Para las mujeres hondureñas, cruzar calles sin ser víctimas de acoso es improbable y cruzar fronteras sin sufrir violencia basada en género es inimaginable. Rosa –nombre que ella escogió para cuidar su identidad– escapó de su agresor dos veces. La primera vez intentó llegar a Estados Unidos con su hermano, pero fueron secuestrados por Los Zetas en México. La segunda vez intentó recorrer el mismo camino con sus hijos, pero fueron separados por agentes federales mexicanos. En Honduras, la justicia sigue sin responderle, porque el juzgado aún no emite sentencia del proceso judicial por violencia contra la mujer. Sin esta sentencia, Rosa no puede iniciar a tramitar su divorcio.
Texto: Laura García Cáceres
Ilustración: Axel Josué Mencía Monroy
«Estábamos en Piedras Negras cuando caímos en manos de Los Zetas», relató Rosa al recordar su primer viaje hacia Estados Unidos en el 2007. «Nos llevaron a una casa con cuernos de chivo, nos desnudaron, a mi hermano lo agarraron y con una pistola en la cabeza le dijeron que se agachara sin el pantalón». Piedras Negras es una ciudad en el estado fronterizo de Coahuila, al otro lado del Río Bravo. Para el 2009, incluso el centro penal de Piedras Negras estuvo controlado por Los Zetas, uno de los cárteles de la droga más temidos en México.
Rosa y su hermano estuvieron encerrados en una bodega mientras su madre en Honduras reunía 4,000 dólares (aproximadamente 72,000 lempiras en el 2007) para que el cártel dejara en libertad a sus dos hijos. Después de semanas de espera, su madre vendió un solar, el único bien que Rosa tenía. «Fueron noches de zozobra, yo escuchaba cuando le gritaban [a mi hermano] y lo golpeaban cada cinco minutos», relató.
Pero aun antes del secuestro, el viaje ya había sido angustioso. «Aguantamos hambre por días, pasamos 12 trenes, 32 túneles, dormimos a la intemperie. Tuvimos que meternos en contenedores llenos de migrantes, encendían los focos y decían que iban a quitar [raptar] mujeres (…) Fuimos por un futuro y lo que encontramos fue desgracia.» Como consecuencia de estos golpes, el hermano de Rosa quedó en estado parapléjico y tuvieron que regresar a Honduras al ser liberados.
Pasaron diez años entre su primer y segundo intento de llegar a Estados Unidos. Durante ese tiempo, Rosa regresó a trabajar en un mercado de la capital mientras buscaba asistencia en las instancias del Gobierno que pensó que podían ayudarla: la Fiscalía de la Mujer y el Instituto Nacional de la Mujer. No quería irse a Estados Unidos de nuevo porque ya conocía los riesgos de la ruta migratoria. Sin embargo, esa fue la única salida que encontró para escapar, por segunda vez, de un matrimonio violento.
«Le pedí ayuda a todas las autoridades» —comentó Rosa, recordando su desesperación—, «presenté actas de denuncia al Core 7 por maltrato físico y agresiones. Sigo atada al mismo yugo y no me han hecho caso.»
A pesar de todas las pruebas que la defensa pública de Rosa presentó ante la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-Mujer) del Ministerio Público (MP), y pese a que su agresor admitió el maltrato frente a un juez, Rosa sigue casada con su agresor. El problema es que en los tribunales hondureños un fallo que declara la existencia de un delito de violencia intrafamiliar no basta para que, de oficio, se tramite un divorcio.
«Una cosa es demostrar la agresión, y otra es encauzar y utilizar la agresión como causal de divorcio», indicó la directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo Integral para la Mujer y la Familia (Udimuf), Vanessa Siliézar. La Fiscalía no puede ayudarla con su divorcio, entonces Rosa tiene que contratar a un abogado privado para que lo tramite utilizando la sentencia que aún está por emitirse.
