Blogs anónimos pidieron a Google retirar de su buscador artículos de prensa sobre hombres de negocios, políticos y estafadores. No reclaman derecho al olvido, sino que alegan falsamente que hubo plagio. Aun así la plataforma les hizo caso y los retiró.
Por Marco Dalla Stella y el CLIP
Este reportaje fue publicado originalmente en el CLIP y con su autorización lo publicamos de manera íntegra.
Si buscan al nombre de Edgar Manuel Méndez Montoya en Google, un operador financiero de Roberto Borge, el exgobernador del estado mexicano de Quintana Roo, entre los resultados, se van a topar con un aviso algo raro: “en respuesta a múltiples quejas recibidas bajo la ley de Estados Unidos Digital Millennium Copyright Act, hemos quitado 4 resultados de esta página”. Aquí se ve:
Uno de los artículos eliminados, “Giran orden de aprehensión contra el tabasqueño Edgar Méndez Montoya, presunto operador de Borge”, fue publicado por XEVT, una radio local del estado de Tabasco, que en 2013 fue ganadora del Premio Nacional de Periodismo. La nota cuenta de la orden de captura contra el empresario tabasqueño bajo acusación de presunto delito de peculado. Este dato sale a la luz al revisar la base de datos Lumen, el proyecto del Centro Berkman Klein para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard, que recolecta todos los pedidos de remoción que Google recibe y que alegan diversas causas, entre ellas la del supuesto plagio.
Google aceptó quitar el artículo de la radio tabasqueña después de que una persona, que se identificó como Lucía Montes Celester, reclamara ser la propietaria intelectual de ese contenido. Ella declaró bajo juramento que radio XEVT había copiado al blog anónimo newsworldinfo.over-blog.com y sólo tuvo que demostrar que su blog había sido publicado antes que la nota.
Sin embargo, para enviar un reclamo de ese tipo no se necesita identificación alguna y la gente puede fechar sus blogs cuando quieran. No hay un filtro para evitar que las personas utilicen falsas credenciales a la hora de reclamar plagio. En Lumen abundan pedidos de remoción de contenidos realizados con nombres falsos, como Adolf Hitler, Joseph Stalin y Elon Musk. En respuesta a un cuestionario enviado por CLIP, Google dijo que no está en capacidad de verificar la exactitud de estos reclamos.
Encontramos que otros setenta intentos de remoción llegaron a Google desde el mismo blog, todos entre la segunda mitad de 2022 y el 2023 y, por sus contenidos, resulta evidente que varios grandes empresarios y personas con conexiones políticas se podrían beneficiar al esconder noticias sobre su pasado. Estos no provienen sólo de México, sino también de otros países de la región como Venezuela, Paraguay y Haití, y de otras partes del mundo, como Italia, Canadá o Estados Unidos.
A partir de estos artículos que habían sido copiados en el mencionado blog, buscamos en la base de datos de Lumen, mediante un código de programación, otros blogs anónimos que estaban copiando contenidos y enviando pedidos de remoción a Google. Obtuvimos así alrededor de 30.000 pedidos de remoción interrelacionados entre sí. Es decir, estos blogs comparten la página web de la cual se originó la declaración, o la página que estaba siendo atacada.
De todos esos pedidos de remoción, más de 14,000 se originaron desde páginas web anónimas registradas en plataformas de blog como Blogspot, Tumblr y WordPress y la gran mayoría comenzó a aparecer en 2021, y sólo en lo que va de 2023, se dieron más de 3.000 pedidos.
Esta investigación descubrió además que estos miles de pedidos de remoción están vinculados a una fuente común, con conexiones con la empresa española de reputación digital Eliminalia.
Eliminalia era una empresa que se dedicaba al negocio de conseguir que las plataformas borraran información comprometedora a sus clientes, según lo reveló una investigación internacional liderada por Forbidden Stories en febrero pasado. A través de documentos internos de la empresa que fueron filtrados, esa alianza de periodistas reveló un listado de clientes ilustres que en años recientes habían contratado a Eliminalia o a sus empresas aliadas. En diciembre pasado, justo antes de las revelaciones, la empresa había cambiado su nombre a iData Protection.
