Ex empleadas ganaron una demanda a Delta Apparel, una maquila ubicada en Villanueva, Cortés, pero llevan más de un año esperando a que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emita una resolución sobre un recurso de casación que puso esta empresa. En el 2020, Delta Apparel despidió a 430 personas en plena pandemia. Cinco mujeres con problemas musculoesqueléticos demandaron a la empresa, pero llevan tres años esperando que las reintegren y les paguen los daños ocasionados.
Texto y fotografías: Amilcar Izaguirre
Cuando Sofía Ramírez comenzó a trabajar en Delta Apparel, una empresa textil ubicada Villanueva, Cortés, al norte de Honduras, era una joven de 24 años que gozaba de buena salud lo cual le permitió convertirse en una operaria altamente productiva y apreciada por sus compañeros de equipo y supervisores. Pero después de 10 años, el polvo que se desprende de las telas y los movimientos repetitivos le produjeron asma crónica y un trastorno en la rodilla y los hombros.
Con la salud quebrantada, aquel trabajo se convirtió en una pesadilla para Sofía, los compañeros que antes le mostraron aprecio, comenzaron a discriminarla porque había perdido la habilidad y la fuerza de sus primeros años. Aún enferma, dice que la obligaban a cumplir metas altas de producción, aunque su cuerpo ya no daba más, tenía que seguir. «Enferma era un estorbo en la empresa, hasta me pidieron que renunciara para no pagarme mis derechos», dijo Sofía.
La necesidad mantuvo a Sofía en aquel puesto donde hacía ruedo de faldones. La salida para conservar su trabajo y no dañar más su salud era que la cambiaran de puesto, pero necesitaba un diagnóstico médico que acreditará su incapacidad; el problema es que ese trámite tarda varios años para poder obtenerlo en Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). «Cuando uno va al IHSS los médicos se tiran la pelota [evaden la responsabilidad] y así lo tiene a uno esperando», comentó Sofía.
Después de tantas citas en el IHSS, Sofía presentó un diagnóstico médico a la empresa, pero en lugar de cambiarla de puesto le pidieron que mejor renunciara o que negociara las prestaciones porque ya no la podían tener en aquellas condiciones. «No acepté porque necesitaba el Seguro Social. Además, en mi casa solo yo trabajaba para sostener a mis tres hijos porque a mi esposo ya lo habían despedido de esa misma empresa sin prestaciones y con daños irreversibles en su columna», comentó.
En marzo del 2020, durante la pandemia, Delta Apparel suspendió a los trabajadores sin goce de sueldo, cinco meses después despidió a 430 operarios en su mayoría con problemas como el que padecía Sofía y también a mujeres embarazadas. Delta Apparel aprovechó la pandemia para deshacerse de operarios con problemas de salud, muchos de ellos no contaban con dictamen médico. En junio del 2021 Contracorriente publicó un amplio reportaje sobre estos despidos.
El 16 de marzo de 2020, mediante el decreto 33-2020, el Gobierno aprobó la suspensión de labores para evitar los contagios durante la pandemia de Covid-19. Mediante ese decreto el Gobierno también ordenó la suspensión de los contratos con la perspectiva de salvar los empleos aunque estas medidas fueron aprovechadas por muchas empresas para no pagar pagar derechos laborales y despedir empleados de bajo rendimiento. María Luisa Regalado, directora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) dijo que en realidad esa medida se tomó para salvar y beneficiar a la empresa privada y no para salvar al trabajador.
Cuando llamaron a Sofía para que se presentará de nuevo a la empresa no fue para retomar su trabajo si no para que firmara su despido. Dice que muchos firmaron, pero ella se negó porque por los 16 años que llevaba trabajando para esta empresa solo le daban 60,000 lempiras, menos de la mitad de lo que le habían ofrecido cuando presentó el dictamen médico un año antes de la pandemia. «Busqué la asesoría de la Codemuh y junto a otras compañeras demandamos a la empresa» comentó Sofía.
