Los vecinos de Brisas de Tramade se tomaron la carretera que va de Puerto Cortés a San Pedro Sula para pedir al Gobierno el cierre de la mina a cielo abierto que la empresa Agregados del Caribe Sociedad Anónima de Capital Variable (Agrecasa) mantiene en esa comunidad. Los manifestantes aseguran que esta actividad minera ha provocado daños irreversibles en su río. Ante la protesta, el gobierno de Xiomara Castro respondió con represión policial.
Texto: Allan Bu
Fotos: Allan Bu y cortesía
Después de 18 años de lidiar con nubes de polvo, escuchar explosiones que sacuden el suelo como si fuese un terremoto, y de observar enormes fisuras en las paredes de sus casas, los vecinos de Brisas de Tramade, una aldea de Puerto Cortés, en el norte de Honduras, decidieron manifestarse para exigir al Gobierno de Xiomara Castro el cese de las operaciones de la minera Agregados del Caribe Sociedad Anónima de Capital Variable (Agrecasa), empresa dedicada a la extracción de grava por medio de la explotación minera no metálica a cielo abierto.
«Aquí no se sabe si está temblando o son explosiones de la mina», dijo Jessica, una vecina de esa comunidad cuya casa tiene una enorme fisura que la divide en dos. Ella aseguró, aunque no explicó cómo llegó a esa conclusión, que el 98 % de las viviendas en la aldea están dañadas por la actividad de la mina.
El martes 7 de mayo a las 4:30 de la tarde, cientos de vecinos de Brisas de Tramade se tomaron el bulevar que une Puerto Cortés con San Pedro Sula. Durante casi 12 horas cortaron el paso de entrada y salida al puerto más importante de Honduras y Centroamérica.
Miembros de la Policía Nacional llegaron a las 10 de la noche al lugar de la toma y hablaron con líderes comunitarios, pero la toma se mantuvo.
A las 5 de la mañana del miércoles 8 de mayo, los manifestantes y las autoridades habían acordado liberar un carril de cada lado, pero los pobladores relatan que a una hora de cumplirse el plazo, elementos del Escuadrón Cobra y de la Policía Nacional comenzaron a repartir garrotazos a diestra y siniestra, y golpearon a hombres y mujeres sin importar que estuvieran niños presentes. Hasta autobuses y mototaxis que estaban cerca resultaron con los vidrios quebrados tras la agresión.
Mirian y su hijo Francisco aseguran que ninguno de los manifestantes hizo nada para provocar la súbita represión, «Nosotros no llevábamos ni una aguja», asegura la mujer frente al portón de su casa, y añade: «Pensé que nos iban a matar». Ella y otros vecinos sostienen que un jefe policial les dijo que para el desalojo se llevó a más de 1,200 policías. En el momento de la conversación, los labios de Francisco seguían inflamados, por la brutal golpiza que recibió de la policía.
Hablemos un poco de la minera Agrecasa para entender las razones que llevaron a estos pobladores a organizar una protesta que finalizó de forma violenta por la intervención de las tanquetas y toletes de la Policía Nacional, que a comienzos del Gobierno de Xiomara Castro fue anunciada como una fuerza comunitaria cercana a los pueblos y respetuosa de los derechos humanos.
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Agrecasa comenzó a operar en Puerto Cortés hace 18 años, según referencias de los vecinos, aunque su fecha de creación en el Registro Mercantil es el 22 de enero de 2004, y se registró como proyecto minero en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) en julio de 2005. La empresa extrae grava de una cantera cercana a comunidades como Sapadril Arriba, Sapadril Abajo,La Delicias, Campana y Brisas de Mar Tramade.
De acuerdo con el IV informe de Conciliación, que comprende los años 2017 y 2018 y fue elaborado en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI por sus siglas en inglés), Agrecasa es subsidiaria del conglomerado estadounidense American Aggregates, LLC.
En ese documento se registra que durante el 2017 y 2018 Agrecasa exportó a Estados Unidos y países del Caribe 2,453,882 toneladas métricas de piedra caliza. Sin embargo, durante el último año el ritmo de extracción se incrementó y las volquetas acarreando el material al muelle de Puerto Cortés prácticamente no paraban, por lo que las cantidades reportadas en el informe probablemente aumentaron.
Respecto al pago de impuestos, durante los dos años antes mencionados, y sumados todos los tributos pagados, el informe señala que Agrecasa ingresó al tesoro nacional la cantidad de 23,857,809 lempiras. En el documento no se reporta que haya pagado Impuesto sobre la Renta. Si dividimos la cifra pagada en impuestos por Agrecasa entre las toneladas métricas de piedra caliza que exportó, encontramos que por cada tonelada pagó alrededor de 10 lempiras. El informe muestra que la exportación de minerales ascendió a 181.9 millones de dólares en 2017 y 199.1 millones de dólares en 2018, cuando los minerales metálicos y no metálicos representaron alrededor de un 4 % de las exportaciones del país.
