El banco estatal le dio condiciones especiales al empresario Munir Bendeck para que obtuviera un crédito de $1 millón para el cual no cumplía los requisitos. Bendeck fue el principal proveedor de canastas de alimentos durante la pandemia y la Fiscalía lo investigaba por sospechas de corrupción.
Loida Martínez Avelar
El Banco Hipotecario (BH) incumplió sus propias políticas de crédito para beneficiar con un préstamo de $1 millón a la sociedad NSB S.A de C.V, cuyo propietario es Munir Bendeck, un empresario que ganó contratos por $22.7 millones con el Gobierno durante la pandemia de Covid-19 y quien, según investigaciones fiscales, vendió alimentos con sobreprecio.
Esta es la historia de cómo el banco estatal que opera con fondos públicos favoreció con un préstamo a un proveedor del Gobierno que no reunía los requisitos. Revista Factum tuvo acceso al expediente de crédito, donde constan cuatro irregularidades en el procedimiento. El Hipotecario incumplió tres lineamientos de su Manual de Políticas de Crédito: el préstamo fue aprobado únicamente por la entonces presidenta del Hipotecario, Celina Padilla de O´Byrne, a pesar de que el manual exige la votación de tres integrantes de la directiva; el índice de endeudamiento que tenía la empresa era mayor al permitido por el banco y los registros contables que Bendek presentó en su solicitud estaban desactualizados.
La cuarta inconsistencia consta en un formulario que llenó el empresario. Bendeck mintió al llenar una declaración jurada que exige la Fiscalía para prevenir el lavado de dinero: declaró bajo juramento que no era contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a pesar de que sus registros contables reflejaban lo contrario.
La escritura pública del préstamo, documentos de los expedientes de compra del Ministerio de Agricultura (MAG), desembolsos bancarios, estados financieros y una auditoría de la Corte de Cuentas retratan la secuencia de las irregularidades. El proceso de evaluación y otorgamiento de crédito fue manipulado, pues la empresa fue catalogada como cliente A1, la mejor calificación en el sistema financiero, a pesar de que incumplía algunos requisitos.
El 9 de septiembre de 2020, el Banco Hipotecario le aprobó a NSB el préstamo número AA1083141 por $1 millón, con una tasa de interés de 8.5%, para un plazo de seis meses. La empresa se comprometió a hacer un solo pago. El crédito fue pagado, pues no aparece en las deudas pendientes del balance financiero de la empresa de 2021.
El destino del dinero, según la justificación que la sociedad dio al banco, fue para cumplir con los contratos pendientes con Agricultura, ministerio que cinco meses antes le había empezado a darle contratos a Bendeck, quien, según reveló El Faro, fue el principal proveedor de alimentos del Gobierno de Nayib Bukele en la pandemia.
La expresidenta del Hipotecario, Celina Padilla de O´Byrne, quien era la cabeza de la junta directiva, aprobó de manera individual el crédito por $1 millón a favor de NSB, aunque no estaba autorizada para hacerlo. Según el Manual de Políticas de Crédito, el documento que regula todos los financiamientos y los comités internos que los aprueban, la presidencia únicamente podía avalar préstamos a corto plazo por un monto de hasta $20,000.
El numeral 11 de la sección dos del manual establece que las solicitudes de préstamo que excedan los $500,000 deberán ser resueltas por la junta directiva del banco.
Padilla de O´Byrne fue la única que firmó la resolución del préstamo relegando la autoridad de los otros cuatro integrantes del comité de créditos, que son el vicepresidente del banco y tres integrantes más de la junta directiva. Esta revista consultó con tres de los directivos y se desligaron del caso. Uno de ellos recomendó que se pidiera la información al banco, otro aseguró que estaba de viaje en la fecha en que fue aprobado ese préstamo y una directora más se limitó a decir que no fue aprobado durante su gestión.
El pacto social del Banco Hipotecario también establece que dos atribuciones de la junta directiva son conocer y resolver solicitudes de crédito.