Lo interesante es que la base de datos recolectada y analizada por CLIP corresponde parcialmente con el listado de clientes difundido por la investigación liderada por Forbidden Stories. Para citar sólo un ejemplo, algunos intentos de remoción que revisamos intentaron esconder noticias críticas del empresario venezolano Isaac Sultán, que según lo que reveló la investigación de Forbidden Stories pagó 100.000 dólares para esconder informaciones sobre su red de empresas.
Esta investigación de CLIP, desenreda por primera vez cómo funciona un método fraudulento para conseguir esconder pasados turbios, a través de pedidos de remoción de blogs anónimos, y detecta casos en los cuales Google cayó en una trampa tan sencilla como el hecho de cambiarle la fecha a un contenido en un blog anónimo. Además, a partir de los artículos atacados pudimos identificar un listado de más de cincuenta individuos o empresas que podrían beneficiarse de esa remoción, lo que nos permite suponer que iData Protection el nuevo nombre bajo el cuál aún opera Eliminalia u otra empresa parecida han seguido operando durante los últimos tres años. De los intentos de remoción que CLIP revisó, más de 3.000 ocurrieron incluso después que fueran publicadas las revelaciones de la alianza que lideró Forbidden Stories.
Según el patrón que identificamos, empresas de consultoría crean blogs anónimos, incluso en plataformas de propiedad de Google, donde copian la noticia que sus clientes quieren eliminar. Tras cambiar la fecha a un momento anterior a la publicación original, alegan que hubo violación de derechos de autor para así obtener la remoción de los artículos.
Esta investigación ha detectado que, durante los últimos tres años, Google eliminó por lo menos 500 páginas debido a reclamos de derechos de autor que parecen fraudulentos. Incluso hoy, al cierre de esta nota, aún es imposible acceder a muchos de estos contenidos desde el motor de búsqueda.
Un vocero de Google respondió por correo electrónico a las preguntas del CLIP, sobre estos hallazgos, asegurando que son conscientes de esta práctica y admitió que un porcentaje de los pedidos de remoción ha pasado por debajo de sus controles de seguridad. También aseguró que la compañía está en el proceso de volver a incluir los enlaces que han sido erróneamente desindexados.
Si bien los dueños de los artículos ocultos pueden apelar la decisión, varios autores contactados por CLIP dicen no haber recibido comunicación alguna sobre la remoción y por tanto sus notas siguen inaccesibles.
“Sabemos que no hay notificación adecuada”, dijo Tord Lundström, director técnico de informática forense en Qurium, una sociedad que ofrece servicios de hosting para medios independientes y de investigación, entre ellos el CLIP.
Qurium estuvo entre las primeras organizaciones que lanzó la alarma sobre el problema de los pedidos DMCA fraudulentos. Según Lundström, los medios alojados en Qurium han sido objeto de varios ataques a través de DMCA fraudulentos, pero Google nunca los notificó. “Al ser un servicio de hosting somos muy fáciles de contactar”, dijo Lundström.
El texto de la ley sobre protección de derechos de autor, el Digital Millennium Copyright Act, obliga a los prestadores de servicios a notificar en corto tiempo a la persona cuyos contenidos han sido retirados.
No obstante, Google afirma que, salvo que los estén previamente registrados en Search Console, un servicio de Google que permite a los creadores de páginas web verificar el estado de sus sitios en internet, no tienen cómo notificar a todos los usuarios. Sin registro en Search Console, la plataforma sostiene que no puede identificar el propietario de una página web.
Esta falla en el sistema hizo que la creación masiva de pedidos de remoción por infracción de derechos de autor se convirtiera en una de las tácticas utilizadas por empresas de consultoría digital. Bajo la pretensión de proteger el derecho al olvido de las personas, en realidad lo que se proponen es limpiar la reputación de políticos procesados por la justicia, delincuentes de cuello blanco y estafadores.
Fuentes: análisis cruzado de la base de datos de Lumen (https://lumendatabase.org/) y la del Transparency Report de Google (https://transparencyreport.google.com/)
Derecho al olvido
El negocio de la reputación digital es tan antiguo como el internet. Al principio, la única manera que los individuos tenían para mejorar su imagen en línea era dirigirse a empresas especializadas en optimización para motores de búsquedas, o SEO (por su acrónimo inglés, Search Engine Optimization).
