En Nicaragua está prohibido que funcionarios nombren a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en las instituciones que dirigen, pero esto no impide que la familia Ortega-Murillo colme las instituciones del Estado ni que se premie a familias allegadas y leales a la pareja presidencial en la Corte Suprema, la Policía, el Ejército y el servicio diplomático.
Wilfredo Miranda Aburto
San José, Costa Rica
Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, ahora apunta al espacio. Este 19 de marzo de 2024 despidió en Managua a una delegación del Centro de Cooperación Internacional del Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo, adscrita a la Administración Nacional Espacial de la República Popular de China, después de firmar acuerdos de cooperación que, entre otras cosas, mete a “Nicaragua en la competencia” por llegar a la luna. Sí, es decir al espacio exterior, a pesar que este pequeño país centroamericano no cuenta ni con un ápice de capacidad técnica, científica ni mucho menos económica para la cosmonáutica. Donde ni siquiera existe un centro de investigación en materia interestelar o un gobierno que tampoco pudo orbitar un satélite que prometió.
Pero Laureano Ortega Murillo celebró los acuerdos espaciales con la agencia china en un contexto en el que el gigante asiático, entre 2022 y 2024, ha formalizado “alianzas estratégicas” desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompió relaciones con Taiwán en 2021 y abrazó al gobierno de Xi Jinping. El hijo de la pareja presidencial –siempre vestido en trajes impolutos y con su rolex en una de sus muñecas– es quien se ha encargado de gestionar la nueva relación diplomática entre Managua y Pekín. Una relación que, más allá del simbolismo político y pugnar con Estados Unidos, no ha dejado mayores réditos económicos a Nicaragua.
Lo más notable es un tratado de libre comercio firmado con China en diciembre de 2023 y que, según cifras oficiales, no compite ni por cerca con el intercambio comercial de Managua con su principal socio comercial: Washington. Por ejemplo, en la primera mitad de 2023, las exportaciones a China fueron de 6,7 millones dólares. Mientras que en el mismo periodo de tiempo las exportaciones de Managua a Estados Unidos alcanzaron casi los 1.000 millones de dólares.
Laureano Ortega Murillo no sólo es la figura sandinista más notable entre el asocio China-Nicaragua, sino que desde el año 2012 –cuando sus padres lo nombraron “asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional”– ha sido “el hombre” que trae y anuncia “grandes” proyectos para Nicaragua. La mayoría de ellos panaceas fallidas, como el “Gran Canal Interoceánico” que se le concesionó a un empresario chino desconocido y luego caído en la quiebra llamado Wang Jing. El hijo de la pareja presidencial también prometió un satélite (Nicasat-1) que nunca orbitó… y una ruta aérea directa entre Roma-La Habana-Managua que nunca terminó de despegar. Lo único que consiguió el asesor presidencial en materia de inversiones fue la inauguración en 2017 de un laboratorio ruso para producir vacunas en Managua.
En diciembre de 2023, sus padres le otorgaron a Laureano Ortega Murillo nuevos poderes de facto: viajó a Moscú y firmó acuerdos de Estado “en nombre y representación del gobierno de Nicaragua”, sin que él tenga un cargo ministerial. Una atribución sin sustento legal, pero en un régimen de corte totalitario y familiar como el de los Ortega-Murillo la legalidad es lo que menos importa: desde que los Ortega-Murillo regresaron al poder en 2006 destruyeron la institucionalidad en Nicaragua, arrasaron toda oposición y neutralizaron con brutal violencia las protestas del año 2018, inaugurando una fase de partido único que ha exiliado a más de un millón de nicaragüenses.
En los últimos dos años, Laureano Ortega Murillo ha dividido su pasión como tenor de ópera con una repentina y cargada agenda de actividades públicas y políticas. Fuentes sandinistas coinciden que sus padres lo han elegido a él como “el delfín” para perpetuar el régimen. La sucesión en este tenor de 41 años de edad.