Padilla de O´Byrne fue presidenta del Banco Hipotecario entre junio de 2019 y septiembre de 2023. Su salida del banco estatal fue manejada con hermetismo, no hubo ni un solo comentario en las redes sociales, que son el canal usado por el Gobierno para comunicar sus decisiones. En su gestión, Padilla de O’Byrne autorizó $4.9 millones en créditos para 27 funcionarios y tres primos del presidente Bukele, según una investigación de Redacción Regional y Focos.
Esta revista se comunicó con la exfuncionaria para preguntarle por qué aprobó de manera individual el crédito y para solicitarle una entrevista. A través de un mensaje de Whatsapp se limitó a responder: “Con lo que consulta: 1) por la ley de bancos las operaciones de los bancos están sujetas a reserva bancaria; 2) los créditos son aprobados no por 1 persona sino de forma colegiada”, escribió. Se le repreguntó por el caso, pero ya no contestó.
Otra irregularidad quedó detallada en el documento de resolución del financiamiento. El crédito fue concedido, a pesar de que los registros contables tenían observaciones. En lugar de cuestionar o frenar el proceso de aprobación del préstamo, como ocurre en ese tipo de casos según dos economistas consultadas, el banco le concedió a Bendeck un plazo de un mes para solucionarlas. “Cliente se compromete a subsanar registro contables presentados al 30-06-2020, de acuerdo a evaluación financiera realizada”, dice el documento en el apartado de condiciones especiales con plazo.
Las políticas del Hipotecario establecen que los estados financieros son la base para realizar la evaluación financiera de los usuarios que buscan un préstamo. “Cualquier cliente que solicite crédito y dichos estados tengan más de tres meses de antigüedad, la solicitud no se procesará hasta que proporcione unos más recientes”, dice la regulación.
Las empresas están obligadas a entregar los estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales. Y estos deben coincidir con los presentados en el Registro de Comercio.
Para la aprobación de un préstamo, los bancos analizan los riesgos crediticios para garantizar el retorno del dinero. Este riesgo refleja el nivel de endeudamiento y la capacidad que tienen las personas o las sociedades para pagar. La expresidenta del Hipotecario le aprobó el préstamo de $1 millón a NSB, a pesar de que el índice de endeudamiento que tenía era mayor al permitido por el banco. La inconsistencia fue clasificada como una “operación exceptuada”, según consta en el expediente crediticio.
Las políticas de crédito del Banco Hipotecario establecen que para calcular el endeudamiento de los clientes que piden préstamos mayores a los $100,000, el banco toma en cuenta el resultado de una división matemática utilizando los montos de la deuda bancaria y el patrimonio. Con el resultado el banco clasifica a sus usuarios con parámetros de bueno, aceptable, elevado, muy elevado e inviable.
Antes de la pandemia, las políticas del Hipotecario establecían que ese banco no otorgaba créditos ni asumía riesgos por más del 5% del fondo patrimonial de las personas naturales o jurídicas. El 30 de abril de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó que ese porcentaje subiera a 25 %. Los diputados de Arena y el FMLN que promovieron esa modificación argumentaron que el monto anterior le impedía al Hipotecario competir con los bancos comerciales.
En la documentación no consta cuáles fueron los montos que utilizó el Hipotecario para calcular el índice de endeudamiento de NSB. Sin embargo, en el documento de aprobación del préstamo quedó consignado que una de las condiciones especiales para otorgarlo fue que la empresa de Bendeck se comprometió a fortalecer su patrimonio y a generar mayores ganancias. Además, el banco estableció que NSB no podría repartir sus ganancias ni darle créditos a sus accionistas sin su autorización.
“NSB, S.A. de C.V. no tiene nada que opinar al respecto, ya que se envió la solicitud de crédito con toda la documentación requerida, sin que se nos haya observado la misma. No podemos opinar por algo que le compete contestar a un tercero”, respondió el abogado de Bendeck, Óscar Giralt, al ser consultado sobre las irregularidades.
La cuarta irregularidad en la aprobación del préstamo a NSB está relacionada con información falsa plasmada en una declaración jurada que exige la Fiscalía para prevenir el lavado de dinero. Bendeck mintió al consignar en ese formulario que su sociedad no era contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir que no pagaba ese tributo. Ese dato es falso, según la información plasmada en sus balances contables presentados en el Registro de Comercio. En 2013, año en que constituyó la empresa, y en 2019, antes de que le dieran el préstamo, reportó pagos por ese impuesto.