Las cosas cambiaron en 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre una batalla legal entre un ciudadano español, la Agencia Española de Protección de Datos y Google. Entonces, el Tribunal de Justicia decretó lo que se hoy conoce como el “derecho al olvido,” que consiste en el derecho de los individuos a obtener la remoción de informaciones obsoletas o irrelevantes sobre ellos de los resultados de los motores de búsqueda. De esa decisión quedaron excluidas personas cuyas acciones pasadas fueran de interés público tal como las de políticos y hombres de negocios.
La decisión del Tribunal de Justicia creó un marco legal para el surgimiento de nuevas empresas y estudios legales legítimamente especializados en el derecho al olvido. En terrenos más fangosos, creció al mismo tiempo un negocio paralelo para venderles a políticos y empresarios de todo el mundo la posibilidad de esconder sus malos pasos y limpiar su imagen pública, esto a pesar de que el fallo del alto tribunal europeo no los cobijaba.
“Ya no era aplicar la ley para lo que supuestamente fuimos contratados,” dijo al CLIP un abogado especializado en derecho al olvido que trabajó en Eliminalia y que pidió no publicar su nombre, debido a que teme represalias, sentimiento similar al de otras fuentes consultadas para esta investigación.
El abogado explicó que su trabajo consistía en convencer a Google y a otros motores de búsqueda que tenían que retirar el contenido de sus clientes, utilizando cualquier método apelando al derecho al olvido creado por el Tribunal Europeo. “Prácticamente, era buscar cómo engañar a Google de alguna forma.”
Pero el tipo de clientes que le empezaron a llegar no tenían casos sólidos bajo esa jurisprudencia. “Me empezaron a dar clientes que eran políticos, narcotraficantes, violadores,” dijo el abogado. Su trabajo se volvió aún más difícil en 2019, cuando la Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó que el derecho al olvido no se podía aplicar para personas por fuera de la Unión Europea.
“Ahí nos jodieron”, dijo el abogado.
Los clientes pagaban a la empresa entre 150 y 3.000 euros por cada enlace que consiguiera esconder de los primeros resultados del motor de búsqueda, dependiendo de cuánto interés público había suscitado el artículo. Si Eliminalia lograba arrastrar un enlace de una nota a la cuarta página de resultados de Google, lo consideraba como desindexado, según dijo el citado abogado. Cuando los reclamos de remoción de un contenido por parte de los abogados no tenían éxito, la empresa apelaba a su plan B: intentar esconder los contenidos negativos a través la creación de contenidos positivos.
Notas positivas
En lugar de negar sus servicios a potenciales clientes que no tenían casos válidos para acogerse al derecho al olvido, empresas como Eliminalia volvieron a la vieja táctica de intentar esconder los resultados engañando al SEO creando muchos de contenidos similares. Según pudo establecer CLIP, las empresas dedicadas a borrar el pasado de clientes dudosos tienen departamentos enteros dedicados a producir nuevos artículos que distorsionan el contenido del original, hasta que el artículo que su cliente quiere esconder ya no se encuentre si no hasta la segunda o tercera página de los resultados de Google.
“Me pasaba ocho horas escribiendo un artículo cada hora u hora y media. Entre 1.500 y 5.000 palabras por hora. Eres como una máquina”, dijo a CLIP una ex empleada del departamento de creación de contenidos de otra empresa más pequeña de reputación digital.
“El objetivo es manipular la información,” nos dijo la ex empleada. Según ella, su trabajo consistía en crear narrativas falsas en serie, para publicarlas en páginas web sin real audiencia pero que, por su conocimiento de SEO (optimización en motores de búsqueda), lograban que los algoritmos de Google las posicionara bien.
“Lo que estás escribiendo de una persona, en realidad, no existe”, dijo.
Contó que a veces, para difundir las informaciones, la empresa le pedía crear perfiles falsos en todas las redes sociales.
“Teníamos tarjetas de teléfono que cambiábamos cada dos por tres para recibir los códigos de activación. No sé ni de dónde llegaban esas tarjetas. Cambiábamos como 200 tarjetas por semana”, dijo la ex empleada y explicó que los perfiles falsos se creaban en todas las principales plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.
Según contó la citada ex empleada, en su empresa, había una vigilancia extrema de los empleados, pues tenía varios clientes que eran políticos y otros hombres con poder.
“No podíamos utilizar celulares, y había muchas cámaras,” nos dijo la ex empleada del departamento de creación de contenidos. “Está todo vigilado.”