Tras el conflicto entre las operaciones de Agrecasa y las comunidades aledañas, en Puerto Cortés se sopesan las pérdidas que ocasionaría la partida de la minera. El 9 de mayo de 2024, un grupo de conductores de volquetas, que son contratistas de Agrecasa, anunciaron que se tomarían el peaje del puerto en protesta por el cierre temporal de la empresa. Al final la manifestación no se llevó a cabo. Los transportistas manifestaron que Agrecasa genera más de 500 empleos directos, pero además otros cientos de indirectos por los pequeños comerciantes que venden comida o tienen una llantera, por ejemplo, por lo que la empresa generaría en la ciudad una derrama económica de millones de lempiras.
«El circulante que dicha empresa genera a Puerto Cortés son alrededor de 100 millones lempiras, [si la empresa se va] generaría un déficit en la economía del municipio: siendo los más afectados los siguientes sectores: contratistas, llanteras, gasolineras, pulperías, alquileres de apartamento, talleres mecánicos, supermercados, farmacias, casas de repuestos y muchos más»; un representante de los volqueteros leyó este comunicado en Canal 5.
Sobre el empleo, el informe de la EITI señala que en el 2018 había 6,300 personas empleadas en canteras (minas como Agrecasa), lo que representaba en ese entonces el 0.15 % del porcentaje de todas las personas ocupadas en el país.
Durante el proceso para extraer grava, la empresa utiliza dinamita cada dos o tres días. Estas explosiones han provocado un ambiente lleno de polvo, un ruido ensordecedor y daños en las viviendas. Además, han destruido una pequeña montaña, y los vecinos aseguran que un río cuyas aguas antes eran abundantes ahora es un pequeño hilo de agua.
«Ahí nosotros teníamos un río donde nos bañábamos y brincábamos, pero ahora es una gotita la que pasa, y antes hasta podíamos saltar al agua, era algo bello. Aquí era bonito, no ocupábamos ventilador y ahora estamos en un desierto», se queja Jessica, cuyo elevado tono de voz le da más fuerza a su mensaje.
La gerenta del Departamento Ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortés, Kay Bodden, dijo a Contracorriente que el daño al río de Brisas no está «documentado como un impacto ambiental de la actividad minera como tal», pues en todo Honduras y todo el mundo las fuentes de agua están mermando por el cambio climático.
También apuntó que en esa zona hay tala ilegal de árboles; «entonces, es cierto que hay una problemática ambiental en la zona, que ha disminuido la cantidad de agua, pero no es atribuible específicamente a las actividades de Agrecasa, [aun]que sí se contribuye porque toda actividad minera tiene impactos». Agregó que las fuentes de agua están arriba de la extracción minera; «entonces, todo lo que ocurre en esa zona está haciendo que disminuya la cantidad de agua».
Las razones
Nahúm Reyes es el presidente del patronato de Brisas de Tramade; conversamos con él en una gasolinera del sector. Los pobladores de esa comunidad han tomado medidas de seguridad después de la manifestación realizada y el desenlace que tuvo. «Hemos tocado grandes intereses», sostiene Reyes. Los pobladores con los que conversamos tenían ciertas reservas para hablar del tema y preguntaban por nuestra presencia en ese sector.
Han tomado algunas medidas de seguridad porque, aunque la manifestación acabó de forma violenta, dio como resultado el cierre temporal de la mina. Luego de que las imágenes de la represión policial circularon en los medios de comunicación, el Gobierno central envió a personal del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y del Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF) para hacer una inspección, que concluyó con la suspensión de operaciones de la compañía minera.
Aunque el comunicado de Inhgeomin no ahonda en las razones para la determinación, Reyes asegura que los inspectores del Gobierno encontraron que la compañía no cumple con los estándares de seguridad industrial. Además, desde enero tiene la licencia ambiental vencida y el permiso de operación municipal caducado; por tanto, estuvo más de cuatro meses operando sin la documentación necesaria.
El líder comunitario dijo que ellos estuvieron buscando información sobre la operación de la minera desde 2014. La comunidad quería confirmar algunos acuerdos que habían logrado los representantes de Brisas de Mar Tramade y que de esta forma la aldea no solamente fuera afectada, sino también gozara de los beneficios del material extraído. «Iba a haber un fondo de compensación, pero pasó una década y nunca se cumplió nada. Durante el Gobierno anterior buscamos las instancias en Tegucigalpa y no se nos dio la documentación, tampoco se nos dio la información en la Municipalidad», manifestó Reyes.
