La Asamblea Legislativa, controlada por Nayib Bukele, hizo una purga masiva de jueces el 31 de agosto de 2021. Expulsó a mayores de 60 años y aseguró que se trataba de una depuración de jueces corruptos. Para llenar esas vacantes, la Corte Suprema, también a disposición del presidente, nombró a 168 jueces mediante un procedimiento que violó la Constitución. No tomó en cuenta al Consejo Nacional de la Judicatura, la institución responsable de los nombramientos de jueces en El Salvador. Un análisis de los nombramientos refleja que muchos no cumplían los requisitos de ley. Otros casos evidencian que a los jueces cercanos a funcionarios del bukelismo se les premió mediante ascensos, mientras que a otros no alineados se les obligó a renunciar o se les trasladó. En algunas Cámaras, los recién nombrados adoptaron decisiones favorables al Gobierno. En materia ambiental, los nuevos magistrados revirtieron decisiones que podrían causar impactos en el medio ambiente.
Por: Gabriel Labrador, Claudia Palacios, Javier Ramón, Suchit Chávez, David Pérez, Karen Moreno y Maryelos Cea
Edición: Jessica Ávalos
Héctor Villatoro Benítez cumplirá 81 años este mes de julio. Ha sido magistrado de la Cámara Primera de lo Penal de San Miguel la cuarta parte de su vida, y asegura que nunca ha necesitado de nada más que de sus propios méritos para permanecer en el cargo por tanto tiempo. “Tengo 30, 40 años de estar en el Órgano Judicial”, dijo a un periodista, una mañana de septiembre de 2022, a través de una llamada telefónica que atendió en su despacho. Él no tendría que haber contestado aquella llamada. Por su edad, era uno de los 216 jueces o magistrados que desde agosto de 2021 debían haber abandonado el cargo, porque la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que jubiló por la fuerza a jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de carrera.
Los diputados oficialistas vendieron aquel decreto como una depuración judicial. El presidente de El Salvador Nayib Bukele y su bancada legislativa justificaron la maniobra argumentando que se trataba de una “depuración” para remover a “jueces corruptos”, pero sin explicar la relación entre la edad y la honradez de los funcionarios judiciales. Villatoro tenía 79 años en aquel momento, pero se quedó en su puesto y, desde entonces, sigue emitiendo resoluciones. Su hijo Gustavo Villatoro ya era funcionario de Gobierno y, seis meses más tarde, se convirtió en parte central de la nueva estrategia de seguridad de Bukele.
Un periodista de la Redacción Ciclos CAP preguntó al magistrado si no consideraba que había un conflicto de interés al permanecer en el cargo. Las cámaras de lo penal, como la que integra Villatoro Benítez, resuelven en última instancia casos que inician con las capturas que ejecuta la Policía, que depende del Ministerio de Seguridad que dirige Gustavo Villatoro.
— Magistrado, su hijo es el ministro de Seguridad y Justicia y cualquiera podría considerar que usted permanece en el cargo debido a un beneficio o que hay un conflicto de algún tipo. Se supone que todos los jueces mayores de 60 años debían dejar el cargo.
— Le voy a decir, con toda sinceridad, en primer lugar, a mí no me gusta ese cargo que tiene mi hijo. Y, en segundo lugar, desde que fui juez de Paz, nunca he dependido de nadie, ni de la política ni nada, porque yo soy apolítico, yo soy un doctor en jurisprudencia y ciencias sociales y con mi capacidad siento que me defiendo —respondió.
Villatoro logró quedarse en el puesto porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se lo autorizó bajo una modalidad llamada “régimen de disponibilidad”. Lo que ocurrió con él es solo uno de los ejemplos que muestran que la depuración judicial con base en la edad en realidad fue un artilugio: seis de cada diez jueces nombrados para reemplazar a los expulsados tenían entre 51 y 60 años. La Corte sustituyó a personas mayores de 60 años por otras de edad similar. La barrera de la edad fue un pretexto que permitió al oficialismo purgar a jueces que consideraba incómodos y premiar a otros de su preferencia, ya fuera manteniéndolos en el puesto o ascendiéndolos de categoría.