La ex empleada decidió irse de la empresa después de haberse enterado de la gravedad de lo que estaba haciendo. Como le estaba prohibido conocer las razones por las cuales los clientes se habían dirigido a su empresa, en una ocasión decidió buscar en Google el nombre de uno sobre quien había creando varios artículos. Encontró acusaciones de varios abusos, incluso hacia menores. “Te dicen que no te dejes llevar por lo que puedas encontrar en el Internet, para que a la hora de escribir no te entre pudor. Por así decirlo”, dijo la ex empleada. Su percepción del mundo cambió radicalmente después de esa experiencia laboral.
“Te das cuenta de que nunca estamos a salvo de nada. Porque hay gente suficientemente preparada como para borrarte del mundo”, dijo la fuente.
Derechos de autor en la era digital
Cuando la creación de contenidos no resultó suficiente para enterrar un pasado de grueso calibre, empresas como Eliminalia recurrieron a abusar de la ley estadounidense de 1998 que buscó limitar la difusión de material pirata en internet.
Según dijo a CLIP otro ex-empleado de Eliminalia, esta táctica se popularizó después de 2019 cuando la Unión Europea introdujo límites sobre la aplicación del derecho al olvido digital para personas por fuera de Europa.
“Lo que hacíamos era utilizar páginas web para crear copias del contenido que queríamos borrar”, dijo. “Le ponías una fecha anterior a la de la publicación original, y lo que Google hacía era eliminarlo porque veía que el otro aparecía copiado”. Según este otro ex-empleado, al principio esta táctica era particularmente eficaz si el contenido copiado estaba subido a blogs creados en otra plataforma propiedad de Google.
“Yo te diría un sesenta por ciento de eficacia si el contenido está creado en páginas web. Y un cien por ciento si estaba creado en Blogspot.”
Esta táctica aprovecha que los usuarios de blogs y otras plataformas análogas puedan alterar la fecha de publicación de sus contenidos, aparentemente sin que esta alteración deje algún rastro. “Si Google no te diera esos medios, eso realmente no se podría hacer, dijo el ex empleado”.
La combinación de abusos de la ley estadounidense sobre derechos de autor y la normativa europea sobre derecho al olvido preocupa a Catalina Moreno Arocha, Coordinadora de la Línea de Inclusión Social de Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil de promoción de los derechos humanos en el mundo digital. “Eso puede llegar a ser muy peligroso”, dijo Moreno.
En algunos países de América Latina existen legislaciones en algunos países de la región y autoridades de protección de datos que aplican un derecho similar al derecho al olvido, pero regionalmente no está consagrado un derecho al olvido tal como fue definido en Europa. No obstante, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dicho que este derecho es “problemático”, en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A pesar de eso, existen empresas que prometen borrar el pasado si tienes como pagar.
“Es muy sonoro hablar de derecho al olvido, pero es impreciso,” dijo Moreno. “No existe ese derecho. Es una forma de censura, una amenaza a la libertad de expresión”.
Cuando se le pregunta cuáles instrumentos están a disposición de un ciudadano que se ve afectado por noticias dañosas de su reputación, Moreno apunta a las protecciones existentes en materia de protección contra calumnias e informaciones falsas, y a la posibilidad de obtener la actualización de la noticia. Para todos los otros casos, el principio de la libertad de expresión viene primero.
“La información tiene que permanecer”, dijo.
Cómo investigamos en detalle
Como lo explicamos más arriba, la investigación de CLIP partió del artículo de una radio tabasqueña que fue eliminado del motor de búsqueda, a pedido de newsworldinfo.over-blog.
Luego revisamos cuáles otros artículos aparecían copiados en ese blog. De ahí encontramos que desde ese mismo blog habían pedido a Google al menos otras sesenta remociones de notas, todas entre el segundo semestre de 2022 y lo que va del 2023. Para alimentar esta serie de búsquedas interrelacionadas en la base de datos de Lumen, desarrollamos un código.
Después buscamos si había otros blogs anónimos que estaban copiando sus contenidos y enviando pedidos de remoción a Google. Por ejemplo, un mismo artículo sobre una masacre ocurrida en Haití y copiado por newsworldinfo.over-blog.com fue copiado también por el blog https://mundololopez.wordpress.com. Otro sobre la detención en España de dos ex funcionarios de Venezuela fue copiado por https://theobservernews.over-blog.com/ y, también, por https://mundololopez.wordpress.com.
