El Ministerio Público (MP) realiza diligencias en la Alcaldía de San Pedro Sula tras las denuncias sobre irregularidades en contrataciones. La más fuerte ha sido la interpuesta por el vicealcalde Omar Menjívar, quien denunció que el yerno del alcalde, Steve Fajardo, «tiene autoridad» y que la utiliza para favorecer a un familiar con la adjudicación de contratos para obras públicas. El alcalde Roberto Contreras, quien recientemente lanzó su campaña para la reelección con el Partido Liberal, ha dicho que está siendo perseguido políticamente por sus antiguos aliados.
Texto: Allan Bu
Foto: Contracorriente
Durante las elecciones de noviembre de 2021, uno de los ejes de campaña del empresario Roberto Contreras, ahora alcalde de San Pedro Sula, fue la promesa de una lucha frontal en contra de la corrupción, sobre todo en los contratos de construcción de infraestructura. Sin embargo, al transcurrir el tercer año de su mandato, las denuncias por irregularidades en la comuna sampedrana pululan desde distintos sectores. Incluso el Ministerio Público (MP) desde junio de 2024 está realizando diligencias investigativas en las oficinas de la municipalidad sampedrana.
En un último episodio, el edil Roberto Contreras denunció «persecución política» en varios medios de comunicación, luego de que agentes del MP le entregaran un citatorio a su esposa Zoila Santos para que se presentara a los juzgados en Tegucigalpa, con el objetivo de rendir declaración en calidad de testigo respecto a la adquisición de una vivienda valorada en más de 10 millones de dólares. Contreras también ya fue citado para brindar declaración en calidad de «persona de interés» por el caso de la suscripción de contratos otorgados durante su administración a la empresa Sulambiente, que también se encarga de la recolección y tratamiento de la basura en la principal ciudad del norte del país.
Y es que en el tema de las contrataciones y compras en la municipalidad hay más tela que cortar. Recientemente se conoció que a la constructora de un tío del yerno del alcalde, Steve Fajardo, se le han otorgado decenas de contratos desde el año 2022 a la fecha. Es vital aclarar que la Ley de Contratación del Estado no contempla en este caso un impedimento porque no hay parentesco entre el alcalde y el familiar de su yerno; sin embargo, el vicealcalde Omar Menjívar afirmó que claramente hay «un tráfico de influencias» en estos procesos, porque el yerno de Contreras permanece en la municipalidad, incluso asiste a las reuniones de corporación y a las sesiones de gerentes. «A raíz de unas declaraciones que di, ahora viene menos», sostuvo Menjívar.
Documentos en poder de este medio indican que varias empresas relacionadas con Josué Fajardo, tío de Steve, yerno del alcalde, han recibido varios contratos para realizar obras públicas entre 2022 y 2024. En una de esas sociedades, Fajardo posee el 70% de las acciones, y también tuvo algún tipo de relación con otras tres empresas que ejecutan contratos de infraestructura en esta administración. Ahí aparecen Construcciones y Diseños Hernández (Hercod), Ingeniería Meca Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (Inmeca) y Constructora, Distribución y Materiales de Responsabilidad Limitada (CDYM).
Todas estas empresas cotizan en los mismos procesos de licitación y todas han ejecutado proyectos. La empresa Construcción Consultoría de Honduras (Concoh) había facturado, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, 60.4 millones de lempiras, todo en contratos de construcción en San Pedro Sula y todos asignados mediante contratación directa.
Menjívar, antiguo aliado de Contreras, ahora convertido en una voz disidente dentro de la municipalidad, sostuvo que «ellos fueron socios», en referencia a los dueños de las empresas que cotizan con el tío de Fajardo. «Uno le vendió al otro, después aparecen los tres cotizando y son la misma cosa, se rotan», explicó Menjívar.
Contracorriente contactó al abogado Steve Fajardo, yerno del alcalde, pero este, aunque respondió de forma cortés los mensajes y pareció estar anuente a brindar su posición respecto a lo que se ha ventilado en medios de comunicación y redes sociales, siempre manifestó estar ocupado. Hasta el momento de publicación de esta nota, no había atendido nuestra solicitud de una entrevista, ya sea de forma presencial o vía teléfono.