Para llenar las primeras vacantes, la Corte Suprema nombró a 168 jueces en dos tandas: una el 26 de septiembre y otra el 14 de octubre de 2021. El análisis de esas 168 hojas de vida no solo revela que la idea de depuración por razones de edad fue falsa, sino también que nombraron a jueces y magistrados que no cumplían con requisitos de ley, como la competencia y moralidad notorias. En 28 de los casos se documentó la existencia de investigaciones que la misma CSJ había abierto en contra de los elegidos, los que representaban la supuesta renovación.
El procedimiento seguido para los nombramientos, además, fue irregular. La Corte violó el artículo 187 de la Constitución de la República, al ignorar al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la institución que por ley debe proponer a los candidatos a jueces y magistrados de todo el país. La Asamblea, por su lado, también violó la Constitución al emitir un decreto de depuración judicial que tuvo que ser solicitado por el Órgano Judicial y no por los diputados.
Tres abogadas expertas en independencia judicial señalan las irregularidades en los nombramientos y recalcan que es importante que la ciudadanía sepa quiénes están decidiendo sobre la inocencia o culpabilidad de una persona.
La Corte Suprema decidió mantener en secreto la información sobre los nombres de los jueces nombrados: en junio de 2022, impuso una reserva de siete años a la información de la trayectoria y méritos de los jueces nombrados. La CSJ se ha negado a transparentar el proceso de los nombramientos y también se niega a dar los nombres de las personas que administran justicia. Solo alguna de esa información está disponible en sitios oficiales. La Redacción de Ciclos CAP, sin embargo, logró reconstruir el perfil de los nombrados gracias a información obtenida con funcionarios del Órgano Judicial.
Algunos de los primeros 168 designados fueron nuevamente sustituidos y cambiaron de juzgado con el curso del tiempo. Tres jueces y dos abogados litigantes confirmaron que existe una “alta rotación”. Es decir, que los jueces están siendo trasladados constantemente.
La Corte también ha decidido mantener en secreto la información sobre los nombres y las hojas de vida de los jueces de Crimen Organizado que comenzaron a operar a partir de marzo de 2022, con la entrada en vigor del Régimen de Excepción, que a más de un año de su implementación ha propiciado la captura, en muchos casos arbitraria, de más de 70,000 personas, según cifras oficiales.
Úrsula Indacochea, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señala que la secretividad alrededor de los nuevos nombramientos es una réplica de lo que ocurrió en los noventa en Perú: “Tuvimos jueces sin rostro en el gobierno de Alberto Fujimori: acusaban a las personas de terrorismo y esos juicios llegaron a la Corte Interamericana. Esta figura es contraria a los compromisos internacionales porque no puedes recusarlos (pedir separarlos). ¿Qué pasa si el juez es alguien que ya te conoce, tu pariente o alguien que te odia o que ya ha conocido un caso anterior?”, explica Indacochea.
La falta de transparencia en el nombramiento de los jueces es preocupante, dice la abogada, porque es un requisito del debido proceso, es decir, para que se respeten los derechos de quien acude al sistema judicial. “Como ciudadano, tengo derecho a saber quién es mi juez natural. Esta medida de opacidad de manera generalizada no se justifica de ninguna manera”, afirma.
El pretexto de la edad
Cuando los diputados aprobaron la depuración, insistieron en que la idea de fondo era combatir la corrupción del sistema judicial. Pero ninguno de ellos explicó por qué el único requisito para salir depurado era la edad y no, por ejemplo, haber sido investigado o sancionado en un procedimiento disciplinario, administrativo o judicial. Durante la tarde y noche del 31 de agosto de 2021, la etiqueta #NoMásJuecesCorruptos se diseminó en las redes sociales. Sin embargo, en los documentos del decreto, lo único plasmado era la necesidad de dotar de mejores herramientas y salarios a los jueces del país.