Reyes apuntó que fue en esta administración, después de hacer las gestiones ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) cuando tuvieron acceso a la información solicitada. Ahí se enteraron de que los permisos de operación y licencia ambiental estaban vencidos. También encontraron los compromisos contraídos por la minera, de los cuales no ha cumplido ninguno: «No se construyó un polideportivo que habían prometido, no se construyeron puentes que estaban plasmados, no se construyeron escuelas, no se contrataron maestros, y hasta los 18 años de estar operando esta empresa nosotros nos enteramos de ese fondo de compensación», lamentó.
La ingeniera Kay Bodden manifestó que extender los permisos de operación no está dentro de sus competencias, pero que ella tenía conocimiento de que la minera tenía permiso municipal hasta el momento que las operaciones fueron suspendidas por Inhgeomin con el objetivo de verificar los estándares bajo los que está operando la mina. Sobre la denuncia de los acuerdos incumplidos a los pobladores, la funcionaria manifestó que «esos aspectos no le corresponden a este departamento».
Hay que aclarar que en el sitio web de Inhgeomin aparece que la concesión para explotar la caliza en el proyecto Sapadril es indefinida, pero esto no exime a la compañía de renovar licencias ambientales y permisos de operación.
Tras tener toda la información de los permisos y acuerdos, representantes de la comunidad buscaron dialogar antes de llegar a la toma. Reyes manifestó que se realizaron dos caminatas pacíficas en las que se llamaba a un diálogo. Se convocaron cuatro asambleas donde se solicitaron representantes de la comunidad, pero de la alcaldía no se envió a ningún funcionario. «Fuimos una comisión a la municipalidad y no nos atendió la alcaldesa María Luisa Martell, porque supuestamente estaba de viaje», contó.
Pero los intentos para encontrar una solución no quedaron ahí. Un grupo de personas de la comunidad se presentó a una reunión donde llevaron sus peticiones; luego fueron convocados a una mesa para exponer los puntos.
«La señora alcaldesa no dijo nada, simplemente se levantó de la silla donde estaba, abandonó la reunión y la dio por cancelada; entonces eso motivó al pueblo y todos los buenos ciudadanos a hacer una toma de carretera, porque en nuestro país se volvió la única forma de ser escuchado, se volvió costumbre perjudicar a buenos trabajadores y muchos buenos empresarios para que escuchen el clamor del pueblo», dijo Reyes, quien se considera militante del partido en el poder, Libertad y Refundación.
La toma y la agresión
A las 4 de la tarde del martes 7 de mayo, los vecinos de Brisas de Tramade se reunieron para tomarse de forma pacífica el bulevar que une a Puerto Cortés e interrumpieron el tráfico en la importante vía. Los jefes policiales presentes en el lugar dialogaron en dos ocasiones con los líderes comunitarios y acordaron liberar una vía, lo que permitiría al menos un flujo lento del tráfico que había estado detenido por más de 12 horas.
Una hora antes de cumplirse el plazo, los jefes policiales, uno de ellos el comisionado Eduardo Rivera Thomas, ordenaron el desalojo de los pobladores. Por lo menos una docena de manifestantes resultaron con hematomas. Francisco Zamora fue uno de los más golpeados. Tiene hematomas por todo su cuerpo y habla con alguna dificultad por los labios hinchados. Él asegura que no hizo nada para provocar la agresión. Ni él ni ninguno de sus vecinos.
«Ya teníamos un acuerdo que la huelga se iba a quitar, con los coroneles y los Cobras. A saber porque reaccionaron así y nos agarraron, pero con quien la agarraron fueron conmigo porque vieron que yo era quien más me movilizaba. Nunca les falté el respeto, a mí me golpearon todo porque no metí ni las manos», aseguró Francisco, un hombre robusto.
«Ya tengo tres días de no comer porque me duele la boca», dijo el hombre, que fue salvado por uno de sus hermanos de una golpiza mayor. «Hubo demasiados daños. A mí hermano le quebraron todos los vidrios del bus, hubo mototaxis a las que les quebraron vidrios y los retrovisores, fue un solo relajo», recordó.
Varias personas fueron brutalmente agredidas por la Policía Nacional en la protesta contra la actividad minera en Brisas de Tramade. Puerto Cortés, 8 de mayo de 2024. Foto: Cortesía Nahúm Reyes.
El hermano de Francisco relató que a las 4 de la mañana del miércoles 8, los jefes policiales les dijeron que tenían 1,200 efectivos listos para sacarlos, y que ellos no tenían gente. En ese momento acordaron liberar una vía. «Nadie les tiró nada, ellos empezaron a dar garrotazos a lo pendejo. A un amigo que intentó defender a su hijo porque lo llevaban todo amontonado le dieron un garrotazo. Ahí no respetaron niños ni nada», dijo.