Con el apoyo de la Codemuh, Sofía junto con Sonia Perdomo, Yessenia Salgado, Enma Tejada, Mercedes Cáceres, que también padecen trastornos musculoesqueléticos, demandaron de manera individual a la empresa Delta Apparel, no querían quedarse sin trabajo, sin seguro social y con daños a la salud; sin embargo, pelear esta demanda les ha costado esperar 34 meses desde que fueron suspendidas, no han podido encontrar un nuevo trabajo por sus problemas de salud y por el proceso legal que emprendieron.
«El sistema administrativo y judicial en este país está hecho para poner trabas a los trabajadores y trabajadoras y no para proteger sus derechos», aseguró Regalado. Aunque las cinco demandas tuvieron sentencia favorable en el juzgado de primera instancia en la Corte de Apelaciones desde marzo del 2022, la espera continúa porque Delta Apparel presentó un recurso de casación y están a la espera de que la Sala Laboral de la CSJ, emita una resolución.
Los obstáculos en el Instituto Hondureño de Seguridad social
María Luisa Regalado comentó sobre la supuesta complicidad que hay entre el IHSS y las empresas de textiles para retrasar los dictámenes médicos de los pacientes que llegan con problemas musculoesqueléticos. «Según el reglamento de Enfermedades Profesionales, el seguro tiene 90 días para extender dictámen, pero en el IHSS tardan hasta cinco años para en emitirlos, mientras tanto, los pacientes continúan trabajando, algunos renuncian y eso es lo que buscan las empresas», comentó
A pesar de que, durante la campaña electoral en 2021, la presidenta Xiomara Castro habló de un mejor sistema de salud y menos abusos, las cosas en el IHSS no han cambiado. «Hace más de un año que está mal la máquina donde hacen las resonancias, los doctores solo dicen que no hay repuesto en el país ¿será que lo traen a lomo de mula desde Europa para que se tarden tanto?» comentó irónicamente la dirigente obrera.
Yolanda Rivera trabaja como operaria en Jerzees Nuevo Día, una maquila ubicada en Choloma. Comenzó a padecer de los hombros desde el 2018; dice que el primer año la trataron con pastillas que le quitaban el dolor un tiempo pero luego éste volvía. En el 2021 le tocaba hacerse un ultrasonido pero la pandemia lo impidió, en enero de 2023 le dieron cita para hacerse una resonancia magnética en agosto de ese año pero volverán a posponer si la máquina sigue dañada. «He perdido las esperanzas de conseguir el dictamen médico y la empresa nos está exigiendo metas inalcanzables con el fin de que renunciemos», comentó Yolanda.
Yolanda, al igual que Sofía, dijo que no renuncia porque se quedaría sin cobertura del seguro social aunque ha estado a punto de tirar la toalla y dejar el trabajo; por ahora, solo le dan metocarbamol, unas tabletas que alivian el dolor pero que no curan el problema en sus hombros. «La doctora que atiende en la planta en lugar de ayudarme me aconsejó que renunciara lo antes posible antes que quedará postrada en un cama», comentó Yolanda.
Sofía explicó que hacerse la resonancia magnética es apenas uno de los primeros pasos en el proceso para obtener el dictamen médico, luego hay que sacar cita para que lo evalúe el ortopeda quien lo remite con el doctor Bonilla que es el único que atiende estos casos en la clínica periférica del IHSS de la Colonia Tepeaca de San Pedro Sula. Yolanda comentó que para lograr un cupo con el doctor Bonilla, una compañera tuvo que hacer fila desde un día antes de la cita.
Bonilla ve los casos y luego los manda a Riesgo Profesional del IHSS. Según María Luisa, en ese departamento del IHSS solo cuentan con cuatro personas para evaluar los puestos de trabajo en todas las empresas de la zona norte, sin ese requisito la empresa no está obligada a mover de puesto a los operarios. «Un paciente puede esperar hasta cinco años para que lo muevan del puesto, por eso la mayoría no aguanta y mejor renuncia», comentó Rapalo.