Para Indacochea, el argumento de que los jueces mayores son corruptos fue una “generalización absurda”, porque si alguien es corrupto debe investigarse y comprobarse. Para ella, el hecho de que los jueces hayan sido reemplazados por personas con la misma edad o que están por cumplirla “demuestra que la limitación no es razonable; el verdadero motivo, aunque no lo digan, es remover a la principal resistencia por medio de la cooptación”.
El análisis de las 168 hojas de vida revela que más de la mitad de los abogados nombrados por la Corte Suprema estaban, en el momento de su juramentación, a punto de cumplir el límite de 60 años o incluso ya sobrepasaba esa edad.
De la lista de los nombrados, se obtuvo la edad exacta de 141. La edad promedio era de 53.6 años, aunque el rango de edades oscilaba entre los 40 y 80 años. 22 de los nombrados, es decir, uno de cada siete, tenían 60 años o más y, por tanto, debían estar fuera, según el decreto aprobado por los diputados.
Otra característica es que varios de los nombrados tenían algún tipo de mancha en su expediente profesional por investigaciones abiertas en su contra. Tanto para llegar a ser juez como magistrado de Cámara, la Constitución exige en sus artículos 178 y 179 que la persona tenga “moralidad y competencias notorias”.
La Corte nombró a 28 jueces que enfrentaron una investigación interna, seis de ellos fueron sancionados o suspendidos a lo largo de su carrera.
Un total de 45 jueces tenían antecedentes, como investigaciones fiscales en su contra, cuestionamientos de instituciones como la misma Fiscalía por sus resoluciones en casos mediáticos.
Un ejemplo: los magistrados de la CSJ ascendieron de categoría a Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, una jueza que había sido removida por la misma Corte por sospechas de corrupción en la tramitación de sus procesos. En septiembre de 2016, la Corte la envió al Juzgado de Paz de llopango, porque mientras fue la jueza del Séptimo de Paz de San Salvador resolvió que el empresario Enrique Rais, quien por años manejó el negocio de la basura en El Salvador, enfrentara en libertad bajo fianza el proceso en el que se le acusaba de participar en una trama de venta de justicia en la que también están procesados el exfiscal general Luis Martínez. La jueza los favoreció con libertad a pesar de que resolvió que todos los imputados corrompieron la justicia.
Seis años después, la Corte decidió ascender a Jiménez, de 58 años, al Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador. Redacción CAP le envió una solicitud de entrevista el pasado 29 de mayo, pero la jueza nunca respondió.
Además, tres de los jueces enfrentaron investigaciones en la Corte de Cuentas de la República, aunque solo en una se concluyó que habían cometido faltas administrativas. También ocho jueces estuvieron procesados en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), aunque solo en seis casos se identificó el resultado de dicho proceso: solo uno de ellos fue sancionado, cinco fueron sobreseídos, absueltos o el caso fue desestimado. El que fue amonestado hizo mal uso de recursos públicos: utilizó un vehículo y gasolina de la Corte Suprema para asuntos personales. Entre los demás, las acusaciones iban desde mal uso de recursos en sus juzgados hasta ingerir drogas antes de iniciar sus audiencias.
Nombramientos que violaron la Constitución
El proceso legal para elegir a un juez es así: el Consejo de la Judicatura lanza la convocatoria para un puesto, luego llegan las postulaciones de candidatos y el CNJ se encarga de preparar ternas, que luego envía a la Corte Suprema. Ahí, un equipo se encarga de convocar a entrevistas y de depurar más la lista. Ese equipo es la Comisión de Jueces, que presenta la lista de los más idóneos a la Corte Plena, integrada por los 15 magistrados de la Corte, para someterlos a un último paso: una votación nominal. Resulta designado quien obtenga más votos.
Según reveló en Corte Plena el magistrado de la CSJ Alexander Marroquín, quien integra la Comisión de Jueces, la Corte ignoró al Consejo de la Judicatura para los nombramientos.
Los 168 nombres salieron de dos encerronas de la Corte Suprema, la primera, el domingo 26 de septiembre, y la segunda, el jueves 14 de octubre. En ambas ocasiones, fue el magistrado Marroquín quien leyó la lista de nombres y, según quedó registrado en las actas de sesiones, él y un equipo de trabajo hicieron la selección preliminar antes de presentarla al pleno para su aprobación.
