En Honduras, un pacto legislativo y político entre los partidos Libre, Nacional y Liberal permitió la repartición pública y sin pudor de la conducción de instituciones del Estado que procuran justicia, como la Corte Suprema de Justicia, y los próximos responsables de la Fiscalía General.

La Asamblea Legislativa, controlada por Nayib Bukele, hizo una purga masiva de jueces el 31 de agosto de 2021. Expulsó a mayores de 60 años y aseguró que se trataba de una depuración de jueces corruptos. Para llenar esas vacantes, la Corte Suprema, también a disposición del presidente, nombró a 168 jueces mediante un procedimiento que violó la Constitución. No tomó en cuenta al Consejo Nacional de la Judicatura, la institución responsable de los nombramientos de jueces en El Salvador. Un análisis de los nombramientos refleja que muchos no cumplían los requisitos de ley. Otros casos evidencian que a los jueces cercanos a funcionarios del bukelismo se les premió mediante ascensos, mientras que a otros no alineados se les obligó a renunciar o se les trasladó. En algunas Cámaras, los recién nombrados adoptaron decisiones favorables al Gobierno. En materia ambiental, los nuevos magistrados revirtieron decisiones que podrían causar impactos en el medio ambiente.