«Las empresas conocen la deficiencia del sistema y saben que cuando un trabajador no tiene un dictamen médico es más difícil que puedan ganarles una demanda». Las cooperativas internas también juegan un papel importante contra empleados porque los bajos salarios que reciben los obliga a endeudarse y cuando llegan los despidos estas absorben sus prestaciones y les queda poco dinero para pagar un abogado», comentó
María Luisa Regalado también dijo que la gestión de la Secretaría de Trabajo es precaria, que no hacen nada por los trabajadores y trabajadoras, cree que las personas que están al frente de esta dependencia tienen una visión empresarial. «Pareciera que a ellos lo que les importa es proteger los empleos y no la vida o los derechos de los operarios de la maquila que en su mayoría son mujeres», comentó.
El pasado 21 de junio, los ejecutivos de la empresa textil Gildan, de capital canadiense, anunciaron el cierre de la planta Zip San Miguel, de Choloma. Según lo que se escucha en un video que circula en las redes sociales, el cierre de esta planta se debe a problemas económicos de nivel mundial. Por esa razón, unos 2700 empleados de esta planta quedarían desempleados entre julio y agosto de este año.
Beatriz Valle, embajadora de Honduras en Canadá, dijo que se había reunido con altos funcionarios de Gildan en ese país. Vía twitter, la embajadora publicó un comunicado oficial de Gildan que especifica que el cierre de esta planta es parte de un proceso para equilibrar la producción pero que no se van del país.
Los ejecutivos de Gildan anuncian en el video el cierre de la planta y hacen énfasis en que primero pagarían los derechos de los trabajadores conforme lo mandan las leyes hondureñas; sin embargo, en una entrevista para el programa MN Denuncias, Nahún Rodríguez, presidente de la Central General de Trabajadores (CGT), se refirió sobre el cierre de esta planta «los derechos de los trabajadores van más allá de la ley debido a otras situaciones, hay un montón de compañeros con problemas de salud por trastornos musculoesqueléticos», comentó Rodriguez.
Mario Canahuati, presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras (AMH) dijo en una entrevista para Radio Cadenas Voces, que de octubre del 2022 a junio del 2023 han bajado de 190 a 161 mil trabajadores, es decir, que se han perdido cerca de 30 mil empleos. Según Mario Canahuati, esto se debe a que desde el Gobierno se están enviando mensajes negativos para la inversión por eso unos 1,100 millones de dólares que estaban programados en inversión para 2023 están paralizados.
«Los despidos injustificados y las violaciones de derecho a los trabajadores de la maquila continúan, ahora están utilizando la excusa que no tienen contratos con compradores a nivel internacional. Lo que pasó con Delta Apparel en 2020 es solo una muestra de lo que está pasando con miles de trabajadores y trabajadores de la maquila actualmente», comentó Rapalo.
Mientras los empresarios de la maquila hablan de mensajes negativos para la inversión, el Gobierno se defiende diciendo que todo es un boicot o sabotaje. Los despidos en las maquilas continúan y las dificultades acechan a Sofía y a sus compañeras de lucha pues dijo que ha aprendido a tratar el asma con medicina natural, con hojas de eucalipto, porque el inhalador que antes usaba cuesta 1800 lempiras y no puede comprarlo. Actualmente se gana la vida trabajando por días en un pequeño comedor propiedad de un familiar.
Sonia Perdomo, de Chamelecón, dijo que después de sufrir la pandemia perdió todas sus pertenencias con las tormentas tropicales Eta y Iota. «Estuve a punto de desistir a la demanda e ir a la empresa para que me dieran el cheque que me ofrecieron el día que no firmé por la necesidad que pasé durante ese tiempo, pero me contuve y sigo en la lucha esperando nos den una respuesta pronto», comentó Perdomo.
Pareciera que los derechos laborales y humanos pasan a segundo plano cuando hay que cuidar los empleos en un país que carece de ese recurso, cada quien vela por sus ganancias e intereses. Tanto la maquila como el Gobierno tienen sus prioridades y dentro de ellas no está resolver el problema de Sofía, sus compañeras y cientos de trabajadores más que solo piden un reintegro y que se reconozcan sus derechos.