Incluso, en diciembre de 2023, durante un encuentro con una delegación del partido comunista de China, Laureano Ortega Murillo se presentó como “representante especial del secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”… Es decir un cargo que únicamente ha ocupado su padre en la historia del partido. Sin embargo, más allá de las suspicacias de una eventual transición en el tenor y asesor presidencial en materia de inversiones, su figura refleja a cabalidad el estilo nepotista del régimen de sus progenitores. También sus hermanos y hermanas ocupan cargos creados para ellos por el Ejecutivo. Una práctica que también se repite en otras instituciones estatales nicaragüenses, en las cuales al menos siete familias de entera confianza de los mandatarios llenan puestos con familiares y allegados.
Camila, Payo, Luciana y las nueras
La pareja presidencial Ortega-Murillo tiene nueve hijos. Ocho de ellos tienen rango de asesores presidenciales, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad que son beneficiadas con contratos estatales. Una de las más visibles es Camila, quien a primera vista es la asistente en los eventos oficiales de su madre, la “copresidenta” Rosario Murillo. Pero la joven, quien dirige Nicaragua Diseña (una especie de semana de la moda), fue llevada en 2015 a la cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) en calidad de “asesora presidencial”, junto a su hermana Luciana, la menor de los hermanos.
Camilia recibe fondos del Ministerio de Turismo para realizar Nicaragua Diseña, su hobby predilecto: Por ejemplo, sólo en 2016, Nicaragua Diseña recibió de esa institución 1 millón de córdobas para la contrataciones de salones de eventos y alimentación, y también financió el hospedaje de participantes internacionales, un dato que Intur no precisa. Dirige con sus hermanos Maurice y Luciana Ortega Murillo Canal 13, un medio que recibe jugosas pautas publicitarias del Estado: La compañía Celeste Sociedad Anónima (Celeste S.A.), mejor conocida como Canal 13, ha sido beneficiada con contratos estatales cuyos montos totalizan desde el año 2015 a 2021 18,881,750.90 córdobas (539,478.597 dólares).
El cinco de septiembre de 2019, después de las masivas protestas sociales que el gobierno desarticuló con brutal violencia de policías y paramilitares, Camila se estrenó como “coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa”, un ente “conformado por orientaciones de la Presidencia de la República”.
La “Comisión Nacional de Economía Creativa”, de acuerdo a sus objetivos, promueve “la creatividad, la innovación y el emprendimiento como motores del desarrollo social, económico y cultural”. Sin embargo, hasta ahora, lo que ha logrado la comisión es crear un evento anual llamado Nicaragua Emprende. Como directora del evento nombraron a la ex miss Nicaragua Xiomara Blandino, esposa y madre de uno de los hijos de Juan Carlos Ortega Murillo, el quinto hermano del clan.
Juan Carlos es un rockero empedernido y director de Telenica Canal 8. Fuentes sandinistas refieren que es el preferido de la “copresidenta” Murillo, a tal punto que ella declaró en 2010 en un reportaje de la revista Magazine que él era la “reencarnación” de Agusto César Sandino, la figura hagiográfica del FSLN. No obstante, la combustión política de Juan Carlos se diluyó y su hermano Laureano es el que ha tomado más perfil de cara a una eventual sucesión.
Antes de estar casado con Blandino, Juan Carlos fue esposo de Idania Castillo, una de las nueras más apreciadas por Murillo. Castillo es la actual directora de la Cinemática Nacional y encargada de coordinar la relación del gobierno con los medios de prensa internacionales.
Las fuentes sandinistas insisten que los hermanos Ortega-Murillo son controlados absolutamente por su madre, a tal punto que todos viven en El Carmen, el enorme complejo residencial ubicado en Managua donde, de facto, funciona el despacho presidencial, la secretaría nacional del FSLN y la vivienda de los mandatarios. El Carmen tiene como núcleo la casa que la revolución sandinista le confiscó en los años ochenta al banquero y ex vicepresidente Jaime Morales Carazo. El matrimonio se afincó en ella y con el tiempo la ampliaron hasta que se tragó varias cuadras a la redonda, entre ellas siete casas ajenas, calles y un pequeño estadio en el que Ortega solía ejercitarse cada mañana antes de regresar al poder en 2006. En la actualidad el complejo ocupa dos manzanas, es decir 1.4 hectáreas que son protegidas por un dispositivo de policías y militares que gastan 263 millones de córdobas anuales.
