Una masacre de 13 personas en un billar de la colonia Victoria en el sector López Arellano de Choloma, al norte de Honduras, justificó un toque de queda en esa ciudad como medida para contrarrestar la ola violencia. Pese al hecho sangriento y las medidas restrictivas, en la ciudad sigue la vida con normalidad; incluso en el barrio donde ocurrieron las muertes, la rutina no parece interrumpirse. El 18 de julio, después de 23 días de estar vigente el toque de queda, el gobierno decidió levantar la medida aduciendo una reducción de homicidios. Ese día se registró otro homicidio múltiple.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Amílcar Izaguirre
A un lado de la entrada principal, en una de las paredes de ese billar, hay un pequeño rótulo pintado en letras rojas y negras en el que se lee una frase tan corta como contundente: No armas. Aquello no deja de ser un contraste trágico ante el hecho de que en ese lugar recientemente murieron acribilladas a balazos 13 personas.
Detrás de los barrotes que protegen el interior del edificio, como testigos mudos, hay cajas y envases de cervezas regados por doquier.
A pocos metros de ahí, en los alrededores, los días han pasado y el olor a muerte ha sido olvidado por los vecinos. Todo se veía con aparente normalidad. En una pulpería cercana alguien compraba arroz, otro un refresco y una mujer pedía huevos. Todos se conocían y sonreían. Nada hacía pensar que ahí, hace un mes, la ola de violencia que azota al país había cobrado 13 vidas. Todo era normal entre ellos hasta que se percataron de la presencia de un pequeño vehículo y tres personas extrañas al lugar. Entonces las risas cesaron, bajaron la mirada y en la atmósfera se respiró lo que supusimos era el recuerdo del día en que en la colonia Victoria de Choloma, ciudad en el norte de Honduras, un grupo de hombres armados se bajó de un vehículo para perpetrar una masacre.
«Ahí fue», nos contestaron cuando preguntamos por el lugar en el que operaba el billar donde sucedió la masacre. Fue la única referencia obtenida. Alguien señaló el amplio local, ubicado a unos 100 metros del bulevar que une a San Pedro Sula y Choloma. El billar tenía aproximadamente unos cinco meses operando y no ha vuelto abrir desde aquel sábado 24 de junio.
Un habitante de la comunidad que pidió proteger su identidad, aseguró que en ese sector no «pasa nada» pero consideró que al exponerse hablando con medios puede haber gente vigilando y ser delatada. Realizó esta aseveración aunque aclaró que ese no es un territorio controlado por las pandillas o al menos no que se sepa.
Hizo memoria y solo encontró un antecedente de violencia antes de la masacre, un muerto hace cinco años. En sus recuerdos tampoco identificó muchos rastros de delincuencia común, quizá la vez que a una conocida suya le robaron los electrodomésticos de su casa. Esta persona aseguró que sale a la pulpería o donde sus familiares y nunca se ha sentido amenazada. Agregó que tampoco su sector está estigmatizado socialmente y que no se percibe un control territorial de ningún grupo delictivo, pues a ella en muchas ocasiones la han ido a dejar a su casa sin inconvenientes. «Ahí no es como en esos lugares donde dicen que los mareros controlan y no cualquiera entra. A mí me han ido a dejar de noche sin problemas», dijo después de tomar un poco de agua.
La persona aseguró que no conocía a ninguna de las 13 personas asesinadas en el lugar y que al día siguiente la mayoría de las personas de la comunidad regresaron a sus tareas con normalidad, «nada de eso de meterse temprano a casa», dijo y agregó que la Policía visita casi todos los días el barrio Victoria y que no tiene caso sentir miedo porque un hecho como la masacre no volverá a ocurrir.
Según datos oficiales del Sistema Estadístico Policial en Línea(SEPOL), en el 2022, en Choloma ocurrieron 116 homicidios, 54 menos respecto al 2021 y 45 menos en comparación al 2020. En el 2019, se registraron 263 homicidios. En todos los años mencionados, esta ciudad fue el tercer municipio con más homicidios del país, solo detrás de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La tendencia a la reducción de homicidios ha sido un comportamiento a nivel nacional en los últimos cuatro años. En 2019, el registro anual de homicidios en Honduras llegó a 4,051. Al año siguiente, el confinamiento por la pandemia redujo los homicidios a 3,623, pero en el 2021 aumentaron a 3,897. Para el 2022, en el país hubo 3,439 homicidios, equivalentes a una tasa de 35 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Para tener una idea, en el 2013, Honduras cerró con 6,431 homicidios.