Ni en el acta ni públicamente los magistrados explicaron los criterios que se usaron para evaluar los currículums de los funcionarios que eligieron. Los únicos detalles los proporcionó Marroquín en la sesión del 26 de septiembre: “Luego de un sin número de reuniones, de debates, de análisis de perfiles, de análisis de currículums, de experiencia, de tiempo en la carrera judicial y de otras circunstancias que convierten al candidato en la persona adecuada para ser nombrado, hemos llegado como comisión de jueces a un consenso”, dijo.
Se solicitó una entrevista con el magistrado, pero este ignoró las llamadas y los mensajes enviados a su teléfono celular para conocer detalles de la selección.
En la segunda encerrona, la del jueves 14, Marroquín volvió a repetir la idea de que la Comisión de Jueces había trabajado de manera intensiva, pero agregó un elemento: dijo que los nombres que proponían “ya habían pasado el filtro del CNJ”, pero no explicó a qué filtro se refería. El CNJ nunca envió ternas a la Corte, como lo manda el artículo 187 de la Constitución de la República y la Ley del CNJ. Así lo reveló esa institución en una respuesta de solicitud de información realizada por periodistas.
“En los casos que no hay concurso público la independencia ya está comprometida. Si te nombraron sin el debido concurso, las personas que van ante ese juez van a percibir que no van a juzgar conforme a la ley o los tratados de derechos humanos, sino conforme a los intereses de la persona que los nombró a dedo”, señala Claudia Paz y Paz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y exfiscal general de Guatemala.
Este proceso de elección arbitrario es violatorio de las garantías de independencia judicial y carrera judicial, señala la Fundación DPLF, porque, por un lado, se permitió la remoción y el traslado de jueces sin justificación, mientras que, por otro, de manera arbitraria se alteró el sistema de ascensos e ingreso al Órgano Judicial.
Se gestionó una entrevista con el presidente de la Corte Suprema, Óscar López Jerez, para preguntarle por estas irregularidades, pero luego de un mes no se obtuvo respuesta de su equipo de comunicaciones.
Siete fuentes del Órgano Judicial consultadas para este reportaje, y que conocieron del proceso de selección de los jueces, indicaron que los artífices de los nombramientos efectuados en septiembre y octubre fueron, en gran medida, los magistrados Marroquín y Elsy Dueñas. Las fuentes solicitaron que no se les identificara para evitar represalias. Explicaron que ambos poseen amplias redes de jueces y magistrados gestadas a lo largo de su carrera judicial. En la práctica, las asociaciones de jueces y abogados funcionan como vehículos para el lobby y posicionamiento dentro de la judicatura. Tanto Marroquín como Dueñas son dos de los magistrados nombrados por el oficialismo. Dueñas, quien era magistrada de lo Contencioso, pasó a ser magistrada de lo Constitucional tras el golpe a la Sala de lo Constitucional ocurrido el 1 de mayo de 2019. Marroquín se convirtió en magistrado en junio de 2021.
“En ese momento en que era urgente llenar las vacancias, los dos tenían más capacidad de incidir en comparación a otros magistrados, como el propio presidente — Óscar López Jerez —, que es más cercano a las asociaciones de abogados, porque él viene de ese sector”, dijo una de las fuentes.
Sonia Rubio, oficial de programa de DPLF, afirma que los nombramientos son ilegítimos no solo por la violación al procedimiento constitucional , sino también por el origen fraudulento, pues fue la Asamblea la que reformó la Ley de la Carrera Judicial, en violación el artículo 133 ordinal 3° de la Constitución, que establece que todas las leyes relativas al Órgano Judicial, así como la reforma de estas, deben hacerse a iniciativa de la Corte Suprema. Por el contrario, el decreto fue propuesto por diputados de la bancada oficial, lo cual implica, según las abogadas consultadas, una infracción al principio de separación de poderes establecido en el artículo 86 de la Constitución.
