Texto: Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera
La discriminación se refiere a cualquier negación de derechos y a agresiones cometidas hacia una persona o grupo por su pertenencia a un sector. En ese sentido, no es nuevo ni sorpresivo que desde siempre, ya sea en la población o en el gobierno —de cualquier nombre— se reproduzcan actos discriminatorios.
En Honduras, el fundamentalismo religioso cristiano ganó un considerable terreno durante la administración nacionalista, liberal y todo apunta a que busca hacerlo también con Nasralla. A través de políticos afines a sus ideologías conservadoras, los medios de comunicación siguen promoviendo una visión satanizada y patologizante de la diversidad sexual y también algunas organizaciones de sociedad civil son incapaces de reconocer nuestros derechos civiles, políticos y culturales.
Institucionalizar significa darle un valor legal o institucional a una acción o práctica; es así que, cuando la negación de un derecho es ejercida, permitida o confabulada por el Estado, estamos hablando de una institucionalización de la discriminación.
Honduras ha institucionalizado la discriminación, pese a que paradójicamente la castiga en el Código Penal en su artículo 213. Esto tiene que ver con dos grandes problemas, la falta de reconocimiento de nuestros derechos de manera genuina y la mala interpretación que políticos y juristas conservadores hacen sobre lo que consideran «derecho» o no.
Para muestra, un botón. El matrimonio es un derecho civil que se le niega a las personas LGTBIQ+ con base a una prohibición que los diputados impusieron de acuerdo con sus creencias religiosas, lo que no solo es un ejemplo de cómo se permite a la religión dominar a un pueblo, sino también una fuerte contradicción de estos que dicen que nos respetan pero no nos consideran como iguales, porque, de hacerlo, no tendríamos que tener las limitantes que las personas heterosexuales no tienen.
Existen otras expresiones de la institucionalización; por ejemplo, prohibir a las personas LGTBIQ+ expresar afectos en la calle, colegios, en los diferentes medios de comunicación, arte y deporte y permitir la exclusión y estigmatización de parte de empresarios, programas de TV, etc., dependiendo del contexto.
No existe ninguna ley o política a favor de la diversidad sexual en Honduras, cosa que sí sucede con la mayoría de otros grupos en situación de vulnerabilidad. El borrador de la Ley de Igualdad y Equidad y la de Identidad de Género siguen sin pasar al pleno legislativo y, de hacerlo, se enfrenta a un monólogo conservador en colectividad que se impone y dice que «no» porque es «ideología de género». La misma pantomima, no quieren igualdad de derechos para todas las personas.
Tampoco se penalizan los crímenes de odio y mucho menos las mal llamadas «terapias de conversión», que de terapia no tienen nada, son una amenaza para la salud emocional de infancias diversas y promueven la mentira de que estamos «enfermos». Parece que la retórica «pro-vida» que tanto manejan muchos nacionalistas, seguidores de Nasralla y algunos liberales queda en suspenso, no somos concebidos como personas en todo el ejercicio de la palabra ni tampoco respetan nuestras afectividades y disidencias.
Los próximos dos años, al ser las elecciones primarias y generales respectivamente, empieza la guerra mediática contra quienes defienden a las personas LGTBIQ+, no nos extrañará si algunos candidatos utilizan la diversidad para denigrar y negarnos derechos como forma de ganar votos del sector conservador; debemos posicionarnos y no apoyar retóricas de odio, no solo por nosotros, sino por nuestros familiares, amistades y próximas generaciones, no necesitamos un Honduras que siga excluyendo y marginando.
Con el movimiento de padres de familia conservadores en San Pedro Sula, que se opone a la Ley de Educación Sexual Integral que recién se ha aprobado en el Congreso, en gran medida por el odio de estos hacia el reconocimiento de sexualidades no heteronormativas y las continuas marchas de iglesias evangélicas contra nuestro derecho a casarnos y fomentando una cultura que nos patologiza y coacciona a una conversión ficticia; se deja en claro que toda la estructura que nos niega como sujetos de derecho sigue vigente y con la mayor fuerza posible.
Nos queda una importante lección: se necesita desmantelar esta institucionalidad discriminatoria, adoptar leyes a favor de nuestros derechos y una juventud educada en el respeto y la inclusión, esto romperá el eslabón de la cadena que se niega a construir una sociedad plena en la que todos, todas y todes valgamos lo mismo y convivamos en paz.
A todas esas personas que con excusas pseudobiológicas y basadas en la fé para censurarnos y seguir exigiendo al estado no reconocernos como seres iguales a ustedes, les tengo un mensaje claro:
No pedimos la salvación de pecados creados en el umbral del egoísmo cultural.
Queremos ser felices en el poco tiempo de nuestra vida terrenal, porque nuestros corazones siempre han sabido lo que somos y lo que deseamos, en una sociedad que se cree con el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y emociones.
Al final, no importa qué tanto discurso religioso profano se levante con disfraz de biología, existimos y siempre lo haremos.
