El control territorial de maras y pandillas en Honduras aumenta cada año, a pesar de las medidas de mano dura de los gobiernos. ¿Qué tan efectivo es el confiscamiento de armas y drogas para desmantelar a estas estructuras delictivas? ¿Es el narcomenudeo y el tráfico de drogas la única actividad que justifica su lucha por los territorios? Miembros de pandillas hablan sobre el estado de excepción y cómo a pesar de él continúan con su avance en el control de comunidades enteras.
Por: Fritz Pinnow, con reportes de Valeria Solís
Fotografía: Fritz Pinnow
Este artículo fue apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo
Jason* entra en la pequeña habitación tenuemente iluminada para sentarse en el sofá frente a sus homeboys. Desde su bolso, su teléfono suena repentinamente con un parloteo esporádico: «Chikis pasando de París a Alemania […] Aquí, todo tranquilo. ¡Todo tranquilo! […] ¡Disparos! ¡Disparos al otro lado!»
Los sonidos que salen del teléfono de Jason son los avisos de radio a través del cual sus punteros (vigilantes) le informan de todos los movimientos dentro de su territorio, en el sector conocido como La Planeta, uno de los sectores más marginados y pobres del norte de Honduras, ubicado entre las ciudades de San Pedro Sula y La Lima, completamente controlado por la pandilla Barrio 18.
«Creeme que en el momento en que entraste a nuestro barrio, sabíamos en qué carro andabas, a dónde ibas y con quién te ibas a reunir. No viste a ninguno de nuestros punteros, pero ellos siempre te ven a vos», asegura Mario*, un sicario de la banda de Jason.
Desde la década de los noventa, las políticas y operaciones nacionales e internacionales realizadas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica han abordado a las maras y pandillas como el enemigo público y estas, con el pasar del tiempo, han logrado controlar cada vez más territorios, sobre todo en barrios y sectores urbanos marginados.
Más notablemente, la MS-13 y la Pandilla Barrio 18 son las más grandes y conocidas que emergieron de los pandilleros que fueron deportados masivamente a Centroamérica desde su lugar de origen, Los Ángeles, Estados Unidos.
En 2012, San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, se ganó el perturbador título de «la capital mundial del asesinato», con la mayor tasa de homicidios en el mundo. Las cifras de homicidios han disminuido significativamente desde entonces y han estado en su punto más bajo desde el 2004; sin embargo, la percepción de la violencia continúa siendo alta, y el control ejercido por las pandillas en grandes cantidades de barrios y colonias continúa vigente.
Según un análisis realizado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, en el 2022 las extorsiones en el país tuvieron un aumento del 153 % en comparación con el año anterior, alcanzando el segundo registro más alto de la década. El 62 % de las 1,824 denuncias se concentran en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula, las dos ciudades con mayor presencia pandilleril en el país.
Por otro lado, el repentino éxito del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su guerra contra las maras, ha puesto presión en el gobierno hondureño para seguir sus pasos.
Esto resultó en la operación «Plan Solución contra el Crimen», que supone tres fases. Una de las principales medidas de este plan es el estado de excepción en el país, el cual limita las libertades constitucionales de los hondureños haciendo capturas, arrestos e incautaciones sin órdenes judiciales.
Mario Fu, portavoz de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), dijo que uno de los objetivos principales de la institución en el marco de este plan, es la presencia de autoridades policiales en comunidades que han clasificado como peligrosas por sus incidencias en crímenes relacionados con maras y pandillas.
Según Fu, la mayor labor de la Dipampco para combatir el crimen organizado es la recopilación de información e inteligencia, que les permita identificar las zonas «calientes».
«En estos lugares se están realizando labores de inteligencia e investigación para identificar, ubicar y capturar a los responsables de la comisión de diferentes ilícitos, llámese extorsión, tráfico y venta de drogas, homicidios, desplazamiento forzado, asociación para delinquir, lavado de activos, entre otro tipo de delitos», mencionó el portavoz.
Fu explicó que los esfuerzos de las maras por el control se deben a su necesidad de distribuir y vender droga, y esto es un «detonante de violencia». No obstante, no desliga la extorsión como uno de los principales delitos que forman parte integral de las maras y pandillas.
«Es bien extraño que un miembro de una mara o pandilla que vende y distribuye drogas no ejerza o no cometa el delito de extorsión (…) O sea, por lo general, si ellos ejercen extorsión, es casi seguro que venden drogas. Y, por supuesto, también están relacionadas con actividades del sicariato, que recordemos que se traduce en homicidios», afirmó.
Continuando con sus políticas de mano dura en contra de las maras y pandillas, en junio del 2024, la presidenta Xiomara Castroanunció en cadena nacional el despliegue de las fuerzas de seguridad, ordenando: «… Ejecutar urgentemente intervenciones en partes del país con la mayor incidencia de delitos de pandillas, como asesinatos por encargo, tráfico de drogas y armas de fuego, extorsión, secuestro y lavado de dinero«.
