La violencia contra las familias campesinas y la persecución judicial contra sus liderazgos en el Bajo Aguán, en el norte de Honduras, se agudiza a pocos meses para que se cumplan dos años desde la firma del acuerdo tripartito entre el Gobierno, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria, que prometía encontrar una solución al conflicto. El caso más reciente de desalojo y asesinato en las tierras de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), firmante también del acuerdo, muestra la complicidad entre las fuerzas de seguridad del Estado y los intereses de una empresa transnacional bananera millonaria.
Por: Contracorriente
A pesar de las promesas del gobierno de Xiomara Castro al sector campesino en el Bajo Aguán, las fuerzas de seguridad del Estado siguen desalojando de forma violenta a las comunidades campesinas y derramando sangre en aras de conservar los intereses de las grandes compañías agrícolas, nacionales y transnacionales.
El caso más reciente ocurrió el pasado 24 de noviembre, cuando por una orden judicial se desalojó al menos a 100 familias de la Empresa Asociativa Isletas (EACI). Aproximadamente 900 policías y miembros del comando de fuerzas especiales Cobra llevaron a cabo el desalojo. Las denuncias de las organizaciones campesinas sobre fraudes e irregularidades en la adquisición de esas tierras hace más de 30 años por parte de la empresa Agrícola Santa Inés, subsidiaria de la transnacional Dole Food Company, siguen sin ser atendidas.
Estas familias se habían instalado desde el 14 de octubre en las fincas Guanacaste, La Paz y Esperanza, ubicadas en la comunidad de Isletas, en el municipio de Sonaguera, Colón. Esa misma noche fue asesinado Kevin Meza, un joven de 24 años, miembro de la EACI. Los campesinos catalogan los hechos de esa noche como «una emboscada» coordinada entre la Policía Nacional y la empresa de seguridad privada de la empresa, y la propia Secretaría de Derechos Humanos sostiene esta versión.
Estas acciones se suman a otro desalojo, ocurrido el 2 de octubre, en el que al menos 800 miembros de la policía ejecutaron una orden judicial, expulsando a las familias de la EACI en otra zona del municipio de Sonaguera. Estas tierras, en las que se produce una gran cantidad del banano que exporta la Dole Fruit Company a Estados Unidos, representan uno de los principales focos de conflicto en el Aguán, según informes del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Estos desalojos y asesinatos se dan a pesar de que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro firmó en febrero de 2022 un acuerdo con la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria, que incluye investigar violaciones a los derechos humanos y determinar la tenencia de las tierras en disputa en el Valle del Aguán.
Las intenciones de este acuerdo contrastan con la formación de la Comisión de Seguridad Agraria y la incapacidad manifiesta de la Secretaría de Derechos Humanos de exigir a la empresa privada y otros entes estatales un cese a los actos de violencia y violaciones a derechos humanos en la zona. Según datos del movimiento campesino, solo en 2023 han sido asesinadas diez personas relacionadas con la defensa del ambiente y el territorio.
A pesar de todo, las organizaciones campesinas se han manifestado públicamente frente a las instituciones del Gobierno, en sus comunidades y en Tegucigalpa, exigiendo justicia y que se respeten sus derechos, y señalan a las autoridades por aliarse con las empresas transnacionales para perseguirlos.
Sangre, violencia e impunidad en en el Aguán
Cuando la EACI se tomó los predios de la finca, los empleados de la empresa, la Agrícola Santa Inés, no podían entrar a cosechar los racimos de plátano y prepararlos para su exportación en la empacadora. Esto generó el enojo de cientos de empleados que viven en la comunidad circundante, a los que la empresa dejó de pagar durante ese tiempo, y decidieron manifestarse pidiendo el desalojo de los campesinos.
Por todos estos factores, en la entrada de la finca el registro era riguroso; nadie sin invitación debía acercarse a la zona, y la empresa vigilaba a los campesinos por medio de un dron que sobrevolaba el campamento cada cierto tiempo. Las familias campesinas no saben de quién era el dron, si de la seguridad privada de la empresa o de la seguridad estatal, pero sí saben que responde a los intereses de la transnacional para identificarlos y procesarlos legalmente.
Tampoco saben de dónde salió la bala que mató al joven Kevin Meza la noche en la que tomaron posesión de esas tierras, pero sí saben que no fue una casualidad que el portón de entrada a la finca no tuviera seguridad, y que la policía y la seguridad privada los estuvieran esperando en la oscuridad de la noche, a unos 500 metros de la entrada.