En la actualidad, el complejo es una fortaleza custodiada continuamente por agentes especiales de la policía y el ejército. Dentro de sus paredes habitan siete de los hermanos Ortega Murillo con sus respectivas familias en distintos departamentos, administrados por una especie de institutriz llamada Sandra Guevara, y quien responde únicamente a la “copresidenta”.
Los otros hijos de la pareja presidencial que residen en El Carmen son Carlos Enrique, Daniel Edmundo, Maurice y Luciana. Aunque no son caras tan conocidas como Juan Carlos, Laureano y Camila, ellos tienen bajo su responsabilidad la dirección de los canales de televisión oficialistas 13, 2 y 4. Lo único disponible luego de que el régimen suprimiera los canales privados. Daniel Edmundo fue nombrado en enero de 2022 como Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, un despacho que controla a cabalidad su madre.
La esposa de Daniel Edmundo es Mara Stotti y quien se desempeña como directora de Desarrollo Turístico del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), a pesar que no se le conocen credenciales académicas y profesionales en esas lides y su hoja de vida no es disponible al público. Otra de las nueras de la pareja presidencial es Katherine Argeñal, esposa de Carlos Enrique. Según una investigación de Connectas, Argeñal es la gerente general de DNP-Petronic, la empresa estatal encargada de la distribución de petróleo en Nicaragua, que cuenta con oficinas propias pero cuyas decisiones son controladas enteramente por la pareja presidencial.
Otra de las nueras de la pareja presidencial que el Estado emplea en la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) es Karen Santamaría, esposa de Laureano Ortega Murillo. Mientras que una de las uniones más importantes la representa Blanca Díaz Flores: ella es hija del comisionado general y jefe de la Policía Nacional, Fransisco Díaz Madrid, un leal a la pareja presidencial. Blanca Díaz figura como asesora del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
Rafael Ortega Murillo, mejor conocido como “Payo”, es el que más independencia tiene de los hermanos de la pareja presidencial. No solo porque es el único que vive fuera de El Carmen y por lo tanto más alejado del control de su madre, sino por el giro de sus actividades. Sancionado por Estados Unidos como su madre y su hermano Laureano, el Departamento del Tesoro de ese país señaló a “Payo” en diciembre de 2019 como “administrador de dinero clave detrás de los esquemas ilícitos de la familia Ortega”. “Rafael y las compañías que posee se usan para lavar dinero para apuntalar al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.
Payo es hermano de padre y madre de Zoilamérica Ortega Murillo, quien en 1998 denunció por violación sexual a su padrastro Daniel Ortega. Zoilamérica es la única del clan alejada, ya que vive exiliada en San José, Costa Rica. ‘Payo’ sirve lealmente a su padrastro desde los años 90: en aquella época, aseguran fuentes allegadas a la familia, se encargaba de repartir dinero entre los que montaban las protestas contra el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Tras la llegada al poder de Ortega en 2006, él se convirtió en el negociante de la familia: ha estado a cargo de la compra de hoteles como el famoso Seminole en Managua, y que después de 2018 quebró. También de fincas, ganado y ha fungido como asesor presidencial en varios países. Pese a la sanción estadounidense, todavía está al frente de la distribución de petróleo en Nicaragua. Es la mano derecha del presidente Ortega en los negocios. Mientras que su exesposa, Yadira Leets Marín se encargaba de manejar Inversiones Zanzíbar y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP-Petronic).
Una investigación del medio Confidencial reveló en febrero de 2022 que los salarios “oficiales” de la familia Ortega-Murillo rondaban, en conjunto, los 67 mil 500 dólares mensuales. Basado en los registros oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) hasta 2018 y el análisis de escrituras del Registro Mercantil de Managua, la investigación encontró que seis de los nueve hijos de la pareja presidencial registra los salarios reportados al Seguro Social e incluye como fuente de los mismos a entidades públicas en al menos ocho casos, sin incluir al presidente y la vicepresidenta. “El resto de los sueldos registrados se derivan de empresas privadas pertenecientes a la red de negocios de la familia Ortega Murillo”, recoge el medio de comunicación confiscado por el régimen.
