso: la desfinanciación del Estado.
A finales de 2023 las propuestas de reformas del gobierno recién electo al presupuesto de 2024 fueron rechazadas por el Congreso, por lo que quedó vigente el presupuesto del ejercicio anterior. Eso dejaba a la administración con un agujero de Q14, 151 millones (alrededor de US$1,830 millones) para este año en el funcionamiento del gobierno. Con el paso de los meses los reclamos de alcaldes llegaron a los diputados distritales, ante el riesgo de retrasos en ejecución de obras y atención de servicios.
El Ejecutivo consiguió con 114 votos la aprobación de la ampliación del presupuesto. Entre los incrementos se incluían Q1,675 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo que gestionan proyectos de obra pública en todo el país, y Q1,676.6 millones para las municipalidades.
El antecedente de ese apoyo no pasó desapercibido para la fiscalía. La ampliación fue suspendida mediante un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucional por pedido de integrantes del partido Vamos, de la diputada Sandra Jovel, del partido Valor y ex canciller del presidente Morales; y nuevamente de la FCT. Pero el 27 de agosto, de nuevo con 114 votos del Congreso, se eludió el veto que había otorgado la CC y la ampliación presupuestaria fue acordada.
Es en este punto que fuentes políticas del Ejecutivo y Legislativo señalan la estrategia que sigue el gobierno para propiciar la salida de Porras, una acción en dos movimientos: primero buscar que se mantengan acuerdos más extensos en el Congreso como el que les brindó la ampliación presupuestaria y se sostengan para permitir la reforma de la Ley del Ministerio Público; segundo en paralelo apoyar que el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, les brinde apoyos en la cortes para mermar el poder del MP de iniciar procesos con motivos políticos.
De momento los apoyos en el Congreso lograron ser sostenidos y con una nueva iniciativa de ampliación presupuestaria, aprobada el 27 de agosto con 114 votos, se eludió el veto que había otorgado la CC.
El presidente Arévalo aprovechó la sesión solemne en el Congreso del 12 de septiembre en conmemoración de la Independencia para reconocer el respaldo de los congresistas en la ampliación presupuestario y realizó un llamado por la elección de las cortes: “Diputados y diputadas, debemos mantener esa sintonía, pues se anticipan retos importantes para la justicia de Guatemala, la justicia vale la pena, la democracia vale la pena”.
El poder judicial y el rumbo de la democracia
El 26 de agosto, un día antes de la votación definitiva sobre la ampliación de los presupuestos, los jefes de bloque de las bancadas fueron invitados a una reunión en el MP, según la comunicación oficial de la institución “para abordar el delito de usura” y posibles reformas legales. A la cita no acudieron los integrantes de la Junta Directiva del Congreso, apoyada para su integración por el bloque de Semilla. Fuentes que participaron de la reunión aseguran que esta también sirvió a los asesores de la fiscal general para medir cuánto respaldo tiene en el Congreso para evitar una reforma legal que permita al presidente Arévalo destituirla.
En este contexto se producirá la elección de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. En este proceso de elección de Cortes 11 aspirantes a cargos de magistratura, algunos de ellos provenientes del MP como el fiscal Curruchiche, han sido incluidos en la Lista Engel como actores antidemocráticos que propician la corrupción. Fuentes diplomáticas, señalan que un proceso transparente y sin intervenciones es clave para la continuidad democrática.
Para el gobierno Arévalo, según fuentes de Semilla, puede marcar el futuro de su mandato. Ahora mismo el gobierno cuenta con que sus acciones desde el Ejecutivo estarán bajo el riesgo de judicialización en el MP, pero unas cortes menos plegadas a la fiscal general le restarían poder de acción. Arévalo enfrenta otro momento clave en su pulso con Porras.
