En 2021 los homicidios se habían reducido sistemáticamente, dentro de los penales los pandilleros gozaban de beneficios, y los líderes salían cada vez con más frecuencia a las falsas consultas. Bukele había consolidado su poder en las elecciones a alcaldías y diputados con el apoyo de las pandillas, y la justicia salvadoreña entorpecía las peticiones de extradición de Estados Unidos. Pero, después de dos años de negociación, las visitas al interior de los penales, la demanda más anhelada por las pandillas no llegaba. En marzo de 2022 los días más violentos desde los Acuerdos de paz pusieron fin a 33 meses de negociaciones. Comenzaba el Régimen de Excepción, la principal carta que ahora ocupa Bukele para catapultarse hacia una reelección inconstitucional.
—
El 14 de enero de 2021 el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la acusación “más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de EU contra la MS13 y su estructura de mando y control”. La Corte del Distrito Este de Nueva York acusó a 14 líderes de la Ranfla Histórica de terrorismo y solicitó a El Salvador su extradición. Entre los extraditables, estaban ocho de los internos de Zacatecoluca beneficiados por el Estado con traslados para asistir a falsas consultas en hospitales públicos y privados.
El anuncio de las solicitudes de extradición vino a confirmar un rumor que los máximos líderes de la MS-13 temían desde agosto de 2019. “Están abatidos”, describía un análisis de inteligencia policial fechado en aquel mes, “alguien del gobierno les había dicho que serían extraditados a cárceles de los EE. UU sin ver el sol”.
El bloqueo del proceso de extradición se convertiría desde entonces en un nuevo punto en la negociación con el gobierno. El otro elemento que entró en el diálogo en 2021 fueron las elecciones a alcaldes y diputados de febrero de ese año: las pandillas se comprometieron a incidir en sus territorios para favorecer a Nuevas Ideas, el partido de Bukele.
Al interior del penal de Quezaltepeque se tenía la orden de “que todos los familiares de los detenidos voten por el partido nuevas ideas, en las próximas elecciones del 28 de febrero,”, según la Nota 888321 de la Subdirección de Inteligencia de la PNC con fecha del 15 de febrero. La orden en intramuros, de acuerdo con el informe, la giró Fernando Alberto Espadero Gonzales, alías “Ilegal”, miembro de la clica Hollywood Locos. uno de los ranfleros y portavoces de la MS-13 dentro de esta prisión.
El 10 de febrero, el subdirector general de Centros Penales, Carlos Aparicio, visitó Zacatraz. Entró a las 9:15 “en dos vehículos sin placas y con varios sujetos a bordo”. Cinco minutos después, Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, “Diablito”, y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, “Snayder”, salieron a una consulta al Hospital Nacional Santa Teresa sin que se reportara su regreso.
Al día siguiente, Aparicio volvió a visitar la cárcel para reunirse con el director del penal.
Las actas policiales no dan cuenta del objetivo de esas reuniones ni quienes estaban presentes, pero un custodio que trabajaba en Zacatecoluca en esas fechas afirmó para esta investigación que se celebraban en la sala de audiencias y que en ellas participaban líderes pandilleros.
El 24 de febrero, el último día de campaña electoral, salieron por primera vez de Zacatraz cinco pandilleros en un solo viaje. El grupo, compuesto por miembros de la MS-13 y el Barrio 18, se trasladó a bordo de la camioneta con matrícula N526 hacia el hacia el Hospital Nacional Rosales, en San Salvador. Los cinco pandilleros salieron a las 5:30 am y no regreserían hasta las 12:25 pm, siete horas después.
El 28 de febrero, día de la votación, se vieron pandilleros a la entrada de algunos centros de votación alentando a la ciudadanía a “votar por la N”, según un reporte de la organización Crisis Group.
La Corte del Distrito Este de Nueva York también acusaría más tarde la injerencia de las pandillas en el proceso electoral:
“Los líderes de la MS13 también acordaron utilizar la influencia política de la MS13 para dirigir a los miembros de la MS13, a sus amigos y familiares, y a los residentes de los barrios bajo control de la MS13, para que apoyaran a los candidatos de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021 para la Asamblea Legislativa de El Salvador”, se lee en una acusación o indictment dada a conocer en febrero de 2023.