«Si ella tiene un documento legal donde él acepta que la ha agredido, este documento constituye plena prueba para utilizarlo en una causal de divorcio. Y si alguna audiencia o sentencia sigue pendiente, entonces es difícil que ella logre divorciarse de su agresor. La probabilidad de una sentencia justa en casos de mujeres en situaciones de violencia gira alrededor de la cantidad de dinero que tengan disponible para ser representadas en juicio», indicó Siliézar.
Legislación interna para proteger a las mujeres
La Ley Contra la Violencia Doméstica entró en vigencia en 1998 en Honduras. Fue la primera norma en la región centroamericana que reconoció que la violencia entre parejas y exparejas es denunciable ante fiscalías, y que constituye una violación a los derechos de las mujeres.
Sin embargo, la ley no quedó inserta en materia penal; entonces, la violencia doméstica no es un delito, quedó solamente como una norma sancionadora en un cuerpo legal fuera del Código Penal. Con el paso de los años, a juicio de la abogada Siliézar, se fue revistiendo de impunidad y ha resultado insuficiente.
Contrario a la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar sí se considera un delito. El Código Penal de 1983 consideraba la violencia intrafamiliar un delito, con una pena de 1-3 años de prisión. Con las reformas penales del 2005, se disminuyeron las penas en delitos contra la libertad sexual. «El problema arranca aquí —agregó Siliézar— porque con una pena tan baja, la orden del MP es suspender la acción penal». El fiscal no persigue al agresor porque las penas son mínimas en comparación con otros delitos.
«El Poder Judicial emite sentencias según las herramientas que tiene a su alcance. Lo que garantiza un buen juicio en materia penal es la investigación criminal. Con una legislación débil, los fiscales no tienen argumentos ni evidencias para procesar a los supuestos agresores», indicó la defensora de derechos de la mujer.
Para esta historia se intentó entrevistar a la titular de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Doris García, y a la secretaria de Estado en despacho de Derechos Humanos, Natalie Roque. Sin embargo, para la fecha de cierre de esta publicación no se recibió respuesta de las funcionarias.
«¿Dónde no le he buscado a la vida? Pero aquí no somos libres, no puedo estar con la zozobra y no puedo andar escondiendo a mis hijos toda la vida. Trato de continuar mi vida, pero nunca he vuelto a tener un hogar», comentó Rosa.
Rosa buscó trabajo y se mudó de ciudad siete veces: Juticalpa, Danlí, Comayagua, La Libertad, La Paz, El Progreso, Puerto Cortés. De nada servía, su esposo siempre la encontraba. «Intenté buscar ayuda ante la autoridad de nuestro país y de nada nos sirvió porque igual estaba amenazada por uno de sus sobrinos, que era pandillero.» Al no encontrar ayuda en Honduras, Rosa y sus tres hijos salieron hacia Estados Unidos en el último trimestre del 2017.
El segundo viaje hacia Estados Unidos
Sabiendo los riesgos que enfrentaría, Rosa no tuvo otra opción más que intentar llegar a Estados Unidos otra vez. En esta ocasión, ella y sus hijos fueron detenidos y separados por la policía en México. El esposo de Rosa interpuso una alerta migratoria internacional porque se llevó a sus hijos sin consentimiento. Pese a que su esposo es un padre ausente y fue denunciado por violencia contra la mujer, Rosa y sus hijos fueron retornados a Honduras.
«Estábamos en Celaya, Guanajuato, cuando nos detuvo migración. Me dijeron que tenía alerta internacional migratoria. Cuando me detuvieron me dijeron que no tenía derecho a nada por haber sacado a mis hijos del país ilegalmente; dijeron que era secuestro. Presenté denuncias, fotografías y todo en México. Les lloré y supliqué que me dieran refugio y me lo negaron». Rosa y sus tres hijos estaban separados y aislados entre sí.