Para el analista en temas de seguridad, Leonardo Pineda, la reducción de homicidios es innegable hasta mayo de 2023, pero sostuvo que a finales de mayo y en junio del presente año, hubo picos de violencia.
Pineda explicó que la tendencia a la baja ya se estaba experimentando desde el segundo período de Juan Orlando Hernández, «la curva venía bajando, de tres años para aquí lo que ha hecho es sostenerse, esto obedece a una política que ya se estancó, hay que tomar otras medidas, pero estas ya no deben responder con la represión, sino a la raíz del problema».
El analista aconsejó que en los intentos por reducir la criminalidad hay que hacer uso de la inteligencia, pero en el país no hay señales de hacer eso y esto lo ejemplifica diciendo que tras las incautaciones de armas realizadas en los centros penales, en lugar de hacer las investigaciones respectivas, las armas fueron destruidas, «ya no se puede investigar a quién pertenecían esas armas y si fueron utilizadas para cometer crímenes fuera de las prisiones», dijo.
De las 13 víctimas en el billar, cinco eran empleados de la maquila Gildan San Miguel, tres de ellos eran sindicalistas, ahí estaba la presidenta del sindicato de dicha maquila, Xiomara Cocas. Antes de estos asesinatos, la empresa había anunciado el cierre de operaciones y el despido de unos 2,000 trabajadores.
La afiliación sindical de la mayoría de los fallecidos es precisamente uno de los elementos que llama la atención al analista Leonardo Pineda, quien sostuvo que ese hecho en Choloma «tiene un montón de matices». Aseguró que le llamó la atención el perfil de las personas en el billar, «que hayan sido asesinados tres dirigentes sindicales, ahí tiene que haber algo más. Habría que investigar más, obviamente la mara sirve como brazo armado. Hay que ver el trasfondo».
La Policía Nacional detuvo a cinco supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18 a quienes acusó de haber perpetrado la masacre, pero evidentemente eso no explica el hecho, pues no fue un ataque entre pandilleros. Leonardo Pineda indicó que las pandillas hace mucho no cometían un hecho que no tuviera una explicación clara y el último que recuerda fue la masacre en la colonia Ebenezer de Chamelecón durante el Gobierno de Ricardo Maduro, cuando 28 personas fueron acribilladas en un autobús el 23 de diciembre de 2004 en un ataque perpetrado por la pandilla Barrio 18.
El subcomisionado Ramón Ramos, jefe de la Policía Nacional en Choloma, aseguró que la Policía tiene un móvil del crimen y a eso se debe la captura de cinco supuestos asesinos. «Lo hay [un móvil], es de conocimiento público, se capturaron cinco miembros de las estructuras criminales, que participaron en el hecho, eso refleja que el caso no quedó impune, hubo una reacción de la Policía. El móvil lo tenemos nosotros, pero es confidencial», dijo.
No obstante, según el diario La Prensa, hasta el 6 de julio no había imputados por la masacre en Choloma. Este medio mencionó que, según una consulta realizada en los juzgados sampedranos, los detenidos están siendo imputados por tráfico de drogas, portación ilegal de armas y uso indebido de equipo policial y militar, pero no figura el homicidio múltiple. Una fuente le mencionó a Contracorriente que los detenidos no han podido ser vinculados de forma científica al lugar de los hechos.
La masacre en la colonia Victoria ocurrió cuatro días después de la muerte de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en un sangriento ataque que supuestamente fue planificado y ejecutado por integrantes del Barrio 18 en contra de sus rivales de la MS-13. Esa misma semana, dos días después de las muertes en la PNFAS y dos días antes de la masacre en Choloma, fue asesinada en un panadería de San Pedro Sula, Ericka Julissa Bandy, esposa de Nery López Sanabria, también conocido como Magdaleno Meza, quien supuestamente poseía libretas con los nombres de JOH y Tony Hernández y quien fue brutalmente asesinado en octubre de 2019 en la cárcel El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara.