Nahúm Reyes, presidente del patronato de Brisas de Tramade, lamentó que durante esta administración, la Policía Nacional se había mostrado más abierta al diálogo con la población, pero el miércoles en la mañana «parecía una guerra» por la cantidad de elementos que llegaron para reprimir al pueblo. «Ya las evidencias las tienen los entes competentes. Tenemos información muy fehaciente que la orden no vino de la presidenta, y por eso nosotros pedimos la destitución del comisario de Puerto Cortés y el que mandaron de San Pedro Sula», afirmó el líder comunitario.
Contracorriente contactó mediante Whatsapp al comisionado Eduardo Rivera Thomas, mencionado por los pobladores como uno de los jefes presentes en el violento desalojo, y respondió que en el operativo solo participaron 300 efectivos policiales. Al preguntarle sobre la agresión policial a los vecinos de Brisas de Tramade, que afirman no haber hecho nada para provocar los toletazos, respondió de forma escueta: «Ahí lo que hubo es el desalojo de un eje carretero, eso es lo que hubo». Consultado sobre si ya había un acuerdo para liberar una vía, el oficial respondió nuevamente que lo que «hubo fue un desalojo de un eje carretero, nada más».
Que se vayan
«Nosotros lo que más queremos es que la mina se vaya, pero si acaso le permiten que se quede, lo que le pedimos a Agrecasa [es] que nos haga la montaña y nos haga un río, y ni con todo el dinero que han ganado lo van a poder hacer», expresó con ironía Jessica Martínez. Ella sostiene que con todos los recursos económicos cosechados por Agrecasa, bien pudo haber beneficiado a las comunidades afectadas. «Nosotros estábamos dormidos», reconoció.
Lamentó que por estar «con los ojos cerrados» perdieron el río, lo que a su juicio «es el principal daño que ha tenido la comunidad por la actividad minera». Le parece triste cómo una compañía millonaria —los vecinos de la comunidad estiman que envían más de 60 mil toneladas cada dos o tres días a Estados Unidos— les pudo destruir lo poco que tienen los pobres.
«Agrecasa, como es millonaria dijo: “los pobres no valen nada”. Y cuando los pobres vamos a la calle porque ya no aguantamos más, nos golpean. Yo estaba presente, tuve que correr», recordó, mientras extendía un brazo en el que tenía un círculo morado.
La ingeniera Kay Bodden reconoció que la actividad minera en cualquier parte del mundo genera impactos negativos, pero son regulados por la ley mediante licencias y concesiones. «Lo que se debe hacer en materia ambiental es que esos impactos no sean tan significativos, que los daños se minimicen lo más que se pueda, pero la actividad minera en cualquier parte del mundo tiene implícitos impactos ambientales», aceptó.
Sobre la protesta ciudadana realizada contra las operaciones de la mina, expresó su acuerdo en que «hay algo de razón» porque todas las actividades contribuyen a la problemática ambiental, pero lo que se debe revisar es si está dentro o fuera de la ley, y como municipalidad están a la espera, pues son las autoridades nacionales las encargadas de verificar las denuncias contra la mina.
La Ley General de Minería de Honduras indica en su artículo 27 que la ejecución de las actividades de exploración, explotación y beneficio deben realizarse de «conformidad a los estándares internacionales contenidos en los convenios y tratados internacionales suscritos por Honduras en materia de protección y conservación del medio ambiente, de manera que no se comprometa la salud y la seguridad pública; aplicando el criterio de precaución cuando haya peligro de daño grave o irreversible».
En Brisas de Tramade no olvidan el anuncio hecho por el Gobierno de Xiomara Castro en marzo de 2022, cuando declaró a «Honduras libre de la minería a cielo abierto», con la promesa de que su administración iba a revisar las licencias y concesiones que operan en el país. «Tengo entendido que la presidenta dijo que hasta que se les venciera el permiso, hasta ahí llegaban; queremos que la presidenta respete lo que dijo y nos ayude», demandó Jessica.
Nahúm Reyes pide al Gobierno que escuchen las peticiones de la comunidad, porque Puerto Cortés es una arteria importante de la economía del país y un colapso o levantamiento puede ser catastrófico para la administración Castro Zelaya. «No queremos eso, nosotros queremos que los buenos ciudadanos triunfen», dijo.
Y recurrió a una referencia histórica muy conocida sobre los beneficios que supuestamente está dejando la actividad minera: «Lo que pasa que en este país todavía estamos en el colonialismo, donde se cambiaba oro por espejos; aquí nos quieren imponer esta mina. Los empleados se quejan que se van a quedar sin empleo, pero no saben que a la posteridad nos vamos a quedar sin oxígeno, sin agua y sin nada».