Además, si NSB no hubiera declarado el IVA, no habría sido contratista del Gobierno, pues ese es uno de los requisitos para ser proveedor de servicios y productos.
Bendeck fue el codeudor solidario del crédito otorgado a su propia compañía. Es decir, el Hipotecario lo aceptó como el fiador de NSB, su propia empresa. Un doble rol contradictorio, pues en caso que la empresa de su propiedad no pudiera pagar, él tendría que hacerlo.
La figura del codeudor solidario está regulada en la sección de Cultura de crédito del Manual del BH y según la definición “es aquel que ocupa el mismo lugar que el deudor principal, de manera que, el acreedor puede cobrarle…”
El desembolso del dinero en la cuenta bancaria NSB fue hecho un día después de la aprobación del crédito, el 10 de septiembre de 2020. Bendeck abrió una cuenta con $303 en el BH y horas después fue notificado de la aprobación del crédito. Recibió el desembolso del dinero y pidió al banco estatal que le permitiera trasladarlo a la cuenta de la empresa del Banco Central de Reserva (BCR) número 300-012. Las especialistas consultadas coinciden que el Banco Central de Reserva únicamente custodia fondos de transacciones comerciales de montos elevados; y que no existen cuentas de ahorros.
En una nota que envió al Banco Hipotecario, el empresario les solicitó “su valiosa ayuda” para transferir el dinero del préstamo al BCR. Aseguró que después de esa transacción los fondos serían depositados en la cuenta empresarial del Banco Agrícola número 522-0379XXX. No quedó detallado el motivo del movimiento del dinero.
NSB fue registrada con dos direcciones en San Salvador. La primera en la calle y reparto Los Héroes #65-A, un lugar que hoy es un predio abandonado frente al estadio Cuscatlán, y la segunda en la 69 avenida norte y I calle poniente #159 de la colonia Escalón, que es una casa abandonada de dos pisos con balcón y una cochera.
Esta revista buscó al empresario en esas dos direcciones, pero no fue posible localizarlo. La puerta de la casa de la colonia Escalón tiene un candado y al tocar el timbre nadie atiende. Desde afuera se observan cartones en las ventanas. Un vigilante que tiene dos años de trabajar en la zona dijo que esa casa está deshabitada, que solo es una bodega y que varias personas llegan buscando esa dirección, incluidos furgones.
El abogado de Bendeck aseguró, a través de un correo electrónico, que esas oficinas están desocupadas porque son las direcciones antiguas; sin embargo, en el Centro Nacional de Registros no han registrado un nuevo domicilio para la sociedad.
El botín del Hipotecario
La economista Julia Evelyn Martínez concluye que las condiciones en las que el Hipotecario otorgó el crédito a NSB fueron “confeccionadas a la medida” del empresario. Es un “ejemplo de cómo las normas crediticias y las disposiciones se ajustan a la medida de las personas que quieren favorecer”, dice Martínez, quien conoce el funcionamiento del banco estatal porque en el pasado fue parte de su directiva.
Normas internas, internacionales y auditorías, según explica, prohíben la aprobación de préstamos si los registros contables no están aprobados por un auditor externo, que garantiza que la información es verídica. Además, los balances contables muestran el panorama económico de la empresa y que los números no están “maquillados”.
“En los registros contables hacen una serie de pruebas, como la de liquidez. Hay una lógica, si usted le mete un millón de dólares a esto, y se lo mete de una sola vez, y las finanzas están debilitadas entonces en lugar de hacerle un favor a la empresa termina con problemas, porque le meten más capital del que puede utilizar y puede terminar pagando deudas”, ejemplifica la economista.
Para ella, es ilógico que Bendeck haya sido el fiador del crédito de su propia compañía. “El codeudor solidario (o fiador) es una persona que está para respaldar cuando al deudor le va mal, pero si la misma persona a la que le están dando el crédito es con la que se está respaldando, realmente no hay codeudor. Es decir, aquí es una persona como la Santísima Trinidad, solo que aquí en lugar de tres personas fueron dos personas en una sola”, recalca Martínez.