Para responder a una semana sangrienta (entre el 19 y el 25 de junio) en la que hubo 141 homicidios a nivel nacional, la mayoría de estos en Francisco Morazán y Cortés, el Gobierno encabezado por Xiomara Castro decretó un toque de queda en Choloma y San Pedro Sula entre las 9:00 pm y las 4:00 am. En Choloma, el decreto entró en vigencia el 25 de junio, un día después de las 13 muertes, pero en San Pedro Sula inició hasta el 4 de julio, días después de la feria patronal. La medida fue suspendida abruptamente en ambas ciudades el 18 de julio.
Antes de decretar estos toques de queda, Honduras ya estaba bajo un estado de excepción que entró en vigencia el 6 de diciembre de 2022 y que desde entonces ha sido prolongado en cinco ocasiones. La última extensión fue anunciada el 19 de julio por 45 días más.
Antes de la suspensión del toque de queda, el jefe de la Policía Nacional en Choloma, Ramón Ramos Rodríguez, le dijo a Contracorriente que la percepción de la gente hacia el estado de excepción y el toque de queda era positiva porque la población «ve a la Policía por todos lados».
Sostuvo que en esa ciudad la vida nocturna es menos activa que en San Pedro Sula y que la mayoría de los negocios cierra a las 10:00 p.m., por lo tanto no fueron afectados por el toque de queda. Sostuvo que tampoco afectaba a los trabajadores de la empresa privada pues si estos acreditaban que andaban trabajando, se les dejaba pasar para llegar ya sea a su trabajo o de regreso a casa.
No obstante, en la alcaldía municipal, cuyo edificio está al lado de las instalaciones de la Policía, el alcalde Gustavo Mejía manifestó que no estaba de acuerdo con medidas restrictivas como el toque de queda y que lo que se necesita en Choloma es más policías pues, hasta ahora, la ciudad solamente tiene asignados 120 policías pese a ser la tercera con mayor población en el país, con aproximadamente medio millón de habitantes.
«Aquí ha habido un toque de queda casi permanente pues la gente por miedo se encierra por el problema de la extorsión, que viene proveniente no solamente de la mara» dijo el alcalde, pero no se refirió a otros grupos criminales que según él se dedican a la extorsión.
El alcalde también manifestó que el toque de queda no es la medida más adecuada para su municipio aunque aclaró que no es porque afecte la vida nocturna de la ciudad, que es «mínima», sino porque afecta a los trabajadores que deben movilizarse pues aseguró que Choloma es una ciudad de tránsito por la que se mueven unas 250 mil personas que no residen ahí. «El problema nuestro son los trabajadores. Hay una percepción de que es un municipio violento, y estamos de acuerdo, pero al final, nosotros lo que necesitamos es la permanencia de Policía, ese es el reclamo y exigencia. Necesitamos unos 600 policías. Es la conclusión que hemos llegado, pero los toques de queda no son ninguna alternativa», dijo el edil días antes de que fuera suspendido el toque de queda.
Además, Gustavo Mejía expresó su preocupación por el problema de inseguridad del municipio y lo contrastó con las posibilidades de que lleguen más inversiones, «necesitamos detener la delincuencia porque hay empresarios que quieren invertir. Viene una fábrica de capital chino que se instalará y son siete mil empleos, también está creciendo el rubro de las urbanizadoras, pero para eso tiene que haber un clima de bastante paz, entonces el policía debe permanecer, deben haber [en Choloma] por lo menos 250 policías».
El municipio de Choloma es conocido en Honduras por su actividad maquilera; hasta el 2022, unas 86 empresas maquiladoras operaban en ese municipio, pero a esta fecha ya hubo cierre total de plantas y también reducción de plazas por el contexto internacional desfavorable. El alcalde Mejía dijo que, según las estimaciones gubernamentales, la actividad económica en Choloma genera arriba del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El alcalde, además del aumento de oficiales de la policía en su municipio, dijo que hay otras medidas que se pueden echar a andar, como por ejemplo, la instalación y funcionalidad de cámaras del 911 en diferentes sectores del municipio, medida que debe estar acompañada de la mejorara de la iluminación en las calles.