La violencia contra la mujer como motivo de migración, a juicio de Siliezar, es un tema que poco se toca y que, probablemente, se invisibiliza a propósito. «La migración es para las mujeres hondureñas, en muchísimas ocasiones, la única escapatoria de un matrimonio violento y de un Estado ausente frente a su reiterado clamor por auxilio, (…) un Estado que insiste en ignorar las violencias basadas en género».
Para finales de agosto del año en curso, 32,727 hondureños habían sido retornados al país. según boletines de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCHA-ONU). De estos migrantes, 26,397 fueron retornados por controles migratorios en Estados Unidos y su frontera con México. La agencia de las Naciones Unidas para refugiados estima que el 5 % de estos hondureños necesitaría protección internacional.
Protección internacional fue lo que pidió Rosa ante las instituciones mexicanas luego de un evento que desató en ella una crisis nerviosa dentro de la prisión federal. En la cárcel de México intentaron abusar sexualmente del hijo mayor de Rosa, que tenía 13 años. «Cuando mi hijo me dijo eso, yo busqué ayuda en México. Aunque éramos inmigrantes, estábamos en manos federales, ¿cómo iban a aceptar abusos sexuales en contra un menor dentro de la cárcel?»
Cuando Rosa y sus tres hijos regresaron a Honduras, ella se encontró con una demanda por manutención presentada por su esposo en contra de ella. Rosa le entregó sus hijos a su esposo. «Yo le entregué a mis hijos porque no tenía cómo darles de comer. Por eso se los entregué, pero aún él, viviendo en mi propia casa, me fue a demandar.»
Rosa se encarga de sostener a sus tres hijos, su hermano y su madre. Su única victoria en el proceso judicial ha sido una orden de alejamiento como medida de protección hasta que se emita la sentencia. «Tengo dos niños en la escuela, mi hijo no pudo entrar a la universidad. Yo quiero lo mejor para mis hijos, pero me siento corta económicamente porque las ventas han bajado. Hay que comprar pañales, leche para mi hermano, que tiene 32 años, porque es un bebé en cama», agregó Rosa..
«La realidad de nuestras mujeres es esa: empobrecidas, en situación de violencia y desigualdad, no tienen profesional del derecho que las represente en materia civil. Allí está el porqué del abandono de los procesos», indicó Siliezar.
Denuncias, investigación criminal y sentencias
En el año 2020, el MP recibió 14,744 denuncias por delitos de violencia basada en género a nivel nacional. En el 2021, recibió más de 23,000. En 2022, recibió 21,200 denuncias. Y hasta septiembre del año 2023, el MP había recibido más de 15,000 denuncias por estos tipos de violencias.
Según datos del Poder Judicial, en el 2020 se emitieron 317 resoluciones en casos de violencia basada en género, frente a 2 sobreseimientos otorgados en el mismo año. En el 2021, se emitieron 517 resoluciones y 53 sobreseimientos definitivos. En el 2022, se presentaron 281 resoluciones y 9 sobreseimientos. En lo que va del 2023, se han emitido 222 resoluciones y se han otorgado 10 sobreseimientos.
«La ignorancia en temas de género es inexcusable en los legisladores y jueces. La sentencia queda a criterio de jueces que están insensibilizados con violencia de género. Es inevitable reconocer que la violencia predomina en la estructura estatal, en especial en las cortes» apuntó Siliezar. En casos de violencia intrafamiliar, el Estado tiene una gran labor de reparación. Las organizaciones feministas, indicó la entrevistada, instan al Estado a aumentar la sanción penal y revisar las figuras donde se redujeron penas.
El caso de Rosa representa una realidad para las mujeres en situaciones de violencia basada en género en Honduras: el acceso a los tribunales no les garantiza justicia porque la legislación es débil al proteger los derechos de la mujer. «Esto es impunidad hecha a la medida del agresor», concluyó Siliézar.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), como parte de su iniciativa «¡Exprésate!» en América Latina.