Pero, para el abogado de Bendeck, esto no constituía algo irregular: “Porque NSB, S.A. de C.V. es una persona jurídica distinta a la persona natural. Además, se tenía la capacidad y el respaldo de pago. ¿Por qué buscar como codeudor a un tercero?”, respondió Giralt.
El Banco Hipotecario de El Salvador es una institución financiera, pero sus acciones son propiedad estatal. Hasta el 31 de diciembre de 2023, contaba con un monto total activos de $610,015, 204, que incluyen títulos, préstamos, bienes recibidos en pago y cuentas por cobrar, según los balances del Registro de Comercio. La calificadora de riesgos Pacific Credit Rating (PCR, por sus siglas en inglés) detalló que el 96 % de las acciones del banco pertenecen al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI).
El 22 de enero de 2007, el Hipotecario fue inscrito como una Sociedad Anónima (S.A.), durante la administración de Antonio Saca, bajo el argumento de incentivar al público a obtener fondos por medio de depósitos y poder competir con los bancos privados.
El banco estatal ya acumula un historial de mal uso de fondos. En diciembre de 2022, el expresidente de ese banco, Carlos Ortiz, y el exoficial de cumplimiento, Jolman Amaya, fueron condenados a cinco años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero. En declaraciones brindadas a Diario El Mundo, una fiscal aseguró que los condenados hicieron desembolsos de hasta $1 millón de dinero público y que los trasladaron a cuentas de particulares en la gestión del expresidente Mauricio Funes.
La influencia de Pablo Anliker
Para otorgarle el crédito a NSB, el Hipotecario aceptó como garantía una orden de pago irrevocable por el 125 % del monto de la deuda del Ministerio de Agricultura. Ese compromiso de pago cubría las cuentas pendientes por cobrar que tenía la compañía como proveedor del programa presidencial de suministros de canasta básica durante la emergencia por la Covid-19, según el extracto de escritura pública del préstamo. NSB comenzó a ganar contratos con el MAG en abril de 2020, es decir, cinco meses antes.
Esa garantía fue firmada por el entonces ministro de agricultura Pablo Anliker Infante.
“OPI aceptada por el MAG por el 125 % del monto del crédito, lo que garantiza el repago de la obligación”, está escrito en la resolución del crédito.
La Fiscalía de Raúl Melara, que investigaba a Bendeck por irregularidades en los contratos en la pandemia, determinó que no es legal que una institución pública sirva como garantía en las transacciones de terceros. Concluyó que la intervención del exministro Pablo Anliker Infante, para que el Hipotecario otorgara el crédito a NSB, demuestra una relación cercana con el proveedor.
“La intervención del exministro Anliker Infante, en dicha transacción denota además de una cercana y estrecha relación con el proveedor Bendeck Miguel, una conducta determinada a influir en la banca estatal para lograr que la sociedad NSB S.A. de C.V, cuyo beneficiario final es Bendeck Miguel, logre adquirir una ventaja sobre otros usuarios pues no es una acto legal que la administración pública sirva como garantía en las transacciones individuales de terceros”, consignó la Fiscalía en el expediente Catedral, que contiene pruebas de corrupción en compras del Gobierno durante la pandemia.
Hasta mayo de 2021, como parte de Catedral, la Fiscalía investigó irregularidades en las compras y distribución de paquetes alimenticios del Programa de Emergencia Sanitaria. Investigaciones periodísticas han expuesto los esquemas de corrupción utilizados y en los que están involucrados varios funcionarios, que a la fecha permanecen en sus cargos. Esa investigación finalizó tras la llegada de Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el oficialismo.
Bendeck, según la investigación fiscal, vendió canastas de alimentos al Gobierno con un sobreprecio de $5.9 millones. Un estudio de mercado que consta en la investigación reveló que NSB vendió al Gobierno los productos con un sobreprecio de $5.9 millones. Por ejemplo, las canastas que fueron vendidas a $10 cada una, los mayoristas las ofrecían a $6, y las que el Gobierno compró a $32.32, en el mercado valían $27.