Un homicidio en 16 días
El miércoles 12 de julio, dos semanas después del homicidio múltiple en la Colonia Victoria, el subcomisionado Ramón Ramos dijo, con cierta satisfacción, que durante el toque de queda solo se había registrado un homicidio en Choloma. Al día siguiente de sus declaraciones, tres personas fueron asesinadas en la colonia Ruby, una de las zonas que un fotógrafo en el centro de Choloma nos señaló como parte del cordón de violencia de la ciudad. El día 18 de julio, cuando fue suspendido el toque de queda, fue asesinada una jovencita en la colonia Brisas de Choloma.
«La ciudadanía no ve los resultados positivos que tenemos o no los quieren manejar algunos medios de comunicación», se quejó Ramos. Destacó que bajo su gestión, que inició en el 2022, ha habido una reducción de homicidios.
Mientras la Policía habla de reducción de homicidios y sus intentos por controlar la criminalidad, la ciudadanía cholomeña tiene distintas percepciones sobre lo que está pasando en las comunidades. En el parque, hablamos con un fotógrafo que contó que vivía en una de las colonias señaladas como violentas en el sector. «Ahí está lo mero, mero, pero a mí me cubren desde arriba», dijo el señor mientras señalaba con una mano hacia el cielo. Después comentó que fue sastre, zapatero y que actualmente estaba aprendiendo barbería. A él el toque de queda no lo afectó. «Yo a las 5:00 pm ya estoy en mi casa. A mí no me afecta. Y puedo salir a la hora que sea, pero ¿a qué voy a salir?», dijo.
Para el fotógrafo, la situación de inseguridad en Choloma es caótica . Nos mencionó el caso de una niña de 13 años que estaba desaparecida pero fue encontrada con vida dos días después y el de otro joven que mataron después que habló con él. «Y viene peor, esto es el cumplimiento de la palabra del Señor y mire, viene una hambruna para someternos», agregó.
En Monterrey, la principal aldea de los denominados Bajos de Choloma, la vida transcurre con tranquilidad. En la polvorienta calle principal estaban dos hombres, quienes aseguraron que ahí no tienen problemas de violencia e inseguridad. Que todos se conocen. «Aquí no pasa nada», concluyó uno de ellos. Incluso, el toque de queda lo ven innecesario pero al final se preguntaron «¿qué podría andar haciendo una persona a las 11:00pm?»
Los Bajos de Choloma es un grupo de comunidades cuya mayor preocupación es la vulnerabilidad a las inundaciones provocadas por las lluvias. El hombre que vende golosinas y también combustible por litro nos dijo que también ahora preocupa a la comunidad la pérdida de empleos por el cierre de las maquilas. Recorrer Monterrey fue distinto a caminar por las calles de La Victoria, las personas no nos vieron con desconfianza. Hay casas vacías, la mayoría de la gente ha emigrado por falta de oportunidades. En la zona norte del país se estima que se han perdido unos 30 mil empleos del sector maquilero con el cierre de empresas en El Progreso, Villanueva y Choloma. Incluso la Central General de Trabajadores (CGT) ha hecho un llamado a conformar una mesa anticrisis para evitar más pérdidas de empleos.
En la Policía, el subcomisionado Ramos manifestó que están apostando a la participación comunitaria, que están conformando mesas ciudadanas, que es un programa que Xiomara Castro lanzó en Santa Bárbara en marzo del 2023, pero que su aplicación y funcionamiento ha sido muy limitado. Ramos explicó que ellos no pretenden que la gente tome un fusil para acompañarlos en el combate a la delincuencia pero se pretenden generar pequeños proyectos en los que los policías puedan cooperar y con esto se pueda «generar confianza en la Policía», dijo.
El alcalde Gustavo Mejía mencionó otras formas de violencia que han alcanzado y siguen alcanzando a la población cholomeña. Contó que, en el último mes, al menos cuatro empleados de la alcaldía de Choloma han renunciado a su trabajo porque han sido amenazados; «es uno de los casos mataron el hermano de una empleada y ella tuvo que irse, hoy [el 13 de julio] una persona que trabaja en Aguas de Choloma me dijo que se iba. Esa extorsión es permanente y ese problema no lo están viendo allá [en el Gobierno central]. Solo esta semana tengo cuatro empleados que han tenido que irse y les dijeron “se van o se mueren”», dijo.