En Nicaragua, la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, número 438, inhabilita para ejercer esas funciones a los familiares de la pareja presidencial. La normativa establece que en todos los poderes e instituciones del Estado y sus dependencias no se puede nombrar personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento y con la persona de donde emane esta autoridad. Un estatuto que es violado por la Presidencia y otras instituciones públicas.
Los sobrinos de la “la compañera”
Sabra Murillo Centeno y Álvaro Murillo Centeno son sobrinos de la “copresidenta” Rosario Murillo. Ellos tuvieron un ascenso meteórico en el servicio de exteriores dado, coinciden fuentes diplomáticas, a su parentesco con la primera dama, vicepresidenta y segunda al mando del régimen.
Sabra Murillo Centeno se graduó como arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el año 2005. Según su perfil de LinkedIn, desde 2012 trabajó como analista de proyectos para Alba Petrocaribe-Caruna, una de las subsidiarias de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), entidad sancionada por Estados Unidos por presunto lavado de activos. Ella fue nombrada en enero de 2020 como ministra consejera en la embajada nicaragüense en Austria.
En febrero de 2021, Sabra Murillo Centeno también fue nombrada como embajadora plenipotenciaria de Nicaragua en Austria y Serbia. Además es representante permanente ante la ONU en Viena (ONUV), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC) y la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO), mediante los acuerdos presidenciales No. 28-2021 y No. 29-2021.
Y para finalizar, Álvaro Murillo asumió el 4 de marzo de 2021 como embajador ante Suiza. A finales de febrero de ese mismo año asumió el cargo de representante permanente con rango de embajador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), igualmente ante la Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el año 2020, Álvaro tuvo el cargo de ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en Ginebra.
La “barrida” de los familiares de la magistrada Ramos
Hasta noviembre de 2023, la magistrada Alba Luz Ramos ostentaba casi todo el poder en el Poder Judicial de Nicaragua. Sin embargo, fue defenestrada después que la “copresidenta” Murillo ordenó una purga sin precedentes en ese Poder del Estado que, supuestamente, desmanteló una red de corrupción. Más de mil funcionarios judiciales fueron despedidos no solo en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sino en todas las oficinas judiciales a nivel nacional.
Entre los despedidos figuran once familiares directos de la magistrada Ramos, quienes ocuparon diferentes cargos. Por ejemplo, María Alejandra Ramos era la asistente ejecutiva de su mamá. Cinco de los sobrinos de la magistrada Ramos eran jueces. Otros yernos y familiares fungían como odontólogos forenses y cargos administrativos en la CSJ.
En la barrida ordenada por Murillo ni siquiera se escapó el primogénito del presidente Ortega: Camilo Daniel Ortega Herrera, hijo del caudillo sandinista con la exguerrillera Leticia Herrera. Él no vive en el círculo de El Carmen, pero era director de la División de Informática Registral del Poder Judicial.
Otra investigación de Connectas revela que otra familia de confianza de los Ortega-Murillo es la de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y sancionado por Estados Unidos. Porras es un hombre de total confianza y lealtad probada con la pareja presidencial. Su poder se gestó en los sindicatos, primero en la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) y luego como Coordinador Nacional del Frente Nacional de Trabajadores (FNT).
“Su hija, Sonia Guillermina Porras Green, fue nombrada (según consta en La Gaceta) como Secretaria Adjunta de Economía Creativa y Naranja, que dirige Camila Ortega. Y Gusmara Porras, otra de sus hijas, es jefa del servicio de Ginecología del Hospital Público Fernando Vélez Paiz”, recoge Connectas. “Por su parte, el hermano del diputado, Guillermo Porras, es asesor y coordinador del Protocolo de Atención del COVID-19 del mismo hospital donde trabaja Gusmara, su sobrina”.
Mientras que el jefe de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz, tiene a otras dos de sus hijas en altos puestos del gobierno sandinista. Nahima Díaz Flores es directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). En enero de 2022, Nahima fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza al ser señalada como la ejecutora de decapitar a más de una treintena de canales de televisión y radios críticas a la administración Ortega-Murillo.
La otra hija del jefe policial es Tania Isabel Díaz Flores, viceministra del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Pero no sólo eso, la hermana del comisionado Díaz, Haydeé Díaz Madriz es viceministra del Ministerio de Educación (MINED).