Nuevas Ideas arrasó con 56 de 84 curules en la Asamblea Legislativa y 152 alcaldías de los 262 municipios. El partido oficialista alcanzó la mayoría calificada y con ello Bukele seguía apuntalando su poder absoluto en El Salvador.
El poder absoluto de Bukele, un poder para negociar mejor
El de 1 de mayo de 2021 los diputados de Nuevas Ideas tomaron posesión en sus curules. Esa misma noche destituyeron inconstitucionalmente a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara, para reemplazarlos por funcionarios cercanos a Bukele.
Las primeras dos acciones del oficialismo con su nueva mayoría impactaron de manera directa en los intereses en común entre el Gobierno y las pandillas. Por un lado, los magistrados depuestos podrían haber inclinado balanzas en la Corte Plena para autorizar o denegar las extradiciones solicitadas por Estados Unidos. Por el otro, al designar a Rodolfo Delgado, el Gobierno logró que se archivaran casos de corrupción en la administración Bukele y también una investigación de un grupo especial de fiscales sobre las visitas de Osiris Luna a centro penales y las negociaciones de funcionarios del gobierno Bukele con las pandillas.
El triunfo arrasador de Nuevas Ideas se vivía con expectación entre los pandilleros presos en Quezaltepeque. “Ya que esperan que se sienten los nuevos diputados para ir observando qué beneficios puedan ir logrando, ya que ellos como pandilla, la exigencia será obtener el beneficio de la visita familiar y esperan que las nuevas autoridades les den dicho beneficio”, señalaba la Nota 90021 de la Memoria de Labores 2021 del Subdirección de Inteligencia Policial.
Se estaban cumpliendo dos años de negociaciones con el gobierno y la visita familiar seguía siendo una demanda a la que los pandilleros no renunciarían.El 10 de junio, la nueva Corte mostró indicios de la postura del oficialismo respecto a las extradiciones a Estados Unidos cuando comenzó a entorpecer la extradición de Armando Eliu Ramírez, alias “Blue”, el primer pandillero acusado de terrorismo en Estados Unidos.
Los magistrados impuestos el 1 de mayo lideraron el debate con un argumento que no se utilizaba en los procesos de extradición: el pago de condenas pendientes en El Salvador antes de responder al país demandante. Blue, aunque no es miembro de la Ranfla, es perfilado por las autoridades estadounidenses como cabecilla de la MS-13 en la costa este.
Para ese entonces cuatro miembros de la Ranfla Nacional ya habían sido solicitados en extradición ante diferentes juzgados: Elmer Canales Rivera, “Crook”; Eduaro Erazo Nolasco, “Colocho”; Hugo Armando Quinteros Mineros, “Flaco” y Efraín Cortez, “Tigre”; dos de los cuales habían salido en repetidas ocasiones a hospitales. Actualmente tres de las cuatro órdenes de extradición ya han sido rechazadas. Los magistrados impuestos no pueden pronunciarse sobre la solicitud contra “Crook”, ya que su paradero es desconocido desde noviembre de 2021.
El Departamento de Justicia norteamericano condenaría estas medidas de la Corte como una negociación. “La Ranfla Nacional exigió que el gobierno de El Salvador se negara a extraditar a los líderes de la MS-13, incluida la Ranfla Nacional, a los Estados Unidos para su enjuiciamiento. A cambio, los líderes de la MS-13 acordaron reducir el número de asesinatos públicos en El Salvador, lo que benefició políticamente al gobierno de El Salvador, al crear la percepción de que el gobierno estaba reduciendo la tasa de homicidios”.
El año menos violento, el año con más salidas
El 2021 fue hasta entonces el año menos violento de la administración de Nayib Bukele. En El Salvador se cometieron 1,211 homicidios, un promedio diario de 3.3, de acuerdo con los datos de Medicina Legal. Ese año también fue en el que se produjeron más salidas de pandilleros de Zacatraz, 504, más del doble que en 2020 y hasta nueve veces más que en el segundo semestre de 2019, cuando comenzaron las negociaciones entre el gobierno y las pandillas.
En junio se llegaron a registrar 50 traslados, la mayor cifra en un mes hasta entonces. El día 11 salieron al mismo tiempo cuatro de los pandilleros más beneficiados: Snayder, Diablito, Trece y Carlos Alberto Martínez Melara, “Shaggy”. Todos quedaron internados en el Hospital de Santa Teresa por tres días, excepto Snayder que permaneció siete.