Según el informe de la Mesa Técnica de Criminalidad: Policía Nacional/Dirección Policial Anti Maras y Pandillas y Crimen Organizado DIPAMPCO, Sub Secretaría de Seguridad en Asuntos Policiales y la Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional, para 2022 los municipios con mayor número de denuncias por extorsión son el Distrito Central y San Pedro Sula que juntos acumulan el 62% de la incidencia a nivel nacional. Choloma aparece solamente con un 3% de incidencia según las denuncias por este delito.
El subcomisionado Ramos mencionó a Contracorriente sobre la posibilidad de fortalecer la fuerza policial en el municipio hasta llegar a 300 policías. Agregó que durante su gestión se logró desarticular a la Banda del Negro y el grupo los Iluminatti, que extorsionaban y delinquían en la ciudad. Ahora, según el jefe policial, en el ecosistema delictivo cholomeño quedan disputándose territorio la Pandilla 18 y la MS-13.
Leonardo Pineda, analista en temas de seguridad, mencionó que le ha llegado información de que hay miembros de la banda Los Aguacates que operan en un sector de lo más hondo de la colonia López Arellano, Jucutuma y Lomas del Carmen y algunos residuos del grupo delictivo La Rumba en el sector comercial de la ciudad, pero además esta banda también tiene presencia y cobra extorsión en San Pedro Sula y Puerto Cortés, según la Policía Nacional.
Se suspende el toque de queda
El 18 de julio, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció el final del toque de queda en San Pedro Sula y Choloma después de lograr la «reducción de un 74 % de los homicidios», según cifras de la Policía Nacional. Prometió que en ambas ciudades serán asignados 500 policías, que se unirán a la fuerza ya existente. «Nosotros, como Secretaría de Seguridad, estamos listos para desarrollar e implementar todas las medidas. Es complicado porque si se toman medidas hay quejas, si no se toman también hay quejas», manifestó el funcionario.
Sánchez se refiere a que varios sectores se quejaron por la implementación del toque de queda. En San Pedro Sula hubo protestas por parte de los dueños de bares y discotecas, quienes aseguraron que la medida los orillaba a la bancarrota. Justo el día antes de que fuera suspendido el toque de queda, el alcalde sampedrano, Roberto Contreras, publicó vídeos defendiendo a los emprendedores y solicitando a la presidenta Xiomara Castro que suspendiera la medida. En uno de los vídeos, el alcalde aseguró «que San Pedro Sula no quería saber de políticos».
Ese toque de queda se había iniciado en la «Ciudad Industrial» el 4 de julio. Ese día, después de escuchar una oración a Dios, el ministro Gustavo Sánchez, le ordenó a unos 300 policías y militares desplegarse a distintos puntos de la ciudad. Para ese entonces, Choloma ya tenía nueve días en toque de queda.
Aún sin el toque de queda continúa el estado de excepción, que desde la mirada de Leonardo Pineda, en las comunidades «prácticamente no existe» y la vida pasa con normalidad. Relató que en visitas que él ha realizado a sectores como Rivera Hernández y Chamelecón no se ha visto una diferencia operativa «no lo he percibido en muchas comunidades, la vida sigue normal», manifestó.
Pineda opinó que el Gobierno quiere crear «la percepción de que se está haciendo algo» con la implementación de estas medidas. Incluso mencionó que el estado de excepción respondió a una ola de amenazas de extorsión pero, desde su punto de vista, este delito se sigue cometiendo igual; «hay muy pocos detenidos por extorsión y todavía menos condenas», manifestó.
En Choloma, la ciudad sacudida por la masacre de 13 personas, parece que la vida ha vuelto a la normalidad. El toque de queda fue suspendido el 18 de julio, pero quedará también el recuerdo del hecho violento en la Victoria, donde el billar permanece cerrado y la gente se alarma cuando ve desconocidos. Seguramente habrá una estigmatización de la colonia, aunque la vecina con la que hablamos diga que es un hecho aislado, «ahora los taxis van a querer cobrar el doble», dijo.