El general del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, también repite la tónica de ubicar a familiares en puestos públicos. Alma Avilés Castillo es jefa del departamento de servicio materno infantil. También los dos hijos del militar viven del Estado: Lenín Avilés Sánchez es proveedor de varios insumos de las instituciones públicas y Julio Avilés Sánchez trabaja en TELCOR como especialista de planificación del programa de banda ancha para Nicaragua. No obstante, el medio Divergentes reveló que Julio Avilés Sánchez dirigía una granja de troles –que eliminó Meta– para difundir propaganda y desinformación a favor del gobierno.
El nepotismo también alcanza a otras instituciones públicas, donde los funcionarios que cuentan con la “bendición” de la pareja presidencial contratan a familiares y allegados.
Diplomacia nepotista
En el plano de las relaciones internacionales, la cancillería de los Ortega-Murillo ha encontrado una manera de premiar a sus más cercanos y leales: asignarles cargos en el extranjero, consolidando una diplomacia del nepotismo que viola la Ley No. 358 de Servicio en el Exterior de Nicaragua. Hermanos de ministros, hijos de diputados, y familiares en primer grado de exguerrilleros sandinistas leales a la pareja presidencial son la vanguardia diplomática del régimen.
El caso más representativo es el de Francisco Campbell, hermano del sancionado Lumberto Campbell, actual vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) y también secretario presidencial para la Costa Caribe de Nicaragua. Francisco fue embajador de Nicaragua en Washington desde el año 2010 hasta febrero de 2024, cuando la presidencia lo removió del cargo por jubilación.
Campbell se desempeñó como embajador de Nicaragua en Zimbabue de 1986 a 1990, cuando el país surafricano ocupó la Presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Al mismo tiempo fue embajador en Tanzania, Angola y Zambia, así como representante en el Congreso Nacional Africano y en la Organización del Pueblo del Sudoeste de África. Mientras Campbell fue embajador en Estados Unidos, su esposa Miriam Hooker funge como cónsul general y su hija Mabel Leilani Campbell Hooker, en el cargo de agregada de prensa y cultura de la embajada en Washington desde el año 2019, según el acuerdo No. 25-2019. Campbell Hooker tiene una licenciatura en Turismo y Hotelería por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Los Campbell Hooker viven en familia en Washington D.C.
Otro de los hijos del exdiplomático, Michael René Campbell Hooker, es el embajador de Nicaragua en China desde mayo de 2023, pero antes estuvo como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Campbell Hooker es también ministro asesor de Ortega para las Relaciones Internacionales y con el Gran Caribe. En mayo de 2021 presentó sus cartas credenciales que lo acreditan como Representante Plenipotenciario de Nicaragua ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
Uno de los casos que es no tan conocido es el de Rodrigo Coronel Kinloch, hermano de María Amelia Coronel Kinloch, quien desde 2017 funge como titular del Ministerio de Gobernación (Migob). Entre 2007 y 2016 trabajó como ministra consejera con funciones consulares de la embajada de Nicaragua en Panamá. La ministra Coronel Kinloch ha sido señalada desde abril de 2018 por familiares de presos políticos, quienes denuncian que ella ordena mantenerlos aislados y que se les restrinjan las visitas a sus parientes. La funcionaria es quien presentó la acusación por supuestos indicios de lavado de dinero y activos contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), caso por el cual decenas de periodistas y directores de medios de comunicación fueron criminalizados.
Por otro lado, las hijas gemelas del diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, también han sido premiadas con cargos en el servicio exterior recientemente. Ambas tienen 27 años. María Fernanda Gutiérrez Gaitán posee el cargo de consejera con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en la Confederación Suiza, con sede en Ginebra, según el acuerdo ministerial No. 06-2020. Es consejera de la misión permanente de la propiedad intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, creado en 1967 con la firma de la Convención de Estocolmo. La OMPI está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. En tanto, María Michelle Gutiérrez Gaitán tiene el cargo de Consejera de la Misión Permanente de la República de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, según el acuerdo ministerial No. 07-2020.