Los beneficios carcelarios y las salidas a hospitales, además, no eran exclusivas de Zacatecoluca. Los documentos de inteligencia consultados para esta investigación, muestran que pandilleros recluidos en los penales de Izalco y Quezaltepeque también gozaron de beneficios en intramuros y salidas a centros médicos. Según uno de los informes, policías a cargo de la custodia de internos trasladados de Quezaltepeque al Hospital Rosales sorprendieron a dos pandilleros llamando por celular desde una sala del centro.
“Los internos fingen estar enfermos y cuando son llevados al hospital están aprovechando hablar por teléfono y recibir visitas, situación que están aprovechando para enviar líneas delincuenciales hacia la calle y así mismo ingresarlas al interior del penal, por lo que en un momento determinado pueda que haya un aumento de los delitos, ya sean homicidios, extorsiones, etc“, de acuerdo con la Nota 98352 realizada por la subdirección de inteligencia.
Las líneas principales trazadas desde julio de 2019 en la negociación entre gobierno y pandillas se estaban cumpliendo: en las calles de El Salvador los homicidios se habían reducido drástica y sistemáticamente, dentro de los penales los pandilleros gozaban de beneficios, y sus líderes salían cada vez con más frecuencia a las falsas consultas. En este tiempo Bukele había consolidado su poder y la información con la que contaban los aparatos de inteligencia de la PNC y El Ejército sobre las salidas irregulares y pactos no había llegado a manos de a la Fiscalía, que de todos modos ya estaba cooptada por gente afín al oficialismo. Los documentos de inteligencia, sin embargo, muestran que al menos desde mediados de julio, justo cuando se cumplían dos años de la negociación, la MS-13 volvía a elaborar un plan B en caso de que las autoridades no les concediera su demanda más ansiada: los “puntos de honor”, las visitas dentro de los penales.
“Están dando un compás de espera durante tres meses para ver si les dan visita familiar, si esto no sucede se abrirá las válvulas”, se lee la Nota 96289 de inteligencia policial sobre el penal de Quezaltepeque. Otro informe, sobre la cárcel de Ciudad Barrios, indicaba que la MS-13 amenazaba con abrir fuego contra el sistema, “porque están evaluando que no les van a dar visita familiar”.
Según el “Informe de Análisis Integrado de Inteligencia periodo del 2 al 8 de agosto de 2021”, la MS-13 estaba engrosando la lista negra en la que tenían anotados a todos esas personas detractoras, informantes, civiles que no pagaban la extorsión y hasta agentes del Estado, que serían ejecutadas cuando le quisieran mandar un mensaje al gobierno.
Las masacres en las calles acaban con los pactos gestados en los penales
El 7 de octubre el país estaba atento al partido entre “La Selecta” y Panamá de las eliminatorias mundialistas. El gol de Enrico Hernández al minuto 37 puso el grito en la voz de miles de salvadoreños que veían el partido desde sus casas; también en cientos de presos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Unas imágenes en poder de esta investigación muestran como los pandilleros disfrutaron de la victoria sentados en el comedor con pupusas, pastel y soda, mientras el partido era transmitido desde un proyector.
Aquello era una actividad no protocolaria del sistema penitenciario, pero el pacto estaba siendo favorable tanto para el gobierno como para las pandillas, así que el partido era una prebenda para los presos. El 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia había negado la extradición a Estados Unidos de Armando Eliu Ramírez, “Blue”, y las pandillas habían mantenido un promedio diario de 2.3 homicidios entre septiembre y octubre. El presidente continuaba atribuyendo esos índices al Plan Control Territorial. El 16 de octubre se convirtió en el día con más salidas registradas en la base de datos de los documentos de inteligencia a los que ha tenido acceso La Redacción Regional: siete miembros del Barrio 18 Sureños fueron trasladados al hospital Santa Teresa.
Las visitas, a pesar de las promesas de los interlocutores del gobierno, seguían sin llegar y los planes de la MS-13 que la inteligencia policial había registrado en los meses anteriores, se cumplieron. Entre el 9 y el 11 de noviembre murieron asesinadas 45 personas.