«Ellos empezaron a atacar, empezaron a disparar, no disparaban al aire sino que era contra nosotros; íbamos de retroceso cuando de repente vemos que cayó un compañero, y fue que le dispararon en la frente. Cuando escucharon que estaba muerto, salieron corriendo, pero a todos los muchachos les tiraban a matar», relata uno de los jóvenes campesinos, quizá el más fornido de todos. Luego muestra una grabación de esa noche en la que se escuchan los disparos y el momento en el que descubren, y graban, a su compañero asesinado derramando sangre sobre la tierra que intentó recuperar. Unas semanas después del crimen, los campesinos todavía cubrían con tierra el lugar donde quedaron los rastros de esa misma sangre.
Los miembros de la EACI aseguran que la toma de la tierra la hacen enmarcados en la ley, ya que afirman que tienen documentos que les acreditan como dueños de esas tierras, pero que debe ser el Gobierno quien haga la investigación del tracto sucesivo y las operaciones de venta y compra irregulares, para solucionar el conflicto.
«La policía está pagada, está bien pagada por ellos. Están con la guardia de la empresa transnacional. Actúan en favor de la empresa, no de nosotros. Le pedimos al gobierno que venga rápidamente y decida esta situación, porque estamos a la deriva. Si nos sacan, vamos a regresar dentro de poco porque la lucha no es de ahora, llevamos 33 años en esto. Hace 33 años comenzó la recuperación porque nos quitaron todo», explica otro de los campesinos.
Todos los presentes cubren sus rostros y omiten sus nombres por seguridad. Entre ellos hay varios que no tienen mucho tiempo de conocerse, pues el proceso previo a realizar la toma consiste en visitar aldeas y comunidades de campesinos sin tierra, incluso de otros departamentos del país, para invitarlos a formar parte de la empresa asociativa y prepararlos para el momento en que se haga la recuperación de la tierra.
La toma en este caso duró un total de 34 días, la mayor cantidad de tiempo en la que estos campesinos tuvieron posesión de estas tierras desde que a inicios de los años noventa según su testimonio, fueron despojados de las propiedades que se les habían otorgado en la reforma agraria a través de una «seudoventa».
En estos 34 días en posesión de la tierra, los campesinos se organizaron para supervisar la seguridad de las fincas, patrullar las cientos de hectáreas de plantación de banano, hacer la comida de las más de 150 familias que acompañaron la recuperación y supervisar las centrales de empaque de la transnacional; además, por las mañanas regalaban a los habitantes de la comunidad parte del banano que todavía estaba en buen estado tras la paralización de las operaciones de la empresa. Todo se lograba con una diligencia y coordinación rigurosa, mientras en Tegucigalpa siete de sus compañeros enfrentaban procesos judiciales.
En ese contexto, y en demanda del cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones campesinas del que la EACI también es firmante, campesinos y campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) marcharon en Tegucigalpa el 20 de noviembre, exigiendo principalmente el cese de la persecución y desalojos por parte de los entes de justicia y seguridad del Estado. Los campesinos y campesinas pretendían ser recibidos en Casa Presidencial y el Congreso Nacional, pero ambos entes ignoraron su visita a la capital y sus demandas.
Tras casi dos meses desde el asesinato de Kevin, la demanda por esclarecer el caso tampoco ha sido resuelta, aunque el viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos, Guido Eguigure, asegura que efectivamente la Policía fue parte de la emboscada contra los miembros de la EACI, y que si la investigación lo confirma deben deducirse deben deducirse responsabilidades a la policía y la seguridad privada.
«Deberían requisarse las armas, no solo de la policía, sino también de la seguridad privada. No hay normativas que permitan a la seguridad privada disparar en un operativo, pero nosotros solo hablamos con los campesinos. No tenemos capacidad de imponer acciones a la policía o la seguridad privada», apuntó Eguigure.
Según información que recibió Contracorriente, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público está llevando la investigación del crimen, y el cuerpo fue exhumado para concluir el informe de la autopsia; además, requisaron las armas de los policías que participaron en el operativo. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún resultado público de dicha investigación.
Contracorriente llamó a las oficinas de la empresa Agrícola Santa Inés para conocer su versión de los hechos; sin embargo, no hubo respuesta.