Irana Venerio Fernández es una de los siete hijos del guerrillero sandinista Raúl Venerio Granera, quien fue fundador en 1979 de la entonces Fuerza Aérea Sandinista y quien fue señalado en vida por los opositores de ser “jefe de grupos paramilitares”, en el marco de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que estalló en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos. En agosto de 2019, lrana Venerio, había sido nombrada ministra consejera con funciones consulares de la embajada de Nicaragua en Costa Rica.
Y hasta las viudas de los exguerrilleros alcanzan dentro la planilla de exteriores: Marcela Pérez Silva, esposa del comandante Tomás Borge Martínez, fue nombrada embajadora de Nicaragua en Perú después de la muerte de su marido, quien ostentaba este cargo. Pérez Silva tiene nueve años de ser la representante de Nicaragua en Perú.
Félix Maradiaga, ex precandidato presidencial:
“El nepotismo en Nicaragua ha sido una práctica común”
“El nepotismo en Nicaragua ha sido desafortunadamente una práctica común en todos los regímenes, no solo en las dictaduras, sino también en períodos de democracia”, asegura Félix Maradiaga, ex precandidato presidencial y preso político desterrado por el régimen Ortega Murillo. Durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007) ocupó el puesto de Secretario General del Ministerio de Defensa, y desde entonces ha sido un personaje clave de la vida política de Nicaragua.
Dirigió el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP), un centro de pensamiento cerrado y confiscado por el régimen sandinista. Desde el destierro, Maradiaga analiza para Redacción Regional la afectación del nepotismo en Nicaragua. “Buscando excusas que justifiquen el porqué de la contratación de familiares en el Estado, se suele argumentar que, dentro de las familias de quienes ejercen el poder, hay personas eficientes, honradas y bien educadas, lo que ha llevado a la colocación de familiares cercanos en posiciones clave del gobierno”, dice.
Sin embargo, dice, la modalidad de nepotismo familiar utilizada por la familia Ortega-Murillo supera “con creces cualquier otro tipo de nepotismo visto en la historia reciente de Nicaragua”. “El nepotismo en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega no solo es un favoritismo familiar, sino un sistema perverso, corrupto y criminal que mina la democracia, la transparencia y los derechos humanos”, plantea.
Maradiaga asegura que en el corazón de esta red nepotista se encuentra la vicepresidenta Rosario Murillo, quien fue nombrada por su esposo como “copresidenta”. La también primera dama actúa como la principal portavoz del régimen. Su influencia va más allá de lo ceremonial, teniendo un control significativo sobre las decisiones y políticas de gobierno.
“El caso de Murillo como vicepresidenta y co-dictadora de facto con Ortega refleja la concentración de poder en la familia. Esta concentración se asemeja a los regímenes nepotistas más notorios, como los de Haití, Siria y Corea del Norte, donde familiares han ocupado posiciones de poder y control. De manera similar, el rol de Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, como intermediario clave para las inversiones en Nicaragua, sigue esta línea nepotista, favoreciendo la acumulación de riqueza y poder en la familia”, asegura Maradiaga.
El excarcelado político alerta que estas “prácticas nepotistas” tienen consecuencias profundas y negativas. “No solo restringen el disenso político y desalientan la competencia, sino que también erosionan la confianza en las instituciones democráticas. Al priorizar el beneficio personal sobre el bienestar de la población, el régimen Ortega-Murillo ha establecido un gobierno dinástico que perpetúa un sistema de corrupción y desigualdad”, afirma.
Pero Maradiaga aún va más allá: argumenta que uno de los aspectos fundamentales del nepotismo es que, así como la familia Ortega-Murillo ha estado involucrada en el inmenso enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el usufructo de los beneficios del poder y la utilización del Estado como botín, “también han sido cómplices de decisiones criminales y de asesinatos extrajudiciales”.
“En otras palabras, debido al nepotismo con el que opera la dictadura de Ortega, es innegable que la esposa de Ortega y sus hijos son cómplices y colaboradores necesarios en todos los crímenes de lesa humanidad, y por tanto deben ser tratados como tales en la búsqueda de justicia y en aquellos juicios penales que eventualmente se lleven a cabo”, zanja Maradiaga.
*Este es el segundo capítulo de Centroamérica Nepotista, una investigación de la Redacción Regional sobre las prácticas nepotistas de los gobernantes centroamericanos, apoyada por IWPR y el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región (CAPIR).