La inteligencia policial responsabilizó a la MS-13 al consignar en el “Informe de Análisis Integrado de Inteligencia periodo del 8 al 14 de noviembre” que “se tubo incremento en la incidencia de homicidios los día 09 al 11 (SIC), concentrándose principalmente en el departamento de San Salvador y la Libertad, siendo las principales victimas (SIC) pandilleros de la 18 sur o con vínculos, en la mayoría de casos los victimarios fueron pandilleros de la MS13”.
El último día de la masacre, el 11 de noviembre, cuatro líderes del Barrio 18 Sureños enviaron un mensaje a sus huestes desde el interior de Zacatecoluca pidiendo detener “los enfrentamientos entre pandillas” para no “echar a perder todo lo que se está tratando de hacer”, según un audio publicado por El Faro. El audio había sido grabado y enviado con el consentimiento del gobierno para que los líderes presos calmaran a sus soldados de las calles.
Al siguiente día, los homicidios volvieron a su promedio diario de 2.4 y los beneficios se sucedieron durante las siguientes semanas.
El 18 de noviembre, Elmer Canales Rivera, “Crook”, uno de los miembros más influyentes de la Ranfla Nacional y pedido en extradición, fue liberado de Zacatecoluca a pesar de contar con una pena pendiente de 40 años de acuerdo con varias fichas realizadas por la Inteligencia Policial. Según una investigación de El Faro, el pandillero fue llevado por el propio Carlos Marroquín, director de Tejido Social, hasta Guatemala. De ahí viajaría hasta México.
El 24 de noviembre, cuando Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, “Diablito”, fue trasladado a un asilo de ancianos, llamado Casa Linda, y permaneció ahí por 28 días con medidas de seguridad mínimas, según revelaron Redacción Regional y La Prensa Gráfica en marzo pasado.
El 22 de diciembre, el día que Diablito regresó a Zacatecoluca, un automóvil de la empresa Fórmula San Salvador dejó en el penal 752 “platos de comida carne encebollada” para la tienda. El 24 de diciembre a alas 7:56 am otro camión procedente de la empresa Pollo Campestre se adentró al penal “con el fin de dejar 607 combos de pollo para los PDL”.
La Navidad de 2021 parecía aquella de dos años atrás, cuando recién se había formalizado el pacto entre gobierno y pandillas, y los beneficios se sucedían en Zacatecoluca. Incluso, 2022 inició con un mayor ritmo de salidas del penal hacia centros médicos: 45 en enero, 45 en febrero y 38 en marzo. Pero entre el 25 y el 27 de marzo las pandillas provocaron los días más violentos desde la Guerra Civil, cometiendo 87 asesinatos.
“La ranfla en libertad habría ordenado válvula abierta a todos los programas para que se incrementen los homicidios, exigiendo una ‘pegada’ (homicidio) por clica, debido a inconformidades de los PDL y como medida de presión al Gobierno”, consignó el “Informe de Análisis Integrado de Inteligencia” del mes de marzo.
Modesto, un antiguo miembro de la MS-13 que habla desde otro país y que vivió sus últimos años en el penal de Zacatecoluca, dice con desdén que Bukele: “no cumplió con el trato”.
El 25 de marzo, las autoridades registraron 14 homicidios, y para el sábado 26 la ola de violencia no paraba, a pesar de los aparentes esfuerzos para que así ocurriera. A las 00:20 del sábado 26, Carlos Tiberio Ramírez Valladares, “Snayder”, Saúl Antonio Ángel Turcios, “Trece” y Carlos Alberto Martínez Melara, “Shaggy”, salieron de Zacatraz a un “hospital privado” sin ningún diagnóstico o una explicación para estar de regreso a las 3 am.
A esa hora, en Casa Presidencial, Bukele, el gabinete de Seguridad y el fiscal general ya habían acordado la creación de un Régimen de Excepción. La medida sería informada a todos los mandos policiales del país horas después en una reunión convocada de urgencia en una sede del Estado Mayor de la Fuerza Armada. En la madrugada del domingo 27, la Asamblea Legislativa decretó el Régimen de excepción, todavía vigente en El Salvador.
A partir del 27 de marzo los informes de novedades no volvieron a registrar una sola salida a hospitales. Las visitas familiares jamás llegaron. Todo había acabado.