“Que los nombramientos carezcan de legalidad es una afectación grave al Estado de Derecho en el país, porque significa que todos los actos y decisiones tomadas por esos funcionarios nombrados irregularmente en distintas sedes judiciales también son ilegítimos”, dice Rubio.
El 31 de agosto de 2021, cuando los diputados aprobaron la reforma, también violaron el proceso ordinario de tramitación de una ley, pues se aprobó con “dispensa de trámite”, es decir, sin someterse previamente al estudio de una comisión legislativa, dijo Rubio. El problema para ella no es en sí mismo el uso de la dispensa de trámite, sino que esa vía se utilizó sin justificación alguna.
La nueva “justicia ambiental”
Los cambios en los despachos judiciales han implicado giros en algunos casos. En los nombramientos de septiembre, la Corte escogió a los jueces Miguel Elías Martínez Cortez y Karla María Regina Murcia Carrillo como sustitutos a dos de sus colegas que ya tenían cierto renombre por sus resoluciones en materia ambiental: Samuel Lizama y Cesia Romero, quienes estaban al frente de la Cámara Ambiental de San Salvador. Lizama se sometió en 2014 al primer proceso en el país para convertirse en juez ambiental. Romero lo hizo en 2017.
Martínez Cortez, que fue designado magistrado propietario en septiembre de 2021, tenía una experiencia como juez de poco más de 14 meses repartidos en un juzgado de Paz de un municipio migueleño (cinco meses) y en el Juzgado Segundo de Familia de Santa Ana (los nueve restantes), según su currículum. Su formación en materia ambiental también es limitada: un curso presencial de un día y dos cursos virtuales que suman 40 días, todos organizados por el CNJ.
Murcia Carrillo tampoco tenía experiencia en materia ambiental. Inició su carrera judicial en un juzgado de paz en 2004 en un municipio de La Paz, donde estuvo los ocho años siguientes, para después quedarse un tiempo similar en distintos juzgados de lo civil y mercantil de San Salvador. En su hoja de vida no aparece un solo día de formación en derecho ambiental.
Ingrid Hausinger, coordinadora de la Fundación Heinrich Boll, que ha hecho estudios sobre la independencia judicial, recordó para esta investigación la importancia de la formación de los jueces y que los requisitos para acceder a los cargos están establecidos en la Ley de la Carrera Judicial. Apuntó que deben tener cursos y una especialización en temas de derecho ambiental. En las hojas de vida de ninguno de los dos nombrados consta que tengan un posgrado o una especialización, como sí la tenían los magistrados removidos.
Pero la poca preparación de los nuevos jueces en materia ambiental no es lo único. Una evaluación a un año y medio de asumir sus cargos revela diferencias sustanciales con respecto a los fallos de sus antecesores. Para Hausinger, hay tres retrocesos importantes: la falta de seguimiento de los casos ambientales emblemáticos, la no apertura de casos de manera oficiosa y que están teniendo un rol pasivo ante la extensiva urbanización de suelos y la contaminación.
Otro retroceso significativo es la eliminación de medidas cautelares que habían adoptado los magistrados removidos en el caso de la cuenca Sensunapán, en el occidente del país. La cuenca Sensunapán-Banderas es emblemática por lo que representa para los pueblos ancestrales. Desde hace tiempo, una empresa busca la manera de construir una mini presa hidroeléctrica. La Cámara conoció el caso después de un recurso interpuesto por FESPAD ante una resolución emitida por el Juzgado Ambiental de Santa Ana. Una de las medidas de la Cámara de Lizama y Romero fue prohibir al Ministerio de Medio Ambiente emitir cualquier permiso ambiental para la obra, además de otras disposiciones dirigidas a los ministerios de Cultura y Salud, encaminadas a proteger a esas comunidades indígenas y su entorno cultural.
Lo grave no solo fue que ninguna de las instituciones cumplió las medidas ordenadas, sino que, según FESPAD, los nuevos magistrados decidieron archivar el caso y dar por cumplidas las medidas.