Tal y como lo mencionó la mandataria, uno de los delitos más importantes mencionados en las medidas son los crímenes relacionados con el tráfico de drogas, y es que el narcomenudeo ha sido tradicionalmente considerado como la fuente principal de ingreso de las maras y pandillas, lo cual supuestamente solidifica su poder en sus áreas de operación.
Según un reporte publicado por la Policía Nacional a mediados del 2023, el éxito del estado de excepción ha sido en parte medido por la incautación de 4,895 libras de marihuana, 475 kilos de cocaína, 17,633 de drogas crack, 1,373 vehículos y 6,441 motocicletas utilizadas supuestamente para el narcomenudeo.
Pero a pesar de las cifras positivas que resalta el gobierno de Castro, los decomisos representan un porcentaje mínimo en perspectiva con las toneladas de droga que los carteles hondureños trafican a nivel internacional.
En Honduras, se estima que la economía del narcotráfico genera cerca de 700 millones de dólares al año, lo que representa el 4 % del PIB del país, según revelaron datos del 2016 de Insight Crime.
Y es que la narrativa del gobierno ha concluido que las drogas, y por consiguiente el narcotráfico, son uno de los factores que convierten a las pandillas en estructuras especialmente peligrosas y violentas.
Las charlas con los diferentes pandilleros, tanto de la 18 como de la MS-13, revelan cómo la concentración en la confiscación de armas y drogas no capta el punto principal y la raíz del control de las maras en sectores marginales del país.
En una entrevista con periodistas de Insight Crime, el notorio líder de la MS-13, Alexander Mendoza, alias «Porky», dio un relato detallado sobre la evolución de la mara a una mafia más estructurada, con múltiples fuentes de ingreso, de las cuales una es la venta y el tráfico de drogas.
Sin embargo, dice que una mara como la MS-13 no puede depender completamente de las drogas. Adicionalmente, el gran patrón del crimen de la 13 reveló que en la base de su expansión está «la confianza de los locales en las áreas donde operaba y en centrarse en otros negocios, como el tráfico de drogas».
La guerra contra las drogas no es suficiente
Frederick*, un miembro de la pandilla Barrio 18, sonríe y se encoge de hombros: «No creás que hacemos mucho dinero de vender drogas. (…) Mirá, este gramo de cocaína se va por 100 lempiras, que es bien barato. Considerá que le vendemos a gente viviendo en condiciones de pobreza. (…) La mayoría de nuestro dinero viene de la extorsión, que es por lejos una mayor fuente de ingresos para nosotros», nos dijo cuando le preguntamos sobre el tema. Según él, los negocios del sector que controla su pandilla pagan el llamado «impuesto de guerra», o la extorsión a los pandilleros como una comisión por permitir el comercio en su territorio.
Sin embargo, él explica que la clave para exigir este impuesto es el total e indiscutible control del sector. «¡Nosotros controlamos este sector completamente!», dice Mario, quien se presenta como sicario de la Pandilla 18.
«Aquí si robás, violas o sapeás, te matamos»… esas son las reglas, según su relato. «Por eso podés dejar tu teléfono en cualquier lugar y nadie te lo roba. Aquí las motos las dejan con la llave puesta y la gente no cierra sus casas con llave. No matamos a nadie solo porque podemos. Siempre hay una razón y se tienen que seguir los procesos. No puedo dar plomo a cualquier persona aquí en la zona».
Esto ha llevado a las personas de la comunidad a depender de la pandilla para resolver sus problemas internos. «Aquí los muchachos son el gobierno», dice Giovani*, un poblador del sector La Planeta.
«El terreno de mi casa no está oficialmente a mi nombre para el gobierno, pero he estado viviendo aquí 24 años», cuenta Giovani*, y recuerda que cuando llegó al sector hace mucho tiempo buscando nuevas oportunidades en la ciudad, un hombre alegó ser el dueño del terreno y obligó a la comunidad a pagar grandes sumas de dinero por el derecho a permanecer en él. «Tenía un amigo en la alcaldía y tenía control total para explotarnos por lo poco que tenemos. Sus guardaespaldas mataron a 12 personas durante esta disputa, y suplicamos al gobierno en aquel entonces, pero nadie escucha al pobre aquí».
La disputa culminó cuando el propietario, Miguel Carrión, fue asesinado en el Centro de San Pedro Sula junto con sus dos guardaespaldas, pero los títulos de propiedad nunca fueron legalmente reconocidos, dice Giovani.