El vicealcalde mencionó que este tipo de procesos de compra son posibles con las contrataciones directas, pues en estas se flexibilizan los controles dictados por la ley, que contempla que por compras que van desde 300,000 a un millón de lempiras se necesitan únicamente tres cotizaciones para asignar una obra. Casi todas las obras adjudicadas a las empresas ligadas a Fajardo reciben contratos que oscilan en estos valores. Cuando los montos superan el millón de lempiras es que se realiza una licitación privada, y si es superior a tres millones, la ley indica que se debe llamar a los proveedores a una licitación pública.
Menjívar expuso que el alcalde «se jacta y dice que no es pariente (del tío de su yerno), porque la ley lo que prohíbe es darle contratos a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El tío de Steve no tiene ningún parentesco con el alcalde, entonces queda fuera de esas prohibiciones. El que no queda afuera es Steve, quien desde luego no aparece en los contratos», dijo.
Los socios
Para entender por qué Menjívar considera que hay tráfico de influencias, hay que revisar los orígenes de estas sociedades. La empresa de Josué Fajardo, tío de Steve, es Concoh; ahí posee el 70 % de las acciones y el 30 % pertenece al señor Luis Hernández, y aquí justamente empieza la trama de las sociedades.
Hernández era también el dueño de Hercod, pero el 23 de marzo del 2022 vendió la totalidad de la empresa a la señora Olga Ávila, quien es su esposa. Hernández y Ávila, ambos ingenieros, contrajeron matrimonio el 22 de septiembre de 2018, y su boda se publicó en una nota en el diario La Tribuna.
De esta forma, todo quedó en familia. Luis es proveedor de la Municipalidad de San Pedro Sula a través de dos empresas, pues es dueño del 30 % en Concoh y su esposa es la propietaria de Hercod, que habría facturado casi 40 millones de lempiras con la municipalidad entre marzo del 2022 y diciembre de 2023. Solo a Concoh y Hercod se les han asignado 76 contratos por alrededor de 100 millones de lempiras.
Las otras dos empresas relacionadas son CDYM, una sociedad que fue constituida en 2019 por Josué Fajardo (tío del yerno del alcalde) y la señora María Luisa Flores Durón, pero en marzo del 2023 vendieron sus acciones a María Toledo Amador y Victoria Raquel Molina, quienes posteriormente las vendieron al señor Malcos Morales, quien también aparece como gerente general en los contratos adjudicados por la municipalidad a la cuarta empresa en cuestión: Inmeca. Todas estas empresas cotizan y ganan contratos.
Omar Menjívar ha denunciado que el yerno del alcalde es una persona influyente en la administración municipal. «No es cualquier yerno, es un yerno que manda. Es verdad, después de ese escándalo (sus declaraciones hablando del poder de Fajardo) se ha retirado un poco y solo viene de vez en cuando, pero él (Fajardo) está en la sesión de corporaciones, sesiones de gerentes, ahí sí toma la palabra y no es nada. Tiene autoridad», dijo el vicealcalde.
Agregó que si alguien necesita un favor o está amenazado de despido, va y habla con Steve para que le ayude, y este hasta puede ofrecerle un traslado a otro departamento. «Si yo intervengo por alguien más rápido lo despiden», se rio Menjívar, quien tiene una relación encontrada con su antiguo socio. El vicealcalde reconoció que incluso él, que fue elegido por el voto popular, le ha pedido una intervención a Steve cuando los despidos son arbitrarios.
Por eso Menjívar consideró que aunque el tío de Steve no es familiar del alcalde y su vínculo no quebranta la ley, lo que sí hay «claramente de parte de Steve es un tráfico de influencias, se vale de la autoridad que le ha permitido el alcalde para influenciar las decisiones sobre contratos, y claro, es fácil con esas que son contrataciones directas; cuando son licitaciones públicas, pues hay otras empresas que participan».
Explicó que una vía para quedarse con los contratos de forma amañada y sin violar la Ley de Contratación del Estado es que «en una contratación directa se le dice a los tres que son amigos “mandame la cotización”, porque en apariencia no son lo mismo, pero en realidad sí lo son, y luego se cuelga en la página de transparencia. Por eso les digo que me parece patético eso que hace el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), eso de darle un certificado de 100 % rendición de cuentas [a instituciones]. Es una payasada porque en esos portales de transparencia ponen la información que quieren», afirmó.
En declaraciones a La Prensa, el alcalde Contreras argumentó no saber quiénes son los dueños de las empresas que participan en las licitaciones de la alcaldía. «Yo no soy familia del señor Fajardo, soy Contreras Mendoza y él no tiene ningún contrato con la alcaldía. Yo no sé quiénes son los socios de las empresas que prestan servicios a la alcaldía y no tengo por qué averiguar quiénes son las personas naturales», se defendió.