Otra medida de protección eliminada por los nuevos magistrados ambientales es el freno a la construcción de una carretera que afectaría el área natural protegida de El Espino, en San Salvador. Los magistrados actuales removieron ese freno en febrero de 2022. “Dan vía libre para que se pueda hacer cualquier construcción en un área protegida”, lamenta una de las juezas trasladadas.
Las fuentes consultadas también observan una mayor displicencia en la protección del lago de Coatepeque frente a nuevas urbanizaciones. Se intentó hablar con ambos magistrados, pero la secretaria de la Cámara informó que no podían atender al periodista porque tenían exceso de trabajo.
En materia ambiental, el remezón no termina ahí. Los otros tres juzgados ambientales ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana también se vieron sacudidos en las tandas de traslados. Al juez de San Miguel, Elí Díaz, lo cesaron por la edad en septiembre de 2022. Fuentes de los tribunales de oriente y el exjuez del caso El Mozote, Jorge Guzmán, confirmaron para esta investigación que el día en que la CSJ notificó a Elí Díaz su remoción, la persona notificadora iba acompañada de varios alcaldes y dos gobernadores de oriente. “Al juez le dieron una hora para irse”, cuenta el juez Guzmán.
Guzmán dice que una semana antes había estado platicando con Díaz y reflexionaron sobre el tiempo que le quedaba a este último en el cargo. “Vas a estar ahí hasta que tengás un expediente de interés del Ejecutivo y te toque resolver contra sus intereses, con independencia. ‘Ya lo tengo’, me dijo”, narra Guzmán. Se refería a un caso en el que él había emitido medidas cautelares contra 87 alcaldías de la zona, para proteger al río Goascorán de construcciones invasivas en la cuenca. Díaz no aceptó una solicitud de entrevista hecha por la Redacción de Ciclos CAP en septiembre del año pasado.
La justicia de Bukele
En los primeros 168 nombramientos también se evidenció que algunos de los nuevos funcionarios adoptaron un patrón de decisiones favorables al Gobierno de Bukele en casos que golpeaban la imagen de sus adversarios políticos, sobre todo, de personajes vinculados a los partidos Arena y FMLN. El 19 de julio de 2021, por ejemplo, la Cámara Tercera de lo Penal de los magistrados Martín Rogel y Nora Montoya revocó la detención formal en la que se encontraba Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y que estaba procesado por fraude electoral y algunos casos de retención de cuotas laborales.
Antes de la depuración, los magistrados Martín Rogel y Nora Montoya consideraron que no había mérito para mantener al exfuncionario arenero en prisión preventiva y por eso resolvieron enviarlo a arresto domiciliar. Centros Penales, sin embargo, dijo que no tenía disponibles brazaletes electrónicos para el imputado e impidió que se ejecutara la decisión.
Casi dos meses después, a la Cámara Tercera llegaron otros dos jueces: Carlos Alberto Iraheta Zelaya (fallecido el 14 de abril de 2023 por complicaciones de salud) y José Manuel Chávez López. El 1 de octubre, en su primera semana de trabajo, los nuevos magistrados revocaron la decisión de sustituir la detención provisional de Muyshondt. Argumentaron que, al haber sido nombrados como magistrados de esa cámara, podían revisar fallos anteriores y enmendarlos.
Ambos tenían antecedentes de resoluciones contrarias a opositores del oficialismo. Iraheta, cuando fue juez interino del Segundo de Paz de San Salvador, ordenó que exfuncionarios de relevancia de los gobiernos del FMLN acusados por peculado (sobresueldos) avanzaran a la siguiente etapa procesal bajo detención provisional.
Chávez López revocó la libertad condicional en la que se encontraba el exdirector de la Policía Nacional Civil y exministro de Seguridad del Gobierno del FMLN, Mauricio Ramírez Landaverde. El exfuncionario estaba detenido por supuesta malversación de fondos en el caso Asocambio. Chávez López, contrario al discurso oficial que insistió en la renovación de rostros, tiene 72 años.