«Los muchachos [pandilleros] al menos reconocen que este pedazo de tierra es mío y puedo contar con ellos para protegerme de las pandillas rivales que vienen aquí. La policía ni siquiera se atreve a entrar en esta región, y si lo hacen, vienen a dañar las cosas y a acosar a la gente que vive aquí para luego irse otra vez»,
Giovani es una de las pocas personas que ha permanecido viviendo en esta área conocida como una frontera invisible. Este espacio divide La Planeta, controlada por los 18, del sector de La Rivera Hernández, territorio de los MS-13 y otras pandillas pequeñas.
Las fronteras invisibles son «zonas calientes», donde, en su mayoría, hay casas abandonadas en donde los pandilleros del bando opuesto constantemente tratan de infiltrarse para obtener inteligencia.
«¡Donde hay una frontera [invisible], hay plomo!», dice Mario. «Tenemos un montón de tiroteos en el área, y hace poco agarramos a dos de la MS-13 husmeando (…) Cuando los agarramos, los torturamos por información, y si tenemos lo que queremos, los desaparecemos. Así de sencillo».
Según Jason*, un cabecilla de la 18, todas las pandillas han tenido una transformación significativa. «Ya no es inteligente ser violento y matar gente en las calles. Somos más que eso ahora. Ahora nos enfocamos en obtener inteligencia y preservarnos para controlar mejor el sector (…) Si la policía viene al barrio y confisca pistolas y drogas, dejamos que se lo queden. Y si se llevan a uno de nuestros muchachos, usualmente podemos comprar su libertad. Ese es su negocio (de los policías). Así es como ganan dinero extra».
El relato de Jason revela que la Policía Nacional captura a los pandilleros para luego enviar un mensaje con un precio que debe ser pagado por sus familiares para poder recuperarlo.
Este nivel de negociación y corrupción no es un hecho aislado y exclusivo de los territorios controlados por la 18. María*, una sicaria de la MS-13, se refiere a las mismas dinámicas.
«A veces la policía viene y agarra a nuestros muchachos y tenemos que comprarlos. (…) Nosotros mismos tenemos gente en la policía; si alguien los llama, ellos nos avisan quién, de cuál familia y qué casa llamó por cualquier razón».
Igualmente, María explica que la MS-13 ha evolucionado y ahora se enfocan en consolidar su poder dentro de sus territorios con mayor inteligencia y una relación estrecha con la policía.
Al igual que en la 18, las drogas tienen un rol secundario en territorio de la Salvatrucha, donde la violencia es un recurso para consolidar su gobernanza, no para luchar por oportunidades para vender droga.
«Vendemos diferentes tipos de cocaína que cuesta entre los 200 y 400 lempiras; aparte de eso, tenemos nuestra marca especial marihuana llamada tiburón, que es más potente». Pero a pesar de que está más cara, solo se mueve en cantidades pequeñas, agrega.
Ninguna de las maras demuestra preocupación mayor por la fase III del plan gubernamental, ofensiva, que supone entrar en operación dentro de poco.
«Ellos [el gobierno] han hecho esto antes, pero al final nunca se quedan. Probablemente, solo vamos a esperar que pase (…) Siempre hay uno grande de los nuestros que paga a un grande de ellos, y eso es todo», dice María.
Por su lado, Jason comparte una opinión casi idéntica: «Si la policía viene aquí, no los confrontamos. Ellos tienen licencia para matarnos sin repercusiones. Si uno de nosotros mata a un policía, ellos vuelven con todo y matan a todos, incluyendo a la familia de esa persona, hasta sus abuelos, por decir algo».
Pero Jason aclara que no es necesario confrontar a la policía en sus operaciones porque la gente del sector no confía en ellos: «Nadie les va a ayudar [a la policía], porque nunca se quedan para resolver los problemas o tomar responsabilidad por el sector. Nosotros somos los únicos que lo hacemos».
Las charlas con los diferentes pandilleros, tanto de la 18 como de la MS-13, revelan cómo la concentración en la confiscación de armas y drogas no capta el punto principal y la raíz del control de las maras en sectores marginales del país.
A pesar de que algunas partes de la pandilla MS-13 se dedican al tráfico de drogas a gran escala, el principal uso de las drogas en los barrios sigue siendo como fuente de ingresos para las pandillas que los controlan.
Sin embargo, según testimonios de pandilleros y residentes, las pandillas mantienen su control mediante una forma de gobierno violento, logrando una autoridad indiscutida debido a la constante marginación en los barrios y la desconfianza en la policía y el ejército.
Por otro lado, el nuevo plan del gobierno para lidiar con las pandillas y el crimen organizado es una guerra contra las drogas, mientras que las pandillas actualmente están librando una guerra por la soberanía territorial, que les permite sobrevivir a las actuales políticas agresivas diseñadas para eliminar su poder en las regiones.