“No ha existido un “sobreprecio”. No es lo mismo comparar precios hoy, con los precios
durante la pandemia. Los costos de los productos, del pago de personal, transporte y
logística, etc., cuando el mundo entero estaba paralizado, eran mucho mayores.
Mientras la mayoría de empresas dejaron de operar y estaban resguardados en sus casas
por lo peligroso de la pandemia, nuestra empresa y nuestro personal, seguía trabajando”, afirmó el abogado de Bendeck respecto a este punto.
Una auditoría de la Corte de Cuentas determinó, por otra parte, que el MAG no dispone de información confiable que indique la cantidad de canastas de alimentos que fueron entregadas. Hasta febrero de 2021, había más de 3 millones de cestas sin respaldo de entrega.
“Verificamos en los anexos a esta respuesta, que se remitieron actas de entrega de cestas alimenticias al Viceministerio de Transporte, CEPA, Alcaldías Municipales y otros, por un total de 1,455,086 de canastas, y según el Documento Master del Programa de Emergencia Solidaria se tenía una meta de 5.1 millones de canastas, de tal, manera existen 3,644,914 cestas que no tiene respaldo de su entrega”, concluyó la Corte de Cuentas.
El abogado de Bendeck aseguró que la empresa nunca fue notificada de ese hallazgo: “NSB, S.A de C.V. hace una oferta de acuerdo a sus costos, el Estado no está obligado a comprarnos. Si hubiese parecido costoso, hubiesen buscado a otro proveedor”, agregó.
La Fiscalía sospechaba que con las ganancias de los contratos con el Gobierno, el empresario se compró una propiedad. El Faro comprobó que el 9 de septiembre de 2021 Bendeck registró la compra de un apartamento de 2,188 pies en Estados Unidos. La propiedad está ubicada en 851 NE 1 Avenue, Unit 1411, Miami, Florida, 33132-1704. El empresario sigue siendo el propietario del apartamento, según el registro público.
El año de la prosperidad
Munir Bendeck, quien fue precandidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán por el FMLN en 2014, tiene participación en seis empresas: NSB, Cervecerías de Centroamérica, Fertilizantes del Istmo, Latin American Parkings, Inversiones Miguel y Desarrollos A y M, inscritas entre 2009 y 2019, según el Registro de Comercio.
NSB, que tiene como rubro la venta de productos al por mayor, fue inscrita el 18 de junio de 2013. Es la empresa más fuerte y funciona como un intermediario para la comercialización en la Bolsa de Productos (BOLPROS). Durante la pandemia tuvo un repunte en sus ganancias. La bonanza empresarial inició en 2020, cuando recibió $22.7 millones en contratos del Gobierno salvadoreño.
El 25 de abril de 2016, NSB perdió el permiso para operar en BOLPROS y fue sancionada por supuestamente presentar fuera de tiempo las garantías de cumplimiento de contratos, no brindar información y retrasarse en el pago de la comisión a la Bolsa.
El 23 de marzo de 2018, la Corte Suprema admitió un amparo que benefició a la empresa y revirtió el castigo impuesto por BOLPROS. En la actualidad, NSB sigue siendo contratista del Gobierno por medio de ese mecanismo de compra. Hasta diciembre de 2022, tres ministerios le debían dinero a la empresa de Bendeck: Educación $1,235,145; Agricultura $2,261,235 y Hacienda $402,550.
Bendeck ha estado vinculado a negocios en Guatemala. En julio de 2012, constituyó Istmofert S. A. de C.V. junto con el guatemalteco Mario del Águila López, representante de Fertilizantes Maya S. A. (Mayafert), empresa que fue investigada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el caso Cooptación del Estado por el posible pago de sobornos a funcionarios para ganar contratos.
*Esta investigación de Revista Factum forma parte de #LosFavoresDelHipotecario, un especial en alianza con la Redacción Regional y Focos sobre el uso discrecional de fondos de un banco estatal hacia figuras públicas vinculadas al oficialismo