Los retrocesos en El Mozote
Contrario a lo ocurrido con el padre del ministro de Seguridad, que a sus 80 años sigue siendo juez, hubo otros jueces como Jorge Guzmán, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, que tuvieron que abandonar el cargo de inmediato. Guzmán tenía a su cargo un caso emblemático de violaciones de derechos humanos durante la guerra y, precisamente por dicho expediente, había tenido un enfrentamiento directo con el Gobierno de Bukele. De 61 años, Guzmán fue separado del cargo y sustituido de inmediato. “Ese domingo yo estaba oyendo la conferencia de prensa del presidente de la Corte Suprema y le preguntaron sobre mí y él dijo que habían intentado contactarme sin éxito y que yo había interpuesto mi renuncia, cosa que era falsa”, relata.
Guzmán cree que el caso Mozote incomodaba mucho al Gobierno como para permitirle seguir a cargo del expediente. El juez había ordenado a la Fuerza Armada, en reiteradas ocasiones, que abriera sus archivos militares para obtener información sobre la masacre de mil civiles en 1981 en el norte de Morazán. La Fuerza Armada se negó sistemáticamente a cumplir la orden judicial y Guzmán, poco a poco, se convirtió en blanco de ataques del Gobierno. El presidente Bukele lo desconoció en una cadena nacional del 24 de septiembre de 2020 y lo señaló de ser parte del FMLN, uno de los partidos opositores. “¿Cuál es el problema de abrir la puerta y que entre el juez y que entre Apolonio (el exprocurador de derechos humanos)? Pues el problema no son los archivos de El Mozote, porque ellos gobernaron 10 años, me refiero a ambos, porque ambos pertenecen al FMLN y saben lo que hay”, dijo Bukele en esa ocasión.
Luego de su remoción, el juez Guzmán ha denunciado haber sido víctima de seguimientos y hostigamientos en su hogar.
“Un día, la Corte me faxeó una nota convocándome a una reunión para tratar de solventar la problemática de mi continuidad en el juzgado, para seguir conociendo el caso Mozote. Les contesté que yo no podía asistir a esa reunión porque ya imaginaba de qué se trataba y yo ya había dicho que una condición para regresar al juzgado era revocar ese Decreto 144. No aceptaron y por eso ellos manejan que renuncié, pero yo no renuncié”, cuenta Guzmán.
En su lugar, la CSI designó a Mirtala Portillo de Cruz, quien contaba con ocho años de experiencia como jueza en ese momento y únicamente se había desempeñado en juzgados de Paz. Portillo, de 52 años, era en ese momento jueza de Paz de Sesori. La jueza se desempeñó durante 15 años en la Fiscalía General de la República. Desde su llegada al juzgado de Gotera, cerró el acceso a los medios a las audiencias del caso.
David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, y representante de las víctimas, afirmó que no cuestionan la capacidad de la jueza; sino la aplicación del decreto mismo. Según él, el caso está congelado. Los avances desde que se derogó la Ley de Amnistía en 2016 ya son cosa del pasado.
A Amadeo Sánchez, en la masacre, le asesinaron a 24 parientes y es uno de las decenas de sobrevivientes que aún hoy exigen justicia por el crimen. Su familia fue masacrada en el cantón La Joya, aledaño al caserío El Mozote, y es quien donó el terreno donde la comunidad ha construido un mausoleo donde cada cierto tiempo logran darle sepultura a los cadáveres exhumados por la Corte Suprema. Sánchez asegura que con la nueva jueza, “todo se ha estancado… Antes que destituyeran al juez Guzmán, Íbamos por buen camino, ya habían venido los peritos internacionales (entre ellos Terry Karl, estadounidense) a declarar y también habían declarado todos los testigos. Después de la destitución del juez Guzmán, se paralizó todo”.
Sánchez cuenta que la jueza está volviendo a citar a los testigos. “Es lamentable que uno tenga que volver a ir para declarar y estar recordando lo cruel que nos pasó. Como que ella quiere que uno varíe la declaración. Imagínese que yo declaré hace años, creo que en 2018, y que lo vuelvan a citar a uno para declarar con la presión de los abogados que andan los imputados, es un grave error porque eso significa que están jugando con la dignidad de nosotros”.
Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica.