Contreras, quien participó como candidato independiente cuando ganó la alcaldía, pero ahora ha vuelto al Partido Liberal, reiteró que él no tiene ningún vínculo familiar con el señor Fajardo (tío de Steve), y que las acusaciones simplemente provienen de gente que está molesta porque les afectaron sus intereses: «Esto simple y sencillamente es una roncha de los que no tienen contratos y antes los tenían», sentenció.
También contactamos al comisionado municipal Walter Banegas, exdiputado al Congreso Nacional por el Partido Anticorrupción, quien ahora es veedor de los procesos de compra en la municipalidad. Afirmó que en estas adjudicaciones él no ha participado como observador, pero que espera que el MP lleve a cabo las investigaciones que sean necesarias, y que en este caso esa institución es la más adecuada para proveer la información solicitada.
Para el abogado Óscar Hendrix, militante de Libre y exempleado municipal, en las municipalidad, como en muchas otras instituciones del Estado, se aprovechan de las contrataciones directas o licitaciones privadas, ya que son las menos rigurosas: «Se llega a ese punto porque no hay una planificación en el tema de compras. En ocasiones, hacer esas contrataciones con esos montos y en esos tiempos significa levantar muchos de los controles que usualmente se tienen para una contratación», dijo.
«Vemos que no hay una planificación; esto deriva en una gestión bien accidentada, y cuando no hay organización, la transparencia es la que pasa pagando el precio. Se hace grave en términos éticos, que se escogió un alcalde que nunca antes en nuestra historia democrática había ganado por una diferencia tan grande, nunca había tenido tanta legitimidad y tantas expectativas», explicó Hendrix.
Agregó que hasta ahora en la administración de Contreras solo se ha visto una réplica o profundización de las prácticas tradicionales que tienen a San Pedro Sula en el subdesarrollo y en la opacidad, «No vino a refrescar nada en la gestión, creo que esa es la gran decepción que sienten los ciudadanos y la sociedad civil, de que sea una extensión de lo mismo, y eso es algo realmente peligroso para la democracia porque la gente votó por un cambio, se pensó que se iba a hacer las cosas diferentes, y eso alimenta la desconfianza ciudadana que termina diciendo que todos son iguales», afirmó.
Más opacidad
Hay más casos que demuestran opacidad en las contrataciones de la Municipalidad de San Pedro Sula. Para el caso, el rubro de operaciones de la empresa que maneja los ingresos municipales, que es la sociedad Megaplatinum, es la limpieza de edificios, según la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras (Oncae).
Omar Menjívar le dijo a Contracorriente que la mayoría del personal que recauda los impuestos son empleados municipales y que además, también el equipo y el sistema en el que se realizan los cobros es municipal. «Yo cuestionaba por qué no se contrata más personal por parte de la municipalidad y se rescinde el contrato. Y dicen que no, porque las condiciones en que contrata personal esa empresa no son las que se le permiten a la municipalidad, de acuerdo con la ley (prestaciones, seguro social); en cambio, estos los contratan por mes o contratos temporales».
Menjívar sostiene que la tecnología que aportó la empresa para recaudar impuestos ya es propiedad municipal, y por eso no encuentra razón para que la alcaldía pague por un servicio que perfectamente puede hacer la estructura ya existente, pues hay gerencia financiera, tesorería, dirección técnica de ingresos y auditoría interna: «Para qué queremos una empresa que haga lo que nosotros sabemos; además, te eligen para que administremos los recursos», dijo.
En su opinión, cuando Armando Calidonio contrató una empresa externa para el cobro de impuestos podría haber tenido sentido, porque recién había salido a luz el escándalo de la señora Ada Muñoz, quien borraba o reducía saldo a los obligados a tributar; esta fue una de las razones que le dio el alcalde Contreras a Menjívar cuando le propuso que los cobros volvieran a control de la municipalidad: «van a volver los borrones electrónicos», dijo el edil.
La empresa renovó el contrato; en el anterior cobraba 108 millones de lempiras anuales por realizar ese trabajo, pero según Menjívar ahora cobra mucho menos. «No entiendo yo cuál es el beneficio, porque se bajó a casi la cuarta parte de lo que se cobraba, es una cantidad casi simbólica. Eso a mí me genera una sospecha de que algo extraño hay, pero no puedo asegurarlo», manifestó.