Al automatizar este proceso de búsqueda obtuvimos una base de datos de alrededor de 30,000 pedidos de remoción interrelacionados entre ellos. Es decir, que tienen en común la página web de la cual se originó la declaración o la página que estaba siendo atacada.
En la mayoría de los casos que encontramos los intentos de remoción buscaban borrar informaciones negativas sobre plataformas de forex trading. El forex trading es una estrategia para obtener utilidades aprovechando el mercado cambiario de divisas.
De acuerdo a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), una agencia del gobierno de Estados Unidos que regula los mercados de futuros y opciones, las fraudes son comunes en el mercado del forex trading y aumentaron con la difusión tecnológica.
Al eliminar los pedidos relacionados con agencias de forex trading, quedó un conjunto de casi 5.000 pedidos de remoción.
Como último paso, comparamos esos 5.000 pedidos de remoción con la base de datos del Google Transparency Report y encontramos que Google aceptó las quejas de blogs anónimos, en su mayoría registrados en Blogspot y Tumblr, y retiró links de más de 300 notas por supuesta violación derechos de autor.
Es importante mencionar que fueron excluidos de este último cálculo, los pedidos de remoción que no provenían de blogs o de sus autores. A veces, los actores que se dedican a enviar reclamos de que la ley estadounidense de derechos de autor ha sido violada se hacen pasar por los autores de artículos legítimos y así borran información comprometedora para sus clientes. Por ejemplo, Lumen muestra más de 50 pedidos de remoción hechos a partir del blog infodio.com, de propiedad del periodista de investigación venezolano Alek Boyd. Es decir, piden las remociones de notas en otros medios a nombre de Boyd o de su blog. “¡Todos los pedidos de remoción de información relacionados con mis blogs han sido hechos por anónimos, falsos, en algunos casos han usado mi propio nombre y el de infodio para remover información de infodio republicada en otros blogs!”, nos dijo Boyd.
CLIP se enfocó no en casos como los de Boyd, sino sólo en aquellos en los que los reclamantes de supuesto plagio eran blogs o publicaciones anónimas. Por esta razón es probable que las cifras mencionadas en el presente artículo sean en realidad mucho más altas.
Con el propósito de conocer a los responsables detrás de los blogs que han enviado estas notificaciones, compartimos el listado de blogs registrados en Tumblr y WordPress con Automaticc, la sociedad dueña de esas dos plataformas. Desafortunadamente, Auomaticc dijo, a través de su portavoz, que no podía difundir informaciones relativas a sus dominios, pero nos aseguró que comenzaron a suspender las páginas que violan sus políticas.
“Reconocemos que existe mucho potencial para abusos, especialmente como instrumento para censurar la libertad de prensa y críticas legítimas” dijo a CLIP el portavoz de Automaticc. “Pensamos que leyes como la DMCA no deberían obligar a las plataformas de hosting a quitar arbitrariamente los contenidos, lo que hace posible estos abusos.”
Como los servicios de hosting no tienen que revelar a quiénes pertenecen sus blogs, la investigación de CLIP no pudo detectar con certeza las personas o empresas detrás de ellos. Sin embargo, en la base de datos que resultó de esta investigación hay coincidencias con personas o entidades que habían usado los servicios de eliminación de contenidos adversos de Eliminalia, según lo reportaron las historias del consorcio periodístico liderado por Forbidden Stories.
En una cantidad alarmante de casos, las páginas eliminadas son de diarios reconocidos y mencionan a personas que la ley europea probablemente indicaría como públicas. Por ejemplo, Google borró de sus resultados una página de Offshore Leaks, el portal del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ por su sigla en inglés), debido a una notificación de infracción por derechos de autor enviada por tumblr.com/eryanrealty, una página que actualmente ni siquiera se encuentra en línea.
En su respuesta escrita, el vocero de Google le aseguró a periodistas de CLIP que su empresa lucha activamente en contra de los intentos de remoción fraudulenta, empleando una combinación de revisión humana y automatizada. “También consideramos la relevancia de los contenidos que se piden retirar, y tomamos atención especial para evitar limitar erróneamente el acceso a la información”, dijo el portavoz.
Este reportaje se realizó con el apoyo del programa “Disarming disinformation” del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.