La inoperancia del Gobierno y el poder tras la industria bananera
«Condenamos la criminalización por el ministro de seguridad contra los campesinos de la EACI», rezaba una pancarta de cartulina con letras negras y rojas que una mujer sostenía bajo la lluvia, durante una caminata realizada el 18 de octubre en la ciudad de Tocoa, Colón, por miembros de la Plataforma Agraria, en conmemoración de 26 años desde el asesinato de Carlos Escaleras y siete años desde el crimen contra José Angel Flores y Silmer George; todos ellos defensores de la tierra y el ambiente en la zona del Bajo Aguán.
La marcha se dio solo unos días después del asesinato de Kevin. Ni el temor de que otro crimen pueda ocurrir, ni la lluvia, ni las calles inundadas en una ciudad sin sistema de alcantarillado detuvieron a los campesinos. Decenas de familias marcharon por toda la ciudad exigiendo justicia y un alto a las acciones de criminalización ejecutadas por el Estado.
Más tarde ese día, Esly Banegas, presidenta de COPA y defensora de derechos humanos, explicó a Contracorriente que, aunque con los acuerdos de febrero de 2022 se creó una Comisión de Seguridad Agraria, los resultados son nulos y el trabajo es deficiente debido en gran parte a la mala coordinación de Francisco Fúnez, quien también lidera al Instituto Nacional Agrario (INA).
La entrevista con Esly fue en las oficinas de COPA, un lugar que bien podría compararse con un búnker de seguridad, digno del conflicto violento y sangriento que se da en la zona. La seguridad es justificada considerando las múltiples ocasiones en las que han sido objeto de atentados al solo salir de esas oficinas.
Esly misma ha sido víctima de estos atentados, e incluso uno de sus hijos fue asesinado en noviembre de 2016.
«A pesar del acuerdo seguimos enfrentando muertes y falta de investigación, incluso con el nuevo gobierno. Para colmo, la comisión militarizada no parece estar resolviendo la problemática agraria desde la raíz. No deben olvidar que las raíces de la narcodictadura son profundas, y la falta de investigación perpetúa la impunidad», apuntó Esly.
Un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) sobre el conflicto agrario en el Aguán señala que el ritmo lento del cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno responde en parte a «la falta de experiencia y competencias necesarias del equipo gubernamental para gestionar este tipo de conflictividad». Y agregan que el Gobierno ni siquiera cuenta con una estrategia de abordaje interinstitucional y no hay recursos presupuestarios.
En ese sentido, las organizaciones reclaman que, en lugar de trabajar para avanzar en los procesos que podrían darle una solución a este conflicto, el Gobierno de Xiomara Castro anunció en junio de 2023 la creación de una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, con origen en la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, y que plantea todo lo contrario a lo que esperaban de esta administración, como acciones represivas para el desalojo de las fincas ocupadas.
Excluida de esta comisión, y todas las demás, se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos, la que aparenta ser la instancia con mayor preocupación por la violencia contra los campesinos y campesinas en el Aguán, o al menos eso manifiesta en sus declaraciones el viceministro Guido Eguigure.
«La labor de la Secretaría se centra en la observación y asesoría, ya que no tenemos la capacidad de resolver directamente los conflictos locales; además, el poder local está en manos del alcalde y la Secretaría no puede imponer cambios en el ámbito local», explicó Eguigure. El viceministro se refiere a Adán Fúnez, el conflictivo alcalde de Tocoa que ha sido mencionado en los juicios por narcotráfico en Estados Unidos.
Fúnez no ha dicho nada recientemente sobre el conflicto, pero sus antecedentes indican que responde a intereses, y los de la empresa Agrícola Santa Inés rebasan las fronteras del departamento de Tocoa.
Una resolución presentada ante la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia detalla que la Empresa Agrícola Santa Inés forma parte de un conglomerado cuyo origen es la transnacional Dole Food Company. Esta última ostenta en su cartera un total de 30 sociedades hondureñas, con una inversión acumulada de 21 mil millones de lempiras, y también es propietaria de las acciones de otras cinco empresas, algunas de ellas pertenecientes al sector bancario, como Inversiones Atlántida y Seguros Continental.
La Dole Food Company, una de las principales empresas exportadoras y distribuidoras de frutas y verduras a nivel mundial, registra anualmente una facturación cercana a los 4,500 millones de dólares. En Honduras, el banano ocupa el noveno lugar en la lista de productos exportados por el país, formando parte de un vasto poder económico que podría resultar crucial para comprender la falta de resolución de este conflicto.