Contracorriente también conoció los detalles de una licitación para compra de útiles escolares que fue asignada a la empresa Distribuciones Universales S.A (Diunsa), que presentó una oferta de casi tres millones más que la oferta más baja.
Menjívar, quien denunció esta adjudicación en la red social X, explicó que en estos casos la ley indica que el contrato se le adjudica a quien haga la oferta más baja, siempre y cuando se ajusten a los términos de referencia. En ocasiones pueden adjudicar el contrato a quien oferte un precio mayor, siempre y cuando supere en calidad a la oferta más baja, pero, según él, este no es el caso en la licitación de útiles escolares, cuya calidad era igual, según él estima.
La Ley de Contratación del Estado contempla el nombramiento de una subcomisión para que haga una evaluación técnica y de esta forma discernir asuntos de calidad. El vicealcalde considera que «estaban iguales, pero está en la ley que en situaciones así, se puede nombrar una subcomisión, que cuando se le va a adjudicar a quien ha hecho una oferta más alta, tiene que explicar por qué razón».
La evaluación técnica determinó que el proveedor elegido había «demostrado superioridad en términos de calidad». Las principales diferencias entre los proveedores fueron el logo y el diseño. «Es de apariencia, no de esencia, no tiene nada que ver con la calidad», sostuvo Menjívar. La compra fue adjudicada a Diunsa por un valor de 16,487,910 lempiras, mientras que la oferta de Papelera Calpules S. A. era de 13,833,612 lempiras.
En la Gerencia de Deportes hay otro caso que llama la atención. Hay tres empresas que entre noviembre y diciembre del 2023 recibieron casi tres millones de lempiras en compras de bienes y servicios. Lo que hace especial el caso es que las tres empresas, Inversiones SYM, Inversiones Cardobu e Inversiones Ayala, casi siempre cotizan juntas, y pareciera que se reparten los negocios con la municipalidad sampedrana.
Óscar Hendrix mencionó que en la municipalidad no existe una estrategia o política contra la corrupción, y que el único lugar donde se realizó una capacitación y se inició un proceso de gestión de modelo transparente fue precisamente en la Gerencia de Deportes, cuyo gerente fue despedido justamente después de terminar con ese programa. «Luego no hemos visto ni una sola iniciativa ciudadana en ese tema. La municipalidad no tiene elementos ni prácticas de lo que es la administración moderna, como ser política de gobierno abierto, utilizar los portales virtuales, para hacerlo más interactivo y facilitar la participación ciudadana. A pesar de la gran participación que hubo en el 2021, nada de eso se trasladó a la gestión municipal», señaló.
El alcalde Contreras insiste que «ellos» (en referencia al Partido Libre, su antiguo aliado) tienen el poder, pueden utilizar todos los medios, especialmente el Ministerio Público, para inventar cualquier cosa que salga en las redes sociales, «y de ahí armarle un caso a una persona honesta, que posiblemente le tome 10 años salir de un caso de esos. Sabemos que estamos en un año político, que vienen más persecuciones, pero deberían ser más hombres para que no se metan con mi esposa, conmigo no hay problema. Ella lo único que hace es ayudar a los niños en el museo, sacar comida de nuestros restaurantes sin cobrarle un lempira a nadie», dijo en Radio Globo.
Hendrix opinó que él espera que los políticos denominados no tradicionales no se limiten a lo dictado por la ley, pues nuestro país no está tan desarrollado en temas de transparencia, y en muchas ocasiones la misma ley sirve para maquillar gestiones. En este contexto, el abogado pidió a los funcionarios públicos una transparencia proactiva, pues toda la información municipal es de naturaleza pública: «Todo debería estar en los portales, mucha información la conocemos por la pericia o el trabajo investigativo de periodistas, pero no porque esté al alcance de la ciudadanía», dijo.
«En términos concretos, más allá de palabras y discursos, no existe ni una sola acción administrativa que nos diga que hay transparencia y anticorrupción en la Municipalidad de San Pedro Sula», sentenció Hendrix.
Menjívar sostuvo que en la alcaldía sampedrana hay muchas cosas que el alcalde no las decide, ni siquiera se entera. «Él mira esto de la alcaldía como un juguete, disfruta este momento, le encanta esto de ser el alcalde y una cosa suprema. No tenía la edad madura para asumirlo, es como un capricho y lo consiguió. Lo hace feliz, pero no tiene la conciencia de lo que implica la responsabilidad de ser alcalde», afirmó.
